Los venezolanos pagan dos veces por el servicio eléctrico, primero mediante la tarifa oficial de Corpoelec y luego a través del gasto en autogeneración. Las fallas recurrentes y los cortes programados en el interior del país trasladan a familias y empresas un costo operativo extraordinario que presiona los presupuestos, merma la rentabilidad del comercio y eleva los costos industriales. 

Este esquema de financiamiento privado forzoso para autogenerar energía coexiste con promesas institucionales de largo aliento. La reciente firma de un acuerdo con la empresa argentino-estadounidense IMPSA para reactivar y culminar la central hidroeléctrica Tocoma (Manuel Piar), que debió haber sido concluida en 2014, proyecta una solución estructural a futuro, pero no responde a la contingencia inmediata de un parque térmico desatendido y una red de distribución sobrecargada. 

La obra, que está concluida en 87%, contempla incorporar 160 megavatios (MW) al sistema eléctrico durante los próximos 90 días, y el objetivo final es elevar la capacidad de generación hasta 2.640 MW mediante la recuperación de Tocoma y la modernización de la central hidroeléctrica de Macagua, ambas ubicadas en el complejo energético de Guayana. 

Mientras las metas oficiales apuntan a megaproyectos de recuperación de las termoeléctricas y de la generación y distribución en general, la cotidianidad en las regiones se resuelve con plantas auxiliares a combustible, bancos de baterías e incremento de las horas de racionamientos no anunciados. 

Recuperación con el freno puesto

Tito López, presidente de Conindustria, advirtió que la crisis del sector eléctrico y la falta de cronogramas de racionamiento frenan el potencial de recuperación de la industria. Durante la presentación de la Encuesta de Coyuntura correspondiente al segundo trimestre de 2026, informó que las fallas del servicio eléctrico se ubicaron en segundo lugar como uno de los factores que restringen la recuperación de la productividad. El primer lugar como principal perturbador de la actividad lo ocupa el exceso de tributos. 

Las empresas que respondieron la encuesta reportaron que debido al racionamiento se perdió 44% de las horas laborables. Entre abril y junio, de un total de 448 horas laborales, estuvieron 214 sin suministro eléctrico. 

La crisis impacta de forma diferenciada a las distintas regiones. Los registros de Conindustria evidencian una brecha entre la Gran Caracas y las regiones productivas del país. Mientras Caracas registró 82 horas de interrupción del servicio, la región zuliana fue la más afectada con 333 horas de cortes acumulados, Los Andes con 295 y la región centro-occidental con 263 horas. Con un promedio de 57 interrupciones intempestivas en el trimestre, la industria en las regiones enfrenta cerca de cinco paradas no programadas por semana, lo que afecta los ciclos continuos de producción. En el segundo trimestre del año el volumen de producción se desaceleró de 9,9% entre enero y marzo a 8,1% entre abril y junio. 

Ante este escenario y el mandato gubernamental de generar su propia energía, la industria ha visto incrementarse sus costos de producción y laborales.  

La factura diaria de mantener la santamaría arriba 

El presidente de Conindustria explicó que además de los costos mensuales por diésel y mantenimiento de plantas, las empresas han ajustado los horarios y han habilitado turnos nocturnos especiales. 

 «Dependiendo del sector, los costos laborales por pago de horas nocturnas, comida, transporte y otros costos asociados al horario podríamos estar hablando de incrementos de entre 20 y 30%, a eso súmale que las empresas pequeñas deben pagar unos $3000 mensuales en diésel y si hablamos de las grandes y medianas ese costo se dispara por encima de $10.000 mensuales». 

La presión que asfixia a la industria se reproduce a menor escala, pero con igual crudeza, en las zonas comerciales del interior del país. En el centro de Maracay, el paisaje durante las horas de corte eléctrico se define por el rugido continuo de generadores portátiles alineados en las aceras, temperaturas sofocantes dentro de los locales y una marcada lentitud en los puntos de venta y los sistemas de facturación digital. 

Para los pequeños comerciantes y sus empleados, mantener las puertas abiertas no es sinónimo de normalidad, sino de una rutina de contingencia donde el gasto diario en combustible condiciona la supervivencia del negocio. 

Alberto José Zanardi, presidente de la Asociación de Comerciantes por Aragua, indicó que «la operatividad de los negocios se encuentra bajo una amenaza severa, pues la deficiencia en el suministro eléctrico actúa como un catalizador de descapitalización». 

Si bien un número importante de comercios cuenta con pequeños equipos que permiten encender luminarias y algún ventilador, la falta de energía continua impide procesar pagos electrónicos de forma fluida, lo que paraliza el flujo de caja. La situación se agrava en los sectores de alimentos y medicinas, donde la pérdida de refrigeración genera cuantiosas mermas de inventario. 

Sin cronograma

Un comerciante de la calle Santos Michelena de Maracay explicó, en voz alta para superar el ruido de los generadores, que una planta pequeña consume entre 5 y 20 litros diarios de combustible. Bajo anonimato indicó que este desembolso merma sus ganancias y presiona los precios. No descarta que, de prolongarse la situación, deba bajar la santamaría de forma definitiva.

«Cuando no hay electricidad bajan drásticamente las ventas, pero yo no puedo cerrar porque los cortes ocurren en las horas de mayor movimiento. Los muchachos que trabajan conmigo quieren irse a sus casas porque no aguantan el calor y viven con dolor de cabeza. La factura en salud nadie la ve». 

Ante este panorama, el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, advirtió que la ausencia de un cronograma público de suspensiones impide la planificación operativa del sector, por lo que pidió a la estatal eléctrica publicar los horarios de interrupción y reflejarlos en los recibos de cobro. 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Aragua indicó que desde hace unos meses están solicitando “a los 18 alcaldes del estado Aragua que implementen un paquete de alivio tributario al sector comercial. De hecho, esta semana el municipio San Sebastián de los Reyes al sur del estado Aragua ha dado un paso en este sentido, y aprobó un estímulo fiscal que contempla la exoneración del 100% de los impuestos durante tres meses”. 

La factura silenciosa en el hogar 

En el último eslabón de la cadena, el colapso del sistema recae directamente sobre los hogares sin amortiguadores financieros ni capacidad de deducción de costos. En las zonas residenciales del interior del país, las constantes fluctuaciones y los cortes imprevistos se traducen en la avería recurrente de electrodomésticos esenciales como compresores de neveras, bombas de agua y equipos de aire acondicionado. Ante la falta de mecanismos oficiales de indemnización, el gasto de reposición o arreglo corre por cuenta exclusiva de las familias, que deben postergar compras de alimentos o tratamientos médicos para atender estas contingencias. 

La necesidad de mantener condiciones mínimas de habitabilidad y conectividad ha creado un mercado doméstico de emergencia. Los presupuestos familiares absorben compras recurrentes de bombillos recargables que oscilan entre 3 y 8 dólares por unidad, ventiladores a batería que promedian entre 20 y 45 dólares, y sistemas UPS o mini-inversores para los módems de internet cuyos precios superan los 30 dólares. Para los trabajadores remotos y estudiantes, estos dispositivos representan una inversión obligatoria para evitar la desconexión laboral o académica durante las jornadas sin luz. 

Más allá del desembolso monetario, la irregularidad del suministro pasa una factura severa sobre la salud física y mental. Las interrupciones nocturnas en zonas de altas temperaturas impiden el descanso continuo, generando cuadros de fatiga crónica, estrés e irritabilidad que merman el rendimiento diario. La incertidumbre sobre el momento en que se cortará o regresará el servicio altera la rutina cotidiana y agrava el desgaste psicológico de las familias, que viven en un estado de alerta permanente para proteger sus equipos o preservar los pocos alimentos refrigerados que conservan. 

El peso real de la crisis del sector eléctrico

Ninguna actividad productiva ni dinámica familiar puede sostenerse de forma indefinida sobre una estructura de autogeneración improvisada. La factura eléctrica real en Venezuela no se limita al monto del recibo oficial, sino que se acumula en el diésel diario de las fábricas, la gasolina de los generadores en las aceras y el reemplazo constante de electrodomésticos y equipos en los hogares. Al obligar a cada actor a convertirse en su propia planta eléctrica, el colapso del servicio traslada un sobrecosto asfixiante que distorsiona la economía cotidiana, merma la calidad de vida y deja a la deriva el bienestar y la operatividad en el país.