En vista del inicio de la campaña electoral, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió al Estado venezolano que garantice la seguridad y el trabajo de los representantes de los medios de comunicación social.
Voceros del SNTP dijeron que frente a la experiencia en procesos pasados y a la persecución, así como el encarcelamiento de algunos periodistas, es perentorio garantizar una cobertura segura y amplia del proceso previo a las elecciones de este 28 de julio.
“Instamos a los organismos de seguridad a respetar la labor periodística y a no obstaculizar su trabajo”, reza una parte del comunicado.
El gremio pidió a instituciones como el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que intervengan ante quienes atenten contra el derecho a la información.
“Es urgente que los órganos de justicia cesen en la práctica recurrente de utilizar la legislación penal para criminalizar el trabajo de los periodistas empleando instrumentos como la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”.
Recordaron a los actores políticos que los periodistas no son activistas y por tanto deben de tener acceso igualitario a todas las pautas y concentraciones de los candidatos.
Prensa asediada
Aseguraron que han documentado agresiones contra la prensa por parte de los equipos de los candidatos y de otros actores vinculados a la campaña.
En el comunicado se desprende que en lo que va de 2024, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha cerrado al menos 15 emisoras y 150 en los últimos dos años por lo que instaron al organismo gubernamental a cesar en su política de persecución contra los medios independientes.
Sostuvieron que el arrecio de la censura y autocensura se produce justamente en los días previos a un proceso electoral.“Solicitamos que se promueva la transparencia en la difusión de información electoral, evitando la manipulación o la censura”.
Pidieron a organismos nacionales como internacionales monitorear el trato a los representantes de medios de comunicación durante la campaña.
El llamado de Juan Guaidó a los miembros de las Fuerzas Armadas a desconocer el gobierno de Nicolás Maduro, tras juramentarse como presidente interino aquel 10 de enero de 2019, lo acató el sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Luis Bandres Figueroa.
Luego de las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018 calificadas por varios países como “ilegítimas” y el establecimiento de un gobierno interino en Venezuela se avivaron nuevamente las protestas antigubernamentales, y con ellas, un motín militar en un comando de la GNB ubicado en Cotiza, en el noroeste de Caracas.
“Señores, pueblo de Venezuela, aquí les habla el sargento mayor de tercera Bandres Figueroa, Luis Alexander, de la Guardia Nacional. Aquí está la tropa profesional de la Guardia Nacional en contra de este régimen, el cual desconocemos completamente. Necesito el apoyo de ustedes, pueblo de Venezuela. Salgan a las calles, aquí estamos nosotros, lo que ustedes querían. ¿Ustedes pedían que saliéramos a las calles, que defendiéramos la Constitución? Aquí estamos, aquí tenemos a la tropa. ¡Es hoy! ¡Es hoy, señores, es hoy! Pueblo, salgan, apóyennos. ¿Ustedes querían que las Fuerzas Armadas saliéramos a las calles? ¿que prendiéramos la mecha? Aquí la estamos prendiendo, necesitamos el apoyo de ustedes”, fueron las palabras del sargento de tercera que se hicieron virales en redes sociales la madrugada del 21 de enero de 2019.
En otro video, el sargento de tercera hacía un llamado a los “guerreros de la calle” a que salieran a protestar y a exigir sus derechos. Según información oficial, los 27 militares sublevados habían asaltado un puesto de coordinación policial en Macarao, al suroeste de la ciudad, para llevarse vehículos militares. Posteriormente, robaron armas de guerra de un destacamento de Petare, al extremo noreste de Caracas y de allí, se fueron a Cotiza.
El llamado de Bandres Figueroa también lo acataron los habitantes de Cotiza, quienes cerraron las calles en apoyo del grupo insurgente, atravesaron obstáculos, quemaron cauchos y basura en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro y la crisis política, económica y social. Sin embargo, fueron reprimidos a punta de gases lacrimógenos y perdigones por parte de militares, funcionarios de la Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y colectivos, en unos hechos que dejaron como resultado decenas de heridos y una mujer asesinada en la puerta de su casa.
En el alzamiento de Cotiza, los 27 militares sublevados tenían la intención de tomar el palacio de Miraflores, pero en vez de apoyo encontraron resistencia por parte de otros agentes y resultaron aprehendidos por las autoridades en horas de la mañana.
“Quien ultraje sus armas con infames vicios, será castigado con todo el peso de la ley”, fue parte del comunicado que posteó el ministro Vladimir Padrino López en Twitter, luego del alzamiento militar.
Quien ultraje sus armas con infames vicios será castigado con todo el peso de la ley. https://t.co/DC6hJZv0qs
A Luis Alexander Bandres Figueroa lo acusaron por los delitos de motín, instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada, desobediencia, ultraje a la Fuerza Armada, todos los delitos a título de autor.
Sandra Hernández, esposa de Luis Bandres, detalló que el día que detuvieron al sargento se lo llevaron a Fuerte Tiuna, donde lo recibieron Jesús Suárez Chourio y Remigio Ceballos -militares muy activos y simpatizantes de Maduro-, quienes lo golpearon y ordenaron su traslado a los sótanos de la Dgcim en Boleíta, en Caracas.
“Fue torturado durante cuatro días consecutivos con bates, palos, manoplas de metal, cadenas, lo electrocutaron, lo asfixiaron con bolsas plásticas, lo colgaron, lo amenazaron con asesinar a sus hijos y a su esposa, lo obligaron a comer sus heces fecales, fue tan fuerte la tortura que hubo un momento dónde buscó suicidarse, fue presentado ante el tribunal, sucio, con la ropa llena de orines y heces fecales”, narró Hernández.
Posteriormente, al sargento Bandres lo trasladaron al Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde donde la situación no era tan distinta debido a que también sufría torturas y tratos crueles e inhumanos.
El 5 de marzo de 2020, a Luis Bandres se lo llevaron al Centro de Procesados Militares Oriente, mejor conocida como la cárcel de La Pica, donde también lo sometieron a torturas y además lo alejaron de sus familiares, quienes se tuvieron que mudar al estado Monagas para estar cerca de él.
Sandra Hernández detalló que a su esposo lo mantuvieron dos meses en un cuarto de torturas que llaman “El Tigrito” y también en “El Pozo”, un espacio muy pequeño que no tenía poceta en donde tuvo que convivir con sus heces y orina durante 15 días y sin recibir alimentos, solo dos litros de agua al día en una ciudad tan calurosa como Maturín.
El 16 de enero de 2022, Luis Bandres Figueroa se declaró en huelga de hambre para exigir respeto a sus derechos humanos y la visita de organismos internacionales para que constataran la situación de los presos políticos militares en La Pica.
Durante los tres días que se mantuvo en huelga, Bandres no recibió atención médica pese a presentar fuertes dolores de cabeza y de estómago, Sandra denunció que el servicio de enfermería de la cárcel de La Pica se negó a prestarle primeros auxilios o proveerle hidratación.
#URGENTE Necesito toda la ayuda posible mi esposo se ha declarado en huelga de hambre, solicita la visita de los entes internacionales presentes en el país.#LiberenABandres
Temo por su vida y su integridad física.
El 23 de junio de 2022, al sargento Bandres Figueroa lo condenaron a 15 años y seis meses de prisión. Por el hecho también fueron condenados Geomar Martínez Natera, Rico Urrieta, Andrés Paredes, Asdrúbal Chirinos, Hebert Glok Vásquez, Yeiser Montero Yeiser, Kervin Manuel Charles, Neomar Salcedo y Edgar Díaz Vivene, entre otros.
Según detalló Sandra Hernández, la sentencia de Bandres la publicaron el 26 de septiembre de 2022 y ante una apelación interpuesta por la defensa contra la decisión del Tribunal Primero de Juicio de la corte Marcial Militar, quedó “sin lugar” en junio de 2023, por lo que interpusieron un recurso en la Sala de Casación Penal que también desestimaron porque “no había claridad en lo planteado”.
Hernández indicó que la fiscalía 124 del área metropolitana en el área de Derechos Fundamentales es la encargada de hacer la investigación por violación a los Derechos Humanos en contra del sargento, pero no habido ningún avance en cuanto a la causa como víctima.
Por el caso de Bandres Figueroa distintos organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión Independiente de las Naciones Unidas, sobre la Determinación de los hechos en Venezuela del año 2020 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han otorgado medidas cautelares a favor del sargento y los demás militares que han pasado desapercibidas por el gobierno de Nicolás Maduro.
“Ellos saben lo que pasa con su padre”
Ya han pasado cinco años desde la detención de Bandres, y desde entonces, su salud se ha deteriorado constantemente. Sandra Hernández afirmó que padece de insomnio, mareos, dolores constantes de cabeza, rinitis aguda, asma y ansiedad.
Asegura que tanto para ella como para sus dos hijos “la vida ha sido muy difícil”.
“Hemos pasado muchas situaciones difíciles, económica y emocionalmente, pero gracias al apoyo de nuestra familia hemos podido sobrellevar la situación”, afirmó
A pesar de que es docente, Hernández no pudo ejercer su profesión, ahora se dedica a vender productos de limpieza, o lo que sea necesario para mantener a sus hijos adolescentes.
“Desde el primer momento ellos saben que su papá está privado de libertad por no apoyar el régimen que hoy nos gobierna, son niños nobles que saben que el sacrificio de su padre en algún momento va a ser reconocido”, finalizó.
En El Mañanero del 4 de julio de 2024 de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, instó a respetar la voluntad popular en las elecciones presidenciales que se realizarán el 28 de julio; este miércoles, 3 de julio, Venezuela y EEUU retomaron el proceso de diálogo que se congeló tras el último desencuentro que hubo en abril y Perkins Rocha, asesor jurídico de la organización política Vente Venezuela, denunció que efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) asediaron a la coordinadora de la tolda azul en el estado, Raquel Vera.
“Brasil quisiera que Venezuela se reintegre al Mercosur. Queremos un Mercosur de seis”, secretaria para América Latina y Caribe de la cancillería brasileña, Gisela Padovan
El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales Clima 21, afirmó que el desastre ocurrido en la población de Cumanacoa, en el estado Sucre el pasado 2 de julio, es el “retrato de un país vulnerable” que carece de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Las lluvias generadas por el paso del huracán Beryl en aguas del Caribe produjeron el desbordamiento del río Manzanares afectando principalmente al pueblo de Cumanacoa. Al menos dos personas fallecieron, cinco se reportan como desaparecidas y un estimado de 25.000 personas resultaron afectadas.
Reportes extraoficiales indican que los daños pueden ser mayores debido a las dificultades para acceder a las zonas afectadas.
Según Clima 21, “este desastre mostró la extrema vulnerabilidad de las comunidades venezolanas ante estos fenómenos”.
“Esta situación tiene razones políticas. No sólo el país está sumergido en una emergencia humanitaria compleja, sino que es el único en Sudamérica que no tiene un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y mucho menos una articulación entre estos planes y los de gestión de riesgo”.
Según reseña el observatorio, previo a la ocurrencia del desastre en Cumanacoa, diversos expertos habían alertado sobre la necesidad de prepararse para los efectos posibles de eventos extremos como el reciente.
Asimismo, señalaron que el cambio climático genera condiciones favorables para que ocurran un mayor número de eventos meteorológicos extremos y que su potencial de daño sea mayor.
Afirmaron también que los desastres socio-naturales no ocurren debido a los fenómenos naturales que los originan, sino por el grado de vulnerabilidad de las comunidades afectadas: “A mayor vulnerabilidad, mayor posibilidad de un desastre”, resalta Clima 21.
“Venezuela necesita de manera urgente avanzar hacia convertirse en un país climáticamente resiliente. Exigimos acción climática YA”, exigió la organización.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, instó este miércoles, 3 de julio a respetar la voluntad popular en las elecciones presidenciales que se realizarán el 28 de julio.
En el marco del 56° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Türk, presentó en Ginebra una actualización de su informe sobre la situación en Venezuela y denunció el aumento de las detenciones y el acoso contra dirigentes opositores.
“Las elecciones presidenciales del 28 de julio son una oportunidad clave para respetar la voluntad de la población. Lamento que la restricción al espacio cívico crezca. De hecho, lo que se necesita lo opuesto, un espacio libre y abierto para el debate”, afirmó Türk.
El alto comisionado recordó que en el último año su institución ha documentado un incremento de “las amenazas, el acoso y los asaltos contra actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otras voces críticas”.
Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas
Volker Türk también denunció en su alocución al menos 38 casos de detención arbitraria en Venezuela desde mayo de 2023 y mencionó los casos concretos de Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas, «detenidos desde el 9 de febrero y el 15 de abril, respectivamente, sin acceso a una defensa de su elección».
Recordó además que el defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, también detenido arbitrariamente, cumplió ese martes su tercer año en prisión, mientras su estado de salud se deteriora.
El Alto Comisionado DDHH-ONU pidió detener las “prácticas de desaparición forzada” que se ejecutan en el país y sobre eso dijo que “deben terminar inmediatamente”.
“Reitero mi llamado para que todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente sean liberadas”, exhortó.
ÚLTIMA HORA | Alto Comisionado DDHH-ONU pide detener las “prácticas de desaparición forzada” que se ejecutan en Venezuela.
El informe del Alto Comisionado señaló que la libertad de expresión y de asociación son ampliamente vulneradas en Venezuela. El texto indica que siguieron documentado nuevas “restricciones indebidas”, que incluyen diez nuevos casos de cierre de emisoras de radio, que se suman a los 21 casos documentados anteriormente.
También, el documento reseñó el bloqueo de al menos 50 páginas web en el país sin que existiese una notificación de suspensión de ninguna operadora de telecomunicaciones.
Este miércoles, 3 de julio, Venezuela y EEUU retoman el proceso de diálogo que se congeló tras el último desencuentro que hubo en abril, cuando Washington revirtió el alivio parcial de las sanciones otorgado en octubre de 2023 a Caracas, al considerar que la administración de Nicolás Maduro no cumplió, en su totalidad, con el Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales.
Si bien la Casa Blanca reconoció el cumplimiento de parte del acuerdo, como el establecimiento de un calendario electoral, manifestó que Venezuela faltó a su compromiso de levantar las inhabilitaciones a varios opositores, potenciales candidatos a las presidenciales, como María Corina Machado, ganadora de la primaria opositora.
A continuación, las claves de la vuelta al diálogo, a semanas de las elecciones presidenciales del 28 de julio:
El momento
Maduro aseguró el lunes, 1 de julio, al anunciar la vuelta al diálogo, que Washington le había insistido, “durante dos meses continuos”, en el restablecimiento de las negociaciones y que, “luego de pensarlo”, aceptó, cuando faltan menos de cuatro semanas para los comicios presidenciales.
El momento ha levantado todo tipo de suspicacias entre la población, que está dividida entre quienes ven el diálogo como algo positivo, sin más, y quienes consideran que forma parte de una estrategia electoral de Maduro -de la que desconfían- de cara a las presidenciales del 28 de julio.
Las razones
Estados Unidos, por su parte, insiste en la necesidad de “encontrar un camino hacia la gobernanza democrática a través de elecciones competitivas e inclusivas” en el país, para lo cual -dijo a EFE un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca- “se requiere de un compromiso serio”.
Mientras, Maduro exige, sin mencionar el Acuerdo de Barbados, “que se cumplan los acuerdos de Catar” y se restablezcan “los términos de diálogo con respeto, sin manipulaciones”.
Las sanciones
La administración de Maduro también insiste en el levantamiento total de las sanciones, de manera incondicional, y asegura que cumplió siempre con todo lo pactado en los distintos encuentros y lo recogido en acuerdos suscritos, tanto con EEUU como con la oposición.
Sin embargo, la Casa Blanca, que reconoce el cumplimiento parcial del Acuerdo de Barbados, especialmente en lo referente a la programación de las presidenciales, rechaza que no se hayan levantado las inhabilitaciones administrativas a todos los opositores venezolanos, lo que supone una competición desigual en los comicios.
Las inhabilitaciones
Venezuela levantó la inhabilitación administrativa a Leocenis García, Richard Mardo, Pablo Pérez y Rosa Brandonisio, así como al actual candidato presidencial Daniel Ceballos.
Sin embargo, al exgobernador del estado Miranda Henrique Capriles y a María Corina Machado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les ratificó la medida administrativa, bloqueando así cualquier aspiración a la presidencia u otros cargos públicos de elección popular.
Las elecciones
Maduro, que busca su segunda reelección consecutiva, continúa haciendo planes a futuro como gobernante del país, asumiendo su victoria el 28 de julio, una gesta que, objetivamente, en unas elecciones democráticas, ningún candidato tiene garantizada hasta que concluya la jornada electoral y se haga recuento de votos.
La confianza del candidato oficialista en su triunfo levanta todo tipo de sospechas entre la ciudadanía, así como entre políticos opositores, sobre todo teniendo en cuenta que el índice de popularidad de su más directo competidor, Edmundo González Urrutia, se ha multiplicado en las últimas semanas.
Perkins Rocha, asesor jurídico de la organización política Vente Venezuela, denunció a través de su redes sociales que efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) asediaron este martes el ancianato Fundación Planchart, localizado en la urbanización Caraballeda de La Guaira, con el objetivo de detener a la coordinadora de la tolda azul en el estado, Raquel Vera.
Rocha recordó que Vera acompañó a la líder del partido, María Corina Machado y al candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) Edmundo González Urrutia en su recorrido por La Guaira, cuando fueron detenidas cinco personas.
El abogado sentenció que sobre Vera no pesa orden de captura alguna y por ello instó a los funcionarios de la PNB a cesar el acoso contra la dirigencia política.
Vente Venezuela es perseguido
Después de que González visitara la entidad entre el 14 y 15 de junio, tres dirigentes políticos, dos de Voluntad Popular y uno de Vente Venezuela, fueron detenidos.
“Esto es una crueldad. Son venezolanos que están dándolo todo para poder ver a su país con libertad y dignidad. Es criminal, maldad pura, y demuestra que al régimen lo único que le queda es la violencia contra los ciudadanos. Pero lejos de paralizar o intimidar a un país, lo que compruebo en Venezuela todos los días es que estos atropellos nos dan más razones para la lucha y la organización de cara al 28 de julio”, dijo entonces Machado.
“Esto es brutal, algo nunca visto. Cuando a uno le toca explicar esto a gente de afuera, no lo pueden creer. ‘¿Cómo que el Jefe de Campaña está asilado? ¿Cómo que el Encargado Nacional del Área Electoral está asilado? Que el encargado de la Organización está preso, que el encargado internacional está asilado?’”, prosiguió Machado.
“Enviarles desde acá un mensaje de solidaridad, esperando que tengan libertad, porque es una detención injusta y arbitraria”, añadió González en ese momento.
De las 16 personas vinculadas a partidos políticos que han sido encarceladas desde que se anunciaron las elecciones el pasado 5 de marzo, 11 pertenecen a Vente Venezuela.
“Todos nos encontramos en situación de libertad condicionada. Por eso, el 28 de julio tiene un gran significado más allá de lo electoral”, dijo Rocha.
El pasado domingo, 30 de junio, se llevó a cabo en Venezuela un simulacro electoral de cara a los comicios presidenciales del 28 de julio, un evento que estuvo lleno de múltiples irregularidades.
De acuerdo con el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), el simulacro servía para, además, permitirle al elector interactuar con el sistema automatizado de votación, probar todos los elementos técnicos y realizar pruebas de transmisión de resultados para monitorear su comportamiento y evaluar su eficiencia. Esos objetivos se cumplieron durante el evento.
El OEV desplegó 100 observadores en 23 estados del país, los cuales constataron que 73,2% no presenciaron demoras o interrupciones durante el proceso del simulacro. En solo 3,1% de los puntos estas demoras estuvieron asociadas a fallas en la máquina de votación y el captahuellas.
El comprobante que arrojó la máquina de votación coincidió con la opción que aparecía en pantalla. Además, 87,6% de los observadores indicaron que el proceso para elegir al candidato es poco o nada complicado.
Asimismo, cerca del 90% de los observadores calificó positivamente el funcionamiento de la herradura, pero casi la mitad de ellos indicó que los electores parecían entender parcialmente dónde o cómo votar, lo entendían poco o casi nada.
Para el OEV, esto guarda relación con la ausencia de una campaña institucional por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que debería ser lo suficientemente robusta como para que el elector comprenda a cabalidad cómo funcionan los instrumentos de votación.
Participación en el simulacro electoral
De acuerdo con los datos que publicó el Observatorio Electoral Venezolano, la afluencia de personas fue alta en 44,3% de los puntos visitados. Esto muestra que el CNE “hizo un despliegue representativo que permitió acercar los puntos del simulacro a la población”.
Según el balance oficial del CNE, el simulacro tuvo un alcance en 58% de las parroquias del país y se registraron 2,29% de incidencias en máquinas de votación, 0,90% de incidencias en el sistema de autenticación integral y 0,70% en memorias removibles.
El desempeño del personal del CNE fue bueno (53,6%), muy bueno (28,9%) y regular (15,5%), de acuerdo con la red del OEV. La actuación de los organismos de seguridad fue buena (49,5%) y muy buena (27,8%).
Además de los funcionarios del Plan República y la Milicia Bolivariana, estuvieron presentes la Policía Nacional Bolivariana (57,7%), la Policía regional o municipal (41,2%) y el Sebin (12,4%).
Los lunares del simulacro
Aunque el simulacro contó con una alta participación, observadores del OEV constataron que se evidenció el traslado de electores con recursos y bienes del Estado.
Según los reportes, 73,5% de los observadores presenció la movilización de votantes principalmente con recursos de alcaldías y gobernaciones.
Estas acciones van en discordancia con el artículo 145 de la Constitución señala: “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”.
A su vez, también va contra el artículo 13 de la Ley Contra la Corrupción establece que: “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna”.
Puntos rojos
Durante el simulacro electoral se evidenció un gran despliegue de puntos rojos del oficialismo. Más del 80% de los observadores del OEV identificó la presencia de puntos oficialistas en los alrededores de los centros.
Mientras que 5 de cada 10 observadores reportaron activismo político o actividades de propaganda electoral, siendo casi un 80% a favor del candidato Nicolás Maduro y 6,2% a favor de Edmundo González Urrutia.
