350. Esos son los casos “restrictivos de la libertad de expresión” ocurridos en el país durante 2014, así lo informó Asdrúbal Aguiar, jurista y vicepresidente regional para Venezuela frente la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quien celebró este fin de semana su reunión de medio año 2015 en Panamá.
El control de los medios de comunicación por parte del Estado en Venezuela y Bolivia, la censura y persecución en Ecuador, la violencia en Colombia y las pocas mejorías para los periodistas en Cuba fueron algunos de los puntos de discusión durante la reunión.
Durante su intervención, Aguiar también denunció la violencia contra los sectores de la oposición y el intento de silenciar a toda forma de expresión disidente. El jurista explicó que la situación económica, política y social del país afecta el “sostenimiento de la prensa escrita, radial y televisiva, y sus fuentes de trabajo”. A partir de allí, presentó las modalidades de censura practicadas en el país, que van desde la falta de acceso a fuentes oficiales hasta presiones a dueños y accionistas de medios, y precisó caso por caso, como el de Televen, Tal Cual, La Patilla y El Nacional.
Presentamos este informe en una hora de asfixia casi total de la libertad de expresión y prensa en Venezuela. La hegemonía comunicacional de Estado es un hecho consumado.
La tarea periodística – eje fundamental de la vida democrática – se torna en empresa de alto riesgo. El acceso a la información en manos del Estado es una quimera. La información se considera secreto de Estado y se reduce a lo que declaran a su arbitrio, sin interpelación, verificación o contrastación, los distintos funcionarios. La censura previa, sea por obra de la legislación de control de contenidos, sea por la adquisición de medios de comunicación social hasta ayer independientes y cuya propiedad se oculta tras pactos de confidencialidad, toma cuerpo y doblega las líneas editoriales. Es criminalizada y judicializada toda forma de expresión e información disidente. La propaganda oficial ideológica y proselitista hace presa de la opinión, copa los horarios estelares de la programación radial y de televisión y recrea, a través de sus repetidas cadenas oficiales o presidenciales, un efectivo black out informativo.
Tales circunstancias arrecian ahora más, próximos como nos encontramos los venezolanos a una crisis humanitaria:
- a) La inflación de 2014 que llega a 65% hoy se proyecta al 100%, situándose como la más alta del mundo.
- b) La caída del ingreso nacional se estima, conservadoramente, en 35.500 millones de dólares durante 2015; imposible de contener con unas reservas menguantes e ilíquidas en su mayoría, que suman 20.750 millones de dólares para la primera quincena de este año
- c) Luego de dilapidarse, durante 15 años, alrededor de 1, 295 millardos de dólares, la deuda pública interna y externa alcanza a 147.000 millones de dólares.
- d) No hay divisas suficientes y la moneda nacional se ha devaluado en 3.823 %.
En fin el desabastecimiento crónico a nivel nacional y la escasez de bienes e insumos de toda clase, junto a una contracción de la economía y la pérdida de empleos, son parte de las graves consecuencias que enfrentan los venezolanos desde el año pasado y, ello, de suyo, afecta de modo integral el sostenimiento de la prensa escrita, radial y televisiva, y sus fuentes de trabajo.
Cierra el año 2014, por si fuese poco, con 24.890 homicidios, en una tasa de 82 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta del mundo.
Tres expresidentes latinoamericanos, en visita que realizan a Caracas hace pocos días, toman nota directa de nuestra gravosa realidad y afirman que, no bastando lo anterior, reciben noticias de la existencia de “tumbas”, es decir, huecos construidos bajo la tierra, a muy bajas temperaturas en las dependencias de la policía política, destinadas a torturar estudiantes protestatarios, disidentes o encarcelados por capitalistas.
La respuesta del presidente Nicolás Maduro es la tozudez, la insistencia en el modelo marxista fracasado que defiende. Como alternativa reprime toda disidencia de opinión o protesta, y envía a la cárcel, junto a los presos políticos o de conciencia, a quienes producen marginalmente algo de bienes. Arguye la presencia de una guerra económica y mediática tras las colas que por horas hacen todos los sectores a las puertas de los mercados y las farmacias, afectados por el racionamiento.
Una parte fundamental de la dirigencia política de oposición ha hecho público un documento denominado Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia, en el que denuncia al régimen por antidemocrático e invita al país a transitar hacia una etapa distinta, constitucionalmente, que plantee correcciones de fondo en lo social, en lo económico y en lo institucional. El mismo, inserto en el diario El Nacional, lo firman el preso político Leopoldo López, María Corina Machado y el Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.
En consecuencia, llegado el pasado 20 de febrero, mientras Maduro encadena la radio y televisión para impedir el flujo de noticias, funcionarios fuertemente armados y a su orden, sin rostro, sin disponer de una investigación previa ni orden judicial, secuestran al citado Alcalde Metropolitano, que es la autoridad de gobierno más importante y de elección popular residente en la capital de la República.
Acto seguido, aquél es quien hace el anuncio al país pero atribuye la orden al Ministerio Público – autoridad constitucionalmente incompetente para ello – y argumenta que la cárcel del burgomaestre se explica por haber firmado el documento señalado y publicado por la prensa, que juzga como un intento para desestabilizarlo.
El presidente del parlamento, teniente Diosdado Cabello, a su vez y como lo hiciera por las vías de hecho con la diputada María Corina Machado, avanza para desaforar y encarcelar al diputado Julio Andrés Borges, la más relevante autoridad partidista dentro de la Mesa de la Unidad Democrática.
No obstante lo anterior, ayer, el Secretario de la UNASUR, Ernesto Samper, con cinismo inenarrable saluda la fortaleza democrática del gobierno de Maduro y la separación de poderes que aprecia en Venezuela.
De los casos restrictivos de la libertad de expresión ocurridos en el país durante el 2014 y sustentados en denuncias procesadas, que suman 350, cuarenta y dos de ellas corresponden a los meses de octubre a diciembre pasados. En sus proporciones, el 31,26% se trata de amenazas e intimidaciones y el 25% de actos de censura. Y en cuanto a las víctimas, no se trata sólo de los periodistas sino de toda persona disidente, sea defensor de derechos humanos por la información que maneja, sean escritores o columnistas, sean activistas políticos que informan, declaran u opinan.
Cierra el año 2014, así, con 64 presos políticos, entre estos 20 estudiantes imputados por participar en protestas públicas y 33 alcaldes sometidos a juicio de los 77 que tiene la oposición democrática.
Se inaugura el 2015 con otros 40 detenidos que si acaso son puestos en libertad en su mayoría, se les priva de la misma por reportear una manifestación o transitar cerca de ella; mas debe reseñarse que dos de las últimas víctimas, según ONG’s respetables, fueron torturadas con electricidad en sus cautiverios.
- La censura de la información
Dos modalidades de censura de la información ocurren durante el período de nuestro informe. Una la relativa a la citada prohibición de acceso a la información oficial. Otra, la impuesta por autoridades estatales o directivos de medios en apariencia independientes y de reciente compra por accionistas sin identidad conocida.
Espacio Público, ONG de defensa de la libertad de expresión y prensa, junto a PROVEA y ACCIÓN SOLIDARIA, organizaciones de derechos humanos, el 2 de diciembre pasado vieron denegada, por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la petición de acceso a la información que formularan ante la Defensoría del Pueblo, bajo control gubernamental. Reclamaban saber del estado de la salud sexual y reproductiva en el país. Y en la misma fecha, la misma Sala, declara ante otra petición de Espacio Público, que la información relacionada con las telecomunicaciones es secreto de Estado, de donde mal puede accederse a la misma.
El CENCOEX, órgano estatal responsable del otorgamiento de divisas, igualmente se ha negado a suministrar información a los medios sobre la disponibilidad de estas. Al diario El Nacional, en efecto, se le niega la información necesaria para una investigación sobre el uso de las divisas entre los meses de julio y octubre de 2014.
En el mes de febrero, a la Región Andina, donde ocurren las más repetidas manifestaciones de jóvenes estudiantes opositores, se la ha sometido a aislamiento informativo. Dejan de funcionar sus señales de telefonía móvil e Internet, controladas por el Estado, durante largas horas.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en diciembre le prohíbe a la Asociación Civil SenosAyuda, que se ocupa de prevenir el cáncer de mama, realizar su campaña de televisión dando cuenta de las cifras de muertes por dicha causa.
El 14 de enero pasado, según la denuncia que presentan periodistas y miembros de la mesa de redacción del diario El Universal, luego de una rueda de prensa que da el ex candidato presidencial Henrique Capriles, a la sazón gobernador del Estado Miranda y a la que acuden un treintena de medios, la reseña correspondiente es censurada en la edición de papel y se giran instrucciones por los representantes de los nuevos propietarios de “matizar” hacia el futuro en la web las informaciones de la oposición referidas a movilizaciones o protestas de calle.
Igual ocurre luego de la mencionada visita dispensada a Venezuela por los ex presidentes de Chile, México y Colombia. El periodista Reyes Theis, de dicho diario El Universal, hace pública su denuncia sobre la censura dispuesta por el presidente de dicho medio, Jesús Abreu Anselmi, de la información mediante la cual Andrés Pastrana señala que “se confirmó la condición de preso político de Leopoldo López”.
Los periodistas Roberto Deniz, Carmen Rosa Gómez y Thábata Molina, asimismo denuncian las presiones que reciben del diario El Universal, a manera de censura de sus informaciones, viéndose obligados a renunciar los dos primeros.
En igual orden, se prescinde de los servicios en la emisora FM Center de la periodista Ingrid Bravo Balabú, por mantener un desequilibrio en las informaciones que ella elabora sobre actos de la oposición política, según argumentan los directivos de dicho medio .
- Agresiones y amenazas durante las coberturas
Varios periodistas y reporteros gráficos han sido objeto de agresiones generalizadas y sistemáticas desde el mes de enero, por parte de la fuerza pública militar y policial e incluso popular, por intentar dejar registro de los anaqueles vacíos en mercados y farmacias o de la presencia multitudinaria de personas a las puertas de ellos. Ello le ocurre, entre otros, a Oliver Laufer; Gustavo Delgado, del diario La Nación del Táchira; reporteros de Televen y Canal 11 del Zulia, y Contrapunto de Caracas, diario El Carabobeño, y La Mañana de Falcón; reporteros de La Patilla y Reporte Confidencial; reporteros del canal del Estado, donde civiles irritados les impiden su labor reporteril; Blanca González y Jesús Contreras de Últimas Noticias. Al reportero Alejandro Cegarra lo obliga la Guardia Nacional a borrar sus imágenes. Otro tanto le ocurre a Rafael Hernández, de NTN24 en Táchira, a Jesús Medina Ezain y Vanessa Arenas, en Caracas; a Héctor Luis Caldera, en Monagas, etc.
Los periodistas Edison Durán y Abraham Palencia, del diario El Impulso y La Prensa, junto a Tomás Gaona de Promar Televisión, luego de cubrir el 24 de noviembre pasado un motín carcelario en el Centro Penitenciario de Uribana, Estado Lara, fueron objeto de incautación de sus equipos bajo amenaza de desaparición y muerte por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, si llegaban a denunciarlos.
En el mes de diciembre, dos granadas fragmentarias impactan contra la sede del diario regional El Siglo, del Estado Aragua.
La Policía Nacional Bolivariana despojó de sus memorias fotográficas a los reporteros gráficos María Gabriela López y Alex Delgado, de El Propio y diario El Nacional, luego de cubrir un operativo policial el pasado 26 de enero y los amenazó con quemarles sus equipos.
- Cierre de medios y falta de papel periódico
El diario El Guayanés dejó de circular el pasado 14 de diciembre, al agotársele sus reservas de papel prensa sin poder reponerlas. Su publicación digital también cesó el 1 de enero pasado al no contar con los insumos para la actividad, haciéndosele económicamente insostenible mantener el medio y sus fuentes de trabajo.
El 6 de febrero, el gobierno, a través de CONATEL, decide no renovar la licencia de funcionamiento de Radio Infinita 90.9 FM, situada en Barinas y muy crítica del régimen; lo que ocurre asimismo el pasado mes de agosto en el mismo sitio, cuando el Estado ordena el cierre de Radio Sensacional FM 94.7, ocupando el dial otra emisora próxima al gobierno.
El diario Tal Cual, que dirige Teodoro Petkoff, dejó de circular este 27 de febrero y se transforma en Semanario, por problemas de papel y presionado con siete demandas interpuestas en su contra por personeros del régimen.
El programa Actualidad Informativa, moderado por el periodista Héctor Caldera, de la radio 92.7 FM de Monagas, fue sacado del aire en plena transmisión.
- Agresiones y amenazas judiciales a editores y periodistas
En lo relativo a las agresiones y amenazas, el presidente de la República acusa a TELEVEN, en noviembre pasado, de transmitir programas irrespetuosos para las mujeres y promover antivalores. Señala al periodista Alberto Federico Ravell, también, de ser “una basura, cobarde”.
Luego, el Director General de CONATEL, ente estatal regulador de los contenidos, acusa a los medios – los pocos que restan independientes- de ser parte de un “ejercito agresor. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, a su turno, acusa de conspiradora a la periodista Laura Weffer. Tanto como ahora lo hace Maduro al afirmar que las televisoras, sin identificarlas, son parte de un golpe de Estado que fragua en su contra.
La persecución ya alcanza a las redes sociales. Han sido objeto de detención y procesamiento judicial penal, por pedido de Cabello y por expresar opiniones ingratas y fuertes o difundir fotos del asesinato del diputado oficialista Robert Serra, siete (7) twitteros: Lessy Marcano, Ginette Hernández, Inés Margarita González Árraga, Víctor Andrés Ugas, Danieli Beniítez, Leonel Sánchez Camero, Abraham David Muñoz Merchán,
En el mismo orden, luego de que un oficial de la Armada, jefe de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez y al servicio del mismo Cabello, afirmara ante la prensa extranjera que éste es la cabeza visible del Cártel de Soles, presunta organización de narcotraficantes militares venezolanos, afirma éste que tomará acciones legales contra el medio extranjero que origina la información, el diario ABC de España, y contra los diarios venezolanos El Nacional y Tal Cual, y el portal La Patilla, por repetirla.
La Canciller Delcy Rodríguez, siguiendo el mismo patrón, al iniciarse febrero amenaza con acciones legales a los medios internacionales que hacer ver a Venezuela como un estado fallido, a la vez acusa al ABC y su corresponsal en Venezuela, Ludmila Vinogradoff, por manipulación de noticias.
La presidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea, la diputada oficialista Blanca Eekhout, anunció seguidamente una investigación criminal contra el diario Tal Cual, por reseñar un artículo de otro periódico estadunidense, relativo al asesinato del diputado oficialista Robert Serra.
- Exposición al odio público de opositores por los medios de comunicación del Estado
Debo informar, finalmente, que el citado Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Cabello, conduce y modera cotidianamente desde el pasado 10 de febrero de 2014 un programa en la televisión del Estado (VTV) que lleva por nombre “Con el mazo dando”.
Desde allí, ejerce la actividad comunicacional con abierto desprecio por sus reglas éticas; lo que es más, goza de un privilegio extraño a todo periodista, como la es su inviolabilidad por opiniones e informaciones al ser representante de la soberanía popular; abroquelado, por si fuese poco, con la protección del antejuicio de mérito que sólo beneficia a los altos funcionarios del Estado.
Usando evidentes fuentes de inteligencia gubernamental – espías a los que identifica bajo el nombre de “patriotas cooperantes” – y sin contrastarlas ni verificarlas en cuanto a su fiabilidad, revela e informa cotidianamente sobre supuestos hechos de la vida privada y personal de cada opositor o empresario o periodista que molesta al gobierno. Hasta publica grabaciones ilegales, con el único fin y mala fe manifiesta, de desacreditar ante la opinión pública a los que considera enemigos de la revolución.
Tan grave es la cuestión que el Comité contra la Tortura de la ONU, en aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al adoptar sus conclusiones y recomendaciones finales sobre Venezuela, durante su sesión 53ª, el 28 de noviembre de 2014, expresa lo siguiente:
- (Omissis) su profunda preocupación por las informaciones que dan cuenta de las descalificaciones públicas… por parte del Presidente de la Asamblea Nacional, citando informaciones de “patriotas cooperantes”.
Recién y por lo mismo, Cabello acusa a la periodista Mónica Villamizar, el 14 de enero, de ser espía norteamericana. Y llegado el 13 de febrero arremete contra la periodista Mariengracia Chirinos y otros activistas de derechos humanos, acusándoles de ser autores de un informe sobre su programa de televisión que conocería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No huelga, en fin, que la SIP reitere y haga propia la enseñanza de la Corte Interamericana, a cuyo tenor los funcionarios del Estado, responsables de garantizar la libertad de prensa, cuando ejercen a la vez su derecho a la libertad de expresión, “no pueden llegar a desconocerlo”. Y al efecto, “en aras de evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos” deben hacerlo dichos funcionarios “con una diligencia aún mayor a la empleada” por los particulares y los periodistas en cuanto a constatar los hechos en los que fundamentan sus opiniones.
