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Denuncian traslado irregular de presos de Ramo Verde hacia centro penitenciario militar de Charallave

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La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón denunció este viernes, 13 de septiembre, el traslado irregular de presos de la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda, hacia el Centro de Procesados y Penados Militares de Charallave.

De acuerdo con la ONG, según publicó en su cuenta de X (antes Twitter) “este movimiento ha generado un clima de incertidumbre y angustia entre los familiares, quienes no han recibido información clara sobre las razones detrás de estos”.

“Las denuncias se enfocan en la falta de información sobre este proceso y que los detenidos no han tenido acceso a su defensa ni a la comunicación con sus familiares”, añadió Justicia, Encuentro y Perdón.

Para la organización, esta situación no solo vulnera sus derechos fundamentales, “sino que también agrava el sufrimiento de sus seres queridos, quienes se encuentran en la oscuridad respecto a la situación de sus familiares”.

El llamado “urgente” de la ONG es a las autoridades “para que brinden claridad sobre las razones de estos traslados y garanticen el respeto a los derechos de los detenidos”.

“Es fundamental que se asegure el acceso a la defensa legal y a la comunicación con sus familiares, en cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales sobre derechos humanos”, añadió.

CNE y TSJ rechazan sanciones de la OFAC pero no aclaran dudas sobre las presidenciales

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El Consejo Nacional Electoral (CNE), que todavía no publica los resultados de las elecciones presidenciales desglosados mesa por mesa, reapareció este viernes, 13 de septiembre, para condenar la sanciones del Departamento del Tesoro contra dos funcionarios del ente comicial.

En un comunicado en PDF que se difundió en redes sociales -ya que la página del CNE sigue caída– el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, afirmó que “intentar chantajear a miembros” del ente comicial “es una maniobra grosera que ha fracasado con anterioridad”.

De acuerdo con la orden ejecutiva 13.692 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), 16 funcionarios venezolanos fueron sancionados por su presunta responsabilidad en el “fraude electoral” del 28 de julio.

Entre los afectados por las nuevas sanciones se encuentran la rectora del CNE Rosalba Gil Pacheco y el subdirector Antonio José Meneses. Según el comunicado que firmó Amoroso, “el Poder Electoral está hoy más firme, unido y fuerte que nunca, con capacidad de enfrentar cualquier ataque rastrero contra su integridad”.

CNE sanciones

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia tampoco se quedó en silencio con las sanciones, que afectaron a por lo menos cinco magistrados del Poder Judicial, incluyendo a su presidenta Caryslia Beatriz Rodríguez.

En un comunicado por la presidenta del TSJ, Carlysia Rodríguez, la institución calificó de “atropello al derecho internacional” las sanciones impuestas a su persona y a otros magistrados: Inocencio Figueroa; Malaquías Gil, presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ; Fanny Márquez, vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral, y Edward Briceño, juez especial del Tribunal de Terrorismo que emitió la orden de captura contra Edmundo González.

«Esta práctica está en colisión con los principios aceptados del derecho internacional como son la autodeterminación y democracia que en el sistema es ejercida por el pueblo», dijo Rodríguez en el comunicado.

 

CNE sanciones

CNE sanciones

El resto de los sancionados, de acuerdo con la orden ejecutiva de la OFAC, son: Dinorah Yoselin Bustamante Puerta, fiscal de la Dgcim; Pedro José Infante Aparicio, diputado; Domingo Antonio Hernández Larez, director del Ceofanb; Elio Ramon Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); Johan Alexander Hernández Larez, comandante de la REDI Capital de la GNB; Asdrúbal José Brito Hernández, Director la Dgcim; y Miguel Antonio Muñoz Palacios, subdirector del Sebin.

CIDH condena exilio de Edmundo González y hostigamientos en la embajada de Argentina

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Este viernes, 13 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el “exilio forzoso” del principal líder de oposición, Edmundo González Urrutia, así como los hostigamientos a la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas donde se encuentran varios dirigentes de oposición asilados. 

“El Estado venezolano debe poner fin a la persecución política, respetar compromisos internacionales en materia de asilo diplomático y restablecer el orden democrático”, dice parte del comunicado que emitió la CIDH. 

La CIDH indicó que ha venido documentado “graves prácticas de ruptura institucional y democrática que incluyen, entre otras, el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, detenciones arbitrarias de personas manifestantes y dirigentes opositores, citaciones judiciales y órdenes de arresto sin fundamento legal y la cancelación de pasaportes de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos”.

La CIDH indicó que es responsable de velar por el respeto del derecho internacional en su estrecha relación con los derechos humanos. Por lo que refuerza la necesidad de que los Estados observen las obligaciones internacionales derivadas de sus compromisos consuetudinarios y convenciones, incluida la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Asilo Diplomático de 1954.

“En una democracia ninguna persona con liderazgo político debería verse obligada a asilarse en una embajada o abandonar el país para resguardar derechos como la vida, la integridad y la libertad”, se lee en el comunicado. 

La Comisión reiteró que los actos del Estado venezolano tienen como intención “infundir miedo en la población y desalentar la participación política de la oposición”. Reiteró su  llamado al Estado venezolano a “respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas venezolanas, así como a agotar todas las medidas para canalizar los conflictos, priorizando el diálogo y la negociación”.

embajada de Argentina

Ex presidente español Felipe González reconoce a EGU como “presidente electo”

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El expresidente del Gobierno español Felipe González se reunió este viernes, 13 de septiembre, con el candidato de la oposición en las recientes elecciones de Venezuela, Edmundo González, y lo calificó de “presidente electo”.

La Fundación Felipe González informó de este encuentro con una fotografía de ambos y un texto en el que se refiere a Edmundo González Urrutia como “presidente electo de Venezuela” y recordó que ambos se conocieron en Ginebra (Suiza) en 1975, en la etapa en la que el expresidente socialista estaba en la clandestinidad, antes de ganar las elecciones españolas.

En el encuentro, Edmundo González Urrutia ratificó su intención de “seguir luchando para conseguir una transición a la democracia en Venezuela” mientras María Corina Machado “sigue resistiendo en el país para que juntos puedan hacer valer la soberanía popular expresada en las urnas” en las elecciones del pasado 28 de julio.

Edmundo González Urrutia, que llegó el pasado domingo a España para buscar asilo, se reunió también este viernes con el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, del partido conservador PP.


El jueves fue recibido en La Moncloa por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien le trasladó que España va a seguir trabajando “en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales” del pueblo venezolano.

*Con información de EFE

OVV contabilizó más de 30 muertes por intervención policial en Guárico de enero a agosto de este año

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De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, 31 muertes por intervención policial (MIP) ocurrieron en el estado Guárico entre enero y agosto de 2024.

Los investigadores del OVV destacaron que 14 de las MIP fueron contabilizadas durante el mes de agosto, la mayoría en el marco de la “Operación Zaraza 2024”, un despliegue de aproximadamente 6 mil funcionarios policiales y militares, con el objeto de dar con el paradero de integrantes del Tren del Llano.

Según el OVV, el pasado 7 de agosto, en el sector San José del municipio Pedro Zaraza se generó un enfrentamiento entre funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y miembros de la banda delictiva “El Pepón”. En el operativo murieron 4 presuntos delincuentes y el sargento primero de la GNB, Francisco Zamora. 

Entre los presuntos criminales fallecidos se encontraba Yohanny Machuca, alias “El Pepón”, señalado como cabecilla de la banda dedicada a la extorsión, abigeato, robos y homicidios.

El 10 de agosto, en una finca del municipio Santa María de Ipire, supuestos miembros del grupo criminal “El Pepón” hicieron frente a la Unidad de Reacción Rápida (Urra) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). El evento dejó como saldo 3 presuntos delincuentes muertos, identificados como: Adolfo González, apodado “Galápago”; Víctor Morabito Zamora, alias “El Morabito” y una mujer identificada como Greiddy Nahomi Fajardo, apodada “La Chachi”.

En el municipio Monagas, la intervención de los organismos de seguridad, el 14 de agosto, culminó con la muerte de 2 presuntos integrantes del Tren del Llano. En tanto que, el 18 de agosto, fue reportada la muerte de Freddy Rafael Narea Ramírez, alias “Camorra” minutos después de haber sido ingresado al hospital Israel Ranuárez Balza, tras enfrentarse con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

De acuerdo con las reseñas de medios locales, en la última semana de agosto, funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) realizaron tres procedimientos, en distintos sectores del municipio Infante, donde sostuvieron supuestos enfrentamientos armados en los que murieron tres integrantes de la banda delictiva Tren del Llano, entre ellos dos menores de edad.

De las 31 MIP reseñadas entre enero y agosto, 28 son hombres y 3 mujeres. Los municipios: Infante, Zaraza y Roscio reunieron el 58% de las muertes producto de incursiones policiales.

 

 

Familiares de detenidos en protestas del 28J denuncian que no dejan verlos

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Proveniente del estado Lara, una de las madres de los detenidos en las protestas poselectorales recluido en la cárcel de Tocorón en el estado Aragua denunció que después de dos semanas de espera y pensar que estaba en Tocuyito en Carabobo fue que las autoridades se dignaron a informarle sobre el paradero de su hijo.

“Mi hijo tiene 19 años. Es la primera vez que vota. El día de las protestas estuvo de curioso y fue vinculado con la destrucción de las estatuas”, aseguró la mujer a la ONG Una Ventana a la Libertad, quien no reveló su nombre por motivos de seguridad.

La mujer aseguró que su familia, conformada por otros dos hijos menores de edad y un esposo que se encuentra en cama debido a una enfermedad, ha recibido amenazas.

Confesó que su hijo permanece detenido en Tocorón por no haber pagado una extorsión a funcionarios policiales de 3.000 mil dólares que le exigen para liberarlo.

La mujer dijo que al menos supo el paradero de su hijo y que según custodios de la cárcel se encuentra en buen estado de salud. 

No solo en Tocorón

Asimismo parientes de detenidos en la cárcel de Yare en el estado Miranda informaron que desconocen la condición en la que se encuentran sus afectos.

Según voceros de Una Ventana a la Libertad, la mayoría de los parientes de los aprehendidos durante la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio que se encuentra en el recinto penitenciario ubicado en el municipio Simón Bolívar de los Valles del Tuy, tienen miedo de dar declaraciones a los medios de comunicación por eventuales represalias.

“Hace tres semanas que no veo a mi hijo”, se limitó a decir una de las mujeres que se encontraba en las adyacencias del penal.

De acuerdo a UVL, se desconoce la cifra de detenidos en el marco de las manifestaciones postelectorales que están en Yare debido a que no hay información oficial.

“Tardamos hasta cinco horas para venir hasta aquí. Eso implica un gasto económico, físico y mental”, dijo el familiar de otro preso que no quiso identificarse y vive en el estado Yaracuy. 

 

 

El Mañanero del 13 de septiembre: Llegó el “Tun Tun” de las sanciones para 16 funcionarios de Maduro

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En El Mañanero del 13 de septiembre de 2024 de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Foro Penal: La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro emitió sanciones contra 16 funcionarios venezolanos por su presunta responsabilidad en el “fraude electoral” del 28 de julio, donde se dio por ganador a Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia, abanderado por la Plataforma Unitaria Democrática en las elecciones presidenciales de Venezuela, se reunió este jueves, 12 de septiembre, con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, días después de su exilio a ese país.

“TunTun” del Departamento del Tesoro contra 16 funcionarios venezolanos por “fraude electoral”

Gobierno de Maduro reacciona a las nuevas sanciones de Estados Unidos

De acuerdo a Cedice Libertad la inflación en agosto fue de 2,63% en bolívares y 1,77 en dólares

Los presos hablan, los libres callan

Edmundo González ratifica a Pedro Sánchez su determinación en la lucha por respetar la voluntad del 28 de julio

Más de 40 países firman una declaración para restablecer las normas democráticas en Venezuela

Provea denunció que retuvieron a activista Néstor Astudillo

Megaelecciones de 2025: ¿abstenerse o participar?

“No existe un recurso en la Constitución, en la Ley Orgánica del TSJ ni en el Código Civil para certificar resultados. Sin embargo, la sala (Electoral), haciendo caso omiso de todo este andamiaje legal, tira su sentencia como si los venezolanos fuéramos pendejos, como si no conociéramos nuestra Constitución”, Enrique Márquez, abanderado de la formación Centrados

 

Megaelecciones de 2025: ¿abstenerse o participar?

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En vez de abstenerse nuevamente en las megaelecciones del 2025, las fuerzas democráticas están llamadas a reconstruir y recuperar los contrapesos institucionales

@victoralvarezr

El cuestionado resultado de las presidenciales del 28-J, anunciado por el CNE y ratificado por el TSJ, revive las consignas abstencionistas que plantean que “en Venezuela se vota, pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en las próximas elecciones es convalidar la farsa electoral del régimen”.

En las megaelecciones de 2025, un nuevo llamado a la abstención una vez más convertiría en mayoría a la minoría oficialista. Recordemos que, al desconocer la legitimidad de las presidenciales de 2018, la tendencia abstencionista de la oposición argumentó que los comicios para elegir alcaldes, gobernadores y diputados no resolverían lo que consideraban el problema de fondo: la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro.

Restaron importancia a las elecciones parlamentarias y regionales, y para participar en cualquier elección convirtieron en un punto de honor la salida de Maduro del poder. Con la consigna del cese de la usurpación lanzaron su ultimátum: “solo negociaremos con Maduro su salvoconducto o el color del uniforme en la cárcel de Guantánamo”.

Debido al deterioro de las condiciones electorales y con el propósito de deslegitimar cualquier elección, los principales partidos de la oposición dejaron de participar en las elecciones parlamentarias, de gobernadores y alcaldes. Cayeron en la jugada del gobierno y facilitaron el triunfo de los candidatos oficialistas. En apenas 5 años la oposición pasó de la contundente victoria en las parlamentarias de 2015, a las consecutivas derrotas en las regionales de 2016, las municipales de 2017, las parlamentarias de 2020, y en las megaelecciones de 2021.

En estos procesos la oposición se abstuvo o se presentó dividida, razón por la cual perdió importantes espacios de resistencia y lucha institucional que –además de ser el contrapeso institucional del gobierno–, constituyen la plataforma para la organización política de su militancia, activistas y seguidores.

Con la abstención la oposición entregó al gobierno el control de la Asamblea Nacional, que es la que designa a los rectores del Consejo Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, sobre cuya independencia y autonomía se erige la democracia. La abstención inclina la balanza a favor del gobierno, toda vez que debilita la presencia de la oposición en la Asamblea Nacional y le facilita al oficialismo lograr una ventajosa correlación de gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales. Esa correlación de fuerzas políticas no refleja el malestar nacional que se queda sin representación en unas instituciones que terminan bajo el control de una minoría oficialista que se hace mayoría gracias a la abstención de la oposición.

Al desandar la ruta electoral, el terreno perdido no se recupera en la próxima elección y hay que volver a iniciar un largo proceso de acumulación de fuerzas, participando en todos y cada uno de los procesos electorales que se convoquen. Por lo tanto, no se puede seguir llamando a la abstención en unas elecciones y entregar los contrapesos institucionales, para luego regresar a participar en las siguientes elecciones, sin fuerza ni capacidad para lograr la reinstitucionalización de los poderes públicos y lograr igualdad de condiciones electorales.

Acumular fuerzas para reinstitucionalizar los poderes públicos

La falta de contrapesos institucionales es una de las razones por las cuales en las presidenciales del 28 de julio de 2024 la oposición no pudo cobrar su victoria. La oposición no solo compitió contra el ventajismo del candidato oficialista, también compitió contra un CNE parcializado y un TSJ funcional al gobierno. En vez de abstenerse nuevamente en las megaelecciones del 2025, las fuerzas democráticas están llamadas a reconstruir y recuperar los contrapesos institucionales que le impidan al régimen seguir imponiendo su modelo cada vez más autoritario y totalitario.

Sin contrapesos institucionales para poner límites al control del gobierno sobre los demás poderes públicos se deteriora aún más la democracia. Quienes detentan el poder Ejecutivo van controlando y subordinando los demás poderes públicos. Esta hegemonía institucional es utilizada para inhabilitar candidatos de la oposición, competir con ventaja al utilizar los recursos públicos en sus campañas, y desplegar el aparato represivo del Estado para perseguir y anular a sus adversarios.

Con el férreo control económico, militar, social y político que ha logrado el régimen, no hay vía rápida para restaurar la democracia venezolana. Se requiere una nueva estrategia con base en un sostenido y gradual proceso de recuperación de los espacios de resistencia y lucha institucional. Restaurar la democracia venezolana será posible cuando el país descontento, políticamente organizado, acumule suficientes fuerzas para lograr la reinstitucionalización de los poderes públicos. Esto exige mantenerse en la ruta electoral a fin de recuperar la mayoría parlamentaria en la AN, que es el foro donde se designan los magistrados del TSJ, los rectores del CNE, los directores del BCV y otros altos cargos del gobierno y del Estado. 

El desbalance es muy grande y hay que comenzar por recuperar los espacios de resistencia y lucha institucional perdidos.

Las condiciones electorales son cada vez más desventajosas, pero no anulan la ventaja que otorgan las favorables condiciones políticas derivadas del enorme rechazo al gobierno. Al gobierno le conviene mantener un CNE espanta votos que lleve a la desmoralizante y desmovilizadora conclusión de que en Venezuela se vota, pero no se elige. Para evitar que esta idea se implante en la opinión pública hay que mantenerse en la ruta electoral y participar en las elecciones parlamentarias y regionales con candidaturas únicas y unitarias que permitan lograr una correlación de fuerzas favorable en la Asamblea Nacional, a fin de comenzar a reinstitucionalizar los poderes públicos hasta recuperar su plena independencia y autonomía.

Las megaelecciones ofrecen una extraordinaria oportunidad para recuperar y reconstruir los contrapesos institucionales necesarios para restaurar la democracia venezolana. Esta es una tarea de largo aliento, de recuperación gradual de los espacios institucionales entregados por la abstención.

De allí la importancia de prepararse con tiempo para las megaelecciones de 2025 en las que hay que competir con candidaturas únicas y unitarias a fin de ganar el mayor número de diputados, gobernaciones, alcaldías, legisladores regionales y concejales municipales que le hagan contrapeso institucional al gobierno y lo obliguen a sentarse a negociar una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano y un programa de reconstrucción nacional.

Escuche el análisis completo en el nuevo pódcast de Pedagogía económica y electoral https://t1p.de/y91pw

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