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Machado: “No tenemos armas de fuego, es el régimen que las usa contra la población”

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Después de haber publicado un artículo en The Wall Street Journal donde decía que estaba escondida por temor a su seguridad, la líder de la oposición María Corina Machado apareció este sábado cerca del mediodía en la urbanización caraqueña de Las Mercedes, en el mismo punto donde cerró su campaña electoral el pasado jueves 25 de julio.

“Después de una brutal represión, creyeron que nos iban a callar, atemorizar o paralizar, la presencia de cada uno de ustedes aquí demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final”, dijo en medio de un gentío.

La inhabilitada dijo que no renunciara a la protesta pacífica y que tiene en sus manos la totalidad de las actas que dan como ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28J al candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) Edmundo González Urrutia.  

“No tenemos armas de fuego, es el régimen que las usa contra la población”.

Machado condenó las 20 muertes que se han producido en el marco de las manifestaciones postelectorales.

“Hoy el miedo está en otra parte, la nuestra es una lucha cívica y pacífica, pero no es débil. No vamos a aceptar un chantaje que iguala a víctimas con victimarios. Protestar cívica y pacíficamente no es violencia“, apuntó.

Sostuvo que a pesar que el CNE de Elvis Amoroso proclamó a Maduro, la lucha no ha terminado.

“El 28 de julio marca un hito a partir del cual se inició la transición a la democracia en Venezuela.Estamos viviendo las horas más importantes. Todos sabíamos que este proceso es muy complejo; todos sabíamos los escenarios planteados. Muchos decían que era imposible demostrar el fraude. Nosotros demostramos la victoria del 28 de julio”.

Machado expresó que Maduro quedó derrotado frente a la comunidad internacional.

“Hicimos historia. Hoy quiero que todos demos por seguro que contamos con la admiración y respeto del mundo entero. Es la victoria de la ciudadanía organizada el 28 de julio», comentó.

 

“Tenemos miedo, impotencia”: Reclaman poca información sobre detenidos tras protestas

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Marisol* busca cualquier manera para sobrellevar el calor y la espera. Se mueve del sol, se come un chupi de parchita y espera. «Tenemos miedo, tengo impotencia. La gente solo está protestando por su país. ¿Ahora ni eso podemos hacer?», suelta cuando buscaba un resguardo del sol.

El hijo de Marisol, de 24 años y que trabaja en el sector bancario, salió el martes a las 2:00 p.m de su trabajo por las protestas. «Salió caminando porque no había transporte y lo agarraron en Chacao». Lo consiguió en Zona 7 al día siguiente, mientras otros familiares buscaban en lugares como la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez. «Ya le hicieron la audiencia de imputación y estamos esperando a que supuestamente lo trasladen».

Según los comentarios de decenas de familiares, reunidos en Zona 7 la mañana del viernes 2 de agosto, los traslados debían materializarse a la 1:00 p.m. Luego la hora fue cambiada para las 4:00 p.m.

Mariana* también esperaba por información más detallada sobre la situación de su hijo de 18 años, que fue detenido junto a un amigo cerca del centro comercial San Ignacio la tarde del 30 de julio.

El hijo de Mariana fue desde Artigas a un evento de freestyle en Los Palos Grandes, una urbanización cerca de los focos de protestas. De regreso se fueron por la parte interna de Chacao para evitar la marcha, pero cuando los policías subieron por calles y transversales, lanzaron varias bombas lacrimógenas.

El hijo de Mariana y sus amigos salieron corriendo, pero los agarraron. Primero fueron trasladados a Maripérez. «Allá nos confirmaron pasadas las 7 de la noche que estaban detenidos allí. Nos dijeron que los iban a trasladar al día siguiente, pero cuando llegamos el miércoles, nos enteramos que los trasladaron a las 11 de la noche».

«Ellos no son políticos, apenas son chamos. Lo que más rabia me da es que han participado en eventos del gobierno, ellos van a dónde los llaman porque son artistas», señala Mariana, a quien también le preocupan las declaraciones del gobernante Nicolás Maduro y las acciones de las autoridades para condenar a manifestantes.

«Todas las audiencias las están haciendo aquí, todo vía telemática, vemos cómo entran los fiscales, los defensores públicos. Han dicho que los van a trasladar a Tocuyito, El Rodeo, Tocorón. ¿Una cárcel como esa? Esa no es la forma de que empiece su vida un chamo de 18 años», insiste.

La organización Civilis señala que se puede hablar de detenciones arbitrarias de manera masiva, además de otras violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas por los resultados electorales del 28 de julio.

Las manifestaciones se han registrado de forma independiente, según la propia dirigencia política, tras los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde se declaró como ganador al gobernante Nicolás Maduro.

1.200 y espera 1.000 más 

Según las autoridades, hasta el 1 de agosto se habían detenido a más de 1.200 personas y se esperaba detener «a mil más». El mandatario venezolano también ordenó la remodelación inmediata de las cárceles de Tocorón y Tocuyito, tomadas el año pasado para eliminar el pranato en esos lugares, y que ahora asegura serán para enviar a los «guarimberos».

Además de las detenciones arbitrarias, Civilis señala que la violación más preocupante es al debido proceso. Las audiencias de presentación, hechas por vía telemática, ante tribunales de control en materia de terrorismo se hacen sin la presencia de abogados de confianza o sin tener acceso al expediente.

“En algunos casos, los familiares no los han visto en más de tres días y podría constituir en desaparición forzada. Estamos confiando en la palabra de los funcionarios, eso rompería en un principio la desaparición forzada pero los familiares y abogados tienen derecho a constatar que lo que dicen los funcionarios es real. Por eso podríamos hablar de estas violaciones, más allá de los impedimentos a la protesta y reunión pacífica, a la opinión y libertad de expresión”, comenta un representante de Civilis.

Tampoco existe una individualización del proceso. Civilis recuerda que en estos casos no hay imputaciones objetivas porque no se establece «la responsabilidad de cada una de estas personas en el proceso penal, es decir, qué hizo cada una. Este es un elemento de imputación objetiva básico en derecho penal».

El tiempo pasa. Familiares y amigos esperan y son presa de los rumores sobre supuestos traslados de mujeres al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) Los Teques, a centros para menores o a las cárceles del circuito Yare (I, II y III).

Audiencias telemáticas, sin derecho a defensa privada ni acceso al expediente

A Francisco*, de 24 años, lo detuvieron junto a cuatro amigos cuando salió en la tarde del martes 30 de julio a llevar insumos a los bomberos. Fue detenido en La Redoma de San Antonio de los Altos. A este grupo primero lo llevaron al Helicoide, donde pasaron la noche con otros manifestantes detenidos. Al día siguiente (miércoles 31) los trasladaron a Maripérez y esa misma tarde fueron llevados a Zona 7.

«Están golpeados, mi novio tiene una herida infectada porque se cayó y se raspó una pierna. Ya le hicieron la audiencia de presentación y supuestamente lo van a trasladar a Yare III», dice su novia.

Civilis también destaca un uso totalmente amañado de las audiencias telemáticas. «A estas personas se les prohíbe acceso a un abogado privado y a sus familiares, lo que implica que no ves expediente, no ves delitos que les imputan, no sabes el estado físico y mental de las personas detenidas. ¿Entonces cómo puede haber un debido proceso y unas garantías judiciales bajo ese contexto?».

En el caso de un paramédico, detenido el lunes 29 en Las Mercedes junto a dos de sus hermanas y su madre, son sus amigos quienes responden por la comida y los insumos. «Eso es un gentío. Hay señores de 50, 60 años. Los trajeron acá a Zona 7, pero no sabemos nada de su estado ni si se les ha hecho audiencia, sólo hemos podido pasar comida y ya», comentan.

Adolescentes sin defensa ni representación

Julia* espera con su hermana para conocer información de su hija, una modelo y músico de la Sinfónica de Caracas de 16 años, y que está detenida desde el lunes 29. A la joven la detuvieron en Chacaito junto a su prima de 26 años.

«Ellas sí salieron a marchar, es la primera vez que mi hija hacía eso. Salieron como a las 3 de la tarde, imagino que cuando llegaron allá se encontraron con la represión», cuenta Julia, que se ha podido comunicar con la adolescente por escasos minutos con un celular prestado.

«Ella consiguió hace poco un trabajo por vacaciones, de esos de medio tiempo porque no me gusta que esté en la casa sin hacer nada. No sabemos si le han hecho las audiencias, cómo están, apenas se ha podido comunicar conmigo y me dijo que le pasara ropa, una cobija porque hace mucho frío, pero cuando lo iba a entregar me dijeron que no. Apenas le pasé unas toallitas húmedas, unas toallas sanitarias, gatorade y la comida, pero no sé si la recibió», comenta.

Julia, al igual que su hermana y otros familiares, reclama la falta de información sobre los detenidos. Sabe que su hija está con mujeres y otros menores de edad. «Hay muchos. Ella me dijo que hay mujeres mayores, embarazadas, que hay mucha gente presa (…) Aquí una señora ayer le trajo unas cholas a su niño, era la tarde y todavía seguía descalzo. Eso no es justo».

Funcionarios diplomáticos de España e Italia ingresaron pasadas las 10:40 a.m a la Zona 7 para tratar de ver a los detenidos con esas nacionalidades y constatar su estado de salud. A la salida, apenas media hora después, fueron detenidos para anotar nombres y cédulas de otros manifestantes que no estaban en su radar.

 

* Los nombres de los familiares y detenidos fueron cambiados tras manifestar su temor a represalias

 

Sobre las ideas que se van extinguiendo

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Las estatuas se erigen cuando el tiempo ha hecho el generoso trabajo de extinguir en el recuerdo todo agravio, toda mezquindad, toda injusticia. Cuando el personaje queda desprovisto de toda condición humana y pasa a representar una idea, ajena a toda pasión. Una idea fría como el mármol o el bronce del que están hechas.

Las estatuas están pensadas para atravesar el tiempo. Por eso están hechas de materiales sólidos, nobles, persistentes, capaces de sobrevivir generaciones de esta fugaz materia que nos constituye. Son acuerdos de una comunidad que siente en esa representación verdades, si no irrefutables, al menos bastante unánimes.

Pero las ideas acerca de lo que quiere un país para sí cambian con el tiempo, por eso lo que hace duraderas a las estatuas no son los materiales con los que están hechos, sino la vigencia de las ideas que representan. Y si algo dirime cuál es la idea de lo que quiere un país para sí, son las elecciones. Son la gran tribuna pública.

Es por eso que esta historia comienza, precisamente, el 28 de julio de 2024, día en que se iban a celebrar una de las elecciones más complejas que le tocaría enfrentar a los venezolanos en los 25 años que tiene el chavismo en el poder.

Desde el momento en que el Consejo Nacional Electoral, al filo de la medianoche de ese día, diera un primer boletín en el que anunciaba a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, se iniciaron protestas en muchas ciudades de Venezuela. Según el CNE, Maduro se había impuesto con casi 52% de los votos y “con tendencia irreversible”, a pesar de afirmar haber procesado solo el 80% de las actas, lo que significaba más de 2 millones de votos por escrutar, tres veces más de la diferencia que le adjudicaban por sobre Edmundo González Urrutia.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documenta 564 protestas en toda Venezuela, solo entre el 29 y el 30 de julio. Al calor de esas protestas, los manifestantes iban tumbando toda la propaganda electoral de Nicolás Maduro que encontraban a su paso: pendones, gigantografías, vallas…

Y allí el asunto comenzó a escalar.

Esa furia que arremetía contra la iconografía de una campaña ventajista y descomedida, pasó de las vallas a las estatuas de Hugo Chávez. Y fue así cómo, desde esa noche hasta el día siguiente, al menos cinco de ellas, ubicadas en diversas poblaciones del país, fueron derribadas o quemadas. Todas en ciudades que fueron bastiones electorales del chavismo. 

Para el 30 de julio, menos de 48 horas después del anuncio del CNE, desaparecieron las estatuas erigidas en Calabozo (estado Guárico), Las Tejerías (estado Aragua), Mariara (estado Carabobo), La Guaira (estado La Guaira) y Coro (estado Falcón), siendo esta la que ofreció a la posteridad la icónica imagen de un manifestante montado en lo alto de la estatua de tres metros de alto, rebanándola con un mazo. Y a kilómetros, la cabeza de la estatua de Mariara fue remolcada en una moto y paseada por las calles de la encendida población.

Esto del derribo de estatuas en Venezuela durante el período del chavismo tiene un antecedente venido, precisamente, de sus propias filas: el 12 de octubre de 2004, dos años después de que Hugo Chávez firmara un decreto mediante el cual el Día de la Raza pasaría a llamarse Día de la resistencia indígena, un grupo de adeptos del chavismo, entre los que estaban funcionarios del gobierno de Chávez, tumbaron la estatua de Cristóbal Colón que estaba en la caraqueña Plaza Venezuela y la llevaron, a manera de ofrenda, hasta un teatro céntrico donde se estaba llevando a cabo un acto en homenaje a la resistencia indígena.

“Lo que hicimos fue armar un juicio a Colón, un juicio simbólico. Luego de la condena, rápidamente se hizo la operación de tumbar la estatua. Unos muchachos que se subieron colocaron unas cuerdas en el cuello de la estatua”, comentó a un diario uno de los presentes.

Tampoco es la primera vez que se tumban estatuas de Chávez. El 24 de abril de 2017 una ubicada en la población de Mariara, estado Carabobo, fue incendiada en medio de las protestas de ese año. Y apenas 11 días después, en un pequeño pueblo del estado Zulia, llamado la Villa del Rosario, un grupo de personas que fueron reprimidas en unas protestas, derribaron una estatua de Chávez ubicada en una plaza pública. Luego de 14 detenidos (uno de ellos incluso iba a ser enjuiciado con un cargo tan inexplicable como “ultraje al centinela”, aunque luego fue puesto en libertad), en menos de 24 horas, y en señal de desagravio, el chavismo colgó un modesto busto, que terminó luciendo desproporcionado para un pedestal que se construyó para albergar una figura a cuerpo completo. Para asegurarse de que no lo volviesen a tumbar, montaron una carpa en la que unos 20 guardias nacionales se mantuvieron durante un tiempo en vigilancia permanente para evitar que volviesen a “profanar al comandante”.

Dos días después, el 7 de mayo, otra estatua ubicada en el sector Tienditas, de Ureña, en el estado Táchira, fue arrancada de su base, sin que se supiera su paradero; y en julio de ese año también fue quemada otra.

Avenida”Chema” Saher en Coro, Estado Falcón 

 

En marzo del año siguiente, durante las protestas por los apagones en Sabaneta, en el estado Barinas (lugar donde nació Hugo Chávez, tenido como bastión sagrado del chavismo durante un tiempo), los habitantes quemaron y derribaron su estatua. En julio de ese año, en el estado Zulia, y también durante las protestas por los cortes de energía eléctrica, tumbaron otra que había sido puesta el año anterior. Existen, además, otros registros de estatuas de Chávez vandalizadas en San Félix (estado Bolívar) y en una población del estado Yaracuy.

Ha sido una larga agonía de un imaginario que ha ido lenta e inexorablemente extinguiéndose. Y no ya de las plazas públicas, que es el espacio visible, sino en el sentido de existencia de miles de sus seguidores, decepcionados y fatigados de esperar algo de una revolución que les ofreció el Paraíso; uniéndose al resto de ese país que tomó distancia de lo que percibieron como una religión basada en el resentimiento.

El derribo de estatuas es la respuesta a un monólogo impuesto. ¿Por qué los pueblos las derriban? Así como erigir estatuas es un gesto simbólico, derribarlas también lo es. Y en el terreno del simbolismo, así como a los seguidores del poder les llenó de energía el hecho de que las estatuas fueron hechas para durar, su derribo les hace resquebrajar la fe en esa perdurabilidad.

Por eso son símbolos: porque llevan a palabras esas ideas inexpresables que se sintetizan en la figura de quien las encarnó.

Esta operación simbólica es de vieja data. La figura de Chávez fue usada por el poder para convertirse en exégetas de una religión que intentaron inculcar en la gente. No en vano, a partir de 2013, año en que se anuncia su muerte, el gobierno acudió a la estrategia de pintar sus ojos en varios sitios públicos de las ciudades de Venezuela. Era una forma de decir que nos estaba viendo (una especie de “Padre celestial”). 

Esa búsqueda de convertir a Chávez en una religión (a la manera de Eva Perón en Argentina) resultó fallida. Muy pronto, lo que la ciudadanía opositora interpretaba como un intento de amedrentamiento y de vigilancia, comenzó a revertirse. Y cuando el pueblo chavista sentía que las acciones del gobierno se alejaban de la concepción que ellos tenían de lo que significó Chávez, empezaron a ver en esa mirada una desaprobación de lo que estaban haciendo con la “revolución”.

El Vigía, Estado Mérida

 

El derribo de estatuas como señal de protesta tiene muchos antecedentes en la historia contemporánea. Algunas de ellas, producto de decisiones tomadas por gobiernos que sintieron vergüenza de haberlas mantenido erigidas. Otras han sido el resultado de pulsiones espontáneas. Solo en este siglo, se pueden contar tres casos icónicos. El primero es el de Saddam Hussein, cuya estatua fue derribada en Bagdad en 2003, mientras el tirano estaba por caer. Luego estaría la famosa escultura “El puño de oro”, símbolo de la era de Muammar Khadafi, derribada también durante su caída. Un poco más extemporáneo, pero igual de claro en su mensaje simbólico, fue el derribo de la estatua de Lenin, en Ucrania, en 2013, en protesta por la decisión del gobierno de Víctor Yanukóvich de rechazar un acuerdo comercial con la Unión Europea, a favor de la creación de vínculos más estrechos con Rusia.

Derribar estatuas representa el corte abrupto con una historia oficial con la que los pueblos ya no se sienten identificados. Pero hay también otras lecturas, otras simbologías presentes. Por ello vale la pena resaltar ciertos detalles: las estatuas derribadas en Venezuela eran del Chávez militar. Ese es un elemento a tener presente para indagar en el rechazo de la gente. 

Luego está, dado que las ideas son energía en palabras, un elemento más inaprensible, también presente en estas acciones. En la razzia de estatuas derribadas durante las protestas de estos días, se incluyó una que merece mención aparte: la del indio Coromoto, en Guanare, estado Portuguesa. En un video que muestra la estatua siendo arrastrada en una moto por las calles, se escucha decir a alguien: “Fuera todo pacto. ¡Viva Cristo!” 

Lo simbólico tiene un carácter mágico. Da energía a las creencias, por lo que hay gente que tilda a estatuas como esta, o la pirámide que tienen en la entrada de la autopista Valle Coche, a la salida de Caracas, “dominaciones”; es decir, objetos cargados de energía con la capacidad de influir en la voluntad de la población.

Todos estos elementos son valiosos para reflexionar sobre la desproporcionada protección que le están dando a una de las estatuas de Chávez que se mantienen en pie en el estado Nueva Esparta. En un video se puede ver la estatua custodiada por varios anillos militares, para impedir que sea echada abajo. Personas que han pasado por el sector, en días recientes, confirman la presencia de una cantidad desproporcionada de agentes de la policía y de la guardia nacional custodiando la imagen, como si se tratase de algo más que una pieza de un material inerte. 

En ese terreno de las energías invisibles, es curioso como esa misma noche, mientras se difundía el video de la custodia de la estatua en Nueva Esparta, los habitantes de El Vigía, en el estado Mérida, se organizaron en una vigilia de oración por Venezuela, en torno a un conjunto de velas que, vistas desde arriba, mostraban la palabra Venezuela y la figura de un rosario. Y esa misma noche, en la población de Casanay (Sucre), también hicieron una vigilia de oración por Venezuela.

Los rituales tienen como intención apaciguar la mente y concentrarla en producir una energía común. Es inevitable recordar que María Corina Machado, quien llevaba consigo un rosario en sus visitas a los rincones del país, ha señalado con frecuencia que la lucha también es espiritual. 

¿Qué tienen de distinto estos nuevos ataques al imaginario chavista? Que si bien siguen siendo expresión de repudio, tienen un contenido un poco más elaborado: no se destruye la representación de una idea para quedar huérfanos de ellas. El imaginario que ha calado en las calles de ciudades y pueblos de Venezuela lo verbalizó María Corina  Machado (a quién es común escuchar que le llamaban, durante la campaña, “María”, a secas, otro elemento simbólico que no se puede soslayar): donde había que ofrecer asistencia porque la gente no podía valerse por sí misma, le antepuso advertir que venía a ofrecer trabajo, no dádivas. Y ante el Chávez que quiso inocular la idea de que ser rico es malo, ella antepuso en una concentración: “¿Qué vaina es esa de que ser rico es malo? No, señor. Ser rico es bueno” (vítores de los presentes). “Rico aquí, aquí y sobre todo aquí” (señalándose consecutivamente en la sien, el corazón y el lugar que ocupa la cartera en los hombres: el bolsillo trasero del pantalón). “Rico para llevar el pan a la casa y cuidar de los nuestros.” 

Lo que ofrece un carácter distintivo a la progresiva desaparición del simbolismo chavista representado en las estatuas de Chávez es que se va vaciando de contenido. Para muchos hogares (sobre todo de escasos recursos económicos), Chávez ocupó el espacio del padre, del hombre de la casa. Mandón, arbitrario, violento, pero hombre de la casa al fin. Y así como Chávez supo leer una corriente oculta y la aprovechó a su favor para llegar al poder por las urnas, María Corina Machado hizo lo propio con el momento actual. La gente aprendió la dolorosa lección de un Estado que los sometía a depender de él y ahora solo quiere condiciones idóneas para ser generadora del dinero que le permita atender sus necesidades.

Por eso, no es solo rabia. Es algo más. Es una definitiva ruptura espiritual con un modelo que marcó a buena parte del país durante los últimos 25 años.

Se trata de la extinción de una idea. Que es lo que simbolizan las estatuas.


*Héctor Torres es narrador venezolano y cofundador de La Vida de Nos. 

 

 

Maduro es el vocero oficial de su propia represión

Después de una serie de irregularidades por parte del Consejo Nacional Electoral, es incierto si las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 le otorgaron a Nicolás Maduro el cargo que anhelaba: Presidente de la República electo por tercera vez. Pero los comicios ciertamente le concedieron un rol con el que pasará a la historia: vocero principal de sus violaciones a los Derechos Humanos.

Aunque la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investiga al Estado Venezuela desde 2021 por posibles crímenes de lesa humanidad –cometidos principalmente durante las protestas de 2014, 2017 y 2019–, la narrativa de la administración de Maduro ha estado orientada a desestimar esos señalamientos, incluso han ejercido recursos de apelación ante el máximo tribunal internacional para detener el proceso.

En 2019, en otro intento por quitarse la etiqueta de violador de derechos humanos y recurriendo a su habitual estrategia negacionista, Maduro afirmó que “en Venezuela no hay prisioneros por su pensamiento político”. Pero esa postura quedó atrás. Así lo demuestra el propio discurso del mandatario antes, durante y después de las disputadas elecciones del 28J de 2024. En los días previos a los comicios había dado señales en su narrativa, cuando amenazó con un “baño de sangre” en caso de que la oposición resultará vencedora. 

El Nicolás Maduro que despertó el 29 de julio, un día después de las elecciones, ha sido más directo y abierto en su mensaje represivo. No ha tenido reparo en decir que ha encarcelado a más de 1.200 personas por protestar contra su Gobierno. Y Agregó:  “…vamos por 1.000 (personas) más”, como si se tratara de una meta a cumplir. Además, advirtió que estos detenidos por manifestar serán llevados a cárceles de máxima seguridad, como Tocuyito y Tocorón, que hasta septiembre de 2023 fue la cuna y el bunker del temido Tren de Aragua, declarado como organización criminal transnacional por Estados Unidos.

 

 

El Maduro post-elecciones también admite abiertamente, en televisión nacional, que ordenó que los opositores que fuesen enviados a cárceles de máxima seguridad serán “reeducados” y confiesa, entre risas, que espera que hagan trabajo forzozo (“construir carreteras”). Luego sube el video, con subtítulos amarillos y con un fondo de música de película de terror, a sus redes sociales para que no quede duda alguna. 

Al cuarto día de haber iniciado las protestas, el político mostró orgulloso, en cadena nacional y frente a corresponsales internacionales, a detenidos en el marco de las protestas contra su gobierno vistiendo un uniforme azul, en formación militar y la cabeza rapada gritando “Chávez vive, la lucha sigue”.

Además, Maduro también ha utilizado sus redes sociales para dejar registro de su narrativa y sus acciones represivas. La noche del 31 de julio, publicó en su cuenta de X @NicolasMaduro un video donde saluda y escucha los reportes de un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) apostado en la parroquia El Valle, uno de los sectores populares donde se hicieron protestas contra el resultado anunciado por el CNE, que lo da como ganador de las elecciones. 

El video cierra con Maduro diciéndole a los uniformados que cuenta con ellos y confesando que está en combate. Finalmente todos, junto a él, levantan el puño con el grito: “traidores nunca, leales siempre”. A la GNB se le señala como el cuerpo de seguridad responsable de la muerte de dos manifestantes.

Rafael Uzcátegui, defensor de Derechos Humanos y director de la organización Laboratorio de Paz, ha hecho un seguimiento de las acciones del mandatario y dijo en la red social X que “El gobierno de Nicolás Maduro ha derogado las garantías constitucionales por la vía de los hechos. Esto hay que subrayarlo claramente. No lo hace formalmente para que no lo acusen de estar enfrentando un ‘Caracazo’ 2”.

Como parte de una narrativa también marcada por la desinformación, Maduro –que ya se asumió como vocero de su propia represión ante Venezuela y el mundo–, aún muestra destellos de su antigua naturaleza negacionista. Ha dicho que los más de 20 manifestantes asesinados en los días siguientes a las elecciones son actores, y que la sangre derramada sobre las calles de Venezuela es, en realidad, salsa de tomate. El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ha avalado estas acusaciones sin chistar, aunque luego de una verificación minuciosa se pudo determinar que la persona con el apodo de “Pimpina”, cuya muerte se intentó negar, sí había fallecido en el contexto de las protestas, según confirmaron sus familiares. 

El Fiscal también añadió que las detenciones masivas “depuran los núcleos sociales donde la gente convive” y presenta un video en el cual un hombre joven, detenido, pide perdón por “ser el creador de un video de TikTok donde ofende al Presidente”. 

“Nunca como antes un gobierno acusado de delitos como la humanidad deja registro incriminatorio en audio y video. Aumentando el expediente en la Corte Penal Internacional”, dijo Rafael Uzcátegui en X.

En menos de una semana Maduro ha tomado de facto otros cargos: Fiscal General, juez en materias civil y penal, constitucionalista, experto en informática forense y, finalmente, violador de Derechos Humanos.
 

Estados Unidos denunciará a gobierno venezolano ante Comisión de DDHH de la ONU y CIDH

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El encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, dijo que denunciará al régimen de Nicolas Maduro ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) a raíz de la represión a la que ha recurrido, la cual incluye “detenciones arbitrarias, vandalismo de oficinas de oposición y violencia contra aquellos que exigen pacíficamente que sus votos sean respetados y voces escuchadas”.

“Estos actos son inaceptables y demuestran el miedo de Maduro y su intención de aferrarse al poder”, dijo el diplomático.

Nichols sostuvo recientemente que hay evidencias “irrefutables” para declarar la victoria del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia en las pasadas elecciones del domingo 28 de julio.”Con la evidencia irrefutable basada en las actas de votación, que todo el mundo puede ver, está claro que el político opositor derrotó a Maduro con millones de votos de ventaja” señaló Nichols ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Nichols convencido

Nichols aseveró que si Maduro gana el 100% de los votos en el menos del 20% de actas que quedan por publicar, no podría sobrepasar a González Urrutia.

Este viernes 2 de agosto, sin dar detalles de la actas de escrutinio y de los resultados mesa por mesa después de cinco días, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso se limitó a leer un oficio donde confirmaba la supuesta reelección para un tercer mandato de Maduro con casi 52 % de los votos, en detrimento de  González Urrutia (43%).

De acuerdo a Amoroso, ya hay 97% de las actas escrutadas, sin embargo nadie sabe donde se encuentran y la página web del CNE sigue caída desde el lunes 29 en la mañana.

“Ataques informáticos masivos desde distintas partes del mundo contra la infraestructura tecnológica del poder electoral y las principales empresas de telecomunicaciones del Estado retardaron la transmisión de las actas y el proceso de divulgación de resultados”, declaró Amoroso.

 

Van 20 muertos en protestas y “Pimpina” sí es una de las víctimas

La muerte de “Pimpina” se difundió por redes sociales la noche del 29 de julio, cuando las protestas postelectorales tomaron calles, avenidas y barrios de Caracas y de distintas zonas del país. Carapita (parroquia Antímano) la zona popular en donde vivía el joven en la capital venezolana, no fue indiferente a las movilizaciones. Varios videos confirman que allí también rechazaron el anuncio del Consejo Nacional Electoral que declaró a Nicolás Maduro como presunto ganador con una multitudinaria manifestación. En medio de esos reclamos, a ‘Pimpina” lo mataron con un balazo en la frente. La foto del momento se hizo viral.

 

El miércoles, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo en una rueda de prensa, difundida por el canal de televisión estatal, que entre las víctimas de las protestas había jóvenes que usaban salsa de tomate para simular su muerte. 

Más tarde, fue Maduro quien mostró en una alocución televisada habló de la foto de “Pimpina” y presentó la declaración de un joven moreno y más delgado, vestido con franela roja, que aseguraba que él era el de la imagen y que había fingido su asesinato.

 

Pero todo ese montaje resultó ser falso. “Pimpina” sí existió y su nombre era Aníbal José Romero Salazar y tenía 26 años. Era un joven obrero nacido en Sucre que desde hace algunos años había salido de Caripito, estado Monagas, en donde se crió, a ganarse la vida. Así lo confirmaron sus allegados a Monitor de Víctimas.

“Pimpina” no tenía familiares en Caracas y por su muerte solo habían respondido sus amigos y vecinos del barrio. Por eso se retrasaron los trámites para el retiro de su cadáver. Este jueves, sus parientes comenzaron las gestiones en la morgue de Bello Monte para llevar sus restos a Monagas.

Los allegados del obrero no saben quién lo mató. Sin embargo, Marino Alvarado, miembro de Provea, indicó que testigos del hecho afirmaron que los disparos en medio de la manifestación provinieron de funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La PNB también está presuntamente involucrada en el asesinato de otro manifestante: Euris Junior José Mendoza Royé, de 24 años, a quien mataron en horas de la noche de esa misma jornada de protestas en  las adyacencias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Antímano, en la misma parroquia donde vivía “Pimpina”.

Según esos testigos, los policías impidieron durante más de media hora que “Pimpina” fuese trasladado a un centro de salud. Aunque estos mismos aseguraron que lo llevaron al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, a donde llegó sin signos vitales, fuentes especializadas confirmaron a Monitor de Víctimas que allí no quedó registro de su ingreso.

El joven es la vigésima víctima mortal en las protestas postelectorales que se han registrado en Venezuela desde la noche del 28 de julio, luego de que cerraron los centros de votación. Todos fueron asesinados con armas de fuego.

Distrito Capital, donde mataron a “Pimpina”, es la región del país con mayor cantidad de víctimas: siete en total. Seguido de Aragua, con cinco; Zulia y Miranda, con dos cada uno, y Táchira, Yaracuy, Carabobo y Bolívar.

La represión postelectoral vino con nuevo repertorio

Desde el gobierno están decididos a que las protestas no se desborden y el desconocimiento popular a los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral la madrugada del domingo que proclamaron a Nicolas Maduro como presidente para el período 2025-2031 no traspase la raya amarilla.

Con una combinación de represión letal, detenciones masivas e intimidaciones desproporcionadas desde el Gobierno han tratado de ponerle coto a la protestas espontáneas que surgieron en todo el país desde el lunes al mediodía y han incorporado nuevas fórmulas al repertorio ya probado en 2014, 2017 y 2019.

Disparen a matar

De las 19 muertes contabilizadas desde el 28 de julio hasta el 1 de agosto por Monitor de Víctimas en el contexto de las protestas, todas fueron ocasionadas por armas de fuego. Estas armas fueron disparadas por colectivos en seis casos, tres por funcionarios de la Guardia Nacional, una por policías, un caso fue mixto – funcionarios y colectivos- y en los ocho restantes los victimarios no pudieron ser determinados. 

La recopilación de datos arrojó que, en la gran mayoría de casos, los tiros se concentraron en el tren superior del cuerpo. Siete murieron por heridas en el cuello, tres recibieron tiros en la espalda, dos murieron por balas en el pecho, dos en el tórax, dos en la cabeza – uno en el ojo específicamente-, y otro caso en el abdomen. 

Isaías Fuenmayor, el más joven de los muertos (15 años), iba de regreso a su casa, en el sector Valle Encantado, en San Francisco, Zulia, cuando se topó con una protesta cerca del Liceo Nacional Eduardo Mathías Lossada. En la protesta fue alcanzado por una bala que perforó su vena aorta y murió desangrado antes de llegar al hospital.

Otro joven de 19 años,  Luis Eduardo Roberto, recibió una bala en el ojo disparada por presuntos colectivos en la localidad de Upata, estado Bolívar. El gobernador Ángel Marcano negó la versión de los familiares en una rueda de prensa y declaró que fue producto de ‘’una confrontación entre ellos mismos, en su tiradera de piedras. Le tiraron una piedra’’, a pesar de que la familia recibió tomografías que indicaron que la bala quedó alojada en el cráneo de Roberto.

 

Detenciones arbitrarias

Hasta el 2 de agosto de 2024, la ONG Foro Penal Venezolano contabilizó 835 detenciones en el contexto de las protestas generadas tras las elecciones presidenciales. De esa cantidad, al menos 79 son adolescentes. Distrito Capital, Anzoátegui y Carabobo son las entidades con más detenidos a la fecha.

Desde la PNB de Boleíta, el 1 de agosto, el abogado de la organización Johan Ángel denunció que las audiencias de los detenidos se hacen de forma “telemática”. Agregó que la mayoría de ellos son adolescentes y no se les permite acceder a una defensa privada.

En declaraciones ofrecidas a Efecto Cocuyo, abogados señalaron que los detenidos también son procesados en tribunales de terrorismo.

Por su parte, EFE recogió declaraciones del abogado Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, quien denunció que no se les ha permitido que reciban visitas y, “lo más grave”, es que “en muchos casos ya se han superado las 48 horas para la presentación ante un juez”, como lo ordena la ley.

A su vez, el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que al menos 75 de los detenidos fueron trasladados a las cárceles de Yare I, II y III, “donde se enfrentarán a condiciones inhumanas como el hambre, hacinamiento, violencia intracarcelaria y falta de atención médica”.

En un video que se compartió durante una alocución del gobernante Nicolás Maduro se mostró a un grupo de los recluidos en la cárcel Yare III, donde son obligados a hacer el acostumbrado saludo de los oficialistas en respuesta a la frase  “Chávez vive, la lucha sigue”.

En las redes sociales se han compartido múltiples videos sobre las detenciones, algunas incluso transmitidas en vivo, donde se ve a funcionarios de seguridad irrumpiendo en edificios y viviendas buscando a personas para llevarlas detenidas.

Contra la prensa

Durante y después del proceso electoral, periodistas fueron blanco de detenciones y hostigamientos por parte de órganos de seguridad del Estado. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que Deysi Peña, fotógrafa de la Alcaldía del municipio Carrizal, fue aprehendida este viernes 2 de agosto por funcionarios de la policía regional cuando estaba en la estación de servicio Los Nuevos Teques en el estado Miranda.

Igualmente, el SNTP denunció la aprehensión del camarógrafo de VPI Tv, Paúl León en Valera, estado Trujillo el pasado 30 de julio y de Yousner Alvarado, reportero de Noticia Digital en Barinas un día antes. Alvarado se encuentra en el Destacamento 33 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y fue presentado e imputado por delitos de terrorismo.

Los ataques contra la prensa en esta oportunidad vienen con la novedad de que tampoco se han librado los corresponsales extranjeros. Este viernes 2 de agosto los representantes de la Televisora Nacional de Chile Iván Núñez y el camarógrafo José Luis Tapia fueron detenidos y deportados.

El periodista español Juan Ramón Martínez Minuesa fue detenido cuando se dirigía a su hotel luego de cubrir las elecciones presidenciales. “Me secuestran y apenas me dicen que me van a llevar a España a las tres de la mañana, al final termino en Colombia sin papeles, sin móvil y bastante humillado por las autoridades”, declaró Minuesa a NTN24.

Operación tun tun

A diferencia de otros procesos electorales y manifestaciones antigubernamentales, cuerpos de seguridad del Estado han allanado residencias de líderes sociales, miembros y testigos de mesa de oposición el pasado 28J. El viernes 2 de agosto, agentes de seguridad allanaron la casa de Wilson Sierra en Bobare, estado Lara, de acuerdo a una denuncia hecha por el dirigente político, Alfredo Ramos.

Igualmente, la ONG Provea denunció la detención de la activista Rita Capriti en Turmero, estado Aragua, a manos de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Un video aficionado dio a conocer la aprehensión del miembro de Primero Justicia, Edwar Ocariz, en la Zona II de la urbanización La Rinconada en Coche.

 

De acuerdo con la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, 41 líderes políticos y sociales han sido detenidos de manera arbitraria durante el primer semestre de 2024.

La arremetida contra testigos y miembros de mesa también ha sido denunciada. En parroquias del suroeste capitalino y en Petare, vecinos aseguran que en la jornada del 30 de julio hubo visitas de uniformados y de presuntos colectivos a edificios y residencias para “ubicar” a testigos y miembros de mesa.

“Nosotros apagamos la luz y no abrimos la puerta”, relató una habitante desde El Barrio el Carpintero de Petare. Otra fuente confirmó desde Caricuao que miembros de mesa tuvieron que moverse de sus viviendas ante el alerta comunitario de que eran “blanco” de las autoridades.

Criminalización de la oposición

La ausencia de Estado de Derecho y la impunidad presentes en Venezuela desde hace varios años, como lo advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sirvieron la mesa para la represión tras los polémicos resultados electorales y los políticos siguen en la mira de la persecución. 

A las advertencias sobre supuestas órdenes de captura emitidas en contra la dirigente opositora María Corina Machado y el candidato unitario Edmundo González Urrutia se sumó la irrupción violenta este 2 de agosto en la madrugada en el comando nacional de campaña ubicado en Altamira, Caracas.  Hombres encapuchados y armados sometieron bajo amenaza a los vigilantes. Rompieron puertas, se llevaron equipos y documentos y dejaron grafitis.

En esta misma jornada del 2 de agosto se conoció de la detención del excoordinador de Voluntad Popular y periodista Roland Carreño, quien fue excarcelado en octubre de 2023 después de tres años en prisión por cargos de terrorismo. 

En la mañana del 30 de julio, en la urbanización El Cafetal, de Caracas, individuos armados en dos vehículos sin placa se llevaron al asesor electoral del Comando con Venezuela, Ricardo Estévez, de Vente Venezuela. Hasta el 31 de julio su familia no tenía respuestas de su paradero.

También el 30 de julio el dirigente político de Voluntad Popular Freddy Superlano fue detenido en un procedimiento similar al de Ricardo Estévez: hombres encapuchados se lo llevaron en un automóvil sin rótulos desde la urbanización caraqueña Sebucán. Su familia introdujo un habeas corpus el 1 de agosto ante el Palacio de Justicia para exigir una fe de vida, tras 48 horas de detención arbitraria y desaparición forzosa. Desde Voluntad Popular denunciaron que estaba siendo sometido a torturas para obligarlo a confesar un supuesto plan contra el gobierno. La detención de Superlano la adelantó a principios de julio el dirigente del PSUV, Diosdado Cabello, quien en un programa televisado dijo que “por sus narices” había pasado una orden de detención de un opositor identificado con las iniciales FS. 

En Turmero, estado Aragua, la vicepresidente de formación de Primero Justicia, Rita Capriti , fue detenida el 2 de agosto. “Le tocaron la puerta y se la llevaron”, escribió en su cuenta en X el dirigente Richard Mardo. Primero Justicia advirtió que se viola su derecho como mujer a participar libremente de la vida política.

En Barinas, Fundehullan denunció la detención de Eddy Matute, coordinador del partido Lápiz, por presuntos funcionarios sin identificación que ingresaron a su residencia vestidos de civil y sin una orden judicial.

Desapariciones forzadas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó el pasado 31 de julio que manejaba información sobre al menos 11 desapariciones forzadas, una cifra que va en concordancia con la denunciada por María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, el mismo día.

Previamente, la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que 25 estudiantes de la Universidad Nacional de la Seguridad (UNES), sede Catia, estaban desaparecidos tras denunciar que el día de las elecciones presidenciales, 28 de julio, los obligaron a emitir un voto asistido a favor de Nicolás Maduro.

Para el miércoles 31 de julio, la ONG confirmó que cuatro de los 25 estudiantes estaban detenidos en la Dirección de Investigación Penal de la PNB en Maripérez, en Caracas.

Ese mismo día, Provea publicó un comunicado en el que denunció que han surgido amenazas del Ministerio Público de Venezuela contra el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, quienes han denunciado los asesinatos, detenciones, desapariciones y violaciones a los derechos de los ciudadanos “bajo la política de la represión”.

Patrón de delación

Organizaciones no gubernamentales han advertido que en estas protestas espontáneas se ha promovido desde el Estado la institucionalización de la delación. Prueba de ello son las declaraciones del gobernante Nicolás Maduro el pasado 30 de julio, en las que pidió “dar información detallada” sobre los “fascistas”, como calificó a las personas que participaban en manifestaciones. 

VenApp, una plataforma supuestamente independiente en la que se canalizaba atención a reportes de servicios públicos y de salud agregó una función denominada “guarimba fascistas”. En esa opción, los usuarios podían añadir nombre, apellido y geolocalización de personas que, según su criterio, estaban “alterando el orden público, dañando algún patrimonio, cerrando vías públicas, desinformando o atacando personas”. 

De esa forma, el gobierno le encomendó a sus simpatizantes la tarea de “vigilar” y aunque en X los usuarios comenzaron a denunciar la aplicación y fue eliminada de la App Store y Play Store la militancia del PSUV comenzó a hacer pública otras vías para denunciar a personas que publiquen contenido en contra de la administración de Nicolás Maduro o que asisten a las manifestaciones. 

Esas vías son grupos de Telegram y otra aplicación, que según Cazadores de Fake News se comenzó a mencionar en la campaña presidencial 2024, llamada CC200. Ambas opciones tienen el mismo fin: denunciar y brindar información sobre personas que mantengan una línea de pensamiento contrario al chavismo. 

Defensores de derechos humanos han alertado sobre la instrumentalización de la delación y lo peligroso que resulta que las tareas de inteligencia queden en manos de los ciudadanos y la información se emplee para perseguir y amedrentar a cualquier persona que haga la labor de informar y opinar. 

Te estamos observando

Desde el inicio de las protestas el 29 de julio, usuarios en redes sociales han reportado un incremento notable en la presencia de patrullas, funcionarios y alcabalas en todo el país. 

Este fenómeno se evidenció en una reciente publicación de la cuenta oficial de Instagram de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde se muestra un video en el que funcionarios detienen a personas, en lo que han denominado la operación ‘Tun Tun’.

 
 
 
 
 
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Este patrón represivo fue denunciado por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, en una publicación en su cuenta de X. La organización denunció el secuestro de Deysi Peña, fotógrafa de la Alcaldía del municipio Carrizal, estado Miranda. Reseñaron que Peña estaba en la estación de servicio Los Nuevos Teques y “la abordaron y la subieron a la patrulla de la policía regional”. 

Más adelante, señalaron que estaba recluida en el módulo de Policía Nacional Bolivariana de la Cortada del Guayabo y que fue detenida por publicar fotografías de la marcha del 30 de julio en Carrizal. 

En X, los usuarios también comenzaron a denunciar el aumento excesivo de alcabalas a lo largo del país.  En Barquisimeto, una usuaria aseguró que le estaban revisando el teléfono a las personas dentro de los carros.  Reportes compartido previamente a la prensa indicaban que los funcionarios revisaban los teléfonos de las personas que andaban en la calle el día 31 de julio. 

El guapo soy yo

El mandatario Nicolás Maduro ha dado un paso al frente, ha querido demostrar su control del aparato represivo y no ha querido dejar en manos de subalternos, ni siquiera del ministro del Interior o el ministro de la Defensa, la vocería de la represión  y el amedrentamiento.

El miércoles 31 de julio Maduro se tomó un selfie con la Guardia Nacional Bolivariana donde le dio su espaldarazo a la acción represiva. “Recorriendo las calles de #Caracas me encontré con nuestra digna #GNB combatiendo el #fascismo y el terrorismo. ¡Máxima Moral! ¡Garantizaremos la Paz Nacional”, publicó Maduro en su cuenta X.

Pero además le puso su cara a la estrategia disuasiva implementada por el gobierno para poner fin a la ola de protestas sucedida después del anuncio del CNE. “No habrá perdón, ni contemplaciones”, dijo un muy exaltado Maduro frente a una multitud en Miraflores y agregó que “todos los criminales fascistas se van para Tocorón y Tocuyito, a cárceles de máxima seguridad para que paguen sus crímenes ante el pueblo. Van 1200 capturados y vamos por 1000 más”.

 

Estos son los países que reconocen a Edmundo González Urrutia como ganador de comicios

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Sin mostrar el detalle de las actas de escrutinio, el presidente del Consejo Nacional Electoral. Elvis Amoroso leyó en la tarde de este viernes 2 de agosto un segundo boletín donde vuelve a dar como ganador a Nicolás Maduro con el 51,9% de los votos, en detrimento de Edmundo González Urrutia.

De acuerdo con Amoroso, Maduro obtuvo 6. 6.408.844 votos, mientras que el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD),  González Urrutia sumó 5.326.104 votos. 

Voceros de la PUD aseguran que esos resultados no coinciden con el 80% de las actas en su poder y por ello exigen al CNE que se someta a una auditoría de verificación.

En vista de vacío de información y opacidad en la muestra de las actas , algunos países optaron por reconocer a González Urrutia como ganador de los comicios y presidente electo. 

-Perú

El gobierno peruano fue el primero en reconocer a Edmundo González Urrutia como mandatario electo de Venezuela el pasado martes 30 de julio. Javier González-Olaechea, ministro de Relaciones Exteriores de Perú, dijo que “esta posición es compartida por numerosos países, gobiernos y organismos internacionales”. 

A raíz de esta decisión, el canciller Yván Gil informó el mismo martes en la tarde que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Perú. “Nos vemos obligados a tomar esta decisión luego de las temerarias declaraciones del canciller peruano que desconocen la voluntad del pueblo venezolano”, escribió en X. 

-Estados Unidos

La noche de este jueves 1 de agosto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, señaló que hay suficiente evidencia de que González Urrutia ganó las pasadas elecciones dominicales por un amplio margen. La aseveración la hizo apenas horas después que Maduro ofreciera un acercamiento con el gobierno de Joe Biden y la revisión del acuerdo de Qatar, donde el oficialismo se comprometió a llevar a cabo unas elecciones transparentes a cambio del levantamiento de sanciones. 

-Uruguay

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay emitió este viernes un comunicado donde insta a la administración de Maduro a reconocer los resultados e iniciar un proceso de transición. “El propio Centro Carter, invitado por el gobierno venezolano, sostuvo en su informe que la elección en Venezuela no se adecuó a parámetros y estándares internacionales”, sostienen. 

-Argentina

Una de las posiciones más críticas en torno al proceso electoral venezolana la ha tenido la administración de Javier Milei. Recientemente la canciller argentina Diana Mondino dijo que reconocía a EGU como presidente de Venezuela luego de haberse publicado las actas electorales en la pagina www.resultadosconvzla.com

-Ecuador

A través de la red social X, la presidencia de Ecuador calificó a González Urrutia como legítimo ganador del proceso electoral efectuado el pasado 28J. “La vieja política intentó con fraude e irregularidades usurpar el resultado real del proceso de escrutinio”, se desprende del comunicado. “La voluntad de todos los pueblos no se toca, es sagrada, por lo que Ecuador hace un llamado a la comunidad internacional a respetar el sacrificio venezolano y a sumarse en este esfuerzo por precautelar la decisión real de este país de volver a ser libre”, suscribió el gobierno de Daniel Noboa. 

 

-Costa Rica

 “Nicolás Maduro no recibió la mayoría de los votos de los venezolanos”, aseguró la Cancillería costarricense. En un comunicado publicado este 2 de agosto, rechazaron la “proclamación fraudulenta” del CNE y expresaron que González Urrutia “expresó el apoyo mayoritario del pueblo venezolano”.