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El largo viaje de los disidentes del chavismo

Disidentes del chavismo han encabezado una ofensiva en redes y medios de comunicación para exigir al gobierno que muestre las actas que sustentan el supuesto “triunfo” de Nicolás Maduro que declaró el Consejo Nacional Electoral (CNE) la madrugada del 29 de julio. 

Se conocen como el chavismo disidente y aunque en algún momento tuvieron un papel destacado en la cúpula oficialista, se deslindaron y hoy lideran debates en redes sociales y medios internacionales para exigir que el resultado emitido por el CNE sea verificado independientemente. 

Llama la atención este viraje de los que en algún momento jugaron un papel decisivo en la “hegemonía comunicacional” que impuso el chavismo y que condujo a la censura contra medios independientes, así como de las polémicas actuaciones que secundaron o ejecutaron como funcionarios del gobierno de Chávez, pero si algo ha tenido el chavismo en estos 25 años es la capacidad de comerse a sus hijos y de expulsar de sus filas cualquier voz que se haga incómoda.

Izarra pide actas y le recuerdan sus actos

El Izarra que reía en pantalla por las críticas a la inseguridad en Venezuela a causa del chavismo y que insinuó que en los años más violentos del país la percepción de inseguridad se construía desde los medios afirma hoy que el gobierno de Nicolás Maduro cometió un “autogolpe electoral” el pasado 28 de julio y en conversaciones con medios internacionales y ha condenado la violencia contra la población civil.

“Se ha tratado de sostener, por la vía de la fuerza y a través de sangre y terror, un gobierno que no goza de la voluntad popular, cuyo triunfo en las elecciones está siendo cuestionado (…) Las actas revelarían que Edmundo ganó y que el gobierno está tratando de robarse esas elecciones”, declaraba en declaraciones el 3 de agosto a Telenoche Uruguay. 

Para el Izarra del “multiverso”  de 2024 no se había visto un despliegue represivo “tan salvaje y brutal” como el que hoy se observa en Venezuela desde el golpe de Estado de Pinochet en Chile. 

Y en sus continuos mensajes en la red social X ha hecho llamados a los gobiernos de Brasil, México y Colombia a que procuren que en Venezuela haya un recuento con de votos con verificación internacional y se interrumpan así las acciones de “terrorismo de Estado” y el “golpe de Estado fascista” que, sostiene, perpetró el gobierno de Nicolás Maduro.

Andrés Izarra vive en Berlín, Alemania desde el año 2015, luego de un breve paso por el ministerio del Turismo durante el gobierno de Maduro, al que hoy adversa. En el marco de la coyuntura poselectoral de 2024, Izarra ha dado un paso al frente en varios trinos en la red social X para exigir al chavismo la publicación de las actas electorales. 

Cuando el mandatario competía contra Henrique Capriles en 2013 luego de la muerte de su “comandante”, Izarra le vaticinaba un triunfo “arrollador”  a Maduro y le expresaba su máximo apoyo. 

Izarra era  ministro de Turismo cuando se produjo el asesinato de la actriz Mónica Spear y su esposo en un intento de asalto en la autopista Valencia-Puerto Cabello el 6 de enero de 2014. Al ser consultado entonces sobre el tema respondió que la “violencia opositora” era uno de los factores “que ayudaba a construir la percepción de seguridad” que había sobre Venezuela. 

https://youtu.be/I3uWZ9WHzJQ

En redes sociales, los ciudadanos han aprovechado su creciente exposición para recordarle sus actos como dirigente oficialista. Hace catorce años, por ejemplo, comentó sobre Franklin Brito: “Ese señor huele a formol”. El productor agrícola falleció  tras iniciar una huelga de hambre por su propiedad expropiada por el Gobierno de Hugo Chávez. 

 

También reaparecen mensajes suyos del año 2013, en el que invitaba a colectivos oficialistas a “organizarse” para confrontar las manifestaciones por el resultado electoral de las elecciones presidenciales de entonces, que Henrique Capriles denunció, se dieron bajo condiciones desventajosas. 

Otro video que ha salido a relucir fue un material del año 2011 en el que soltó una carcajada cuando el sociólogo Roberto Briceño León comentaba, en una entrevista a CNN, que la tasa de homicidios de Caracas era seis veces superior a la de Bogotá.

En su paso por los gobiernos de Hugo Chávez Izarra acumuló un ramillete de cargos vinculados al área de la comunicación.  Además de desempeñarse como ministro de Información y Comunicación en el año 2004, en 2005 pasó a ser presidente de Telesur, la señal continental de difusión de propaganda a favor de los gobiernos aliados al chavismo. Antes también había estado al frente de Venezolana de Televisión, la señal local estatal de información progubernamental, y retornó a dirigir las comunicaciones del país entre 2008 y 2010. 

En una entrevista hace un año con Runrun.es Izarra defendió sus actuaciones al frente del Minci  y aseguró que la estrategia en ese momento era potenciar los medios estatales, ante el “terrorismo mediático” que según él, se evidenció en el año 2002, cuando se produjo una intentona que retiró brevemente del poder a Chávez y un paro petrolero. Explicó que crearon la Ley Resorte justo para hacerle frente a estos medios: “Fue una reacción natural del Estado”, argumentó. 

Izarra también reivindica aún la creación de la polémica Ley Resorte, basado en que la Ley de Telecomunicaciones “estaba muy limitada en su capacidad regulatoria, porque venía de la Cuarta República, controlada por las élites del poder de ese momento donde los dueños de los medios eran los amos del valle”.

En esa misma conversación reveló que el chavismo arremetió contra él y su familia luego de no presentarse a la Constituyente de 2017, que le quitaron sus propiedades y que su padre William Izarra murió en la pandemia de COVID-19 por falta de atención médica a pesar de apoyar al madurismo: “Mi papá murió porque no consiguió oxígeno, porque estos carajos ni siquiera pudieron facilitarle una bomba de oxígeno cuando le dio COVID-19”.

Desde el año 2018 Izarra ha hecho llamados públicos sobre la necesidad de un cambio de gobierno para “defender el legado” de Chávez. En el marco de la denominada “purga madurista” que inició en marzo de 2023 y que llevó a la detención -un año después- del exministro de Petróleo Tareck El Aissami, Izarra enfatizó que lo ocurrido no era una guerra contra la corrupción sino “entre mafias”: “Fueron por lo menos 20.000 millones de dólares los que están desaparecidos. Nicolás Maduro es quien debería renunciar, porque esto es una responsabilidad directa: La administración del Estado”. 

El cruce de acera de Barreto

Después de ser acusado de agrupar a los colectivos en Caracas y ser un acérrimo seguidor del fallecido presidente Hugo Chávez, Juan Barreto ha tenido una posición crítica contra el gobierno de Maduro antes y después de las elecciones de este 28 de julio, en las que el CNE dio como ganador al oficialista pese a acusaciones de fraude por parte de la Plataforma Unitaria Democrática y de no mostrar las actas que supuestamente lo acreditan como vencedor.

Barreto se licenció en comunicación social y sociología en la Universidad Central de Venezuela (UCV) donde impartió clases, igualmente trabajó en el diario El Nacional y en la desaparecida revista dominical Feriado. Ante la incursión de Chávez en el golpe de Estado de 1992, Barreto alineó sus baterías con el extinto Movimiento Quinta República (MVR), fue miembro de la Dirección Nacional del partido desde su fundación en 1997 y acompañó a Chávez en la candidatura que lo llevó a la presidencia en 1998. 

Barreto hoy forma parte del denominado “chavismo crítico” y para las elecciones de este 2024, en vez de apoyar a Maduro, optó por unirse a la candidatura de Enrique Márquez, del partido Centrados. Después de las elecciones ha sido uno de los más críticos del proceso e insistido que es perentorio que se den a conocer la totalidad de las actas, que supuestamente dan como ganador a Maduro con casi el 52% de los votos.

En un video difundido la noche del 5 de agosto, Barreto se declaró en “indefensión jurídica” y responsabilizó al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, por lo que pudiera ocurrirle a él o a Enrique Márquez, cuya candidatura apoyó“No se puede emitir un resultado sin soportes, y eso es lo que se está diciendo (…) Si pedir -desde una duda razonable que ustedes mismos sembraron- que se respete la voluntad del pueblo y la Constitución es una conspiración entonces todos los venezolanos debemos ir presos. Diosdado, tú estás acostumbrado a malponer y malandrear a la gente, yo no me le asusté a Carmona y no me le escondí, hubo quienes sí lo hicieron. Yo no me voy a esconder, te hago responsable de lo que me pueda pasar a mí, a Enrique Márquez, a mi familia y a los compañeros de Centrados”, expresó en el audiovisual.

 

 

Pero ese viaje de Barreto hasta llegar a ser uno de los mayores defensores de los votos de la oposición tiene muchas escalas y comienza en 1998. 

Una vez Chávez en el poder, Barreto fue jefe de prensa de la Asamblea Nacional y del Consejo Nacional de la Cultura (Conac). Igualmente fue cofundador del programa Aló Presidente, director de la agencia Venpres (ahora Agencia Bolivariana de Noticias) y de la Oficina Central de Información de la Presidencia de la República, actualmente Ministerio de Comunicación e Información. 

En el 2000 fue elegido diputado y posterior a los comicios sufrió un supuesto atentado en las inmediaciones de la UCV.

Fue electo alcalde metropolitano de Caracas en 2004 por el MVR, reemplazando al fallecido periodista Alfredo Peña. Bajo su mandato en la ciudad capital se dio la reestructuración y de la Policía Metropolitana, sentó las bases de los consejos comunales, apareció Ávila TV y apadrinó una política de expropiación de varios inmuebles en Caracas.

En noviembre de 2007, un año antes de terminar su periodo como alcalde metropolitano, la Fiscalía le abrió una investigación por peculado de uso, malversación y concertación ilícita de contratistas por la compra de unos globos aerostáticos para la vigilancia de Caracas. Cuatro años después el Tribunal Supremo de Justicia lo exoneró de todos los cargos imputados.  

Barreto pasa a formar del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), pero en 2011 opta por crear la tolda Redes, perteneciente al Gran Polo Patriótico. En este alberga a miembros de colectivos y distintas corrientes afectas a la llamada revolución chavista. 

En las protestas de febrero de  2014, Barreto quedó grabado en un video junto a colectivos, en el que indicaba que la única forma de derrotar  “la derecha fascista” era con el pueblo en la calle: los colectivos revolucionarios, que según él, no estaban armados sino con “ideas”. 

No obstante, Barreto optó después por alejarse del oficialismo alegando que el supuesto heredero del chavismo había “torcido el legado del comandante”.

Barreto hoy es señalado por el alto mando chavista. En redes sociales respondió a unas acusaciones hechas por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, en donde lo tildaban de “traidor” y sostuvo que está pidiendo lo mismo que los presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva; México, Andrés Manuel López Obrador y Colombia, Gustavo Petro: transparencia.

Cabezas y Héctor Navarro en el combo

Otros disidentes oficialistas que sobresalen en una carta pública en la que se pidió a los gobiernos de México, Brasil y Colombia que medien para cesar la represión poselectoral  fueron el exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas y el exministro de Educación y de Energía Eléctrica, Héctor Navarro. En el texto difundido a la opinión pública denunciaron el  “incumplimiento por parte del Consejo Nacional Electoral de las atribuciones y obligaciones derivadas de la Ley Orgánica de Procesos Electorales vigente”.

En abril de 2024 Navarro hizo un llamado a votar por Edmundo González Urrutia en un video que se difundió en redes: “A la República la están destruyendo con la corrupción y la pérdida de vigencia de las instituciones. Maduro no va a resolver el problema, hay que salir de Maduro, si no hay una opción de izquierda que pueda ser triunfante hay que acabar con Maduro electoralmente hablando y votar en contra de él, propongo entonces que votemos por González Urrutia”.

 
 
 
 
 
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Navarro se desmarcó del gobierno chavista en  2014, cuando la Dirección Nacional del PSUV lo suspendió por defender al exministro Jorge Giordani tras ser atacado por sus críticas al gobierno. En el marco de las protestas de 2017, Navarro expresaba que el “peor error” del fallecido Hugo Chávez había sido pedir el voto por Maduro.

En febrero de 2019, encabezó al grupo de “chavistas originarios” que tendió puentes con la oposición al reunirse con quien entonces era presidente interino, Juan Guaidó. En 2021, afirmaba en entrevista a El Nacional que no se sentía responsable del desmantelamiento de las instituciones culturales y que entendía que Chávez tomó la decisión porque la situación lo “obligó” a tomar algunas decisiones y porque “realmente, eran elitescas”.

 

La ONG Transparencia Venezuela señaló que como exministro de Energía Eléctrica, tuvo “responsabilidad política y administrativa en el proyecto Tocoma que a la fecha (2019) no ha sido culminado”.

 

En el caso de Rodrigo Cabezas, su organización expresó en mayo de 2024  su respaldo a González Urrutia como el candidato presidencial “que expresa la unidad de los venezolanos de buena voluntad y de las principales fuerzas políticas y sociales del campo democrático opositor”. Desde el año 2018 Cabezas calificaba como “tragedia social” que el gobierno no reconociera la hiperinflación en el país y que la respuesta desde el gobierno de Maduro fueran “decisiones administrativas altamente punitivas”. 

El Mañanero del 6 de agosto: El llamado de González y Machado a las FANB y otras noticias

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En El Mañanero del 6 de agosto de 2024 de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: El llamado que hicieron María Corina Machado y Edmundo González a las FANB, en Maiquetía aumentan la vigilancia contra periodistas, activistas y dirigentes políticos, el papel que están jugando los colectivos en la represión y mucho más. 

En Maiquetía intensifican vigilancia a pasajeros

Denuncian desaparición forzada de Edni López

El resultado de la reunión entre Lula y Boric sobre Venezuela

 

El llamado que hacen María Corina y Edmundo González a las FANB

El balance de periodistas detenidos tras eventos electorales y poselectorales en Venezuela

La Conversa de ARI | Estamos viviendo la sofisticación del aparato represivo

Colectivos armados ganan protagonismo en Venezuela

 

 “Los llamamos a impedir las acciones de grupos organizados por la cúpula madurista, una combinación de escuadrones militares y policiales y grupos armados al margen del Estado, que golpean, torturan y también asesinan, al amparo del poder maligno que representan. Ustedes pueden y deben parar esas acciones de inmediato. Les urgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar, y a hacer respetar, los resultados de las elecciones del 28 de julio. Maduro ha dado un golpe de Estado que contraría todo el orden. constitucional y los quiere hacer sus cómplices”. Edmundo González y María Corina Machado en carta  a las FANB. 

 

En Maiquetía aumentan vigilancia contra periodistas, activistas y políticos

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El equipo de corresponsales de El Pitazo confirmó que las medidas de seguridad y vigilancia se incrementaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía desde este lunes 29 de julio. Tras una protesta en contra del resultado electoral que se celebró ese día en las vías internas de la instalación, se reportó un  movimiento en la coordinación de seguridad de Maiquetía.

“La protesta aumentó el número de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim , vestidos de civil, están por todo el aeropuerto de Maiquetía, tienen en la mira a los trabajadores y pasajeros de las aerolíneas, especialmente a aquellos que tengan alguna vinculación o acción que los enfrente con el gobierno del presidente Maduro”, explicó una fuente interna, que pidió el anonimato por temor a una detención arbitraria.  

La fuente agregó que los viajeros que están “en la mira” de los funcionarios de seguridad y migración son periodistas, activistas y políticos. 

“Hasta donde sabemos no existe una lista como tal, pero hay personas que ya están señaladas desde arriba. Otras encienden las alarmas aquí porque están volando a un país que está en disputa con Venezuela o van a actividades que se consideran subversivas. Son momentos difíciles para el gobierno”, agregó esa fuente.

Las extremas medidas de seguridad también se estarían aplicando contra trabajadores aeronaúticos. 

Usted puede leer la nota completa en El Pitazo

Amnistía Internacional y otras ONG denuncian desaparición forzada de la trabajadora humanitaria Edni López

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Edni López, quien se desempeñaba como gerente de programas en la Fundación S4V, desapareció el pasado domingo 4 de agosto tras ser detenida en el aeropuerto de Maiquetía cuando estaba por viajar a Buenos Aires, Argentina.

Familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron que López fue abordada por funcionarios de seguridad del Estado, quienes bajo el pretexto de un problema con su pasaporte la retuvieron. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Denuncia internacional

La comunidad internacional ha condenado enérgicamente la desaparición forzosa de Edni López y ha exigido su inmediata liberación.

Organizaciones como Provea, Espacio Público, Amnistía Internacional, Justicia Encuentro y Perdón, Aula Abierta, APUCV y Civil Rights Defenders Latin America han alertado sobre esta nueva violación de los derechos humanos y han solicitado una investigación.

«Exigimos a las autoridades que la liberen inmediatamente y mientras esto ocurre que tenga acceso a sus abogados y tratamientos médicos», reza el mensaje publicado por Amnistía Internacional.

Por su parte, la ONG Provea comentó: «Alertamos a la CPI y su fiscal Karim Khan de la peligrosa escalada de persecución y represión contra civiles por motivos políticos (…) estos hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad y sumarse a la Investigación Venezuela I en la CPI».

¿Quién es Edni López?

Edni López es reconocida por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Además, es profesora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y poeta. 

En marzo de este año, fue galardonada por la Embajada de Países Bajos como una de las 100 protagonistas por su destacada labor en el ámbito humanitario.

Maiquetía, zona roja para los activistas

La desaparición de López se suma a una escalada de detenciones arbitrarias y persecución política en Venezuela, especialmente tras los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.  

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en La Guaira, se ha vuelto escenario de múltiples detenciones arbitrarias. El 9 de febrero fue detenida la activista de por los DDHH, Rocio San Miguel, quien aún sigue detenida sin derecho a designar un abogado propio.

Además de López, el pasado 3 de agosto detuvieron a Yendri Velásquez, activista por los derechos LGBTIQ+, quien se dirigía al Comité Interracial cuando fue detenido porque su pasaporte supuestamente se encontraba anulado. Velásquez fue liberado el mismo día tras varias horas de detención arbitraria. 

Más de 1.000 detenidos y 22 asesinados desde el 29 de julio

La ONG Foro Penal ha documentado un aumento significativo en el número de detenciones en las últimas semanas, incluyendo a líderes estudiantiles, activistas y periodistas. Con un saldo de 988 detenidos y 11 muertos durante las protestas del 29 de julio al 3 de agosto.

Pero, de acuerdo a Monitor de Víctimas, la cifra de fallecidos habría aumentado hasta los 22 hasta el 3 de agosto. A Maduro, ahora como vocero oficial de su propia represión, no le ha temblado el pulso para aseverar que han detenido a 2.000 personas en el contexto de las protestas.

La represión y persecución sistemática de las fuerzas del Estado bajo las órdenes de Maduro no aplica solo para los residentes del país.

El medio ecuatoriano, LaDataEc, denunció este sábado la detención de la periodista Dayana Krays, quien se encontraba en Caracas cubriendo la concentración pacífica convocada por la líder opositora María Corina Machado. Krays, de origen venezolano, fue detenida por “fomentar el odio”, según le indicaron,  y posteriormente fue liberada tras la denuncia de LaDataEc.

 

13 periodistas detenidos por cubrir eventos electorales y poselectorales: siete han sido liberados

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Desde el lunes 29 de julio hasta el sábado 4 de agosto a las 10 de la mañana, el Foro Penal ha identificado y verificado 988 arrestos asociados a las protestas opositoras que reclaman la publicación de las actas oficiales de las elecciones presidenciales que anunciaron a Nicolás Maduro como ganador con 6.408.844 votos, equivalentes al 51,95% del total escrutado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Dichas detenciones han incluido a periodistas que han sido arrestados por ejercer sus funciones.

En este mismo periodo, la organización IPYS Venezuela registró 72 vulneraciones a la libertad de prensa constituidas en 57 casos relacionadas a la cobertura electoral o de manifestaciones ciudadanas en el país. Asimismo, la organización Free Press Unlimited reportó que al menos 51 periodistas han sido agredidos por documentar hechos sobre la situación político electoral en Venezuela.

Detenidos por cubrir protestas opositoras

Luego de las asambleas ciudadanas convocadas en todo el país por la líder opositora María Corina Machado, el sábado 3 de agosto se reportó la detención del periodista José Gregorio Camero en Valle de la Pascua, estado Guárico. Justo después de la manifestación opositora en el municipio Infante, encapuchados, presuntamente de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), se lo llevaron detenido, según el reporte del SNTP.

Asimismo, la periodista Dayana Krays, corresponsal internacional del medio La Data de Ecuador, fue detenida en el Distrito Capital después de cubrir la concentración de María Corina Machado. Sin embargo, el propio medio anunció que Krays fue liberada el mismo 3 de agosto, luego de que el gobierno la retuviera por “fomentar el odio” al ejercer su trabajo periodístico.

El viernes 2 de agosto detuvieron a la fotógrafa de la Alcaldía del municipio Carrizal, estado Miranda, Deysi Peña, quien estaba en la estación de servicio Los Nuevos Teques, cuando funcionarios de Polimiranda la abordaron y la subieron a la patrulla policial, atribuyendo su detención a las fotos de las protestas del 30 de julio, subidas a sus redes sociales.

El mismo 2 de agosto también apresaron al periodista y dirigente político Roland Carreño, imputado por delito de terrorismo y conspiración, parte de los mismos cargos por los que estuvo estuvo preso desde octubre de 2020 hasta octubre de 2023. Su liberación el año pasado fue parte del Acuerdo de Barbados, firmado entre el gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Sin embargo, esta vez acusan a su partido de promover (Voluntad Popular) de promover sanciones en esta coyuntura política. Por ello, se encuentra en El Helicoide.

Detenciones desde las elecciones

A pocas horas de iniciar la jornada electoral del domingo 28 de julio, a las 9 de la mañana, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a la periodista Erika Rincón y al camarógrafo Miguel Pachano, del Diario Órbita en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui. Según la denuncia hecha por la oenegé Espacio Público, ambos hacían tomas audiovisuales de la jornada electoral en la plaza Bolívar con un dron, que aparentemente fue la causa de la aprehensión. A las 2:20 de la tarde fueron puestos en libertad pero les decomisaron el dron.

El domingo electoral también fue detenido arbitrariamente el periodista e historiador Jesús Piñero. Según el reporte de la oenegé Provea, fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), mientras hacía acto de presencia en un centro de votación en La Pastora, Caracas.

El 29 de julio, primer día que se registraron protestas en rechazo a los resultados emitidos por el CNE, efectivos de la GNB detuvieron al reportero gráfico de Noticia Digital, Yousner Alvarado, cuando grababa una protesta en las inmediaciones de los edificios Los Marqueses, en la avenida 23 de Enero del estado Barinas. A Alvarado le imputaron delitos de terrorismo.

Ese día también se reportó la detención de Paul Léon, reportero de VPI Tv del estado Trujillo. León estaba cubriendo una protesta en la avenida Bolívar de Valera cuando la GNB y la PNB de Trujillo realizaban un operativo en conjunto, en el que lo detuvieron cerca de las 11 de la mañana. En ese mismo hecho, el SNTP denunció que los funcionarios de seguridad agredieron a la periodista Yuliana Palmar del medio Qué Pasa Venezuela y Trujillo Zona Roja, a quien le robaron su celular. 

De la misma manera, en un operativo en conjunto de la GNB y la PNB, detuvieron el 30 de julio al periodista independiente Joaquín Ponte, en San Juan de los Morros, estado Guárico, sin especificar los motivos de su detención.

Periodistas extranjeros deportados

Mientras  periodistas venezolanos han podido comprobar la anulación de sus pasaportes en el portal del Saime, algunos de los que vinieron de afuera a cubrir el proceso electoral se les ha expulsado del país. El periodista Ivan Núñez y el fotógrafo José Luis Tapia, corresponsales internacionales del medio chileno 24 horas, fueron detenidos a las 10 de la mañana del 1 de agosto en Chururú, estado Táchira, a pesar de ingresar legalmente a territorio venezolano a través de la frontera con Cúcuta. Luego fueron deportados.

El jueves 1 de agosto el SNTP también denunció la expulsión de los corresponsales del canal italiano Rai News 24, el periodista Marco Bariletti y su camarógrafo Ivo Bonito, quienes llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía.

A su vez, en la madrugada del lunes 29 de julio fue detenido por la DGCIM el periodista español Cake Minuesa, reportero de Ok Diario, quien fue deportado ese mismo día en un vuelo por Bogotá.

Según los registros de IPYS Venezuela, entre el 25 de julio y el 3 de agosto 11 trabajadores de la prensa extranjeros han sido expulsados del país.

Ante las agresiones y detenciones a trabajadores de la prensa en Venezuela, la embajada de los Estados Unidos condenó “enérgicamente el uso continuo de leyes ambiguas para acosar, detener y arrestar a periodistas por cumplir con su labor. Exigimos la liberación inmediata de todos los periodistas detenidos y que se respete, en lugar de temer, la libertad de prensa”, a través de un post en X el 4 de agosto de 2024.

ARI – IPYS 

Lula pidió paz y entendimiento y Boric dijo que hablará sobre Venezuela este 6 de agosto

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El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo este lunes 5 de agosto en el Palacio de La Moneda en Chile que tiene un compromiso para restablecer la paz en Venezuela y promover la paz y el entendimiento.

Tras reunirse con su homólogo Gabriel Boric en la sede del gobierno chileno, el mandatario amazónico pidió transparencia en los resultados electorales que dieron como ganador de las presidenciales a Nicolás Maduro el pasado domingo 28 de julio.

“El respeto por la soberanía popular es lo que nos mueve para defender la transparencia. El compromiso con la paz es el que nos lleva a promover el diálogo y el entendimiento entre el gobierno y la oposición”, dijo Lula.

Fue la primera declaración pública del mandatario luego que las administraciones de Brasil, México y Colombia suscribieron un comunicado el pasado jueves 1 de agosto donde pidieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por el excontralor general de la República y ex diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Elvis Amoroso, poner fin al conflicto y publicar de forma expedita las actas con los datos desglosados por cada mesa de votación.

Boric dijo que no hablará de Venezuela sino hasta este martes 6 de agosto, cuando culmine la visita de Lula, sin embargo el pasado sábado dijo: “Mantenemos nuestra posición: no reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”.

Verificación “imparcial” y soberanía

“Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado, mediante la verificación imparcial de los resultados”, se desprende del comunicado suscrito por Brasil, México y Colombia.

El viernes pasado, antes de que Maduro acudiera al Tribunal Supremo de Justicia junto a ocho de los candidatos a la presidencia (faltó el representante de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia), Amoroso leyó un segundo boletín que ratificaba el supuesto triunfo del líder chavista por 51,9%, sin mostrar las actas de escrutinio correspondientes.

González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado aseguran que poseen las actas certificadas, donde este primero ganó por una abrumadora diferencia.

Países como Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Perú reconocieron a González Urrutia como ganador, mientras que este domingo el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell sostuvo que sin pruebas que los respalden, los resultados no pueden ser reconocidos por la Unión Europea.

 

 

No reprimir y hacer respetar los votos: El llamado de Machado y González a las FANB y cuerpos policiales

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En un comunicado conjunto, la dirigente opositora María Corina Machado y el candidato unitario de la oposición, Edmundo González Urrutia, instaron a los funcionarios militares y policiales a impedir la represión contra los ciudadanos y a “hacer respetar” los resultados del 28 de julio, fecha en la que, según las actas que tiene la oposición emanadas del sistema de cómputos del Consejo Nacional Electoral, González se habría impuesto por una amplia mayoría. 

“Venezuela y el mundo entero saben que en las elecciones del pasado 28 de Julio nuestra victoria fue abrumadora. Desde el más humilde ciudadano, testigo, miembro de mesa, oficial de la Fuerza Armada, policía, hasta los organismos internacionales y gobiernos, lo saben. Con las actas en la mano el planeta ha visto y reconocido el triunfo de las fuerzas democráticas. Hemos hecho nuestra parte. Hemos realizado la más formidable movilización cívica para que la victoria electoral fuese incuestionable. Es un triunfo obtenido con enorme energía y firmeza, y lo hemos hecho en paz. Obtuvimos el 67% de los votos, mientras Nicolás Maduro logró el 30%. Esa es la expresión de la voluntad popular. Ganamos en todos los estados del país y en la casi totalidad de los municipios. De esta realidad son testigos todos los ciudadanos, incluidos los miembros del Plan República”, comienza explicando la carta.

González Machado FANB

Machado y González Urrutia rechazan que Maduro “se niegue a reconocer que fue derrotado por el país entero” y que, ante la “legítima protesta” de los ciudadanos, haya optado por  lanzar una “brutal ofensiva” contra dirigentes democráticos, testigos, miembros de mesa y hasta en contra del ciudadano común, ” con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad y, al mismo tiempo, pretender arrinconar a los vencedores.

“Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias. Con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando se alinea con Maduro y sus viles intereses. Mientras ustedes están representados por ese pueblo que salió a votar, por sus compañeros de la Fuerza Armada Nacional, por sus familiares y amigos, cuya voluntad quedó expresada el 28 de julio y ustedes conocen. Estamos conscientes de que en todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional está presente la decisión de no reprimir a los ciudadanos que en forma pacífica reclaman sus derechos y su victoria. Los venezolanos no somos enemigos de la FAN. Con esa disposición, los llamamos a impedir las acciones de grupos organizados por la cúpula madurista, una combinación de escuadrones militares y policiales y grupos armados al margen del Estado, que golpean, torturan y también asesinan, al amparo del poder maligno que representan. Ustedes pueden y deben parar esas acciones de inmediato. Les urgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar, y a hacer respetar, los resultados de las elecciones del 28 de julio. Maduro ha dado un golpe de Estado que contraría todo el orden. constitucional y los quiere hacer sus cómplices”, se lee textualmente en el comunicado.

Ambos dirigentes opositores recalcan que cuentan con “pruebas irrefutables de la victoria: “El informe del Centro Carter es demoledor sobre las condiciones y el resultado electoral, mientras Maduro intenta fabricar unos resultados cuando, además, el lapso legal para la publicación de los mismos ha vencido”, acotaron. 

Instaron a los Miembros de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales atender a sus deberes institucionales: “No repriman al pueblo, acompáñenlo”.

Casi al final de la carta, destacaron que ofrecen garantías a quienes cumplan con su deber constitucional y que no habrá impunidad: “este es un compromiso que asumimos con cada uno de los venezolanos”. 

“Nosotros ganamos esta elección sin discusión alguna. Fue una avalancha electoral, llena de energía y con una organización ciudadana admirable, pacifica, democrática y con resultados irreversibles. Ahora nos corresponde a todos hacer respetar la voz del pueblo. Procede, de inmediato, la proclamación de Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República”, concluye la misiva. 

Colectivos armados ganan protagonismo en Venezuela

Equipo In.visibles 

Luis Eduardo Roberto Hernández, un mototaxista de Upata, estado Bolívar, en la zona minera de Venezuela, murió el martes 30 de julio a causa de un impacto de bala en la cara, cuando participaba en manifestaciones en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales, que proclaman como supuesto ganador a Nicolás Maduro.

“A mi hijo me lo mataron los colectivos”, dijo su padre, Luis Roberto, a periodistas de El Pitazo. Asegura que los médicos que trataron al joven de 19 años, le habían dicho que la muerte había sido causada por una bala. Sin embargo, funcionarios del Gobierno intentaron desviar la historia diciendo que Luis Eduardo había muerto por una pedrada en la cabeza. 
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Texto original publicado en Invisibles

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En solo tres días –entre 28 y el 30 de julio de 2024– las organizaciones Monitor de Víctimas y Provea registraron que al menos 22 personas murieron durante cientos de protestas alrededor de Venezuela, luego de que el Consejo Nacional Electoral dijera que Maduro había conseguido el 51,2% de los votos, frente al 44,2% del candidato opositor Edmundo González Urrutia. 

El fiscal general impuesto por la constituyente,  Tarek Williams Saab, dijo que en el mismo lapso se habían detenido a otras 1.062 personas (organizaciones de la sociedad civil han verificado 939 casos). Además, se han reportado decenas de casos de amenazas y persecución a líderes sociales, activistas políticos y periodistas, en un contexto de alta criminalización de las manifestaciones.

Denuncias de testigos y familiares de víctimas de la represión señalan a los llamados colectivos (grupos paramilitares que defienden la revolución de Maduro) de participar en algunas de las detenciones arbitrarias y en al menos siete asesinatos de manifestantes. 

La oposición dice que según su propio conteo, consiguieron el triunfo con 70% de los votos, contra el 30% de Maduro. 

En medio del debate está el proceso de verificación de las actas, que el gobierno todavía no publica, aun tras reiteradas solicitudes de gobiernos considerados aliados en la región y observadores independientes. En cambio, ha acusado a la oposición de fomentar un golpe de estado y ha expulsado a diplomáticos de países que cuestionaron los resultados de las elecciones. El partido de María Corina Machado, líder de la oposición que fue impedida de participar en la contienda electoral, dice que sus oficinas fueron atacadas por asaltantes enmascarados. Machado pasó a vivir en una casa segura, tiene miedo.

La nueva (vieja) Venezuela

Aun antes de la ola de protestas, la tensión había marcado una contienda electoral que muchos definían como histórica, por la posibilidad real de la coalición de oposición de llegar al poder por la vía de los votos, tras 25 años de gobiernos chavistas. 

En este período, Venezuela se convirtió en un paraíso para la corrupción y el crimen organizado. Proliferaron una variedad de grupos armados que van desde megabandas y pranes –nacidos en las cárceles del país– hasta  colectivos armados, una suerte de grupos paramilitares que dicen buscar defender la revolución de Hugo Chávez. Estas estructuras rápidamente se desarrollaron, se dedicaron a mercados criminales, como microtráfico de drogas, extorsiones, secuestros, trata y tráfico de personas, minería ilegal y sicariato, entre otros, y encontraron formas de sacar provecho a su privilegiada relación con el Estado. 

Los colectivos, que no operan como una unidad nacional pero tienen llegada al Estado, lograron construir un mercado criminal basado en el control territorial y las gobernanzas que comenzaron a ejercer en las comunidades donde operaban. 

Desarrollaron negocios relacionados con la comercialización de alimentos, el control de las estaciones de servicio para la ventana del combustible subsidiado -que con frecuencia escasea en Venezuela–, la administración del suministro de gas, las operaciones de cambio de divisas y la minería y comercialización de oro. Muchos se enfocaron en el cobro de extorsiones a cambio de “seguridad”, el microtráfico de drogas y los asesinatos selectivos. 

Aunque no es posible precisar el número de personas que integran los colectivos, expertos afirman que utilizan más violencia que otras organizaciones, en parte gracias a las armas a las que tienen acceso. 

Investigadores han documentado la presencia de un centenar de colectivos en al menos 14 de los 23 estados de Venezuela. Los más fuertes y conocidos son: Tres Raíces, La Piedrita, Alexis Vive (23 de Enero), Catedral, Cupaz (Lara, Portuguesa y Yaracuy), Red Elco (Lara), Frente 5 de Marzo (Apure), Cara Al Río (Miranda), Hijos de Bolívar y Coco Secos (Sucre).

El año de los colectivos

El enorme giro para los colectivos se da desde el 2021, cuando lograron ocupar los territorios y mercados criminales que algunas megabandas habían dejado, luego de que sus miembros comenzaran a ser perseguidos y muertos en presuntos enfrentamientos con la policía y sus grupos se reorganizaron, en Venezuela o en otros países. 

En esas zonas, además de controlar las actividades ilícitas, los colectivos también ejercen un importante y muy sofisticado control territorial, e imponen gobernanzas criminales. Además, cumplen un importante rol en la represión política a la oposición y por mucho tiempo se les consideró el brazo armado de la revolución bolivariana. 

Los colectivos, por ejemplo, acompañaron a las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en el combate a las bandas criminales, y actuaron junto a los cuerpos de seguridad en la represión de las protestas de 2014 y 2017, cuando fueron acusados de al menos 28 homicidios. En los momentos más críticos que enfrentó su gobierno, Maduro llamó a los colectivos a apoyarlo y dijo ser su mayor defensor. En las protestas de esta semana, se cree que los colectivos participaron en al menos siete de las muertes de manifestantes.

Residentes de zonas donde operan dijeron que los colectivos han tomado el rol del Estado, incluyendo en la administración de servicios públicos, distribución de alimentos y acceso a servicios de salud.

Un incidente ocurrido el pasado 4 de febrero en Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, dejó en evidencia la relación entre los colectivos y el gobierno de Nicolás Maduro. 

Un grupo de 14 presuntos integrantes de un colectivo denominado “Cara Al Río” fueron detenidos por la Policía cuando desvalijaban un vehículo robado. Habitantes de la comunidad denunciaron el presunto robo y aseguraron que los delincuentes se encontraban en un galpón de la zona. Cuando las fuerzas de seguridad llegaron, presuntamente encontraron a los miembros del colectivo con el vehículo, y con una cantidad de armas de fuego.

Horas más tarde, integrantes del colectivo, la mayoría encapuchados y con armas, hicieron una protesta en una gran avenida para exigir la liberación de sus compañeros y obligaron a los transportistas a bloquear el paso. 

El viceministro del Sistema Integrado Policial Seguridad Ciudadana, mayor general Elio Estrada, eventualmente ordenó la liberación de los detenidos y dejó sin efecto el procedimiento que se les seguía. Además, se reunió con el colectivo y les prometió que este tipo de situaciones no volverían a ocurrir, según muestra un video del momento.

Estrada Paredes, quien también funge como viceministro del Sistema Integrado Policial, también ordenó que se les devolvieran las ocho armas que portaban al momento de ser detenidos, cuatro motocicletas, un vehículo y una grúa, según informaron medios digitales.

La semana pasada, luego de las elecciones presidenciales, los venezolanos volvieron a ser testigos del poder de los colectivos. Encapuchados, vestidos de negro, en motos y con armas de fuego salieron disparar contra los manifestantes, a perseguir y detener a quienes protestaban en rechazo a los resultados de los comicios, como se vio en videos que circularon en redes sociales. 

Residentes de Petare y El Valle reportaron que en los días posteriores a los comicios, los colectivos ingresaban a las barriadas en horas de la noche junto a los cuerpos de seguridad para impedir las protestas. “Andan con la policía. Lo que hacemos es apagar las luces de las casas porque ellos no conocen bien las calles del barrio”, dijo una vecina de la localidad, ubicada en el municipio Sucre, en la Gran Caracas.

“No Hay Futuro”

Cuando se lo enfrenta con las cifras que ilustran la gravedad de la situación en Venezuela, Maduro dice que lo peor ya pasó. Pronostica un crecimiento económico. Dice que la nueva Venezuela está llegando.

En los barrios marginalizados de la afuera de Caracas, y más en el resto del país, los testimonios cuentan otra historia. 

Hablan de falta de alimentos, de sueldos que no alcanzan, de extorsiones, armas y miedo.

En el contexto de las protestas, los habitantes de las comunidades de las periferias dicen que en las noches se escuchan las balaceras y que los colectivos salen a patrullar junto a la Policía Nacional, cuyos números están en la baja, en parte porque muchos de sus miembros han migrado a otros países.

Mientras tanto la gran pregunta es cuál será el futuro de estas organizaciones que tanto poder amasaron durante las últimas décadas si algún día dejan de tener el monopolio de la fuerza, o la connivencia estatal. La respuesta implica algunas consideraciones. 

Este reposicionamiento de los colectivos estaría amparado en la premisa de la unión cívico-militar-policial promovida por el propio Maduro, que no es otra cosa que la actuación conjunta como un solo ente de funcionarios y colectivos. Esta “fusión” e intercambio de roles abre la posibilidad a que miembros de estás organizaciones paramilitares permanezcan dentro de los cuerpos de seguridad, con los riesgos que esto implica para la reconstrucción de la institucionalidad.

Esto tiene muchas implicancias en cuanto a la búsqueda de justicia sobre los crímenes cometidos durante la represión porque la participación de estos civiles dificulta la posibilidad de establecer responsabilidades y de atribuir sanciones.

Finalmente, el poder que estos grupos han amasado es tal que se han convertido en un actor clave en el complejo tablero de Venezuela, uno con el que cualquier gobierno futuro necesitará negociar y buscar acuerdos. Esto puede generar, además, un potencial nuevo reacomodamiento del panorama criminal, con todos los desafíos que ello implica.