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Situación de indefensión del periodismo se profundizó luego del 28J

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Más de una decena de profesionales del periodismo detenidos, la más reciente la del también dirigente político Biagio Pilieri, páginas de internet bloqueadas, suspensión indefinida de X, persecución, hostigamiento, amedrentamiento, programas de TV y radio vetados, anulación de pasaportes, exilio forzado, censura y autocensura.

Toda esta arista de inconvenientes ha tenido que soportar el periodismo independiente en Venezuela después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) liderado por Elvis Amoroso, dio como ganador a Nicolás Maduro con un porcentaje cercano al 52%, sin hasta ahora mostrar un acta, resultado desglosado, emitir la correspondiente Gaceta o llevar a cabo una auditoría.

Algunos periodistas han debido resguardarse y limitar las coberturas de calle ante la proliferación de funcionarios policiales y paramilitares en improvisadas alcabalas.

Los comunicadores también han tenido que lidiar con el difícil acceso a las fuentes en vista de la cautela de políticos y demás voceros de la sociedad civil, quienes -amedrentados por la discrecionalidad de las autoridades a la hora de aplicar una sanción por emitir comentario alguno- prefieren abstenerse. 

“Después del 28 de julio entre las cosas más difíciles está el tener que tomar la decisión de perder uno de los activos más importantes de un periodista, que es la firma, por temor a ser objeto de persecución. La firma no solo sella ese pacto implícito de credibilidad con quien recibe la información, es tu marca personal, y tener que renunciar a ella por protección es un retroceso periodísticamente”, dijo un periodista que prefirió mantenerse en el anonimato. 

“A raíz de la represión desatada después del 28J, ahora salimos en grupo, nunca estamos solos, cuadramos pautas entre varios e igual a la hora de retirarnos enviamos ubicación en tiempo real para que vean donde estamos, tenemos que estar borrando chats constantemente, dejamos los equipos en casa y siento miedo cada vez que salgo”, expuso una reportera de calle.

La periodista también expresó que ha llegado al punto de dejar su teléfono en casa por miedo a que sea revisado por una autoridad de manera ilegal. “Otro tema es que duré varias semanas sin salir de casa solo a lo estrictamente necesario, acompañada y dejando el teléfono en casa, solo por temor a que en cualquier revisión -que se ha vuelto común tanto en Caracas como en el interior del país por parte de autoridades – consideren como ‘ilegal’ las conversaciones de trabajo en las que se comparten materiales informativos sobre la coyuntura política actual”.

“Se ha profundizado la situación de indefensión del periodista que ejerce la profesión en Venezuela”, dijo Andrés Cañizález, comunicador social, investigador y profesor universitario.

Cañizález advirtió que el país pasó a otra realidad política luego del 28J.

“De un régimen híbrido donde el chavismo mantenía una cierta legitimidad a basar su poder en las armas y el irrespeto a las urnas electorales”, consideró. 

Otra periodista que a raíz del bloque de paginas y ahora de X, el trabajo se ha ralentizado. “La complicación de trabajar con VPN para acceder a administradores de contenido bloqueados enlentece el trabajo y que además en Venezuela por el uso de VPN en sitios bancarios te pueden bloquear las cuentas”.

Igualmente, el acceso a las fuentes se ha hecho complicado. “La frustración de que las fuentes (tanto expertos como testimoniales) te cancelan entrevistas después de haber pautado por temor a hablar, a complicar los casos de sus familiares detenidos, o simplemente te piden el resguardo de su identidad, es algo que está ocurriendo con frecuencia últimamente”.

Periodismo en máximo riesgo

El analista aseveró que ese escenario configura una amenaza para el periodismo, superior a la ya experimentada en 25 años de chavismo.

“Lo más visible es todo el escándalo que hay en torno a las detenciones, que de por sí es algo muy grave, pero también pasamos a otros aspectos, como que una buena parte del periodismo que se hace para Venezuela no pueda ser leído por los venezolanos con la propagación de bloqueos”, argumentó. 

La ONG Espacio Público ha documentado más de 100 restricciones a portales y redes sociales después del proceso comicial.

Cañizález indicó que la anulación de pasaportes a periodistas de manera arbitraria y el constante clima de intimidación conjugan un desafío para que el periodismo venezolano pueda ejercer con libertades: “La imagen que tengo en este momento es la de un periodismo en resistencia, pero una resistencia ciudadana que proviene de la información verificada”.

La suspensión de portales y el bloqueo a X anunciado por Maduro (que inicialmente indicó que iba a ser por 10 días y se volvió permanente) ha hecho que proliferen las noticias falsas o “fake news”, otro aspecto negativo con el que deben lidiar tanto los periodistas como los consumidores de información.

Cañizález manifestó que el periodista en Venezuela se encuentra en un estado de precariedad e indefensión al no poder acudir a instancia alguna para presentar una denuncia a la hora de ser atacado o amenazado.

“Eso profundiza la crisis, pero al mismo tiempo implica un desafío para seguir informando, para continuar contando lo que ocurre dentro de Venezuela”, sumó. 

 

La confiscación en Dominicana de avión de Maduro en 8 claves

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Este 2 de septiembre se informó la confiscación en República Dominicana de un avión Dassault Falcon 900EX “propiedad y operada en beneficio de Nicolás Maduro Moros y personas afines a él en Venezuela”, aseguró en un comunicado el Departamento de Justicia.

De acuerdo con la justicia estadounidense, la confiscación se ejecutó “con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre Venezuela”.

A continuación, los detalles del caso en claves.

La aeronave costó 13 millones de dólares según EEUU

El Departamento de Justicia asegura que la aeronave confiscada “fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por Nicolás Maduro y sus compinches”, aseveró el fiscal general  Merrick B. Garland.

“El Departamento seguirá persiguiendo a quienes violen nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos”, sostuvo Garland. 

En el reporte oficial sobre el caso se lee una afirmación del subsecretario de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio, Matthew S. Axelrod: “Que esta incautación envíe un mensaje claro: las aeronaves adquiridas ilegalmente de los Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente desaparecer (…) no importa cuán lujoso sea el jet privado o cuán poderosos sean los funcionarios: trabajaremos incansablemente con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier aeronave contrabandeada ilegalmente fuera de los Estados Unidos”.

La compra se hizo a través de una empresa “fantasma”

EEUU asegura que finales de 2022 y principios de 2023, personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la “compra ilegal del avión Dassault Falcon 900EX”  a otra compañía con sede en el Distrito Sur de Florida.

Aseguran que, posteriormente, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe, específicamente en abril de 2023.

“Desde mayo de 2023, el Dassault Falcon, con matrícula T7-ESPRT, ha volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países”, se lee en la información hecha pública por el Departamento de Justicia. 

El antecedente que sirvió como basamento para actuar

En agosto de 2019, se emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los ciudadanos de su país participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente “para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluso como miembros del régimen de Maduro”.

En base a esa orden ejecutiva afirman haber actuado. Se agrega además que, a fines de “proteger la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos” el Departamento de Comercio también ha impuesto controles de exportación para artículos destinados, “total o parcialmente, a un usuario final militar o de inteligencia militar venezolano”.

Incautación coordinada

Estados Unidos aseguró que esta incautación fue el resultado de una “planificación, coordinación y ejecución” de ese país “con la inestimable asistencia de las autoridades de la República Dominicana”.

Destacaron que este acción es uno de los resultados del trabajo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, que trabaja con socios nacionales e internacionales “contra las actividades ilegales del régimen de Maduro”. Adelantaron además que seguirán trabajando para confiscar “todos los demás activos que eluden la ley”, sin especificar cuáles serían. 

¿Quiénes están a cargo de las investigaciones?

El Departamento de Justicia reveló que la Oficina de Campo de Miami de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio está investigando el caso, junto con el Grupo de Trabajo El Dorado de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional: “Los fiscales adjuntos de los Estados Unidos Joshua Paster y Jorge Delgado para el Distrito Sur de Florida y el abogado litigante Ahmed Almudallal de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional están a cargo del asunto”, precisaron. 

Dominicana dice que el avión estaba en “mantenimiento”

En un trabajo publicado en La Voz de América en mayo de 2024 se revelaba que existía una orden de confiscación de este avión y se precisaba que la aeronave había volado por rutas como Teherán, La Habana, Cuba; en Santa Cruz de Viru Viru (Bolivia) y Brasil.

El material periodístico indicaba además que el Falcon EX, siglas T7ESPRT, había sido registrado en la República de San Marino, “considerado un pequeño paraíso fiscal”.

En declaraciones a la prensa este 2 de septiembre, el canciller dominicano Roberto Álvarez confirmó que en mayo el Ministerio Público de ese país recibió una solicitud de cooperación internacional relacionada a una investigación criminal del Departamento de Justicia, en la que les pidieron la  “inmovilización o secuestro de la aeronave Dassault Falcon 900EX”.

EEUU además les pidió entonces “realizar registros de evidencia y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes ilícitos y lavado de activos”.

La respuesta dominicana a dicha solicitud llegó el 22 de mayo y por orden de un tribunal nacional se inmovilizó la aeronave, la cual ingresó al país para recibir mantenimiento, según lo indicado por el funcionario. 

“El avión no estaba registrado a nombre del Gobierno venezolano, sino de un particular”, complementó sobre el caso el presidente dominicano, Luis Abinader, al ser consultado sobre el tema. 

Gobierno confirma que era avión usado por Maduro

En un comunicado, el gobierno venezolano confirmó que la aeronave confiscada había sido utilizada por Nicolás Maduro y calificó de “piratería” la acción.

Aseguran que se reservarán el derecho de tomar acciones legales para “reparar” el daño causado por la confiscación, “así como todos los otros daños causados por la política criminal” de Estados Unidos.

“Esta acción revela que ningún Estado está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional (…) Estados Unidos ha demostrado ya que utiliza su poderío económico y militar para amedrentar y presiona a Estados como República Dominicana para que sirvan de cómplices de sus actos delincuenciales”, prosigue el comunicado.

A juicio de Caracas, “esta no es una acción aislada”, sino que “forma parte de una escalada de acciones contra el Gobierno”, luego de las elecciones del 28 de julio.

¿Adónde fue a parar la aeronave?

El avión, tras ser incautado en la República Dominicana, fue transferido al Distrito Sur de Florida a pedido de los Estados Unidos.

Medios estadounidenses difundieron imágenes de la llegada del avión a Florida. Se observa a funcionarios bajando cajas con “evidencias” de la aeronave. La imagen pertenece a EPA(Cristobal Herrea Ulaskevich) y fue publicada por el portal The Independent.

Mató a su cuñado al incendiar el apartamento de su novio

Por un ataque de ira, una joven provocó un incendio en el que murió Manuel Alexander Tarazona Torres, de 19 años y hermano del novio. El hecho ocurrió el sábado 17 de agosto de 2024, en la urbanización Villa Country de Las Acacias, San Cristóbal, estado Táchira.

La dama, identificada como Carmen Prato, de 24 años de edad, al parecer, molesta porque su enamorado no le respondía el teléfono, decidió incendiarle la ropa con un yesquero.

La víctima estaba durmiendo en la otra habitación y, aparentemente, bajo los efectos del alcohol. Fue alcanzada por las llamas y el humo, que le causaron sofocación y la carbonización completa.

Tras iniciar el incendio, la mujer habría huído del lugar en compañía de una amiga que la esperaba.

De inmediato, al ver las llamas, los vecinos llamaron a los efectivos del cuerpo de Bomberos del Municipio San Cristóbal, quienes encontraron a la víctima en el dormitorio ya carbonizado.

La mujer fue detenida por el Cicpc San Cristóbal, y quedó a la orden del Ministerio Público.

Monitor de Víctimas Táchira ha documentado 12 asesinatos en 2024, pero ninguno en San Cristóbal, este sería el primero, y de estos, 4 perpetrados por conocidos o allegados. En cuanto a los móviles, dos fueron por riña o pelea y tres por ajuste de cuentas o venganza.

Venezuela: la ruptura entre la sociedad y el Estado

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Como tanto se comenta en conversaciones coloquiales, el anuncio oficial de las pasadas elecciones presidenciales deja a los venezolanos habitando una realidad desconocida. La población ha quedado estupefacta frente al CNE, frente al Plan República, frente al TSJ y frente a la institución de la Presidencia de la República.

Algunas de las coordenadas tradicionales de los entornos postelectorales, que ya venían en franca decadencia en Venezuela, han conocido una siniestra metamorfosis. La propia celebración de unas elecciones para a ser, a futuro, un evento que quedará en veremos en materia de pertinencia y utilidad si se consolida el actual estado de cosas.

Los líderes del chavismo reivindican la victoria, pero no celebran. La nación olvidó que aquel 28 de julio, día de las elecciones, fue el cumpleaños 70 de Hugo Chávez. En el lenguaje del gobierno lo que predomina es la amenaza: denuncias de sabotajes, conspiraciones, guerras fascistas, ultraderecha criminal.

“Pido respeto a la Constitución, a los poderes públicos, y a la vida soberana de Venezuela”, dijo un Maduro no tan festivo al día siguiente de ganar. “Respeto a la voluntad popular. Hay que ver qué país del mundo, después de recibir 930 sanciones criminales, de haber sufrido lo que hemos sufrido, se atreve a convocar elecciones”.

Este es un contexto político desconocido: unas autoridades electorales dejando mucho que desear con su procedimiento; unas instituciones constituidas en el pináculo del descrédito; pocas cifras al detalle luego de anunciar un ganador; ningún cotejo de datos; ninguna auditoría; ningún crédito internacional que valga la pena destacar. Explicaciones pobres e insuficientes. Se nos pide que creamos sin ver.

Desde el poder, los argumentos sobre el desenlace del resultado electoral son invocados sin conocer justificación de ninguna clase. Las mentiras se entrelazan en un tallo con las verdades y las verdades a medias, alimentando un entorno adulterado, sobre el cual, a veces, no es sencillo asentarse en certezas.

Las autoridades y el gobierno reprimen con una intensidad desconcertante, dejando paralizada la indignación. Con la Furia Bolivariana como estatus, cualquiera que se descuide podría ir preso. Como nunca en Venezuela en al menos 70 años, se impone el miedo. El chavismo ha visto perdida su partida, y ha decidido dirimir el problema sacando una pistola al resto de los jugadores.

La imparcialidad política de las Fuerzas Armadas, la calidad de los resultados electorales. La alternabilidad en el mando como conquista de la ciudadanía, que ahora es un tabú. El voto, con su tradicionalmente honesto y brutal veredicto, en la cual se asienta el criterio de la soberanía nacional. Fueron certezas de la vida venezolana que se venían agrietando en medio del desgaste de la polarización política, conforme la revolución bolivariana fue perdiendo arraigo y autoridad entre la población.

Ahora son la expresión del fracaso de un proyecto de Estado y la traducción de una circunstancia impuesta, indeseada para la mayoría de la población, que amenaza con volver crónica la naturaleza disfuncional de este país.

La sociedad venezolana, que ha venido cambiado de fisonomía con la cocción de la crisis, y a lo largo de la campaña electoral, dio reiteradas demostraciones de que está lista para el cambio político en paz, está constatando que tal cosa es una especie de delito para los organizadores de la consulta electoral del pasado mes de julio.

En agosto, se afirma con frecuencia, entramos a otro país. A partir de las elecciones y su resultado fallido, se abre entonces un nuevo capítulo de la crónica crisis nacional, un pulso que luce bastante desigual: la demanda de Edmundo González Urrutia para que le sea respetado su resultado electoral, junto a las mayorías nacionales; y el empeño de Nicolás Maduro y la fuerza bruta del estado chavista para que el país le crea a ciegas que ha ganado las elecciones.

“Hágase a un lado y haga posible la transición a una democracia”, ha declarado hace poco Edmundo González Urrutia a un amenazante Nicolás Maduro. “Es momento de respetar la decisión del pueblo. Cada día que se entorpece la transición los venezolanos sufren, en un país en crisis y sin libertad. Aferrarse al poder sólo agudiza el sufrimiento de nuestra gente”.

La ecuación está servida: las fuerzas democráticas, con la aplastante mayoría de la población atrás, convencidas de su victoria, persuadidas de que este puede ser el último autobús de las libertades públicas. El chavismo, atrincherado en el poder con Nicolás Maduro, seguramente consciente de que ahora es una minoría frente al descontento, esperando mejores tiempos para intentar reconectar al país con el ideal de la revolución bolivariana.

Este capítulo subsecuente de la crisis venezolana, que en ocasiones tiene sabor a desenlace, se desarrollará en los meses que siguen con el dramatismo que hemos apreciado en estos días. Son dos tendencias crecientes de carácter opuesto: la impopularidad del gobierno frente a su férrea determinación de quedarse al mando. El cierre simultáneo de las dos compuertas es lo que expulsa a la población a emigrar.

36 muertes violentas se registran en lo que va de 2024

Un promedio de cuatro muertos mensuales, uno semanal, ha sido el balance de los casos documentados por Monitor de Víctimas en el estado Lara, en lo que va de año. Los 36 crímenes ocurridos en los 8 meses de 2024 ocurrieron en 7 de los 9 municipios.

Iribarren ha sido el más afectado con 19 homicidios, mientras que en Torres ocurrieron 5, en Jiménez y Palavecino se perpetraron 3 crímenes en cada entidad, mientras que Crespo, Morán y Simón Planas igualaron las cifras con 2 en cada uno.

Las cifras de muertes a manos de la delincuencia han disminuido en el estado, pero aún persiste la violencia, según lo recabado por el equipo de Monitor de Víctimas. El año pasado (2023), en el mismo periodo de 8 meses, habían asesinado a 57 personas en el estado larense (37% más que en 2024).

Los móviles de los crímenes que más se repitieron en estos meses fueron el ajuste de cuentas, riñas, robos y, por último, resistencia a la autoridad.

Uno de los homicidios que conmocionó en la entidad fue el de José Saniel Carrero Méndez, de 26 años de edad, fue hallado desmembrado en un pozo séptico, ubicado en el sector Guadalupe de Bobare, de la parroquia Águedo Felipe Alvarado, al oeste del municipio Iribarren.

El hecho ocurrió en marzo, luego de permanecer cuatro días desaparecido. Los familiares de José Saniel comenzaron a buscarlo, al no tener información sobre él por qué no llegó a su casa.

La familia contó que el día anterior de su desaparición, el joven había salido a una fiesta en el sector Guadalupe, pero no regresó.

El comisario Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, informó que Wilson Álvarez, de 25 años de edad, conocido de la víctima, se encontró con él y, aparentemente, tuvieron una discusión, debido a que tenían problemas personales, lo que causó que Wilson planificara su crimen y lo llevara a cabo con ayuda de tres personas más.

La violencia intrafamiliar marcó la entidad larense, un hombre mató a su padre en medio de una discusión, en Las Cuibas de Palavecino. La víctima fue Marcos Julio Aranguren Delgado, de 74 años de edad, quien fue asesinado por su hijo Jerson Héctor Aranguren, de 44 años de edad.

Monitor de Víctimas conoció que por mucho tiempo el hombre había amenazado de muerte a su padre, hasta que lo cumplió. Al momento de la discusión, Jerson comenzó a golpearlo hasta asesinarlo.

Parejas femicidas

Cuatro mujeres fueron víctimas de la violencia en el estado Lara, dos fueron asesinadas por sus parejas.

Entre los casos, destaca el femicidio de Orleana Valentina Durán Rodríguez, de 24 años de edad, quien era estudiante del cuarto año de ingeniería en Informática. La joven fue asesinada en el apartamento de su novio Ail Rivero, de 26 años de edad.

Tenían año y medio de relación, Orleana no le comentó nada a sus padres o hermana que él era una persona violenta, tampoco lo demostraba, por lo que el 30 de abril, cuando unos funcionarios de la Policía del estado Lara llegaron hasta la casa de sus progenitores para informarles sobre su muerte, no podían creerlo.

Fuentes del Cicpc informaron que el joven la asesinó en medio de una discusión, agarró un cuchillo y le cortó el cuello. La joven murió desangrada.

Horas después del crimen, la madre del femicida llegó al apartamento y lo encontró dentro del cuarto a un lado del cadáver. Aterrada por lo ocurrido llamó a la policía y se lo llevaron detenido.

La familia y amigos protestaron y pidieron justicia.

Roland Carreño cumple un mes tras las rejas

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El periodista y activista político, Roland Carreño cumplió este lunes 2 de septiembre un mes de haber sido encarcelado en el marco de la represión que se desató luego de los resultados que dieron como ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

Carreño fue aprehendido por funcionarios de los cuerpos represivos del Estado el pasado 2 de agosto y luego de un mes se desconoce su paradero y su estado de salud. Familiares no han podido tener contacto con él.

“Seguimos sin conocer en dónde lo tienen y cuál es su estado de salud. Hoy reiteramos que Ronald aparezca ya”, escribió en la bloqueada en Venezuela cuenta de X, la Plataforma Unitaria Democrática. 

“Reclamamos su libertad inmediata y el respeto a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 17 de agosto. ¡Libertad para Roland y para todos los presos políticos!”, prosiguió la PUD.

Carreño fue detenido la primera vez el pasado 26 de octubre de 2020 y acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y trafico ilícito de armas de guerra. Fue excarcelado el 18 de octubre de 2023, luego de que el régimen madurista y la PUD firmaran un acuerdo en Barbados con la anuencia de la comunidad internacional y el reino de Noruega.

“La desaparición de Carreño se suma a la grave ola de persecución y amedrentamiento librada por Maduro en contra de dirigentes de las fuerzas democráticas en todo el país”, afirma la coalición opositora. 

Mientras que el partido Voluntad Popular, al cual pertenece Carreño, también colocó una publicación en X a propósito de cumplirse un mes de su arbitraria detención. 

“Seguimos sin conocer en donde lo tienen y cuál es su estado de salud. Hoy reiteramos: que Roland aparezca ya”, escribió el partido en X.

Además de Carreño, Voluntad Popular también tiene preso a su coordinador político, Freddy Superlano, también desde hace un mes, en situación de incomunicación y sin poder designar a su defensa privada. 

Varias ONG como Provea, Justicia, Encuentro y Perdón y Acceso a la Justicia han condenado el encierro de presos políticos.  

 

 

 

El Mañanero del 2 de septiembre: La cifra de adolescentes excarcelados ascendió a 86 según Foro Penal y más noticias

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En El Mañanero del 2 de septiembre de 2024 de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: La cifra de adolescentes excarcelados ascendió a 86, según Foro Penal, Suspensión de vuelos a Panamá, Perú y República Dominicana se extiende por un mes más y Freddy Superlano: un mes detenido sin comunicación y sin designar abogados de confianza. 

La cifra de adolescentes excarcelados ascendió a 86 según Foro Penal

Convergencia exige liberación de Biagio Pilieri e informa que tiene más de tres días incomunicado

Suspensión de vuelos a Panamá, Perú y República Dominicana se extiende por un mes más

OVP: Más de 700 detenidos en protestas han sido trasladados a Tocorón y Tocuyito

La lista de derechos humanos vulnerados en Venezuela después del 28 de julio

MAPA | 59 dirigentes políticos, 17 periodistas y 5 defensores de DD HH detenidos en Venezuela desde el 28J

Freddy Superlano: un mes detenido sin comunicación y sin designar abogados de confianza

“Acá estoy papá, siendo como tú, valiente y elevando mi voz ante lo injusto como me lo enseñaste. Acá estoy papá orando por tu libertad y la libertad de todos los presos políticos, y la de nuestro país”, Aurora Superlano, hija de Freddy Superlano. 

La cifra de adolescentes excarcelados ascendió a 86 según Foro Penal

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La cifra de adolescentes excarcelados ascendió a 86, de acuerdo a los datos publicados por el Foro Penal. La organización, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, indicó que entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre han liberado a 74 son varones y 12 son hembras. 

Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, la ONG informó que los adolescentes salieron bajo medidas cautelares. 

Los jóvenes, de 14 a 17 años, fueron detenidos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio en el contexto de protestas postelectorales. En estos comicios, según datos del Consejo Nacional Electoral, Nicolás Maduro salió victorioso, pero los datos son cuestionados por la oposición venezolana. 

Según los datos de la ONG, en el estado Miranda fueron liberados nueve jóvenes, en Amazonas uno, en Bolívar tres, Carabobo cuatro, Caracas 16, Cojedes dos, Lara ocho, Mérida ocho, Nueva Esparta cuatro, Portuguesa cinco, Táchira 13, Yaracuy uno y en el Zulia seis adolescentes. 

El Foro Penal también compartió un video del reencuentro de los jóvenes con sus familiares, el cual fue grabado después de la audiencia en los tribunales. 

Adolescentes detenidos de forma arbitraria

Justicia, Encuentro y Perdón alertó que los adolescentes fueron detenidos de forma arbitraria y que, además, se estaba violando el debido proceso porque muchos fueron encarcelados en prisiones para adultos. 

La organización también exigió la liberación del resto de los adolescentes detenidos. 

“Exigimos la liberación inmediata del grupo restante de adolescentes que aún se encuentra privado de libertad, así como el respeto a sus derechos conforme a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) y en la Constitución”, manifestó la ONG en X.

En el último balance del 26 de agosto, publicado por el Foro Penal, 116 jóvenes estaban detenidos.