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El castigo a una empresa española que lavó dinero a favor de chavistas

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Transar con chavistas corruptos, pagarles comisiones insólitas a través de empresas de fachada, colocar esos fondos en paraísos fiscales, aupar el lavado del dinero concedido a cambio de un dos mil millonario contrato en dólares inflados, como ha sido el caso de la empresa española Duro Felguera, puede llevar consigo, cuando la pústula estalla, consecuencias terribles al negociante también corrupto, a la acción que cotiza en bolsa, al banco que facilita la trama y a los organismos reguladores bancarios españoles que en su propia cancha no cumplieron con su responsabilidad de investigar y advertir tales prácticas.

“El asunto es especialmente enojoso. Porque deja al descubierto que mientras la mayoría de las empresas españolas que operan en Venezuela sufren el acoso del régimen -incluidas amenazas de expropiación, modificaciones en las condiciones contractuales o imposibilidad de recuperación de dividendos-, algunas no tuvieron escrúpulos en cooperar en la rapiña de la cúpula bolivariana con tal de hacer negocios. Algo que sirvió para enriquecer a esos dirigentes que han convertido a Venezuela en el país más corrupto de Latinoamérica”, estampó el diario El Mundo en su editorial del viernes 20.

Muy bien lo explicó el representante de Duro Felguera (DF) en la exposición Venezuela de Verdad que el gobierno venezolano montó en Madrid a comienzos de marzo, un par de semanas antes de que el escándalo de la Banca Privada de Andorra y su filial Banco Madrid hiciera eclosión y ambas entidades se calcinaran con su propia purulenta lava: “En Venezuela todo se soluciona y se avanza”, dijo entonces, con la seguridad que le otorga la experiencia en el sitio.

En la antigua hacienda de caña denominada El Sitio, situada a 40 kilómetros al sur de Caracas, en el municipio Paz Castillo del estado Miranda, Duro Felguera está construyendo desde 2010 una planta generadora de energía eléctrica, llamada Termocentro, la cual abastecerá a la sufrida capital del cielo en la que casi todas las noches sus cinco millones de habitantes están prestos a encender una vela.

Duro Felguera (MDF, en la Bolsa de Madrid) es una empresa asturiana con sede en Gijón y más de 150 años de experiencia en la ejecución de proyectos llave en mano para los sectores energético, Oil & Gas y de minería y manejo de graneles. El contrato por la construcción de Termocentro, anunciado en mayo de 2009 con la ya estatal La Electricidad de Caracas (hoy integrada en Corpoelec), significó para la corporación española 2.100 millones de dólares (1.500 millones de euros, al cambio de entonces), el proyecto industrial más importante en toda su historia. La culminación de la obra estaba prevista para 2013, pero todavía no se encuentra en operación plena.

Éste y el de la construcción de dos barcazas generadoras de energía para la planta de Tacoa en el litoral central venezolano, que también fue asignado a DF, fueron los únicos de los 14 grandes contratos otorgados por EDC que escaparon de las manos de Derwick y Asociados, los bolichicos más celebres de la vecindad.

Si. Venezuela cancela y los negocios avanzan, se resuelven los atrasos en los pagos denominados en euros, se minimiza la exposición en bolívares devaluados, se acuerda un cronograma de pagos semanales de un remanente de 126 millones de euros por cobrar que culminará antes de que ocurra el cambio de horario de verano el 29 de marzo a las 2 de la madrugada. Para el momento de la exposición en el Círculo de Bellas Artes, DF creía que en Venezuela, Estados Unidos y España ya se habían olvidado de que por sus cortijos también había pasado mandinga y se había llevado una comisión de 50 millones de dólares, los cuales fueron depositados en la lavandería de Banco Madrid, fondos posteriormente legalizados y exportados, al punto de haber dejado sus titulares en cuenta apenas 3 millones de euros y un crédito por otro millón.

En los archivos de Banco Madrid aparecen el ex vice ministro de Energía y ex presidente de Cadafe Nervis Villalobos y su esposa Milagros Coromoto Torres, como titulares de cuentas de empresas de la que son titulares o accionistas importantes. La empresa de los ciclos combinados se llama Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre).

 

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60 millones de euros en paraísos fiscales

 

Esa comisión no tuvo guarnición, ni capilla ni santo. Cuando Duro Felguera fue a por Termocentro, firmó un contrato de asesoría con la consultora venezolana Técnicas Reunidas SRL (Terca), dirigida por el ingeniero Luis Barrios, con oficinas administrativas en el Centro Comercial Santa Paula, Caracas, representante de proveedores internacionales de equipos para plantas de generación eléctrica, entre otras especialidades, con bastante tradición en el país, con clientes como la misma La Electricidad de Caracas, Enelven, Cadafe, Pdvsa, Pequiven y Chevron. Creada en 1989, sus momentos de mayor esplendor fueron entre los años 2003 y 2004, cuando las órdenes de compra excedieron 130 millones de dólares y 80 millones, respectivamente. Dicen en Madrid que en la selección de esta empresa, más allá de su amplia experiencia en el ramo (representa a Siemens Westinghouse Power Corporation, que finalmente proveyó las cuatro turbinas de Termocentro), pesó bastante su propia denominación comercial y jurídica. Técnicas Reunidas (TRE, en la bolsa madrileña) es su gran competidor. “Tener como asesor en Venezuela a una empresa llamada Técnicas Reunidas le permitía blasonar en los medios locales e internacionales de que hasta sus rivales le ayudan a capturar clientes”, me dice un ingeniero de TRE.

Según el informe de los investigadores del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que llevó a la liquidación de Banco Madrid, el contrato de DF con Terca tiene fecha 3 de diciembre de 2008. Su objeto consistía en asesorarla en “la posible consecución de la obra de una central termoeléctrica de ciclo combinado de 1.080 MW (Central Termocentro)”. El contrato estipulaba que por los servicios prestados la consultora sería recompensada con 5.5% de lo que obtuviera Duro Felguera.

La cesión de ese contrato a nombre de la empresa Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre), representada por Nervis Villalobos, fue uno de los dos documentos entregados por el ex vice ministro para justificar los depósitos que le hicieron en la filial de la banca andorrana. El otro fue un contrato con la empresa Miami Equipment & Export Co, por asesorarle en varios proyectos, entre ellos una planta de 100 MW ubicada en San Lorenzo, estado Zulia, contrato estipulado en 9.5 millones de dólares, expedido a otra empresa de Villalobos con cuenta en Banco Madrid (Kingsway Ltda).

Duro Felguera establece condiciones iguales en uno y otro contrato de consultoría, incluyendo la minucia de los “informes orales” y también la particularidad de que una le cede su porción de beneficios a la otra sin ningún tipo de penalidad o indemnización …, aparentemente.

El traspaso de contrato a favor de Ingespre tiene fecha 12 de abril de 2011, dos años después de haberse anunciado la adjudicación a DF el contrato por $2.100 millones (1.500 millones de euros) el 4 de mayo de 2009, más de un año después de que se iniciaran las obras y bastante tiempo después de que el flujo de fondos del estado venezolano estuviera llegando a borbotones a Gijón.

Sin que se advirtieran los nubarrones que la semana pasada se convirtieron en tormenta despiadada, tanto para DF como para Banca Privada de Andorra, en la Junta General de Accionistas de la multinacional asturiana (junio 2011) alguien quiso encender alarmas pero no le hicieron caso.

José Luis García Arias, cabeza del Grupo Melca, con 6,27% de las acciones de MDF, pidió explicaciones sobre algunos hechos que consideraba irregulares.

1.- A sabiendas de que ese seguro contrato en Venezuela podría mejorar sensiblemente la posición en bolsa de MDF, un innominado miembro de la directiva había hecho uso particular de esa información privilegiada. En la etapa final de la negociación el directivo compró acciones de MDF, entre finales de 2008 y junio 2009, con lo cual consiguió una revalorización de sus acciones del 30% hasta el día del anuncio y más de 10% a partir del día del anuncio.

2.- Pagos realizados a la empresa Terca SRL de Venezuela por valor de 25 millones de  euros en dos desembolsos realizados entre 2008 y 2009. Uno de los pagos fue realizado en una cuenta suiza, aseguró el gran accionista de la corporación.

En la Junta no tomaron en cuenta las observaciones de García Arias. Más bien lo borraron de los cargos directivos.

Según publicó el diario editado en Oviedo La Nueva España al día siguiente de la Asamblea de Accionistas, el presidente saliente de la empresa Juan Carlos Torres Inclán negó prácticas ilícitas en la gestión de la compañía y recomendó a García Arias que si tenía «indicios fundados», acudiera a los tribunales y a los órganos competentes. «Duro no hace pagos en paraísos fiscales», sostuvo.

Ambos convenios con los consultores fijaban emolumentos equivalentes a 5.5% del monto del contrato obtenido con La Electricidad de Caracas. Esto es: 5.5% de 2.100 millones de dólares es igual a 115.5 millones de dólares. Y también: 5.5% de 1.500 millones de euros es igual a 82.5 millones de euros. En ese momento el euro se cotizaba a 1.2857 por dólar.

Ante la segunda advertencia del Grupo Melcar, el presidente de DF no encontró irregularidad alguna en que pagaran tales gastos por servicios de consultoría, aunque los informes fueran orales, pero sí negaba que se hubieran cancelado en Suiza.

Lo que parece estar claro, a la luz de la denuncia de García Arias y de las revelaciones del Sepblac, es que, por un lado, Terca SRL accedió a traspasar su contrato a Ingespre (N. Villalobos) sólo después de haber cobrado parte de lo acordado inicialmente (25 millones de euros), y que, también, DF pagó a Ingespre parte de lo estipulado en el contrato cedido a su favor (50 millones de dólares/35.650.000 de euros).

Ambas firmas consultoras, según esta relación de hechos relevantes, habrían recibido, en paraísos fiscales, la suma de 60.65 millones de euros, unos en Suiza y otros en Andorra-Banco Madrid. No se sabe a dónde fueron a parar los 21.85 millones de euros que restan del gran total de 82.5 millones de euros que representan el 5.5% del contrato logrado (1.500 millones de euros).

O sea, DF habría pagado a dos consultoras, una real y otra ficticia, por sus gestiones para obtener el contrato Termocentro.

 

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La ruta de las instituciones y el desfile de los lavadores

 

Ante la portada del diario El Mundo el viernes 20 (“Duro Felguera dio 50 millones a un chavista por asesorarle”), la Bolsa de Madrid reaccionó violentamente. El título MDF terminó la jornada con una pérdida del 6.11%, la mayor caída en el corro. Los foros en línea de inversores y de corredores no habían cesado de arder incluso durante el fin de semana. Unos decían que en la actualidad DF ha logrado desprenderse de su alta dependencia del riesgoso mercado venezolano, en la que había estado inmersa a partir del contrato con EDC (más de 89% de los ingresos globales). Otros señalaban que en todo caso tales irregularidades habrían prescrito. Un broker dijo: “Hoy hemos perdido 67 millones de euros en capitalización de mercado”, refiriéndose al cuestionado título bursátil. Otro: “Máximo le aplicarán una multa equivalente al monto de las asesorías”.

Fuentes de la empresa se limitaron a señalar que los contratos con Técnicas Reunidas Terca e Ingespre “se formalizaron de manera totalmente legal y DF no ha ocultado nada al respecto. De hecho, ningún organismo ha reclamado información a la empresa ni ésta ha sido objeto de investigación”. Por ahora.

Fuentes de la original Técnicas Reunidas, con sede en Madrid, me dijeron que la corporación “no tiene oficinas comerciales en Venezuela. Todas las operaciones son manejadas desde aquí. Los contratos en Venezuela o han sido terminados o han sido abandonados por falta de pago. Duro quizá se aprovechó de la semejanza de nombres para elegir a Terca como consultora local, para presumir, pero esa empresa no tiene ninguna relación con nosotros”.

El diario La Nueva España contactó con personal de Ingespre en Caracas. Señalaron que no estaban autorizados para dar información sobre contratos. Asimismo, en la que fue sede de Técnicas Reunidas (Terca) en Maracaibo afirmaron al diario que “la empresa cesó su actividad en marzo de 2010”, diez meses después de que DF lograra la adjudicación de Termocentro y un año antes de que el contrato de asesoramiento con DF fuera cedido a la empresa de Villalobos. En el ministerio de Economía de España, del que depende el Servicio anti-blanqueo de capitales (Sepblac), hasta ahora han evitado  aclarar si el caso pasará a manos de la Fiscalía del Estado.

El contrato con IDC había transformado a DF en una empresa con mayoría de ingresos procedentes de los mercados internacionales. En 2009 el volumen en euros de las contrataciones se distribuían en una proporción de 9 a 1 con respecto a las de España. El factor Venezuela ha sido fundamental: 1.500 millones de euros de los 1.688,4 millones contratados en el exterior procedían de EDC. Una vez que casi la totalidad del monto del contrato le fuera cancelada, aún sin que Termocentro hubiera comenzado a funcionar a plenitud, la facturación total de DF en 2014 se había reducido a menos de la mitad (866 millones de euros).

 

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Para 2014, según sus propios documentos, “la línea de Energía no ha realizado en el ejercicio ninguna contratación importante dentro de un mercado en recesión. Ha ralentizado además su producción acoplándola al ritmo de cobros del proyecto Termocentro, que están retrasados en este momento…”

El lunes 23 de marzo, inicio de la primera semana en primavera luego del puente de San José y con una hora más en los relojes, las instituciones españolas seguramente marcharán en ruta predecible: Montoro, el ministro de Hacienda, asumirá presunta dureza; el Banco (Central) de España explicará aún más las reglas sobre la liquidación y suerte de Banco Madrid; la Bolsa acentuará el castigo; la Comisión del Mercado de Valores solicitará mayores precisiones; la Fiscalía dispensará su calendario de citaciones…

Nervis Villalobos, Diego Salazar, Alcides Rondón, Omar Farías Luces, Fred Aarons Pointevien, Javier Alvarado Ochoa, Carlos Aguilera Borjas, José Luis Zabala, todos señalados por presunto lavado de dinero vía Andorra, con sus camisetas rojas y su Patria, Socialismo o Muerte, desde cualquier lugar del mundo también firmarán la petición #ObamaDerogaElDecretoYa.


@VsuarezRunrunes

Construyen gigantesco muro costero para contener tsunamis en Japón

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SENDAI, Japón (AP) — Cuatro años después de que un poderoso tsunami devastase la costa nororiental de Japón, el país busca formas de evitar futuros desastres y concentra sus esfuerzos en la construcción de una cadena de muros de cemento a ser erigidos a lo largo de casi 400 kilómetros (250 millas), que en algunos sectores tendrá una altura equivalente a la de un edificio de cinco pisos.

Hay quienes dicen que estas gigantescas berreras de cemento, que costarán 6.800 millones de dólares, destruirán la economía marina y el paisaje, afectando operaciones pesqueras importantes y haciendo muy poco para proteger a los residentes de las zonas costeras, quienes en su mayoría deberán trasladarse tierra adentro. Los sectores que apoyan la iniciativa arguyen que los muros costeros son un mal necesario, que además generarán trabajos, al menos por un tiempo.

En el puerto pesquero de Osabe, en el norte del país, Kazutoshi Musashi se escandaliza al ver el muro que bloquea la vista al mar.

“La realidad es que se ve como la pared de una cárcel”, comentó Musashi, de 46 años y quien vivía junto al mar antes de que el tsunami azotase Osabe y se viese obligado a mudarse tierra adentro.

Las grandes obras públicas son un recurso común del Partido Liberal Democrático de gobierno. Las empresas, sobre todo del ramo de la construcción, ven con buenos ojos esos proyectos y las autoridades locales tienden también a respaldarlos.

La paradoja de estas iniciativas, según algunos expertos, es que mientras pueden aliviar en cierta medida los destrozos, también generan un falso sentido de seguridad. Y eso puede tener graves consecuencias en una costa vulnerable a los tsunamis, las tormentas fuertes y otros desastres naturales. Al menos parte de las 18.500 personas que murieron o desaparecieron en la tragedia del 2011 habían hecho caso omiso a la recomendación de evacuar la zona.

Tsuneaki Iguchi era el alcalde de Iwanuma, ciudad que se encuentra levemente al sur de la urbe más grande de la región, Sendai, cuando el tsunami provocó un temblor de magnitud 9 frente a la costa, causando grandes inundaciones.

Un muro de 7,2 metros (24 pies) de altura, construido hace algunos años para combatir la erosión de las playas, frenó un poco las aguas, lo mismo que unos pinos plantados junto a la costa. De todos modos, el tsunami penetró cinco kilómetros tierra adentro. Pasajeros y trabajadores observaron desde los pisos altos y el techo del aeropuerto cómo las aguas arrasaban con todo a su paso, automóviles, edificios y aviones, que se estrellaban contra las viviendas de las localidades suburbanas de esta urbe densamente poblada, no muy lejos de la playa.

La municipalidad reparó los muros, que habían sido dañados, pero no piensa darles más altura. En su lugar, Iguchi fue uno de los primeros funcionarios municipales que apoyó un plan del ex primer ministro Morihiro Howokawa que contempla plantar árboles a lo largo de la costa, sobre montañas de tierra o escombros, para crear un “muro verde” que complemente las barreras de cemento hechas por el hombre si estas ceden.

“No necesitamos que el muro marino sea más alto. Lo que necesitamos es evacuar a todo el mundo”, sostuvo Iguchi.

“Lo más seguro es que le gente viva en terrenos más altos y que las viviendas de la gente y sus empleos estén en sitios diferentes. Si hacemos eso, no necesitamos tener una Gran Muralla”’, señaló.

Si bien la ausencia de infraestructura básica puede ser catastrófica en países en desarrollo, una dependencia excesiva en esas obras puede hacer que las comunidades se confíen demasiado, de acuerdo con Margareta Wahlstrom, directora de la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas.

“A veces se deposita demasiada fe en la tecnología, a pesar de que hemos comprobado que la astucia y el instinto de la gente es lo que marca la diferencia y que la tecnología, de hecho, nos hace más vulnerables”, declaró Wahlstrom en una entrevista.

En la ciudad metalúrgica de Kamaishi, más de mil personas fallecieron en el tsunami del 2011, pero la mayoría de los estudiantes lograron escapar a zonas seguras inmediatamente después del terremoto gracias a los cursos que había dado un profesor de ingeniaría civil, Toshitaka Katada.

Japón no es el único que lidia con este tipo de dilemas. Maarten van Aalst, director del Centro del Clima de la Cruz Roja y la Medialuna Roja, dice que en su propio país, Holanda, también percibe un exceso de confianza en las defensas erigidas para proteger las zonas bajas.

“La sensación de seguridad de la gente es tan grande que no sabrían qué hacer en caso de una catástrofe”, comentó.

Convencer a la gente de que rechace los muros de cemento y apueste en cambio a la “Gran Muralla Forestal” no es fácil, según Tomoaki Takahashi, el encargado de buscar apoyo para esta última iniciativa en las localidades costeras.

“Mucha gente está a favor de los muros de cemento porque generarán empleos”, afirmó Takahashi. “Además, hay gente a la que no le gusta la idea pero cree que será mal vista si no la apoya”.

La “Gran Muralla Forestal” que se está plantando en algunas áreas no impedirá las inundaciones, pero le quitará fuerza a los tsunamis y a las olas. Y cuando el agua vuelva al mar, la vegetación impedirá que las aguas se lleven los edificios y otros escombros. Iniciativas “verdes” como estas, por otro lado, permitirán que el agua de la lluvia vaya al mar, algo vital para la ecología marina.

Desde sitios insospechados surgen voces que piden se reconsidere el proyecto.

La esposa del primer ministro Shinzo Abe, Akie, planteó numerosas objeciones a la construcción de murallas de cemento durante una presentación en Nueva York en septiembre del año pasado. Dijo que los muros impedirán que la gente pueda darse cuenta de que se viene un tsunami y que resultará costoso mantenerlos.

“Por favor no sigan adelante, por más de que sea algo ya decidido”, imploró, proponiendo que se busquen soluciones más flexibles. “Me pregunto si construir muros costeros altos para proteger la costa es realmente la mejor solución”.

Rikuzentakata, pequeña ciudad próxima a Osabe cuyo centro fue devastado por el tsunami, está construyendo un muro de cemento alto, pero al mismo tiempo está rellenando la costa de tierra para que quede muy por encima del nivel del mar.

El líder comunitario local Takeshi Konno dijo que ninguna obra eliminará la necesidad de que la gente se proteja a sí misma.

“No importa lo que se inventen, no le ganará a la naturaleza. Los seres humanos tenemos que encontrar la forma de convivir con la naturaleza”, afirmó Konno. “Escapar cuando hay peligro, lo más importante es salvar la vida”.

 

MURO CONTRA TSUNAMIS

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TRUNAMIS MURO

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Venezuela solicita al CIADI revisión de fallo en caso Tidewater

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El Gobierno de Venezuela solicitó la revisión de un fallo emitido por el tribunal arbitral del Banco Mundial que le ordena pagar a Tidewater 46 millones de dólares por la expropiación de sus activos en el país sudamericano, dijo el ministerio de Petróleo y Minería.

En 2009, el gobierno del fallecido Hugo Chávez expropió 11 navíos de Tidewater, por lo que la firma estadounidense de servicios petroleros llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

“La República Bolivariana de Venezuela ejerció su derecho a solicitar la revisión del laudo arbitral emitido por el CIADI con respecto a la demanda introducida por la empresa Tidewater”, dijo el Ministerio en una nota difundida el fin de semana.

El CIADI determinó, a principios de marzo, que la nacionalización de los activos de Tidewater en Venezuela fue legal, aunque el monto incluye 44 millones de dólares en concepto de cuentas por cobrar por servicios prestados a filiales de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

A pesar de haberse retirado del CIADI en 2012, Venezuela enfrenta una veintena de millonarios arbitrajes internacionales en esa corte luego de una agresiva política de nacionalizaciones llevada a cabo por Chávez durante sus 14 años en el poder.

La semana pasada, el ministro de Petróleo, Asdrúbal Chávez, dijo que su país pagaría la indemnización, pero esperaba una rebaja del monto.

En medio de un fuerte retroceso del grueso de sus ingresos tras la caída de las cotizaciones del crudo, Venezuela está a la espera de que el CIADI decida sobre una apelación que busca anular la sentencia que la obliga a pagar 1.600 millones de dólares en compensación a la petrolera Exxon Mobil por activos expropiados en 2007. (Reporte de Diego Oré, editado por Gabriela Donoso)

Delegación paraguaya pide liberación de detenidos en Venezuela

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El presidente de la delegación de Paraguay en el Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur), Alfonso González, abogó por la liberación de los detenidos en Venezuela “que por mantener una oposición al Gobierno se encuentran privados de su libertad”.

En un artículo de opinión publicado en la página web de la institución parlamentaria (Parlasur), con sede en Montevideo, González exhortó a que el Gobierno, la oposición y “demás actores políticos” venezolanos inicien un “amplio” diálogo a fin de restituir la paz en el país.

“Abogamos por la liberación de los detenidos, que por mantener una oposición al Gobierno se encuentran privados de su libertad”, añadió en el artículo.

“Así mismo creemos de suma importancia que los líderes de la región convoquen de urgencia al Consejo Mercado Común (CMC), que en su calidad de órgano superior y responsable de la conducción política y la toma de decisiones en el bloque, le concierne velar por el acatamiento estricto de los términos del Tratado de Asunción y Legislaciones Anexas”, afirmó.

Mercosur está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

También destacó que ante el “clima de tensión política, denuncias contra flagrantes violaciones de derechos humanos, persecución política, en suma una serie de hechos que conmocionan a la República Bolivariana de Venezuela (…), hace perentoria la convocatoria de todos los organismos internacionales de la región, sin excepción, como la OEA, Mercorsur, Celac, Unasur”.

“A fin de que intercedan ante el Gobierno de ese país para restablecer la paz social y política amenazada por las posiciones radicalizadas de distintos sectores que impiden momentáneamente un dialogo franco y productivo, capaz de arrimar soluciones convergentes a favor de la sociedad de este país hermano envuelta en la confusión de las pasiones que nublan a la vista mejores condiciones de institucionalidad republicana”, agregó.

A juicio de González, ejercitar “el soberano derecho de discrepar y disentir” contra un determinado modelo político es “fundamental” para el desarrollo democrático del país y de la región.

“Que la democracia crezca y se consolide con esas prácticas, dejando en claro que el camino de la confrontación permanente, de la lucha continua entre diversos estamentos de la sociedad conducen directamente al caos y a la división que castiga, con frecuencia, duramente a los sectores más desfavorecidos”, matizó.

El Parlasur, “como representante de los pueblos que lo conforman y en su calidad de caja de resonancia de los clamores sociales” debe mantenerse, en su opinión, “atento y en custodia permanente”, velando por el “respeto irrestricto de las libertades públicas y en defensa de la Democracia”.

“Porque el retroceso republicano en un país puede influir en esta Región, en el retorno a un pasado no tan lejano en el que imperaban las costumbres autoritarias y dictatoriales”, concluyó González.

BCV contrató a la fundación afín a Podemos

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ABC accede a dos contratos que revelan que hubo un vínculo económico hasta 2014

Ludmila Vinogradoff

La relación financiera entre el régimen venezolano y la Fundación CEPS, para la que ha colaborado la mayoría de los miembros de la cúpula de Podemos, ha permanecido al menos hasta las pasadas fiestas de Navidad, cuando recibieron pagos del Banco Central del país bolivariano. Así consta en en un contrato firmado por el primer vicepresidente de esta institución, Eudomar Tovar, y el representante legal de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), Sergio Pascal Peña, por un importe de 60.000 euros.

ABC ha tenido acceso a dos contratos suscritos por esas mismas personas en 2013 y 2014, lo que evidencia que el Gobierno venezolano, primero con Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro, ha financiado la fundación en la que han trabajado los principales dirigentes y representantes de Podemos antes de la creación de este partido. Últimamente se han venido citando varios organismos que han alimentado las cuentas bancarias de quienes hoy forman parte de la cúpula de Podemos y durante años han trabajado por la citada fundación. Por ejemplo, Centro Internacional Miranda, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Compañía Nacional de Telecomunicaciones, Cantv, Secretaría de la Presidencia, Encuestadora Giss XXI, el Banco del Alba, y ahora, por primera vez, figura como financista también el Banco Central de Venezuela.

La suma de los pagos supera los 11 millones de euros, que incluyen honorarios profesionales, billetes de avión, alojamiento, comida, hoteles y transporte, según afirmó a ABC el diputado Roberto Enríquez, presidente del partido Copei, quien ha anunciado que presentará una denuncia por financiación ilegal.

Asesorías remuneradas

Datos de la columna del periodista Nelson Bocaranda, RunRun.es, tiene otra cifra y apunta a que la financiación del Gobierno chavista a quienes hoy en día son los líderes de Podemos «superaría los 9 millones de euros» con la peculiaridad de que «en el camino de las transferencias o envíos en efectivo se «”perdieron” 2 millones en Caracas y un millón en Madrid y la caja registradora de Podemos recibiría solo un poco más de 6 millones de euros».

El último contrato en cuestión firmado por Eudomar Tovar, vicepresidente del Banco Central de Venezuela, (BCV, Nº 009-2014) por 60.000 euros tenía un año de vigencia, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014. CEPS aparece como una fundación sin fines de lucro de carácter privado, constituida en Valencia (España).

El contrato estipula en su página 2 que los honorarios profesionales, a razón de 5.000 euros mensuales, deben ser transferidos a la cuenta bancaria de la Fundación CEPS en Bankia. También establece que la conversión de los 60.000 euros debe ser hecha a la tasa preferencial de 8,5 bolívares, equivalente a 511.207 bolívares. En Venezuela hay un estricto control de cambio y la tasa preferencial está destinada exclusivamente para las importaciones de alimentos y medicinas.

De la misma forma, el documento en su página 2 establece que el especialista designado por la fundación CEPS, Manuel Cerezal Callizo, es la persona que prestaba los servicios al instituto emisor de la moneda.

Son tres los servicios o asesorías que prestó Cerezal Callizo: analizar periódicamente la coyuntura económica nacional e internacional; asesorar en el diseño, la negociación y la ejecución de mecanismos y políticas de integración económica y regional; y asesorar en el diseño y ejecución de políticas económicas nacionales.

Eudomar Tovar firmó el segundo contrato (Nº 093-2013) en 2013, cuando era el presidente del Banco Central de Venezuela y por el mismo representante de la fundación CEPS por un importe de 20.000 euros que debían ser transferidos a la misma cuenta de la fundación.

El Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) es una fundación íntimamente ligada a Podemos. Si bien no hay dependencia entre fundación y partido, los líderes de uno y otro organismo se entremezclan, aunque niegan vínculos financieros. Entre los dirigentes de Podemos que han colaborado con ellos se encuentran Íñigo Errejón, Luis Alegre, Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa.

Atrapan en EEUU a empresario que fingió su muerte en Venezuela hace dos años

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José Lantigua, estafador

José Lantigua, arrestado por estafa

Un empresario de Jacksonville que fue reportado muerto hace dos años en Venezuela fue arrestado el sábado en Carolina del Norte por cargos de presunto fraude después de que sus compañías de seguro de vida presentaron una demanda en la que afirmaron que estaba vivo y que no deberían estar realizando pagos.

No están claros los detalles sobre los cargos contra José Lantigua, de 62 años. Pero el arresto del sábado pone fin a dos años de conjeturas sobre si el ex propietario de una mueblería había fingido una enfermedad en 2013 mientras vacacionaba en Venezuela, dejando su negocio con una deuda de millones de dólares.

Sus compañías de seguro de vida pensaron que estaban siendo estafadas y lanzaron una investigación, al tiempo que afirmaron que el empresario no estaba muerto después de que dos acreedores presentaron reclamos. La demanda de Hartford Life y Annuity Life Insurance Co. también argumenta que un trabajador fue sobornado para falsificar documentos en los que se establecía que el cadáver del empresario había sido incinerado. Las empresas agregaron que Lantigua de manera fraudulenta asignó reclamo de beneficios a un acreedor local antes de desaparecer.

El Jacksonville Business Journal (http://tinyurl.com/l33ko69 ) reportó que el hijo de Lantigua acusó a la aseguradora de tergiversar su investigación sobre la muerte de su padre y de mentir respecto a que el gobierno venezolano revocó el certificado de fallecimiento del hombre.

El periódico señaló que la compañía de seguros admitió que un abogado venezolano ciertamente alteró documentos para que pareciera que el gobierno de ese país sudamericano había nulificado el acta de defunción. Un juez falló que los documentos eran falsos, pero no pudo determinar quién los falsificó.

Agentes detuvieron el sábado un automóvil que Lantigua conducía acompañado de su esposa, en el condado Buncombe, Carolina del Norte.

Un fiscal de Jacksonville declaró al periódico The Florida Times-Union (http://tinyurl.com/k69pjv8 ) que Lantigua enfrenta en Florida cargos por fraude a seguros que involucran pólizas de siete compañías con un valor total de nueve millones de dólares.

El fiscal estatal asistente Joe Licandro dijo que hace más de un año se emitió una orden de aprehensión contra Lantigua, pero los fiscales la abandonaron después de que surgieron problemas con alguna información fundamental en el caso. Señaló que la semana pasada se emitió una nueva orden en la que se acusaba a Lantigua de fraude a aseguradoras y conspiración para defraudar.

Licandro dijo que no se emitió ninguna orden previa contra la esposa de Lantigua porque hasta ahora los fiscales no estaban seguros de si ella sabía que él estaba vivo. Agentes federales la dejaron en libertad en Carolina del Norte, pero fue arrestada sábado por la noche en Florida.

El abogado Joshua Woolsey, quien ha representado a la familia en varias demandas civiles, dijo el sábado que él y su despacho jurídico se están retirando del caso.

“Yo y el despacho de abogados estamos impactados de enterarnos esta mañana que hemos sido defraudados al actuar y apoyarnos en la información que indicaba que él estaba muerto”, afirmó Woolsey.

Detenida hija de Ledezma en Maiquetía (+ información)

Antonieta Ledezma, hija del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, fue retenida hace unos minutos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolivar de Maiquetía por funcinarios de la Guardia Nacional Bolivariana.  Así lo informó el diputado Richard Blanco en su cuenta de Twitter y la oficina de prensa de la Alcaldía Metropolitana.

 

 

Antonieta Ledezma tenía diez días en la ciudad de Caracas, pues vino para visitar a su padre tras su detención el pasado 19 de febrero. La hija del Alcalde Metropolitano de Caracas y Mitzy Capriles, había llegado al país para participar, además, en las diferentes actividades en las que se exigía  la liberación de su padre.

La joven fue sometida a  una revisión corporal por funcionarios del Destacamento 56 de la Guardia Nacional Bolivariana.  Le fue retenido el pasaporte, su equipaje fue sujeto a una exhaustiva revisión y actualmente la mantienen incomunicada en una oficina del terminal aéreo.

Personas que se encontraban en el aeropuerto se percataron de la situación, e inmediatamente expresaron su apoyo a la joven, quien al identificarse como la hija de Antonio Ledezma, fue custodiada por los efectivos militares.

Familiares de Antonieta Ledezma, junto a su madre Mitzy Capriles, se dirigen al Aeropuerto Internacional de Maiquetía para verificar la situación de la joven.

Antonio Ledezma fue detenido el pasado 19 de febrero por el Servicio Bolivariano de Inteligencia venezolano acusado de participar junto a otros opositores en un presunto plan de golpe de Estado  contra el Gobierno presidido por Nicolás Maduro.

Desde la detención de Ledezma sus familiares se han movilizado por diversos países y organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar lo que, en su opinión, es un “secuestro” a un cargo electo.

Ledezma se encuentra preso desde el pasado 19 de febrero acusado de conspiración y asociación para delinquir por la fiscalía que le vincula con dos jóvenes acusados de conspiración para la rebelión en septiembre pasado, personas que el alcalde caraqueño admitió conocer aunque aseguró entonces que eso no significaba “formar parte de una red de terroristas”.

Además, poco antes de ser encarcelado, diferentes audios y registros telefónicos facilitados por el presidente de la Asamblea, el oficialista Diosdado Cabello, relacionaron aLedezma con, según información facilitada por el Gobierno, un levantamiento militar previsto para el 12 de febrero pasado.