Un adolescente indígena del pueblo jivi –cuyas comunidades se extienden por los estados Amazonas, Bolívar y Apure– regresaba de pescar en el río Orinoco, a donde había ido a revisar su red, cuando fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en Puerto Ayacucho, capital de Amazonas. Tras la audiencia de presentación, su madre afirmó que lo vio muy golpeado. “Le lloró a la guardia para que lo viera un médico (…) Lo llevaron directamente al ambulatorio militar”, contó el abogado y coordinador de Pueblos Indígenas de la ONG Foro Penal, Olnar Ortiz. Este es solo uno de los casos de indígenas detenidos en medio de la represión poselectoral.
A unos se los llevaron porque cargaban ollas a cuestas. Otros fueron arrestados al regresar a sus hogares luego de trabajar. A un grupo lo apresaron después de hacer unas compras. Ninguno protestaba. Las detenciones que ocurrieron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio afectan a ocho pueblos originarios en cuatro estados del país. De acuerdo con Foro Penal, sus derechos a la defensa e identidad también son violentados.
En total, son 15 los indígenas detenidos desde entonces, señaló Ortiz. Actualmente, hay 12 bajo arresto y tres liberados.
El grupo de indígenas pertenece a un universo de 1.505 detenidos –de los cuales 90 fueron liberados– entre el 29 de julio y el 19 de agosto en todo el país, de acuerdo con la ONG. De estos casos, 129 son adolescentes, 18 personas con discapacidad y 200 mujeres.
Entre los arrestados, nueve son hombres y tres mujeres. Cuatro de ellos pertenecen a la etnia baniva, uno a la puinave, uno jivi, uno yekwana, un piapoco, una pemón, dos baré y un wayúu. Ortiz manifestó que todos fueron capturados en zonas urbanas, nueve de ellos en Puerto Ayacucho, Amazonas; uno en el municipio Mara del estado Zulia, uno en el municipio Gran Sabana, estado Bolívar, y uno en Maracay, Aragua. A petición de la ONG, ninguno de sus nombres se reveló para mantener en confidencialidad la identidad de las víctimas.
Los tres indígenas en libertad son del pueblo baniva, en Amazonas. Uno de ellos es una adolescente que capturaron en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Los otros dos estudiaban en Maracay, estado Aragua, y son primos del puinave que sigue detenido.
Fuera de su territorio
Ese indígena puinave es un estudiante universitario. Vive en Maracay, estado Aragua, y el 29 de julio salió junto a sus primos a hacer una compra, mientras cientos en la ciudad caceroleaban y protestaban por los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron por ganador a Nicolás Maduro. De regreso a sus casas, en horas de la noche, efectivos de la GNB los arrestaron. A la mayoría los liberaron sin presentación, pero el puinave continúa privado de libertad. Ninguno de ellos estaba en alguna manifestación.
El joven cursa la carrera de Administración. Terminó su última carga académica en junio y planeaba recibir su título en diciembre de este año. Es oriundo de San Fernando de Atabapo, localidad del estado Amazonas cercana a la zona minera del Parque Nacional Yapacana, a ocho horas de viaje por vía fluvial desde la capital, Puerto Ayacucho.
Su hermana tuvo que movilizarse desde aquel poblado hasta Maracay para poder atenderlo y garantizar alimentación mientras está preso en el Centro de Atención al Detenido de La Morita II.
Sin motivo ni causa
Además del jivi, el abogado relató que a los cuatro banivas los detuvieron el lunes, 29 de julio. El pueblo baniva habita en la cuenca del río Isana, en las fronteras entre Brasil, Venezuela y Colombia. Ortíz relató que alrededor de las 9:00 pm el grupo volvía a sus casas en Puerto Ayacucho, luego de pasar todo el día en un río cercano.
En la zona hubo manifestaciones por el descontento tras los resultados electorales, pero ninguna fue numerosa y se desarrollaron sin inconvenientes ni represión. ”La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empieza, posteriormente, a detener a todas las personas que conseguía la calle”, señaló. Vieron a las personas con ollas en mano y las detuvieron.
”Esto es un pueblo, es muy común que la gente cocine en un río (…). Ellos (efectivos de la GNB) lo catalogaron como que ellos (banivas) estaban en la manifestación. Pero realmente (no estuvieron en) ninguna manifestación, porque incluso en el acta dicen que ellos cargaban cabillas”, explicó Ortiz. El abogado añadió que las autoridades involucraron a este grupo en las protestas del 30 de julio, aunque los apresaron el día anterior. ”Y todo esto se tiene acta policial”, recalcó.
El indígena Baré arrestado trabajaba junto a otra persona, actualmente también en reclusión, cuando los capturaron en Puerto Ayacucho. Ambos cerraron el local donde laboraban cuando iniciaron las protestas. Los interceptaron de camino a sus hogares.
Al indígena Wayúu que arrestaron en Zulia, “le hicieron la Operación Tun Tun’‘ –nombre que designa a los allanamientos de residencias y detenciones arbitrarias de opositores por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas-, declaró Ortiz.
A la mujer de la etnia Pemón la capturaron cuando estaba en la vía hacia Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, de llegada a su comunidad.
El más reciente arresto arbitrario de un indígena sucedió en Puerto Ayacucho el pasado 17 de agosto, durante la Gran Protesta Mundial que convocó la oposición. La víctima es el abogado y defensor de los Derechos Humanos (DDHH) de los Pueblos Indígenas, Henry Gómez, quien además pertenece a la comunidad Baré.
Gómez asistió a una manifestación pacífica donde los asistentes, la mayoría de la tercera edad, cantaban el himno nacional y rezaban, indicó Ortiz. Un teniente coronel arremetió contra ellos y el abogado, al darse cuenta que intentaban llevarse a una mujer que conoce y que padece esquizofrenia, se acercó a mediar. ”Pero lo acorralan y se los llevan a todos”, afirmó.
Ubicación de los arrestos
Represión poselectoral a una minoría ignorada
A excepción del caso del estudiante puinave, los familiares de los otros indígenas están más cerca de sus centros de reclusión para atenderlos.
Ortiz explicó que a ninguna de las 12 personas le permitieron que la defendiera un abogado de su confianza. Tampoco pudieron hablar durante los juicios telemáticos –audiencias vía telefónica entre Puerto Ayacucho y Caracas–, lo cual violó su derecho a identificarse como indígenas. ”Ahí se les está irrespetando otro derecho fundamental, como el de tener un intérprete durante la audiencia o durante todo el proceso del sistema judicial”, declaró.
El artículo 139 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas indica: ”el Estado garantiza a los indígenas el uso de sus idiomas originarios en todo proceso administrativo o judicial. Se requerirá del nombramiento de un intérprete, a los fines de prestar testimonios, declaraciones o cualquier otro acto del proceso. Los actos que hayan sido efectuados sin la presencia del intérprete serán nulos”.
El momento de la audiencia permite que la persona se identifique como parte de la comunidad y es deber del juez preguntar si está conforme con tener un intérprete o no. Los 12 indígenas hablan sus dialectos y español, así que las autoridades dieron por sentado sus identidades.
A estas violaciones se unen los incumplimientos de los lapsos procesales que establece el Código Orgánico Procesal Penal para presentarlos ante tribunales.
En los casos particulares de dos mujeres indígenas, el abogado indicó que las golpearon y maltrataron física y verbalmente, por militares de la GNB. ”No había ningún personal femenino, lo que agrava más la situación”, comentó en referencia a las autoridades que las recluyen. Las mujeres no pudieron denunciar su abuso durante la presentación, a pesar de tener exámenes médicos forenses.
La organización defensora de los derechos humanos, Caleidoscopio Humano, se pronunció el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en su perfil de X sobre la represión postelectoral: ”Exigimos al Estado venezolano que cumpla con su deber de proteger a la población indígena, como lo establece la Constitución, priorizar su bienestar, preservar sus territorios ancestrales y garantizar el pleno goce de sus derechos”.
Paradójicamente, el Ministerio Público venezolano también se pronunció ese día y declaró: ”Reconocemos los derechos de nuestros pueblos originarios y reiteramos nuestro compromiso de defender de manera integral el goce de sus garantías”. Para ese momento, más de una decena de indígenas había sido detenida arbitrariamente.
