En un esfuerzo de documentación conjunto diferentes organizaciones de derechos humanos del país elaboraron el informe “Crisis postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela”, en el que se abordan patrones de violación a los derechos humanos antes, durante y después de la jornada electoral del 28 de julio de 2024.
El documento pone la lupa en las detenciones y violaciones a la libertad de expresión camino a los comicios, los obstáculos a la participación de testigos y verificación ciudadana el día de la elección, la presencia de puntos proselitistas, la actuación de grupos armados, la represión “masiva y feroz” a las protestas por el resultado electoral y las actuaciones coordinadas entre las distintas instituciones de poder contra los ciudadanos que, según denuncian, configuran un patrón de “terrorismo de Estado”.
A continuación, los aspectos más resaltantes del informe.
Detenciones y violaciones a la libertad de expresión previo al 28 de julio
El informe se refiere primero a las situaciones documentadas y reflejadas antes del 28 de julio. En esos meses que antecedieron a la consulta 25 personas fueron detenidas por informar, 58 sitios web y portales habían sido bloqueados para su libre acceso y se procesaron 98 denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión.
En este período además se contabilizaron 169 personas detenciones arbitrarias por razones políticas, siendo uno de los casos más emblemáticos el de la defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel. De las detenciones registradas 52 personas (30,7%) fueron llevadas a prisión antes del inicio formal de la campaña presidencial, la cual comenzó el 4 de julio, mientras que 117 fueron privadas a partir de esa fecha.
Durante la campaña presidencial además 49 personas fueron detenidas por suministrar bienes y servicios a la campaña de Edmundo González Urrutia, mientras que 24 establecimientos habrían sufrido sanciones por este motivo. A esta lista se suma el cierre de 24 establecimientos comerciales por el Servicio Integrado de Administración Tributaria (Seniat) también en represalia por prestar servicio a miembros de la campaña de EGU.
Otro caso emblemático del período prelectoral fue la violación al derecho al asilo de seis miembros del partido Vente Venezuela, dirigido por la líder opositora María Corina Machado, quienes se refugiaron en la sede de la embajada de Argentina en Caracas, cuya custodia está en manos hoy del gobierno de Brasil.
Se menciona en este punto que en el primer semestre de 2024 en Venezuela, que coincidió con la preparación de las elecciones y la campana, se registraron 2.383 protestas, de las cuales las exigencias por Derechos Económicos, Sociales y Culturales representaban el 56%.
Sólo durante el mes de julio, el mes electoral, habrían ocurrido 1.311 movilizaciones, de las cuales “el 90% fue por la demanda de derechos civiles y políticos”.
Día de la elección: impedimentos a testigos y violencia de personas armadas
El informe indica que en la jornada del 28 de julio se registraron entre 53,8% y 65,9% de incidentes en centros electorales que retrasaron el proceso de votación. En el 70% de los centros electorales se reportaron puntos proselitistas, mientras que entre el 33% y el 22% de los centros se observó el uso de recursos públicos para la movilización de electores.
Precisan que hasta las 6 pm la actuación de los funcionarios del “Plan República” se podía calificar como “institucional”, pero que a partir de esa hora “recibieron órdenes de sus superiores para impedir la presencia de testigos y la verificación ciudadana”.
Detalla el documento que solo en un porcentaje entre el 44 y el 24% de los centros se permitió la presencia de testigos en los actos de escrutinio y que en 30,5% de los centros se negó la entrega de copias de las actas a los testigos.
En el día de las votaciones también ocurrieron” 20 situaciones lesivas al derecho de libertad de expresión e información”, además de, al menos, “86 actuaciones de grupos de personas armadas afectas al oficialismo, en 17 estados diferentes, con un saldo de 8 personas heridas de bala y 1 asesinada”.
Las ONG que desarrollaron el informe advierten que estos ataques “no sólo sugieren coordinación nacional, sino tolerancia por parte de las autoridades”.
Se menciona asimismo como distintivo de la jornada electoral las “irregularidades vinculadas a la difusión de los supuestos resultados”, que recuerdan, fueron plasmadas en los reportes preliminares del Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de Naciones Unidas.
Represión “masiva y feroz” a las movilizaciones espontáneas
En los días que siguieron al resultado electoral del 28 de julio se puso de manifiesto el descontento de los ciudadanos e inició una movilización popular que fue abordada por el gobierno mediante una combinación de métodos “duros” y “blandos”, indican las ONG en el informe.
Para neutralizar a corto plazo las protestas, denuncian, “las autoridades ordenaron una represión masiva y feroz, en la que entre 24 a 26 personas habrían perdido la vida en el contexto de manifestaciones”.
Se indica en el documento que en esos días “se determinó una cuota de personas a detener, de más de dos mil ciudadanos, para generar un efecto inhibitorio, generando condiciones para la extorsión masiva por parte de los funcionarios”.
A estos mecanismos “duros” identificados se sumaron luego del 31 de agosto, mecanismos “blandos”, que incluyeron la aprobación de una ley contra las ONG, “la anulación masiva de pasaportes, despidos por razones políticas, estímulo de la delación comunitaria a través de una aplicación tecnológica, revisión de teléfonos celulares en alcabalas y la divulgación de mensajes atemorizantes por parte de voceros gubernamentales”.
Este reporte reseña que el gobernante Nicolás Maduro “ha sido el vocero principal de las estrategias de represión, que se han divulgado públicamente, incluyendo la fabricación de falsos positivos para deslegitimar las denuncias sobre violaciones al derecho a la vida en el contexto de las protestas, de manera coordinada a diferentes niveles del poder público, en conjunto con sus aliados”.
Según el corte de datos hasta el 29 de agosto había 1590 detenidos confirmados por las ONG, 86.1% hombres y 13.9% mujeres.
“En los patrones vinculados a las detenciones hubo desapariciones forzadas de corta duración, negativa a poder ser representados por sus abogados de confianza, aplicación masiva de la legislación contra el terrorismo, realización de audiencias virtuales en juicios sumarios, privación de libertad a adolescentes y personas con discapacidad. Además, después del 28 de julio, se registraron por lo menos 184 actuaciones de civiles armados, conocidos como Colectivos”, se especifica.
El informe además incluye un reporte especial de un estado del interior del país, Yaracuy, para visibilizar la situación de vulneración de derechos fundamentales fuera de la región capital.
Terrorismo de Estado y régimen de excepción
El documento destaca que las actuaciones de las autoridades ratifican que en el país se continúa cometiendo el crimen de persecución por motivos políticos, “un delito de lesa humanidad incluido en el Estatuto de Roma”.
Denuncian además que la actuación coordinada de las diferentes instituciones del poder público, “dirigidas a fomentar el temor generalizado como mecanismo de control y coerción, deben calificarse como terrorismo de Estado”.
Se alerta asimismo que la “grave erosión” de la institucionalidad democrática ha derogado, por la vía de los hechos, el 21.7% de los artículos de la Carta Magna, vinculados a derechos fundamentales, “por lo que en el país se ha instaurado un régimen de excepción por la vía de los hechos”.
El proceso electoral no fue libre y justo
Las organizaciones concluyen aunque la voluntad popular hubiera sido reconocida por las actuales autoridades, las continuas barreras erigidas en el proceso electoral, “de forma generalizada y sistemática, obstaculizando el ejercicio de los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación”, igualmente hubieran impedido calificar al proceso electoral como “libre” y “justo”.
Las recomendaciones la comunidad internacional
Las ONG emitieron varias recomendaciones a la comunidad internacional respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela, entre las que se encuentran:
- Mantener los esfuerzos de mediación y presión diplomática sobre las autoridades venezolanas
- Incrementar las medidas de reconocimiento individual a los responsables de violaciones a los derechos humanos
- Tomar medidas para reconocer a los venezolanos que saldrán del país como beneficiarios de refugio según la Declaración de Cartagena
- Que Estados parte del Estatuto de Roma incidan en la Corte Penal Internacional para que las situaciones denunciadas se incluyan dentro del expediente de la investigación, así como iniciar procesos de justicia universal en sus jurisdicciones
- Mantener el no reconocimiento de los resultados anunciados por el CNE hasta que no exista una divulgación detallada, verificada por una revisión forense electoral realizada por técnicos electorales independiente.
- La revisión regional de la Carta Democrática Interamericana y la creación de “nuevos y novedosos mecanismos para la incidencia multilateral sobre quiebres institucionales en el continente”.
- La inclusión del tema Venezuela en la Cumbre Celac-Unión Europea a realizarse en Colombia en el año 2025
- Que la comunidad internacional reconozca como interlocutor en la crisis venezolana a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
