Epa Chúo. Te escribo esta carta pública como una excusa para compartir con los lectores algunas reflexiones sobre los retos de la oposición frente a la enorme oportunidad que se le presenta cuando, por primera vez en años, es la favorita para ganar una elección. Y digo que es una excusa escribirte abierto porque la verdad es que contigo es muy fácil hablar cara a cara y rebotar ideas, dado que siempre estas dispuesto al diálogo, la crítica y el debate constructivo, lo que te hace una pieza clave en este ajedrez.
No digo que esta es la oportunidad de oro para la oposición como un típico comentario estimulante de los conferencistas de autoayuda o como los discursos encendidos de los radicales que cantaron victoria tras victoria en estas casi dos décadas de mayoría chavista. Esos, cuyos enemigos gozan de buena salud, después de haber sido “destruidos” en sus reuniones estratégicas, sus planes de ataque conjunto, sus chismes de cacatúas, sus tuits “demoledores” y sus artículos encendidos, que se leen más por el interés en los atacados que en los atacantes.
No pana. Se trata de analizar datos reales que muestran que el chavismo se debilita y la oposición lo supera claramente en disposición de voto parlamentario y en respaldo popular. Visto de esa manera, Chúo, quien debería estar estresado por la elección es el presidente, incluso con el fuerte control institucional con el que cuenta.
Pero como contigo se puede conversar transparente y no necesitamos endulzar píldoras, luego de esta introducción estimulante, debo decirte que las oportunidades opositoras hoy poco tienen que ver con ella misma y se deben más al deterioro chavista que al fortalecimiento opositor y eso, viejo, es más inestable que guarimba en calle ciega.
La oportunidad opositora, Chúo, es energía potencial y el reto es convertirla en cinética, cuanto antes para poder consolidarla. Ahí afuera hay un mercado abierto a oír opciones alternativas. A escuchar a alguien que le cuente una historia que lo emocione y estimule. Que le permita soñar con un país en el que todos cabemos, aportamos y podemos vivir mejor. En el que vale la pena quedarse y por el que tiene sentido luchar. Y para eso no es suficiente ofrecer otro cambio de uno por otro. Es necesario crear la expectativa de que sí se puede construir un país moderno y no se hace planteando un conflicto existencial equivalente al de los adversarios sectarios y excluyentes que propones cambiar. Ya sé que esa posición absurda no es la tuya y por eso has sido sujeto a los ataques virulentos de ese segmento interno radicalizado, con el que, paradójicamente, también tendrás que contar y dialogar. El reto opositor es salir al ruedo con inteligencia, propuestas, liderazgo y con fuerza institucional. Sin miedo a asumir riesgos, poniendo en la mesa propuestas de fondo que los diferencie de lo que hay. Este es un país que nos dice que quiere bienestar, crecimiento, empresa privada, estabilidad, progreso, racionalidad y derecho a aspirar. Un país que está mayoritariamente en el medio, Chúo, y que ve con el mismo estupor los extremistas chavistas y los opositores. Que le da lo mismo un fanático comunista que un facho, de esos que tienen más amigos afuera que votos adentro y para quienes una elección sólo es un riesgo de mostrar lo que realmente son numéricamente: nada. ¿El reto? Capitalizar ese medio, consolidar la esperanza de cambio integrador y controlar los demonios internos que impiden la única vía estable para cambiar: el diálogo, los acuerdos, la negociación política y, sobre todo: el voto popular.
Ese, Chúo, es un reto enorme y costoso, pero también impostergable, indispensable y espectacular. Suerte amigo, porque el país la va a necesitar.
SANTIAGO, Chile (AP) — La presidenta chilena Michelle Bachelet realizó el lunes un ajuste en su gabinete, que alcanzó a los ministros de Interior y de Hacienda, con el objetivo de recuperar la confianza en el gobierno.
La mandataria cambió a nueve de sus 23 ministros y mantuvo la línea de incluir a políticos jóvenes.
En reemplazo del Ministro de Interior Rodrigo Peñailillo, que también era jefe de todos los ministros, asumió el ministro de Defensa Jorge Burgos y en Hacienda sacó a Alberto Arenas y nombró en su lugar a Rodrigo Valdés, un economista que hasta el lunes presidía el directorio del Banco del Estado.
Los nuevos ministros debutan en las carteras de Interior, Hacienda, Secretaria General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno, Defensa, Justicia, Trabajo, Desarrollo Social y Cultura y las Artes.
La mandataria, que se encuentra en los más bajos niveles de aprobación en sus dos gobiernos, instó a los nuevos ministros a honrar “la transparencia y la probidad que nos demandan”.
Peñailillo, que acompañaba desde hace una década a Bachelet desde distintos cargos, era criticado por la falta de diálogo y por imponer reformas, como la del sistema electoral, sin escuchar a la oposición, según la disidencia. Burgos es conocido por su estilo dialogante.
Además perdió credibilidad al difundirse que antes de llegar al gobierno asesoró a un criticado operador político oficialista que recaudó millonarios fondos de la empresa SQM, propiedad de un ex yerno del dictador Augusto Pinochet. La justicia investiga si parte de ese dinero se usó en la campaña electoral de Bachelet de 2013 y en la de candidatos al Congreso.
El líder opositor Hernán Larraín dijo que “queremos saber si efectivamente el cambio de gabinete refleja la decisión de la presidenta de un giro a la moderación”.
Por su parte, Arenas despertaba la resistencia del empresariado también por su falta de diálogo sobre la reforma tributaria de 2014, que los hombres de negocios demandaban. Es el primer ministro de Hacienda removido de su cargo desde 1990 tras el retorno de la democracia.
Jorge Mas Figueroa, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, dijo que espera que el nuevo gabinete “se caracterice por un mayor diálogo y voluntad de entendimiento con el sector privado”.
Agregó que el diálogo es necesario “para construir consensos amplios en torno a las importantes reformas que está impulsando y, a su vez, para recuperar la confianza entre los distintos actores sociales”.
La analista Marta Lagos, economista y directora de la consultora Mori, dijo a The Associated Press que “no creo que hay un cambio de política. Se confirma que el objetivo del gobierno es pasar las reformas”.
Alberto Salas, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, enfatizó que es fundamental, “mejorar las expectativas, para así aumentar la inversión, el crecimiento, el empleo y el bienestar para todas las personas”.
Marcelo Mella, analista político de la Universidad de Santiago de Chile, dijo a AP que el cambio busca tener personas que “sean intachables” y que la coalición oficialista -que va desde la centrista democracia cristiana al partido comunista- deberá construir “consensos sobre los temas sustantivos”, como un posible cambio a la constitución legada por la dictadura.
Bachelet está salpicada por la especulación inmobiliaria de su hijo y su nuera, que le significaron una fuerte pérdida de credibilidad y creciente desconfianza. La familia de la mandataria es investigada judicialmente por tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
En el reciente informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado el pasado jueves, Venezuela fue nuevamente incluida en el deshonroso capítulo IV, espacio destinado a los países en los que se violan gravemente los derechos fundamentales. Esta ha sido la constante desde que el oficialismo llegó al poder.
El informe de la CIDH, extraordinariamente bien documentado, se pasea por las diversas situaciones que evidencian la vulneración de los DDHH en la Venezuela actual. Con respecto a la terrible criminalidad, la CIDH afirmó que “a la luz del panorama sobre seguridad ciudadana en Venezuela, y aunado a las consideraciones sobre los desafíos que plantea desde el enfoque de Derechos Humanos, la respuesta que viene adoptando el Estado para enfrentar la situación ha sido insuficiente, esto se traduce en una afectación al goce y disfrute de los DDHH de la población venezolana”. La CIDH destaca igualmente, entre otros aspectos, los altos índices de impunidad, la inconveniente militarización de la seguridad ciudadana y la ausencia de información oficial relativa a la criminalidad.
En cuanto a la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial frente al poder político, la CIDH señaló que esta circunstancia constituye “uno de los puntos más débiles en la democracia venezolana”. En el criterio de esta instancia, esto ha permitido que en nuestro país “se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de los derechos humanos, judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos”.
Otro aspecto que destaca la CIDH, citando un informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y Abogados, es su preocupación por “el alto número de jueces y fiscales en situación de provisionalidad en Venezuela, considerando que los mismos serían sujetos de diversos mecanismos de interferencias políticas que afectan su independencia”. En particular teniendo en cuenta que la remoción de estos funcionarios “es absolutamente discrecional: sin causa, procedimiento ni recurso judicial efectivo”. En 2012 la CIDH verificó que en Venezuela, “de 2.950 jueces, solo 775 eran titulares y los restantes se encontraban asignados a cargos temporales, accidentales, suplencia especial y en mayor número de forma provisoria”. Esta situación se mantuvo en 2014. Otros aspectos destacados en el informe se refieren al “favoritismo del Gobierno respecto al nombramiento de abogados graduados de universidades estatales en cargos de la judicatura” y al hecho de que las decisiones del TSJ “favorecen principalmente las posiciones gubernamentales”.
Respecto a nuestro sistema penitenciario, la CIDH expresó que “la situación de las personas privadas de libertad en Venezuela continua siendo una de las más graves del continente, debido a la violencia generada por la actividad de las bandas criminales que operan en las cárceles; el tráfico de armas, incluidas armas de guerra y explosivos, en el que está involucrada la Guardia Nacional; la impunidad que alcanza a la mayoría de los casos de hechos ilícitos dentro de las cárceles, cometidos particularmente por parte de los llamados “pranes”; y en general por la falta de control efectivo que ejerce el Estado al interior de los centros penales”.
En el informe, la CIDH también mostró preocupación por la falta de libertad de expresión, el clima de hostilidad e intolerancia en contra de disidentes políticos y defensores de DDHH, la grave escasez de medicinas y alimentos, la situación de los pueblos indígenas y la violencia contra la mujer, entre otros temas.
Mientras no se produzca un cambio político en el país, será imposible que Venezuela salga de las distintas listas negras de los DDHH.
Más de 280 mil familias se han registrado en “Hogares de la Patria”
El vicepresidente para el Desarrollo Social y Misiones, Héctor Rodríguez, informó este lunes que 28 mil 172 familias se han registrado en la Gran Misión Hogares de la Patria. El objetivo es registrar hasta octubre a las 500.000 familias que aun viven en situación de pobreza extrema, y al mismo tiempo incluir a los hogares ubicados en zonas de clase media. (Ultimas Noticias)
Fiscalía no ha sido notificada de extradición de “El Colombia”
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo este lunes que el Ministerio Público (MP) no ha sido notificado de la extradición del Leiver Padilla, alías “El Colombia”, solicitado por la justicia venezolana por participar en el asesinato del diputado Robert Serra. “Vamos a esperar si notificaron a la Cancillería, de ser así una vez este sujeto este en territorio venezolano, sería presentado ante un tribunal de control, donde sería imputado por los delitos previstos en la investigación”, detalló Ortega Díaz sobre el procedimiento.
“En cuanto a la extradición del ciudadano Leiver Padilla, leí a través de los medios de comunicación que la autoridad en Colombia había declarado con lugar entregar a Venezuela a este ciudadano”, agregó. Explicó que el Ministerio Público no ha sido notificado formalmente y la autoridad que representa al Estado en este caso sería la Cancillería. La ley prevé para estos procedimientos 90 días para la entrega física, cuando notifiquen a la Cancillería. Deberá ser presentado a un tribunal de control y los fiscales imputarlo por los delitos. (Ultimas Noticias)
Iniciarán debate del contrato colectivo universitario: “No hay ninguna justificación para un paro”
Carlos López, vocero de la Federación de Trabajadores de Venezuela (Ftuv), informó que estiman que a finales de esta semana sea instalada formalmente la mesa de negociación entre el Gobierno y el sector universitario para firmar la convención colectiva de los trabajadores. Agregó que en la mesa de trabajo única se sentarán todas las federaciones universitarias del país, incluyendo las no sindicalizadas. López explicó que fue invitada la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) a participar en la mesa aunque no quieran transformarse en sindicato para mantener su identidad como Asociación Civil de profesores.
“Legalmente ellos no pueden administrar el contrato, pero el Gobierno los llamó a sentarse para que participen a voz y voto dentro de la mesa (…) En consecuencia, no hay ninguna justificación para un paro”, dijo en el programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión. López reconoció que hay un retardo en la recuperación del salario de los profesores, empleados y obreros ante la inflación del país que pasa el 70%. Sin embargo, mantiene su posición contra la paralización de actividades. “Estamos claros que hay que hacer un aumento de salario sustancial. El contrato estaría vigente entre 2015 y 2016″, señaló. El también coordinador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (Cbst), Carlos López, concluyó que el aumento de los docentes universitarios debe superar el 100%. (Noticias24)
Ministro Ricardo Molina: la vivienda un millón de la Gmvv ya está en construcción
“Ya tenemos un poco más de 700.000 viviendas construidas y entregadas. La meta es llegar a la vivienda un millón antes del 31 de diciembre de este año”, informó el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina. – La Gmvv ha entregado 47.656 hogares en Anzoátegui y 32.642 en Lar – Se han invertido más de USD 73.000 en la Gmvv, así lo afirmó Ricardo Molin – 700.000 viviendas entregadas y más de USD 73.300 millones invertidos en 4 año Desde el 30 de abril de 2011 la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) ha cambiado la vida a más de 700.000 familias, quienes ahora cuentan con un techo digno y seguro. Pero para llegar a su meta de construir tres millones de casas para 2019, este programa emprende una etapa que le permitirá reforzar y acelerar la ejecución de los proyectos. 60% de todas las viviendas que se deben construir en la Gran Misión son construidas y serán construidas por el Poder Popular
“Eso significa un esfuerzo nunca hecho en Venezuela. El tema táctico, estratégico y logístico está planificado en detalle. Hay un tremendo entusiasmo de todos los ejecutores: los consejos comunales; las brigadas de construcción, que son las que tienen mayor responsabilidad en cuanto a cantidad de viviendas (60% de todas las viviendas que se deben construir en la Gran Misión son construidas y serán construidas por el Poder Popular); también las gerencias técnicas; las empresas constructoras y Constru Patria están haciendo un tremendo esfuerzo para garantizar el suministro oportuno de todos los materiales requeridos”, afirmó el ministro en entrevista con el diario Ciudad Caracas, publicada este lunes. Para alcanzar sus metas, este programa social creado por el comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, requiere el trabajo y la participación de todos los sectores, por lo que Molina ratificó el compromiso de “afinar detalles, estrategias, lograr el estímulo y el compromiso de todas y todos los compañeros y compañeras que están en los frentes de obras para terminar esa vivienda un millón antes del 31 de diciembre. Estoy seguro que lo vamos a lograr porque el espíritu de la Gran Misión Vivienda Venezuela es el de Chávez: ponerse metas para cumplirlas. Hacer todo lo necesario”. (Noticias24)
Economía
Aprueban recursos para pagar primer mes del aumento del salario mínimo
La comisión de finanzas de la Asamblea Nacional aprobó 53 mil 900 millones para cancelar el primer mes de aumento del salario mínimo en los organismos del Estado y para pensionados y jubilados. El 1° de mayo, Día del Trabajador, el Primer Mandatario anunció un incremento del salario mínimo de 30%, a ser fraccionado en dos partes: 20% a partir del 1° de mayo (quedando en Bs. 6.761,36) y 10% a partir del 1° de julio (ubicándose en Bs. 7.421,66). (El Mundo)
Ecuador investiga blanqueo de $135 millones en ventas a Venezuela
La Fiscalía de Ecuador informó el lunes que investiga el presunto blanqueo de 135 millones de dólares en “exportaciones irregulares” a Venezuela, a través de un sistema alternativo de pagos que implementaron ambos países en 2010. “La Fiscalía ha comenzado a investigar hechos de exportaciones irregulares a Venezuela. Hemos iniciado varias indagaciones, unas ya están en instrucción”, señaló el fiscal general Galo Chiriboga. El fiscal dijo que esos recursos llegaron al país y fueron enviados a Estados Unidos, Venezuela y a “paraísos fiscales” en varias transacciones. “Esos 135 millones de dólares llegaron y estuvieron en el país menos de 72 horas, y fueron reexportados a países como Estados Unidos, Venezuela”, dijo Chiriboga al canal público de televisión EcuadorTV. El funcionario no precisó las fechas de las operaciones.
Las autoridades presumen que en estos movimientos comerciales hubo una “grave violación” a la ley de lavado de activos, según el fiscal. Chiriboga agregó que las presuntas operaciones de blanqueo se efectuaron en Ecuador a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), una moneda virtual que adoptaron en 2009 países del bloque Alba en sustitución del dólar. El fiscal general indicó que las empresas involucradas recibieron más de 130 millones de dólares en supuestas exportaciones de materiales a Venezuela, pero que solo pudieron justificar tres millones en costos. La justicia de Ecuador ya impartió condenas por el blanqueo de dinero mediante exportaciones irregulares a territorio venezolano. A finales de febrero, dos funcionarios de la cooperativa de ahorro Coopera fueron sentenciados a cuatro años de prisión, mientras tres venezolanos están siendo procesados en su país. (El Mundo)
Regionales
Balacera en el Palacio de Justicia de Barcelona deja un fallecido
Un hombre fue asesinado dentro del Palacio de Justicia de Barcelona, estado Anzoátegui, en horas del mediodía de hoy. De acuerdo a lo que indicó la fuente policial de la entidad, la víctima fue identificada como Walner José Guayapero, de 37 años, y había acudido a un tribunal para realizar trámites legales en relación a la compra-venta de una vivienda.
En ese momento fue sorprendido por un enemigo que, al parecer, estaba implicado en el negocio del inmueble. Le propinó cuatro impactos de bala y cuando trató de escapar de la sede judicial fue capturado. Lo identificaron como Luis Renauld. Después de la balacera, varias personas auxiliaron a la víctima y lo llevaron al Centro Médico Zambrano, donde ingresó muerto. (El Universal)
14 autobuses y 7 gandolas afectados por incendio en Catia
El jefe de Gobierno de Distrito Capital, Ernesto Villegas, informó que 14 busetas y 7 gandolas resultaron afectadas por un incendio en el estacionamiento en Los Flores de Catia durante la madrugada de este lunes. A través de su cuenta en Twitter, Villegas informó que el Cuerpo de Bomberos de Distrito Capital atendió el siniestro. (Ultimas noticias) (Ultimas Noticias)
Internacionales
Hallan once bolsas con restos humanos en Ciudad de México
Un total de 11 bolsas con restos humanos fueron halladas la madrugada del lunes en Ciudad de México, informaron fuentes oficiales que investigan el crimen. Las autoridades no han determinado cuántos cadáveres habría dentro de las bolsas, mientras varios medios mexicanos señalaron que serían de dos personas. El macabro hallazgo, poco usual en la capital mexicana, ocurrió en el área de aduanas de una zona ferroviaria de la delegación de Azcapotzalco (norte de la capital) a la que llegan trenes de varios puntos del país. En la madrugada, policías reportaron “el hallazgo de 11 costales (…) que presentaban manchas de sangre y algunos estaban amarrados”, informó la secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México a la AFP a través de un correo electrónico.
Por su parte, una fuente de la procuraduría (fiscalía) capitalina confirmó a la AFP que dentro de las bolsas se hallaron restos humanos. “Iniciamos una averiguación previa junto con la Procuraduría General de la República”, se limitó a decir la fuente, que pidió el anonimato. Según el diario El Universal, las bolsas contenían los cadáveres de dos hombres tatuados. Un agente de seguridad privada “observó cómo desde un taxi aventaron las bolsas” hasta los enlaces de los vagones de dos trenes que llegaron durante la madrugada del convulso estado de Michoacán y Colima (oeste), añadió el diario. Los sicarios de los cárteles del narcotráfico en México suelen asesinar y desmembrar a sus víctimas, para luego abandonar sus restos en parajes o en fosas clandestinas. Esta clase de sucesos son frecuentes en el interior del país pero ocurren rara vez en la capital. La alcaldía capitalina sostiene que la urbe permanece a salvo de la violencia de los cárteles narcotraficantes aunque expertos han puesto en duda esta versión. En agosto de 2013, en una zona montañosa contigua a Ciudad de México fueron hallados los cadáveres de 13 jóvenes que habían sido secuestrados, a plena luz del día, a la salida de un bar de la capital. (El Nacional)
Hollande se convierte en primer presidente de Francia en visitar Cuba
El presidente de Francia, Francois Hollande, comenzó este lunes la primera visita a Cuba de un jefe de Estado francés, en un intento por ganar espacio para que el país europeo tenga una importante presencia en la isla de Gobierno comunista en momentos de una apertura histórica entre La Habana y Washington. Hollande tenía previsto reunirse con el mandatario de Cuba, Raúl Castro, según su agenda, que incluye también una conferencia en La Habana y participar en un foro económico como parte de una gira presidencial por el Caribe, reseñó Reuters. También se comprometió a hablar de derechos humanos en Cuba, un tema sensible en un país que -según organizaciones internacionales- reprime la libertad de expresión y controla los medios de comunicación. El presidente francés visitó antes las islas de San Bartolomé, San Martín, así como Martinica y Guadalupe, y después de concluir la visita oficial a Cuba tiene planeado viajar el martes a Haití. Hollande llegó a Cuba acompañado de ejecutivos de empresas francesas, incluidas Air France, Accor y Pernod Ricard.
Cada una de las tres empresas opera ya en Cuba, pero quieren ampliar sus negocios en la isla con la vista puesta en un potencial fin del embargo económico de más de medio siglo de Estados Unidos contra La Habana. “Con Francia, van a disponer de un aliado fiel”, dijo Hollande a la prensa luego de aterrizar la noche del domingo en La Habana, en alusión al proceso de restablecimiento de los lazos diplomáticos entre La Habana y Washington. “Vengo aquí a Cuba con gran emoción porque es la primera vez que un presidente de la República francesa visita Cuba. Y hoy toma un significado especial después de lo que el presidente Obama decidió finalmente”, agregó. Hollande también se reunirá con el cardenal Jaime Ortega y asistirá a la inauguración de la nueva sede de la Alianza Francesa, que promueve la cultura de su país en el extranjero. Y, además, podría una incluir en su agenda una breve visita al líder cubano y expresidente Fidel Castro, de 88 años, que encabezó una revolución en 1959, y que es bien considerado en Francia, especialmente por el Partido Socialista de Hollande. (El Universal)
CIDH denuncia que en 2014 Venezuela perdió espacios para el debate público
El 2014 no fue un buen año para el ejercicio del periodismo tradicional y del periodismo ciudadano. Así lo dejó en claro la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual denunció que el año pasado recibió más de un centenar de denuncias sobre agresiones, amenazas, actos de intimidación, robos de material y detenciones ilegales contra comunicadores y ciudadanos que deseaban reseñar lo que ocurría al su alrededor, en particular durante las protestas que sacudieron al país entre febrero y junio. “La CIDH ha visto con especial preocupación que en esta coyuntura se hayan reducido los espacios de debate público, en perjuicio del derecho a la libertad de expresión libre e independiente y con apego a las garantías consagradas en los instrumentos internacionales de los cuales Venezuela es parte”, afirmó la oficina dirigida por el uruguayo Edison Lanza. En el reporte, la Relatoría informó que recibió más de 123 denuncias de agresiones físicas y verbales, así como otro tipo de ataques contra periodistas y periodistas ciudadanos, la mayoría de las cuales los presuntos responsables son policías y militares o simpatizantes oficialistas.
“Adoptar medidas especiales para proteger a los periodistas que cubren situaciones de conflicto armado y alta conflictividad social y garantizar que no sean detenidos, amenazados, agredidos, ni sus derechos limitados en cualquier forma por estar ejerciendo su profesión; que su material y herramientas de trabajo no sean destruidos ni confiscados por las autoridades públicas, de conformidad con lo expreso en este informe y; la elaboración de protocolos especiales para proteger a la prensa en circunstancias de conflictividad social”, fue la propuesta formulada por la instancia no solo a las autoridades venezolanas, sino a la de los demás Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), visto que en 2014 países como Brasil o México también fueron sacudidos por una ola de manifestaciones. En enero pasado el Ministerio de la Defensa publicó la resolución 008610, en la cual aunque no se habla del trato a los comunicadores si se permite a los militares usar armas de fuego para controlar algunas protestas. La Relatoría no se refirió a este texto, pero si mostró su preocupación por la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que proscribió las manifestaciones espontáneas.
“Los Estados no deben dejar de tomar en cuenta que cuando se está frente a marcos institucionales que no favorecen la participación, o frente a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación de masas, la protesta pública puede convertirse en el único medio que realmente permite que sectores discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado”, alertó Lanza en su informe. (El Universal)
La Asociación Internacional de Abogados (Ibahri en inglés) hizo un llamado a las autoridades del país y exigió al gobierno la liberación del abogado de la red de supermercados Día a Día, Tadeo Arrieche Franco, detenido el pasado mes de febrero por supuestas irregularidades en la cadena de alimentos del supermercado Día Día.
“Respetuosamente les recordamos a las autoridades venezolanas que los principios básicos sobre la función de los abogados dictados de las Naciones Unidas, establecen que ‘los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones’. El arresto del Sr. Arriche Franco como abogado de Día Día se encuentra por tanto en clara violación de los estándares internaciones que Venezuela está obligada a respetar”, expresó la copresidente del Ibahri, Baronesa Helena Kennedy, a través de un comunicado.
En el documento, la organización defensora de los DD.HH especificó que “el gobierno ha sido un crítico de varios sectores privados de la economía, acusándolos de participar en una ‘guerra económica’ que tiene por finalidad la desestabilización de la economía mediante la generación de escasez. La cadena ‘Día Día’, considerado participante de esta supuesta ‘guerra’, ha sido acusada de ‘boicotear’ y ‘desestabilizar’ la economía, delitos tipificados en la Ley de Precios Justos aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela”.
La copresidente del Ibahri manifestó su sorpresa en relación a la detención arbitraria de miembros abogados en el ejercicio de sus funciones profesionales.
Finalmente, Kennedy instó a las autoridades venezolanas a seguir el debido proceso y a respetar los derechos constitucionales del abogado: “”Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas a respetar sus obligaciones constitucionales e internacionales de defender el Estado de Derecho, y a liberar de inmediato y a retirar inmediatamente todos los cargos que pesan sobre el Sr. Arrieche Franco”, expresó en el texto.
CARACAS SE PARALIZÓ EL DÍA que un grupo de presos tomó como rehén a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana en la sede de la comandancia en Catia, el 27 de abril de 2015. Las imágenes de los reclusos con los rostros cubiertos, mientras exhibían a su víctima atemorizada en la azotea de la sede policial, se viralizaron en las redes sociales y fueron difundidas por agencias de noticias, cadenas internacionales y medios digitales. Pero no fueron publicadas en las portadas de dos importantes medios impresos de circulación nacional, reconocidos por su interés en la difusión de las informaciones de sucesos, como Últimas Noticias y El Universal. Estos, en cambio, ilustraron sus primeras páginas con fotografías de un evento ocurrido en Baltimore.
La censura en los medios tradicionales venezolanos está afectando la capacidad de los ciudadanos para informarse. Provoca aislamiento y dibuja una realidad que no existe. Lo que sucede en la calle no se refleja en las primeras páginas de la mayoría de los diarios. Las colas, la escasez, la corrupción, el brote de enfermedades, la inseguridad y, entre otras cosas, las protestas, no están en la prensa venezolana, no existe en el papel de los diarios ni en los reportajes de televisión.
La periodista Patricia Marcano, quien trabajó hasta diciembre de 2014 en Últimas Noticias, reconoció que la nueva forma de hacer periodismo en el ahora Grupo Últimas Noticias no le permite a la gente enterarse de los problemas reales. “Aunque los vivan día a día en la calle, desconocen las explicaciones, las magnitudes de los problemas sociales, no saben si se van a resolver, si hubo corrupción en el manejo de los casos. En estos medios, los ciudadanos solo se enteran de lo positivo que hace el Gobierno”, declaró.
Mandamientos de la Censura: No publicarás
1. No usarás el nombre de Dios-dado en vano. Dios-dado es intocable.
2. Actividades sociales de alcaldías o gobernaciones de oposición.
3. Grandes notas sobre sucesos y no podrán tener cabida en las primeras páginas.
4. Temas sensibles entre la población: Deterioro de la economía (inflación, escasez, colas, caída en reservas, precio del petróleo, cotización del dólar en mercado negro)
5. En materia de salud, es mejor no hablar de brote de enfermedades, cierre de servicios médicos en hospitales, mal estado de infraestructura, escasez de medicamentos, equipos e insumos.
6. Corrupción: No debe salir nada que involucre a funcionarios del Gobierno, aunque esto tenga que ver con el desfalco de la nación.
7. Evitarás nombrar a los líderes de oposición. Entre esos que no deben ser mencionados: Henrique Capriles Radonski, Antonio Ledezma.
8. Tampoco publicarás críticas y declaraciones de disidentes del PSUV.[/iconbox]
La hegemonía comunicacional es parte del Plan de la Patria diseñado por Hugo Chávez. El cierre de RCTV en 2007 fue el primer ingrediente de este cóctel de censura. Le siguieron la suspensión de concesiones radioeléctricas a algunas emisoras, la persecución a periodistas, las millonarias multas que ahogaron a medios de comunicación, y la venta de periódicos y canales de televisión a grupos cercanos al Gobierno.
El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) publicó en marzo de 2015 los resultados de un estudio sobre el opaco cambio de dueños de los medios que titularon “Propietarios de la censura en Venezuela”. El informe revela que más de 25 medios del país han cambiado de manos en los últimos cinco años.
Los casos más relevantes, por su escala nacional, fueron las ventas de la televisora Globovisión, la Cadena Capriles —ahora Grupo Últimas Noticias— y el diario El Universal.
Globovisión fue vendido a los dueños de Seguros La Vitalicia: Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero. La nueva gerencia prometió que no habría cambios en la línea editorial. Pero poco a poco, comenzó a prohibir a los periodistas hacer reportajes de investigación, con la excusa de que querían “noticias planas”.
Según el informe de Ipys, se les dijo a los periodistas que no debían hablar de desabastecimiento, colas, o “guarimbas”. Los reportajes sobre las protestas contra en Gobierno durante el primer semestre de 2014 se redujeron al mínimo y los transmitían al final del noticiero, sin las imágenes más elocuentes.
El evidente cambio de línea editorial provocó una estampida entre los anclas y reporteros más conocidos de la planta televisiva que durante 15 años fue un canal crítico con el gobierno de Hugo Chávez.
También en 2013 se concretó la venta de la Cadena Capriles, uno de los conglomerados más grandes, que edita tres diarios; entre ellos Últimas Noticias, el de mayor tiraje en el país.
“Las ventas fueron antecedidas por una serie de presiones con el inicio de procesos judiciales, que cayeron tras el cambio de dueños y de línea editorial”, explicó Marianela Balbi, directora de Ipys Venezuela.
A continuación, algunas de las noticias que usted nunca conoció por la censura.
Campaña electoral por Internet
Cuando Carlos Zuloaga pactó la venta de Globovisión puso una condición a sus compradores: entregar el canal después de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013. Esto, con el fin de que la oposición pudiera tener una ventana donde mostrar los actos de campaña de Henrique Capriles Radonski, quien competía contra Nicolás Maduro.
Los métodos para coberturas, las decisiones editoriales e incluso el contenido informativo producido por el canal cambiaron con su nueva línea editorial tras la llegada de los nuevos propietarios. Las informaciones y actividades de las organizaciones políticas que militan en la oposición dejaron de tener un espacio en la programación del canal.
El comando de campaña de Capriles estrenó entonces un canal en Internet denominado Capriles.tv, que transmite las alocuciones y ruedas de prensa del gobernador de Miranda. Para las elecciones de alcaldes en diciembre de 2013, la campaña de la oposición se vio reducida a las transmisiones de sus ruedas de prensa por canales en internet.
“Sucesos en vivo, llaman a la zozobra…”
Para los venezolanos se acabaron los días en que podían ver en sus televisores en directo, mediante la transmisión por microondas. Un caso emblemático ocurrió el 12 de febrero de 2014, cuando tras la marcha del Día de la Juventud que pretendía llegar hasta la sede del Ministerio Público se desencadenaron hechos de violencia en el centro de Caracas que causaron la muerte de Bassil Dacosta, Juancho Montoya y Roberto Redman en Chacao.
Ese día, la única televisora que transmitió lo que sucedía en la esquina de Monroy y Tracabordo —en el centro de Caracas— fue el canal internacional de noticias NTN24.
Mientras la cadena con sede en Colombia difundía imágenes de lo que pasaba, la periodista Idania Chirinos desde el estudio en Bogotá, alertó a los televidentes de que la señal había sido suspendida en toda Venezuela por órdenes del Estado.
Al aire, Chirinos recordó el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007. “Fue un momento doloroso ver perder una señal de 50 años. Así vimos cómo comenzaban a apagarse las ventanas para que los venezolanos estuvieran informados. Nunca pensé que años después, trabajando fuera de mi país, también me tocaría narrar el momento en que tumban una señal de TV”.
El asesinato del joven Bassil Dacosta por disparos de agentes del Sebin fue cubierto en el lugar por el reportero gráfico de El Nacional, Alejandro Hernández, quien logró las únicas imágenes del hecho para un medio de comunicación local. Sin embargo, el material gráfico recolectado en un video no fue publicado por El Nacional. La gerencia editorial del medio prohibió publicar el video desde la cuenta del diario en Youtube por temor a una advertencia hecha en un comunicado de Conatel publicado el 11 de febrero, un día antes de la manifestación.
Conatel alertó que la cobertura informativa de “los lamentables hechos de violencia” en Venezuela puede ser considerada “violatoria a lo dispuesto en el art. 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos”, lo que además acarreaba responsabilidades penales.
Prohibido publicar sobre…
Una práctica común luego de la venta de los medios ha sido la de prohibir a los reporteros informar sobre ciertos temas, utilizar declaraciones de determinadas personas o incluso cubrir eventos o pautas sobre la gestión de algunos funcionarios de oposición.
Patricia Marcano, periodista que trabajó en Últimas Noticias, relató que en noviembre de 2014, durante una guardia de fin de semana, los jefes decidieron remover dos notas pequeñas de la edición impresa: “Una tenía que ver con ayudas entregadas por la Alcaldía de Sucre y otra era de la Alcaldía Metropolitana, también de ayudas sociales. No hubo explicaciones. En esos espacios colocaron notas de prensa de ministerios”.
Marcano, entonces reportera para la sección de “Información General”, afirmó que con frecuencia recibían reclamos, por parte de los nuevos jefes, sobre publicación de declaraciones del alcalde metropolitano Antonio Ledezma. “Todas las notas sobre eventos, trabajos y arreglos hechos por esta alcaldía, y donde saliera declarando Ledezma eran criticadas, mandadas a reducir de tamaño o incluso tumbadas, siempre por el director Eleazar Díaz Rangel”, indicó.
La periodista agregó que tras la publicación de una entrevista a Ledezma sobre las actividades por celebración del aniversario de Caracas en 2013, Díaz Rangel “intervino la sección y desde ese momento revisaba meticulosamente todas las páginas de la sección antes de cerrarlas y enviarlas a impresión”.
Según Marcano, una de las nuevas reglas era censurar la publicación de cualquier información sobre los dirigentes o voces disidentes dentro del chavismo. “Recuerdo instrucciones de no publicar nada sobre Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro y ningún disidente del Psuv. Ni en papel ni en la web”.
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, también está “vetado” en ese diario. Para Últimas Noticias —explicó la reportera— no existe la escasez, o al menos, no debe ser reseñada.
Con el último cambio de coordinador de la sección de ciudad se omiten deliberadamente todas las informaciones provenientes de las alcaldías metropolitana, Sucre, Baruta y El Hatillo. Quedan reducidos a breves.
La periodista Patricia Marcano dijo que en Últimas Noticias se redujo el espacio de sucesos. “Dejaron de salir como noticia abridora en la última página, se les da menos espacio en las páginas internas y por ende sólo queda la reseña de los sucesos sin opción a seguimientos y a informaciones adicionales que los reporteros obtengan de sus fuentes”.
“Ese periodismo no es servicio público”
La reportera de Últimas Noticias confesó que en el periódico se intervienen las notas “para borrar párrafos que alerten sobre una calle peligrosa por falta de alumbrado o patrullaje, o para eliminar el testimonio de una persona que pide se mejore algún servicio”.
Dijo que pareciera que los nuevos directores tienen miedo a la autocrítica, que nada puede ser cuestionado. “La posibilidad de influir en un funcionario responsable de la carencia de un producto o las deficiencias en la prestación de un servicio, para obligarlo a responder sobre estas falla y comprometerlo en su solución queda anulada al no publicar las denuncias”, indicó.
Marcano, quien renunció al diario tras el cambio de propietarios y línea editorial, considera que queda también anulada la función social del periodismo y prevalece la promoción de las instituciones oficiales. “La gente ya no se ve reflejada en esas páginas. Incluso varias fuentes de comunidades y gremios dejaron de llamar para hacer denuncias con la esperanza de que al publicarlas, solucionaran el problema, porque dan por hecho que no se publica esa información”, lamentó.
¿Crisis económica? ¿Qué es eso?
Roberto Deniz, quien trabajó en la fuente económica de El Universal durante 7 años (hasta el 11 de noviembre de 2014), reveló que ese diario ha silenciado por completo los temas de crisis económica. “Durante meses ni siquiera decían que el petróleo bajaba, sino ‘se ubicó’. No se habla del tema de la escasez y el desabastecimiento”.
Recuerda que el nuevo director presionó mucho a la sección de economía. “Nos pedía un ‘periodismo plano’, que no se compararan datos, que no se contextualizara, sino que sólo reseñáramos la información oficial y ya”.
Deniz cuenta que una vez la directiva mandó a decirles que no les gustaba que se citara a Ecoanalítica “porque ellos eran de oposición”.
En general, las instrucciones de Jesús Abreu Anselmi, director de El Universal, eran las de reducir contenidos realmente noticiosos por otras cosas “didácticas” o alentadoras como la “historia de vida” que publica todo los días en primer plana, según cuenta el reportero.
De Andorra, ni la sombra
Una investigación elaborada por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI), publicada el 16 de abril de 2015, reveló que dos venezolanos recibieron en 2004 pasaportes diplomáticos como “asesores” de Nelson Merentes, entonces ministro de Finanzas del gobierno de Hugo Chávez, y utilizaron los documentos para lavar más de un millón de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA) presuntamente provenientes del tráfico internacional de drogas.
El reportaje ocupó primeros lugares en las páginas de inicio de alrededor de una decena de portales nacionales y diez internacionales de la talla de El Mundo de España, El Tiempo y El Espectador de Colombia y La Tercera de Chile. Además, circuló en las versiones impresas de los diarios regionales La Verdad, El Impulso, Correo del Caroní.
Sin embargo, para los diarios venezolanos de circulación nacional más importantes la noticia de la vinculación de funcionarios en una investigación judicial por lavado en Andorra pasó “por debajo de la mesa”. Pese a que el CIPI consignó numerosas pruebas para sustentar su trabajo, El Nacional dedicó solo un video que fue tomado de Ver TV Noticias, para tratar de explicar a sus lectores el caso. El Universal hizo un silencio absoluto.
Últimas Noticias resumió el extenso informe a una nota de seis párrafos de dos líneas en el que se omiten los nombres de los principales implicados: Norman Danilo Puerta Valera, Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez. Este diario sí publicó de manera íntegra dos notas oficiales que negaban la entrega de pasaportes diplomáticos a los funcionarios.
El portal del canal Globovisión se limitó a tomar el análisis hecho por la agencia AFP, sin fotografías de las evidencias. En VTV tampoco se publicó la nota original, pero sí la réplica. Para la Radio Nacional de Venezuela la noticia no existió.
¡Aquí no sale Capriles!
La periodista Beatriz Adrián relató varios episodios en los que trataron de censurar su trabajo en Globovisión. Asegura que la primera vez que se topó con esta práctica fue cuando preparó una nota sobre una declaración del gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski.
“La coordinadora de información me dijo que la nota no saldría. Cuando pregunté la razón me dijeron que le preguntara a Mayela León, directora de Globovisión. Le escribí por Whatsapp”.
(Chat entre Beatriz Adrián y Mayela León):
—¿Por qué censuras a Capriles?
—Eso no es censura.
—¿Qué es entonces?
—Decisión de la directiva.
La gota que derramó el vaso, y que finalmente fue el motivo de su renuncia llegó el 12 de febrero de 2014. La periodista observó que había una gran marcha de estudiantes que iría desde Plaza Venezuela hasta el Ministerio Público, pero no estaba siendo transmitida por su canal.
Beatriz Adrián, renunció al día siguiente junto con otros periodistas, entre los que estaban Jessica Morales, Elizabeth Gaona, Cecilia Colmenares y Marianna Gómez.
El “coco” de las demandas
Reproducir una información divulgada por el diario ABC de España sobre la presunta vinculación del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con las actividades del Cartel de los Soles le valió a los dueños y directivos de los medios Tal Cual, El Nacional y La Patilla una demanda millonaria, interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia el 22 de abril de 2015.
En caso de que el procedimiento judicial resulte favorable para Cabello, 22 personas deberán pagarle un monto de 300 mil bolívares. Los abogados defensores de Cabello solicitan al juez que emita medidas cautelares de presentación periódica ante un tribunal cada ocho días y prohibición de salida del país contra Alberto Federico Ravell, dos trabajadores de La Patilla; Miguel Henrique Otero y catorce personas pertenecientes a la junta directiva del diario El Nacional; Teodoro Petkoff y tres miembros más de diario Tal Cual.
Cabello ya había introducido, en enero de 2014, una querella contra Tal Cual. El motivo fue la atribución al funcionario de una frase que nunca había dicho. El medio aceptó su error, pero esgrimió que la cita incorrecta representaba solo 2% del texto. Adicionalmente, los involucrados reclaman que el presidente del Parlamento se haya saltado el derecho a réplica, proceso previo a la demanda.
Otras seis demandas, para un total de ocho, ha acumulado el periódico dirigido por Teodoro Petkoff en los 15 años de chavismo. Antes de cambiar su línea editorial el canal Globovisión tenía en su haber 11 procedimientos administrativos.
Organizaciones alertan sobre cerco informativo
Al menos ocho organizaciones nacionales e internacionales expresan preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en Venezuela. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela), Espacio Público, Freedom House, IFEX, el Centro para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), el Centro Knight para el Periodismo en Las Américas, documentan las denuncias y ataques contra medios y trabajadores de la prensa en Venezuela. La mayor parte de las órdenes directas de censura son emitidas por instituciones del Estado, según el Estudio de Censura y Autocensura en Medios en Venezuela (2014) de Ipys Venezuela. Además, Venezuela obtuvo la peor calificación de prensa libre en los últimos diez años, de acuerdo al informe de Freedom House publicado el 29 de abril de 2015 y que lo sitúa entre los países con la caída más fuerte en la medición de libertad de expresión, junto con Turquía, Serbia, Perú, Irak, Camboya, Myanmar, Botswana y Azerbaiyán. El informe apunta a la situación venezolana donde “los periodistas se convirtieron en blanco durante las protestas del primer semestre del año”. Freedom House alerta que en Venezuela “el sector de los medios pertenecen, cada vez más al Estado, a amigos cercanos de altos dirigentes del oficialismo o grupos económicos relacionados con el Estado, los cuales despolitizan las noticias, suprimiendo la información que es crítica con el Gobierno”.
“La crisis es socioeconómica y el inicio de su solución es un cambio político”, aseguró el economista Orlando Ochoa, quien en entrevistas para Noticiero Digitaly otra para El Nacional, indicó esto permitiría “que se articule la búsqueda de una solución, en vez de esperar a la profundización de todos los males que padecemos ahora.”
Ochoa expuso que en el caso de la deuda interna y externa del país, el gobierno ha hecho una prioridad el hecho de servir la deuda pública externa, República y Pdvsa, “sacrificando parte importante del suministro de divisas al sector privado, que recibirá el impacto del mayor ajuste volumen de importaciones por el déficit de balanza de pagos”.
Sobre el racionamiento eléctrico en la administración pública, el economista indicó que un país con sus sectores productivos a media máquina, trabajadores y familias con poder adquisitivo menguado, “solo faltaba que la administración estatal se pusiese a tono con la obra chavista.”
Ocho también habló sobre el control de precio y aseguró que, en medio de la inflación más alta del mundo, los precios regulados están por debajo de los costos, lo que lleva a menor producción, más bachaqueo y contrabando; “justo lo contrario de lo que se desea” con este sistema. “Hay que culpar a alguien de lo que el instinto de preservación política no permite aceptar como responsabilidad propia.”, agregó Ochoa al ser interrogado sobre el por qué la persecución de la empresa privada.
El gobierno no se metería con Alimentos Polar porque “eso llevaría a calentar sus propias bases”, comentó el especialista. De lo que no hay dudas es que Empresas Polar, agregó, a pesar de las enormes distorsiones cambiarias, interrupciones en suministros de materias primas nacionales y decaimiento de la agricultura venezolana ha mantenido el abastecimiento a los venezolanos dentro de lo posible.
Con la política económica que lleva el gobierno, explicó el economista, gana una minoría, como, las bandas de contrabandistas cívico-militar, bachaqueros, importadores de alimentos con sobreprecio en el sector público, importadores privados con sobrefacturación y vendedores de divisas petroleras al paralelo.
El especialista sostuvo que cuando se trata de nuestros aliados comerciales, la relación más conveniente es con Estados Unidos pues la dependencia es mutua. Con China la balanza está más a favor del país asiático, porque “nos amplía las oportunidades de producir y exportar”, y sin Cuba “nos quitamos un peso de encima.”
Con respecto a los capitales mal habidos, Ochoa explicó que la única forma que un gobierno venezolano puede recuperar esos capitales es procediendo a juicios contra quienes hicieron esos fraudes; “pero no se puede hablar de una recuperación forzada masiva”.”Los capitales privados, y el capital humano, han huido de países europeos y asiáticos y de las Américas, cuando ha habido conducción económica y política como la del Chavismo”, indicó.
El panorama no es muy alentador, de acuerdo con el economista, porque “los precios subirán como espuma, los inventarios de bienes caerán, el trabajo no alcanzará para vivir y las brasas calentarán al pueblo”.
– Las reservas internacionales están por debajo de 19 mil millones de dólares.
– Los ingresos petroleros este año estarán por debajo de los 38 mil millones de dólares.
– El déficit del sector público ha estado rondando alrededor del 15% del tamaño de la economía desde el 2012. – El déficit de balanza de pagos de este año ronda los 35 mil millones de dólares.
– Se recibirán unos 10 mil millones de dólares menos para importaciones que el año pasado. [/iconbox]
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo hoy que está a la espera de que Colombia informe oficialmente de la extradición de Leiver Padilla Mendoza, alias “El Colombia”, presunto asesino del diputado chavista Robert Serra.
Ortega dijo en una rueda de prensa que se ha enterado a través de los medios de comunicación de que la Justicia colombiana ya dio luz verde a la extradición, pero que no le ha llegado la notificación oficial.
El Ministerio Público no ha sido notificado formalmente y desconozco si la Cancillería” venezolana lo ha sido, pero “una vez que así sea se deberá esperar que transcurran 90 días para que se materialice la entrega física” del acusado, manifestó.
La Corte Suprema de Colombia avaló a inicios de mes la extradición de Padilla, ciudadano que tiene ambas nacionalidades, al considerar que el país vecino cumplió con los requisitos para llevar a cabo el trámite, confirmaron a Efe fuentes del alto tribunal en Bogotá. Con ello, el asunto debió pasar al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para decidir si autoriza o no la extradición.
“El Colombia” ha sido acusado de liderar al grupo que, a cambio de 250.000 dólares, según las investigaciones venezolanas, orquestó el asesinato del diputado, asesinado en su domicilio en Caracas el pasado 1 octubre junto a su asistente María Herrera.
Tras el asesinato, Padilla Mendoza escapó de Venezuela, pero fue detenido en Colombia el 2 de noviembre, en la ciudad de Cartagena luego trasladado a una prisión de Cómbita (centro), donde se confirmó que tiene tanto la nacionalidad venezolana como la colombiana.
La supuesta demora en la extradición de Padilla ha sido criticada en diversas ocasiones por distintas autoridades de Venezuela, incluido el presidente, Nicolás Maduro, quien achaca el doble crimen a paramilitares supuestamente vinculados al expresidente colombiano Álvaro Uribe.
El presunto asesino reconoció en una reciente entrevista a una radio colombiana que recibió las armas con las que mataron al diputado y a su asistente, pero aseguró que solo las guardó.