Tras la divulgación de la orden ejecutiva del gobierno de Barack Obama, que contempla medidas contra siete funcionarios venezolanos, ciudadanos expresan su opinión en la red social.
Vea a continuación algunas reacciones de usuarios destacados de Twitter:
El documento firmado el jueves 19 de diciembre de 2014 por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con el pliego de sanciones a funcionarios venezolanos considerados responsables de la violación de derechos humanos en Venezuela hace un balance del contexto político y social del país. También responsabiliza al Gobierno de la actual crisis económica, marcada por la escasez y altos índices de inflación; destaca los fracasos de las políticas en materia de seguridad pública y acusa al Gobierno de Venezuela y al Banco Central de Venezuela de promover opacidad mediante la omisión y no difusión de indicadores.
La Ley promovida por el Senado y la Cámara de Representantes estadounidense hace énfasis en que las sanciones están dirigidas a los funcionarios venezolanos responsables de ordenar, colaborar y brindar apoyo a hechos de violencia y la violación de derechos humanos en el marco de las manifestaciones antigobierno que comenzaron en febrero de este año. Estados Unidos también resalta el apoyo al pueblo de Venezuela en los intentos por consolidar una democracia representativa, con Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos y con una sociedad civil plural e independiente.
LEA A CONTINUACIÓN EL CONTENIDO DE LA LEY EN ESPAÑOL
EN LA SEGUNDA SESIÓN
Iniciado y celebrado en la ciudad de Washington el viernes, al tercer día de enero de dos mil catorce
UNA LEY
Imponer sanciones específicas a las personas responsables de violaciones de los derechos humanos de manifestantes antigubernamentales en Venezuela, para fortalecer la sociedad civil en Venezuela, y para otros fines.
Que sea promulgado por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso,
SECCIÓN 1. Título breve.
Esta Ley podrá ser citada como la “Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela de 2014”.
SEC. 2. RESULTADOS.
El Congreso ha llegado a los siguientes resultados:
(1) El Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela afirmó que el índice de inflación anual en Venezuela en 2013 era 56,30, el más alto nivel de inflación en el hemisferio occidental y el tercer más en el mundo detrás de Sudán del Sur y Siria.
(2) El Banco Central de Venezuela y el Gobierno de Venezuela han impuesto una serie de controles de divisas que han exacerbado los problemas económicos y, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, se ha convertido en el factor más problemático para
hacer negocios en Venezuela.
(3) El Banco Central de Venezuela declaró que índice de escasez en Venezuela llegó a 29,4 por ciento en marzo de 2014, lo que significa que un poco menos de uno de cada 4 bienes básicos no está disponible en cualquier momento dado. El Banco Central no ha difundido información sobre el índice de escasez desde entonces.
(4) A partir de 1999, los delitos violentos en Venezuela ha aumentado considerablemente y el Observatorio Venezolano de Violencia, una organización no gubernamental independiente, encontró que la tasa de homicidios per cápita nacional llegó a ser 79 por cada 100.000 habitantes en 2013.
(5) La organización no gubernamental internacional Human Rights Watch dijo recientemente, “Bajo el liderazgo del presidente Chávez y ahora presidente Maduro, la acumulación del poder en Ejecutivo y la erosión de las garantías a los derechos humanos han habilitado al gobierno intimidar, censurar y perseguir a sus críticos”.
(6) El Informe por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos en 2013 del Departamento de Estado sostuvo que en Venezuela “el gobierno no respetó la independencia judicial o permitió a los jueces actuar de acuerdo con la ley sin temor a represalias” y “el gobierno usó el Poder Judicial para intimidar y selectivamente enjuiciar líderes políticos, sindicales, empresariales y de la sociedad civil que eran críticos de las políticas del gobierno o sus acciones”.
(7) El Gobierno de Venezuela ha detenido a corresponsables y periodistas extranjeros, y ha amenazado y expulsado a medios de comunicación internacionales que operan en Venezuela, y la organización no gubernamental internacional Freedom House declaró que en Venezuela “el clima medios está permeado por la intimidación, a veces incluyendo agresiones físicas, y la fuerte retórica antimedios del gobierno es común”.
(8) desde el 4 de febrero de 2014, el Gobierno de Venezuela ha respondido a las protestas contra el gobierno con violencia y asesinatos perpetrados por sus fuerzas de seguridad pública.
(9) En mayo de 2014, Human Rights Watch descubrió que el uso ilegal de la fuerza ejercida contra manifestantes antigubernamentales fue “parte de una práctica sistemática por parte del venezolano y las fuerzas de seguridad”.
(10) A la fecha 1 de septiembre de 2014, 41 personas habían muerto y aproximadamente 3.000 habían sido detenidas injustamente, y más de 150 permanecen en la cárcel y enfrentan cargos criminales como resultado de las manifestaciones antigubernamentales en toda Venezuela.
(11) El líder opositor Leopoldo López fue detenido el 18 de febrero 2014, en relación con las protestas y fue injustamente acusado de incitación criminal, conspiración, incendio premeditado, y daños a propiedad. Desde su detención, López se ha permanecido en aislamiento y se le han negado la promoción de 58 de 60 testigos en el juicio que se le sigue.
(12) A la fecha 1 de septiembre de 2014, ni un solo miembro de las fuerzas de seguridad pública del Gobierno de Venezuela han sido responsabilizados por los actos de violencia perpetrados contra manifestantes antigubernamentales.
SEC. 3. POSICIÓN DEL CONGRESO CON RESPECTO A LAS PROTESTAS ANTIGUBERNAMENTALES EN VENEZUELA Y LA NECESIDAD DE EVITAR NUEVOS ACTOS DE VIOLENCIA EN VENEZUELA.
Es el sentir del Congreso que-
(1) Estados Unidos aspira a una relación de beneficio mutuo con Venezuela basada en el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho y una relación funcional y productiva en temas de seguridad pública, incluyendo la lucha antidrogas y la lucha contra el terrorismo;
(2) Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela en sus esfuerzos por hacer realidad y alcanzar su máximo potencial económico y lograr avanzar hacia una democracia representativa, respeto a los derechos humanos, y el Estado de Derecho en su país;
(3) la mala administración crónica por el Gobierno de Venezuela de su economía ha conducido al empeoramiento de las condiciones de vida y de la situación económica marcada por las penurias y escasez de productos de primera necesidad y productos alimenticios para el pueblo de Venezuela;
(4) las fallas del Gobierno de Venezuela para garantizar las normas mínimas de seguridad pública de sus ciudadanos ha llevado al país a convertirse en uno de los más violentos y corruptos en el mundo;
(5) el Gobierno de Venezuela continúa dando pasos para socavar el sistema de controles y contrapesos al Ejecutivo, politizar el Poder Judicial, debilitar la independencia del Poder Legislativo a través del uso de leyes habilitantes y poderes de decreto para perseguir y enjuiciar a sus opositores políticos, restringir la libertad de prensa, y limitar la libre expresión de sus ciudadanos;
(6) los venezolanos, en respuesta a las dificultades económicas, los altos niveles de crimen y violencia, y la falta de políticas básicas para asegurar los derechos y las libertades individuales, han salido a manifestaciones en Caracas y en todo el país para protestar por el fracaso del Gobierno de Venezuela en proteger el bienestar político y económico de sus ciudadanos; y
(7) el uso reiterado de la violencia por parte de la Guardia Nacional y personal de seguridad de Venezuela, así como de personas actuando en nombre del Gobierno de Venezuela contra las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron el 4 de febrero de 2014, es intolerable y el uso de la violencia no provocada por los manifestantes es también un motivo de grave preocupación.
SEC. 4. POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS HACIA VENEZUELA.
Es la política de los Estados Unidos-
(1) Apoyar al pueblo de Venezuela en su aspiración a vivir en condiciones de paz y de la democracia representativa como se define en la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos;
(2) trabajar en conjunto con los demás Estados miembros en la Organización de los Estados Americanos, así como los países de la Unión Europea, para asegurar la solución pacífica de la situación actual en Venezuela y el cese inmediato de la violencia contra los manifestantes antigubernamentales;
(3) hacer que los funcionarios gubernamentales y de seguridad responsables o cómplices en el uso de la fuerza en relación a las protestas antigubernamentales y actos similares en el futuro de la violencia rindan cuentas en Venezuela; y
(4) continuar apoyando en el desarrollo de procesos políticos democráticos y la sociedad civil independiente en Venezuela.
SEC. 5. SANCIONES A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA VIOLENCIA EN VENEZUELA.
(a) EN GENERAL. El Presidente impondrá las sanciones descritas en el inciso (b) con respecto a cualquier persona extranjera, incluyendo cualquier funcionario o ex funcionario del Gobierno de Venezuela, o cualquier persona que actúe en nombre de ese Gobierno, que el Presidente determine que-
(1) ha cometido, o es responsable de ordenar o dirigir actos significativos de violencia o violaciones graves de los derechos en Venezuela contra personas asociadas con las protestas antigubernamentales en Venezuela que comenzaron el 4 de febrero 4 de 2014;
(2) ha ordenado o dirigido la detención o el enjuiciamiento de una persona en Venezuela principalmente debido al ejercicio del derecho legítimo de la libertad de expresión o de asociación; o
(3), a sabiendas ha asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo material o apoyo significativo financiero, tecnológico, o bienes o servicios de apoyo a la comisión de actos descritos en el párrafo (1) o (2).
(b) DESCRIPCIÓN DE SANCIONES.
(1) EN GENERAL.- Las sanciones descritas en esta subsección son los siguientes:
(A) BLOQUEO DE ACTIVOS. El ejercicio de todos los poderes otorgados al Presidente por la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia, en la medida que crea necesario bloquear y prohibir todas las transacciones de toda propiedad y los intereses de una persona según determine el Presidente, sujeto a la subsección (a) si dicha propiedad y los intereses están dentro de los Estados Unidos, vienen a los Estados Unidos, están por venir, o están en posesión de una persona de Estados Unidos.
(B) EXCLUSIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS Y REVOCACIÓN DE VISA U OTRA DOCUMENTATION. En el caso de que el Presidente determine que un extranjero está sujeto a lo establecido en el inciso (a), se procederá a la denegación del visado, la exclusión del territorio de los Estados Unidos del extranjero y la revocación, de conformidad con la sección 221 (i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, de cualquier visado u otra documentación del extranjero.
(2) PENALIDADES. Una persona que viole, trate de violar, conspire para violar, o provoque una violación de lo establecido en el parágrafo (1) (A) o de cualquier reglamento, licencia u orden emitida para llevar a cabo lo establecido en el párrafo (1) (A), estará sujeto a las sanciones establecidas en los incisos (b) y (c) del artículo 206 de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional en la misma medida como una persona que comete un acto ilícito descrito en el inciso (a) de dicha sección.
(3) EXCEPCIÓN A IMPORTACIÓN DE BIENES. El requerimiento para bloquear y prohibir todas las transacciones de propiedad e intereses de propiedad en virtud del parágrafo (1) (A) no incluirá la autoridad para imponer sanciones a la importación de mercancías.
(4) EXCEPCIÓN PARA CUMPLIR CON EL ACUERDO CON LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS. Las sanciones previstas en el párrafo (1) (b), no se aplicarán a un extranjero si la admisión del extranjero en los Estados Unidos es estrictamente necesaria para que los Estados Unidos pueda cumplir con el acuerdo relativo a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), firmado en Lake Success el 26 de junio 1947, y en vigor desde el 21 de noviembre de 1947, entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos, o de otras obligaciones internacionales aplicables.
(c) DECLINACIÓN. El Presidente podrá renunciar a la aplicación de las sanciones en virtud del inciso (b) con respecto a una persona si el Presidente-
(1) determina que tal renuncia es en el interés nacional de los Estados Unidos; y
(2) en o antes de la fecha en que la renuncia surta efecto, entrega a la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión Bancaria de Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado y la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de
Servicios Financieros de la Cámara de Representantes un aviso y justificación de la exención.
(d) REGULATORIA AUTHORITY.-El Presidente deberá emitir tales regulaciones, licencias y órdenes que sean necesarios para llevar a cabo esta sección.
(e) VIGENCIA. La obligación de imponer sanciones bajo esta sección terminará el 31 de diciembre 2016.
(f) DEFINICIONES.- En esta sección:
(1) ADMITIDO; EXTRANJERO. Los términos “admitido” y “extranjero” tienen los significados dados esos términos en el artículo 101 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 USC 1101).
(2) INSTITUCIÓN FINANCIERA. El término “institución financiera” tiene el significado que se le confiere en la sección 5312 de Título 31, Código de los Estados Unidos.
(3) PERSONA EXTRANJERA. El término “persona extranjera” se refiere a una persona que no es una persona de Estados Unidos.
(4) BIEN. El término “bien” tiene el significado dado en el término en la sección 16 de la Ley de Administración de Exportaciones de 1979 (como continuado en vigor en virtud de la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia
(5) A SABIENDAS. El término “a sabiendas”, en referencia a toda conducta, circunstancia o resultado, significa que una persona tuvo conocimiento, o debería haber sabido, de la conducta, la circunstancia, o resultado.
(6) ASISTIR MATERIALMENTE.-El término “asistir materialmente” significa la prestación de asistencia significativa directamente relevante a los actos descritos en el párrafo (1) o (2) del apartado (a).
(7) PERSONA DE LOS ESTADOS UNIDOS. El término “Persona de los Estados Unidos” se refiere a-
(A) Un ciudadano de Estados Unidos o un extranjero legalmente admitido para residencia permanente en los Estados Unidos; o
(B) Una entidad organizada bajo las leyes de los Estados Unidos o de cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos, incluyendo una sucursal extranjera de una entidad de este tipo.
SEC. 6. INFORME SOBRE RADIODIFUSIÓN, DE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE TECNOLOGÍA ELUSIÓN EN VENEZUELA.
(a) EN GENERAL.- A más tardar 30 días después de la fecha de la promulgación de esta Ley, el Presidente del Consejo de Radiodifusión de Gobernadores (en este apartado denominado “Junta”) presentará al Congreso un informe que incluirá-
(1) una evaluación exhaustiva de los sectores gubernamental, político, y los obstáculos tecnológicos que enfrenta el pueblo de Venezuela en sus esfuerzos para obtener información precisa, objetiva y completa; noticias e información sobre asuntos nacionales e internacionales;
(2) una evaluación de los esfuerzos actuales en materia de radiodifusión, distribución de la información y la tecnología de distribución en Venezuela, por el Gobierno de los Estados Unidos y de otra manera; y
(3) una estrategia para ampliar dichos esfuerzos en Venezuela, incluyendo recomendaciones sobre medidas adicionales para ampliar los esfuerzos actuales.
(b) ELEMENTOS. El informe requerido por el inciso (a) deberá incluir
(1) una evaluación del nivel actual de fondos federales dedicada a la radiodifusión, la distribución de la información, y la distribución de tecnología en Venezuela por la Junta antes de la fecha de la promulgación de esta Ley;
(2) una evaluación de la medida en que el nivel actual y el tipo de noticias y programación relacionada y contenido, siempre que por la Voz de América y otras fuentes está abordando las necesidades de información de la gente de Venezuela; y
(3) recomendaciones para aumentar la difusión, información distribución, y la distribución de tecnología en Venezuela.
Presidente de la Cámara de Representantes.
Vice Presidente de los Estados Unidos y
Presidente del Senado
En una comparecencia transmitida en televisión con motivo del Día Internacional de la Mujer, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, defendió esta noche los ajustes económicos que su Gobierno acomete desde que comenzó la legislatura en enero, prometió que los sacrificios serán temporales y explicó por qué se ve obligada a hacerlo: “Era necesario cambiar de método”. Mientras ella hablaba, en determinados barrios acomodados y de clase media de São Paulo y de otras ciudades brasileñas se escucharon caceloradas y abucheos. No es normal que los brasileños abronquen a su presidente mientras comparece por televisión, lo que ilustra la polaridad extrema que atraviesa actualmente el país. Sin ir más lejos, el sábado que viene hay una manifestación que exigirá la destitución parlamentaria de la presidenta por el método del impeachment.
La mandataria justificó la nueva deriva económica de su Gobierno y la achacó a la tormenta financiera internacional: “En la primera etapa de la crisis económica Brasil reaccionó bien y siguió creciendo mientras otros países destruían empleo. Pero nadie podía prever que la crisis iba a durar tanto. Por eso ahora tenemos que hacer ajustes y actuar de manera que esos ajustes sean divididos entre todos. También se hizo algo parecido en la época de Lula”.
El Gobierno ha recortado, entre otras cosas, gastos en los ministerios y ha subido los impuestos que gravan la gasolina y la luz. “Sé que algunos de ustedes son conscientes de que la energía es ahora más cara y que eso repercute también en algunos alimentos. Pero estos son sacrificios transitorios”. Rousseff recordó que el país ha sufrido una sequía sin precedentes, que en especial ha afectado al Estado de São Paulo.
La presidenta insistió en que la crisis por la que atraviesa Brasil, cuya economía está a un paso de la recesión económica y tiene una inflación del 7,7%, no es “una crisis financiera como otras que ya sufrió el país”. Y añadió: “Brasil tiene ahora unas bases sólidas sobre las que volver a crecer en cuanto superemos estos problemas”.
Las medidas de recorte y de contención del gasto no son un fin en sí mismo, aclaró la presidenta brasileña. Tan sólo una “travesía” hacia la hipotética recuperación. Rousseff no les puso plazos. “Durarán lo que sea necesario”, dijo, pero agregó que confía en que en el segundo semestre de este año se comiencen a ver los resultados.
Rousseff fue mucho más breve al hablar del escándalo de corrupción de Petrobras, que sacude el país y que involucra a una cincuentena de políticos relevantes, entre senadores, diputados y exministros. “Brasil ya aprendió a aplicar la justicia sobre los corruptos. Es eso lo que está pasando en la libre y enérgica investigación del caso Petrobras”.
Este es el documento que firmó el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el que declara emergencia por situación en Venezuela y ordena sanciones contra siete funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro.
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Directivos y reguladores de Asia, Europa y los Estados Unidos compiten estos días en el Mobile World Congress de Barcelona, la gran convención del sector de las telecomunicaciones, para mostrar sus avances en la búsqueda del Santo Grial del 5G.
Con la actual tecnología 4G que permite un acceso rápido, los gobiernos y los fabricantes esperan para 2020 el próximo salto hacia adelante que permita no sólo conectar a los seres humanos sino también a billones de máquinas. Esta nueva generación debería permitir conexiones hasta 1.000 veces más rápidas que las actuales.
Korea Telecom anunció el lunes que espera desplegar su primera tecnología 5G incluso antes, durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang (Corea del Sur) en 2018. Más adelante, las rapidísimas y seguras conexiones 5G permitirán la circulación de automóviles sin conductor guiados por conexiones automáticas a los sistemas de tráfico, según promete su jefe ejecutivo, Chang-Gyu Hwang. “En el futuro, los permisos de conducir desaparecerán y los coches serán oficinas móviles”,aventuró el CEO de la compañía del sudeste asiático.
Sin embargo, para llegar a este punto, falta mucho. Los fabricantes deben construir unainfraestructura que pueda sostener la señal de telefonía móvil con la potencia y la velocidad suficientes para dirigir sin margen de error actividades como operaciones quirúrgicas a distancia.
“Quieren que sean realmente rápidas y utilicen la menor energía posible”, y una franja más amplia de frecuencias de radio para hacer los dispositivos compatibles en todo el mundo, dijo Ben Wood, analista del grupo de investigación CCS Insight. “Pero ni siquiera existe un estándar aprobado”, se lamenta.
El vicepresidente del fabricante chino Huawei, Ken Hu, pronosticó que el 5G distribuirá una velocidad de transmisión de sólo un milisegundo, suficiente para frenar a tiempo un coche sin conductor en caso de accidente. Además, según Hu, con el 5G descargar películas será cuestión de segundos.
“El 5G se convertirá en una poderosa plataforma tecnológica que permitirá muchas nuevas aplicaciones, nuevos modelos de negocio e incluso nuevas industrias”, agregó. El GSMA, el consorcio de empresas del sector que organiza el congreso de Barcelona, señaló en un informe en diciembre que con esta tecnología “una operación podría realizarse por un robot manejado por control remoto por un cirujano en la otra punta del mundo”.
Los especialistas tecnológicos del Boston Consulting Group estimaron en un estudio que las compañías móviles deberían gastar cuatro billones de dólares en investigación e inversioneshasta 2020 para desarrollar el 5G.
La Unión Europea ha iniciado una colaboración público-privada con las firmas de telecomunicaciones con una financiación de 4.200 millones de dólares con la esperanza de asegurar una parte del mercado del 5G a las firmas europeas, que se quedaron un paso atrás de las asiáticas y las estadounidenses en el despliegue del 4G.
En Barcelona, el comisario de la UE de Economía Digital, Guenther Oettinger, aseguró que la Unión quiere firmar acuerdos con Japón, China y los Estados Unidos para cooperar en la investigación sobre el 5G como el que ya firmó con Corea del Sur.
“Con el 5G, Europa tiene una gran oportunidad de reinventar su paisaje de la industria de las telecomunicaciones”, dijo Oettinger en una conferencia en la que presentó la visión de la UE para el 5G, que pronostica que siete billones de objetos inteligentes podrían estar conectados a Internet en el futuro. En Asia, sólo Corea del Sur invirtió u$s1.600 millones con la esperanza de comercializar su tecnología 5G en 2020, de acuerdo con el GSMA.
A nivel privado, “Samsung, LG, Huawei, todas las grandes compañías intentan probar cierto tipos de artilugios que creen que se conectarán al 5G”, señaló el especialista de la británica Universidad de Ulster, Kevin Curran.
El pasado 4 de marzo 33 organizaciones regionales suscribimos una carta al secretario general de Unasur, en donde le expresamos satisfacción acerca de su intención de mediar en el conflicto venezolano y generar condiciones para un diálogo democrático. En el texto se afirmaba: “Esperamos que la anunciada Misión de Unasur pueda contribuir para el pleno respeto de los derechos humanos y el restablecimiento del diálogo entre los actores políticos y las fuerzas sociales venezolanas”. Las iniciativas adherentes le realizamos a Unasur una serie de recomendaciones:
1) Realice un llamado público y enfático por el pleno respeto de los derechos humanos y la reanudación del diálogo.
2) Se reúna con los diferentes actores políticos y fuerzas sociales venezolanas durante su estadía en el país.
3) Presente, después de la conclusión de la visita, una lista de recomendaciones concretas y públicas seguidas de un Plan de Trabajo con acciones que Unasur hará seguimiento y que deben cumplirse hasta las próximas elecciones parlamentarias que se celebrarán próximamente en el país. La publicación de las recomendaciones y acciones establecidas en el Plan traerá legitimidad tanto al trabajo de Unasur como permitirá que la sociedad civil venezolana y de la región puedan monitorear objetivamente el trabajo de mediación de la entidad y colaborar con los esfuerzos empleados.
Para el plan público de trabajo sugerido, las organizaciones propusimos una serie de puntos a ser incorporados. El primero de ellos la garantía del derecho de manifestación, incluyendo la prohibición del uso abusivo de la fuerza. Las ONG fueron claras en pedir que la misión de cancilleres de Unasur debe solicitar una revisión de la resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa Nº 86103 de enero de 2015 que autoriza la actuación de las Fuerzas Armadas de Venezuela en las protestas. Una segunda dimensión es el fin de las detenciones arbitrarias y del uso abusivo de la llamada “prisión preventiva”, liberando a las personas encarceladas injustamente. Seguidamente, sobre las condiciones que permiten la impunidad estructural en el país, se solicitaron medidas para fortalecer la independencia del poder judicial. “Los países comprometidos con el Estado Democrático de Derecho reconocen en la independencia judicial uno de los pilares de los derechos humanos. Por lo tanto, los cancilleres de la misión Unasur deberían dar prioridad a esta cuestión durante su visita e incluir nuevas medidas en este frente” se aseguró.
Otro aspecto es el relativo al papel de la Defensoría del Pueblo, instando a esta institución en desempeñar el papel de mediador y garante de los derechos humanos sin discriminación para todas las personas, tal como se define en la Constitución venezolana. Por último, la cooperación con los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos: “La Misión de la Unasur debería llamar al Gobierno venezolano para que este permita la entrada de los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que tienen solicitudes de visita pendientes al país. Otro compromiso que Unasur debería mediar con Venezuela es su regreso a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Venezuela se retiró del principal instrumento jurídico en la región en septiembre de 2012, dejando a los venezolanos y venezolanas sin acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Esta comunicación fue motorizada por la organización brasilera Conectas con el apoyo de Provea. Si se considera el contenido de la misiva con el difundido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, preocupada por el incremento de la represión y los efectos de la resolución, Padrino López del Ministerio de la Defensa, podemos afirmar que las organizaciones de derechos humanos más importantes de la región han elevado, sin ambigüedades ya, sus preocupaciones por el deterioro de la situación de derechos humanos bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
En opinión de Provea, la mirada internacional sobre Venezuela es clave en los actuales momentos de crispación. El Ejecutivo Nacional es incapaz de generar por sí mismo las condiciones para el necesario diálogo democrático. Ante la negación de utilizar un lenguaje de respeto, emitir mensajes sobre el respeto de los derechos consagrados en la Constitución, el reconocimiento de la legitimidad de las demandas de sus adversarios políticos y la criminalización de la protesta y la disidencia, el presidente Maduro ha profundizado el desvío autoritario como respuesta ante la crisis.
Las organizaciones de derechos humanos siempre hemos cuestionado cualquier salida de naturaleza extraconstitucional ante las demandas ciudadanas. El fortalecimiento de los mecanismos democráticos y los derechos consagrados en la Carta Magna pasan por establecer los canales para la expresión y participación, sin ningún tipo de discriminación, de todos los actores sociales. La situación del país es delicada, pues la mezcla entre diatribas políticas con crisis económica ha sido, históricamente, fuente de alta conflictividad. Los cancilleres de Unasur, entonces, tienen la palabra.
@fanzinero
El jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, aseguró ue el incendió que se presentó en la tarde de hoy en el edificio Tajamar de las torres de Parque Central fue controlado sin dejar lesionados.
“vamos a realizar una investigación a fondo para determinar las razones del siniestro”, declaró el funcionario de gobierno.
Poco después de la 1pm el piso 39 del conjunto residencial presentó un incendiom que cerró de forma temporal la avenida Lecuna.
Villegas declaró que no se registraron lesionados en el incidente
El jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, aseguró ue el incendió que se presentó en la tarde de hoy en el edificio Tajamar de las torres de Parque Central fue controlado sin dejar lesionados.
“vamos a realizar una investigación a fondo para determinar las razones del siniestro”, declaró el funcionario de gobierno.
Poco después de la 1pm el piso 39 del conjunto residencial presentó un incendiom que cerró de forma temporal la avenida Lecuna.
Villegas declaró que no se registraron lesionados en el incidente
Incendio en los PH Zona Residencial Parque Central!! pic.twitter.com/2qb3I9lt9K
— Luis Crespo (@camberin) marzo 9, 2015
via @zeus6920121: A esta hora se reporta incendio en el conjunto de parque central edificio tajamar . pic.twitter.com/HCPENpGhMP — Metro de Caracas (@CaracasMetro) marzo 9, 2015
Incendio en edif. Tajamar #ParqueCentral pic.twitter.com/TozcfCHX9q
— Antonietta Barreto (@anttoniettab) marzo 9, 2015
Cierre vial Av Lecuna altura Parque Central por maniobra unidades alarma BDC pic.twitter.com/1IPY0r0rvI — AereoMeteo (@AereoMeteo) marzo 9, 2015
Incendio en el edificio Tajamar de Parque Central pic.twitter.com/5o2pMCX3HM
— Gabriela Vanessa (@gavadiar) marzo 9, 2015
La canciller Delcy Rodríguez informó que llamó a consulta inmediata al Encargado de Negocios de Venezuela en EE UU, Maximilien Arveláiz, tras el anuncio de nuevas sanciones a funcionarios venezolanos anunciadas por la Casa Blanca.
Hemos llamado a consulta de inmediato a Maximilien Arveláiz, Encargado de Negocios en Estados Unidos
— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) marzo 9, 2015
Más temprano, Rodríguez había anunciado que ofrecerá “pronto” una respuesta a un decreto firmado el martes por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que declara al país sudamericano una amenaza a su seguridad nacional.
“Pronto daremos a conocer la respuesta de Venezuela sobre el alcance de estas declaraciones”, dijo el lunes la canciller Delcy Rodríguez en una conferencia de prensa.
Obama, además, impuso sanciones a siete funcionarios venezolanos y expresó su profunda preocupación sobre el tratamiento que da el Gobierno de Nicolás Maduro a sus opositores.
