La organización no gubernamental Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó más de 2000 casos de persecución y criminalización entre enero de 2021 y marzo de 2024.
Así lo detalló la ONG a través de su informe 10 Años de persecución en Venezuela: La consolidación de un sistema sofisticado de represión, publicado en el décimo aniversario de Cepaz.
De acuerdo con la organización, en total son 2.098 casos de los cuales 186 actos ocurrieron contra ONG y personas defensoras de DDHH, 730 contra personas vinculadas con la política, 472 contra la población, 701 contra trabajadores de la comunicación y 9 contra universidades.
Del total de casos, 257 ocurrieron contra mujeres, 737 contra hombres y en 1.104 casos no fue posible disgregar el género, ya que son actos que atentan contra hombres y mujeres, o porque no pudo o no quiso ser identificada la víctima.
Desde 2021, Cepaz realiza un monitoreo mensual sobre los casos de persecución y criminalización, con lo cual identificaron al menos 20 patrones de persecución y criminalización:
- 881 casos de amenazas y hostigamientos
- 123 despidos injustificados
- 205 detenciones arbitrarias
- 49 inhabilitaciones políticas
- 6 invalidaciones de partidos políticos
- 66 emisiones de medidas cautelares
- 3 muertes bajo custodia del estado
- 168 procesos judiciales irregulares
- 2 solicitudes de extradición
- 31 traslados arbitrarios de presos políticos
- 1 asesinato por negligencia del Estado
- 127 órdenes de aprehensión
- 2 suspensiones de elecciones universitarias
- 1 cierre de un canal de televisión
- 28 casos de allanamientos irregulares a viviendas y sedes de trabajo
- 167 veces las/los periodistas fueron impedidas/os de registrar un hecho noticioso
- 19 emisoras dejaron de funcionar debido a la emergencia humanitaria compleja
- 42 cierres de programas de radio
- 73 bloqueos de páginas web
- 104 cierres de emisoras de radio
Perpetradores de los casos de persecución y criminalización
En su informe, Cepaz indicó que el principal perpetrador son las fuerzas de seguridad del Estado, que reporta 571 casos que incluye policías regionales, municipales y nacionales, Guardia Nacional Bolivariana, Sebin, Dgcim, Plan República, entre otros.
Asimismo, figuran funcionarios del Estado como alcaldes, gobernadores, ministros y trabajadores públicos con 566 casos. Desde la Asamblea Nacional electa en 2020 también se han documentado 255 casos.
Por otra parte, Cepaz contabilizó 255 casos de personas adeptas al gobierno, 133 casos del Poder Judicial, 130 casos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y 74 casos del Ministerio Público.
También se reportaron 52 casos de personas desconocidas, 46 casos del Poder Ejecutivo, 40 casos de servidores de Internet, 39 casos de la Contraloría General de la República, 13 casos del Consejo Nacional Electoral y 12 casos de autocensura de las directivas de medios de comunicación.
Sistema represivo sofisticado
Cepaz notó en su informe que el gobierno de Nicolás Maduro ha desplegado “un sistema represivo sofisticado”.
Tal y como lo ha definido la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, el gobierno ha utilizado mecanismos «duros» y «blandos» para controlar y silenciar a las personas consideradas enemigas a su política de Estado basada en la permanencia indefinida en el poder.
Entre los patrones de persecución y criminalización que señala Cepaz como ejemplo de mecanismos duros el uso de la fuerza durante las protestas de 2014 y 2017.
También, la organización encontró otro mecanismo de represión duro en las detenciones arbitrarias. Desde el año 2021 y hasta el primer trimestre del año 2024, documentaron 205 casos de detenciones arbitrarias.
Por otra parte están las desapariciones forzadas, que se han agudizado en 2024, pues solo en los primeros tres meses del año Cepaz documentó 17 detenciones arbitrarias bajo la figura previa de la desaparición forzada.
La persecución aumenta en contextos electorales
Cepaz advirtió en su informe que los casos de persecución y criminalización aumentan en los contextos electorales y preelectorales.
Al comparar las cifras de acciones persecutorias registradas en años electorales y no electorales podemos señalar que en 2021, cuando se llevaron a cabo elecciones regionales y municipales en Venezuela se documentaron más de 800 casos de persecución y criminalización, mientras que el año 2022, cuando no hubo contiendas electorales, el número de casos se redujo a 523.
Más tarde, en el año 2023, donde se desarrolló la primaria opositora, el número de acciones persecutorias nuevamente aumentó hasta alcanzar 614 casos, según Cepaz.
Ya para el año 2024 no solo han observado un aumento de los actos de persecución, sino también en el uso de mecanismos represivos más duros, “como las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas”.
