La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron este jueves, 15 de agosto, las prácticas de “terrorismo de Estado” en Venezuela tras las elecciones presidenciales.

Mediante un comunicado, la CIDH y la RELE destacaron que estas prácticas incluyen “represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política”.

“El régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder. Venezuela debe cesar las prácticas violatorias de derechos humanos inmediatamente, restablecer el orden democrático y el Estado de derecho”, denunciaron la CIDH y la RELE.

En el texto, recordaron que en octubre de 2023 el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria firmaron el Acuerdo de Barbados, que establecía el compromiso de llevar a cabo elecciones presidenciales pacíficas con observación internacional.

No obstante, durante el período preelectoral, de acuerdo con la CIDH y la RELE, “el régimen intensificó prácticas autoritarias para obstruir la participación política mediante un patrón de coerción destinado a desmovilizar a la oposición y a sus posibles simpatizantes”.

Destacaron el impedimento que tuvieron María Corina Machado y Corina Yoris para inscribir sus candidaturas, las barreras al voto en el extranjero y la negativa de acreditar el ingreso al país de la mayoría de las misiones independientes de observación electoral.

También, denunciaron que se intensificó “la persecución política, hostigamiento y las detenciones arbitrarias de dirigentes opositores, activistas y periodistas”.

Tras las elecciones presidenciales, el 28 de julio, hubo denuncias sobre irregularidades en la transmisión de las actas, falta de transparencia y otros obstáculos. Las denuncias se intensificaron después que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Maduro.

Hasta la fecha, el CNE no ha publicado los resultados mesa por mesa y aun así, Maduro fue proclamado como presidente electo el 29 de julio. La CIDH y la RELE recordaron que la oposición recolectó cerca del 80% de las actas y las publicó en una página web.

Todas las denuncias motivaron al menos 300 protestas espontáneas en todo el país, especialmente en zonas de situación de pobreza. Esas manifestaciones fueron reprimidos por fuerzas del Estado y grupos armados civiles (colectivos).

Durante esa represión poselectoral, la CIDH y la RELE observó patrones similares a las protestas de 2014 y 2017.

Uso arbitrario de la fuerza

Entre el 28 y el 30 de julio, comentan la CIDH y RELE, se registraron denuncias de abuso de la fuerza pública contra las manifestaciones. La violencia resultó en la muerte de al menos 23 personas.

Refieren que la información preliminar señala que las víctimas eran hombres de entre 15 y 56 años y la mayoría provenientes de zonas populares del país y todas habrían muerto como consecuencia de disparos de arma de fuego, algunos en la espalda o en la cabeza, de acuerdo con el comunicado.

Según información pública registrada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve), 10 de las muertes serían atribuibles a fuerzas estatales. Seis de las muertes serían atribuibles a los “colectivos”. Dos de los casos serían atribuibles a acciones mixtas entre fuerzas estatales y grupos no-estatales. En cinco de los casos no se cuenta con información sobre el perfil de los presuntos responsables.

“La CIDH observa que las muertes registradas en el contexto de la represión podrían caracterizarse como ejecuciones extrajudiciales y generar responsabilidad internacional para el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad penal individual de los perpetradores. Asimismo, advierte a la comunidad internacional por las acciones de grupos armados no-estatales, quienes actúan con tolerancia, colaboración o aquiescencia del Estado venezolano”, señaló el texto.

Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

La CIDH ha recibido información sobre un patrón de violaciones a la libertad personal. Entre el 28 de julio y el 13 de agosto, organizaciones de sociedad civil han registrado al menos 1.393 personas detenidas, incluyendo 182 mujeres; 117 adolescentes; 17 personas con discapacidad, 14 personas indígenas y 7 periodistas y trabajadores de la prensa.

Asimismo, han recibido reportes de detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas de corta duración en las que se habrían cometido actos de violencia sexual contra mujeres y otros actos que podrían constituir tortura. Las personas detenidas son trasladadas a centros de detención de manera secreta, sin que sus familias tengan conocimiento de su paradero o estado físico.

Las detenciones arbitrarias, en su mayoría, de jóvenes de áreas urbanas con mayores índices de pobreza se produjeron, inicialmente, de manera masiva durante las manifestaciones. Además, se registran privaciones de la libertad de manera selectiva, mediante una estrategia de detención y criminalización contra quienes cuestionan los resultados electorales anunciados por el CNE; inclusive en sus lugares de residencia en la llamada “operación tun tun”.

Persecución judicial y hostigamiento

Las personas detenidas en este contexto “están siendo sometidas a procesos penales por delitos redactados de forma ambigua y amplia que, además de tener penas excesivamente altas, atentan contra el ejercicio de la libertad de expresión y buscan generar un efecto paralizador por temor a la persecución judicial”. Los cargos imputados por el Ministerio Público incluyen los delitos de incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición a la patria, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad, obstrucción de calles o vías y desobediencia de las leyes.

Indican también que en el marco de los procesos penales se han denunciado violaciones de derechos humanos, en particular a las garantías judiciales, incluyendo ser “representados por persona defensora de su elección debido a la imposición de defensores públicos; en el caso de adolescentes, a comunicarse y ser representados por sus familias; en el caso de personas indígenas, a contar con interpretación e interculturalidad en los procesos judiciales; y en el caso de personas con discapacidad, a contar con ajustes razonables en los procesos penales”.

La CIDH y RELE enfatizan que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable, con asistencia legal de su elección. En el contexto actual, la CIDH expresa preocupación “por las severas limitaciones a las garantías judiciales denunciadas, con enfoque en los impactos diferenciados contra adolescentes, personas indígenas y personas con discapacidad”.

Censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica

La RELE ha recibido información sobre la “escalada represiva y los ataques sistemáticos dirigidos contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que difunden información de interés público de especial trascendencia en el contexto poselectoral”. Desde el 28 de julio, se han registrado aproximadamente 108 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, que incluyen la detención arbitraria de periodistas y trabajadores de la prensa bajo acusaciones infundadas de “instigación al odio” y “terrorismo”, anulación de pasaportes, el cierre de medios, la confiscación de equipos y la deportación de personal de prensa internacional.

Asimismo, la administración de Maduro ha intensificado la represión en el ámbito digital, utilizando tecnología para perfilar, vigilar e intimidar a opositores y voces críticas. Se han documentado bloqueos de sitios web, redes sociales y plataformas de mensajería instantánea, así como el uso de aplicaciones que incitan a los ciudadanos a delatarse entre sí. Recordaron que la aplicación VenApp fue reconfigurada con funciones para delatar personas ante el gobierno bajo etiquetas como actividades “sospechosas”, “guarimba fascista”, “desinformación” y “desorden público”. 

También, manifestaron preocupación por el bloqueo del portal “resultadosconvzla.com”, creado por la oposición para la visualización de las actas de cada mesa escrutada y cuyos datos contrastan con la información oficial proporcionada por el CNE. 

Sumado a ello, se observa una campaña de propaganda oficial que combina elementos de terror, incluyendo acciones de ciberpatrullaje por organismos de inteligencia, detenciones y producción de contenidos que exhiben a personas críticas como criminales, a quienes se estarían forzando a emitir mensajes de arrepentimiento como actos ejemplarizantes y de escarnio público.

Obstáculos a la labor de defensa de derechos humanos

Preocupa a la CIDH las medidas de represión adoptadas por Estado contra la labor de defensa de derechos humanos mediante detenciones arbitrarias, hostigamientos, limitaciones a la libertad de locomoción y restricciones ilegítimas a la libertad de asociación.

Al respecto, la CIDH recibió información sobre la anulación ilegal de pasaportes de al menos 36 personas defensoras, comunicadoras y sus familias. Por otro lado, se reanudó la discusión de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines”, que “restringiría arbitrariamente una serie de derechos, tales como las libertades de asociación, de expresión y de participación en asuntos de interés público”.

Finalmente, la CIDH anuncia la reactivación de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI Venezuela) “con el objeto de fortalecer el monitoreo, la protección y la respuesta oportuna de sus mecanismos”.

Puede leer el comunicado completo aquí