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El sagrado derecho de asilo

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Entrar a una sede diplomática e incurrir en actos de coacción es un agravio sin precedentes en las relaciones internacionales. Ni Pinochet [1973] intentó entrar en la Embajada de Venezuela

@ovierablanco

El reciente episodio en la Embajada de España en Caracas es un acto que pone en peligro la dignidad de las misiones diplomáticas y la integridad del derecho de asilo. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que “los privilegios e inmunidades diplomáticos contribuirá al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social”.

Afirmando que las normas del derecho internacional consuetudinario han de continuar rigiendo las cuestiones que no hayan sido expresamente reguladas en las disposiciones de la presente Convención, unos de los postulados esenciales de derecho internacional es el principio de la buena fe según el cual los Estados deben cumplir la normativa internacional y la legalidad de acreditantes y receptores. Otro principio es el de la responsabilidad y protección de los DD. HH. como norma cúspide del derecho internacional, más el principio de opino juris o la creencia que los Estados deben actuar conforme a una obligación legal, no atentando contra la tranquilidad, intrusión o daño de la misión diplomática.

Entrar a una sede diplomática e incurrir en actos de coacción es un agravio sin precedentes en las relaciones internacionales. Ni Pinochet [1973] intentó entrar en la embajada de Venezuela a través de sus carabineros, generalotes o ministros para condicionar la salida de los asilados en la embajada venezolana en tiempos de represión. Tampoco la transición política de dictadura a democracia impidió el refugio a Juan Domingo Perón en la Embajada de República Dominicana en Caracas tras la caída de Pérez Jiménez.

Son muchos los ejemplos donde el asilo ha sido cuidadosamente respetado. Notorios los casos de Manuel Zelaya, quien se asiló en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa [2009]; de Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA en Perú, quién pidió asilo en la embajada Colombia en Lima [1949]; o Héctor Cámpora, quien tras el golpe militar de1976 se asiló en la Embajada de México en BBAA. Nadie fue con “papelitos” a esas sedes para condicionar el salvoconducto.

Esa carta…

Establece la Convención de Viena en su artículo tercero: 1. Las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en: a. Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor; b. Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; c. Negociar con el gobierno del Estado receptor; d. enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante; e. fomentar las relaciones amistosas […] entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Vamos por partes:

  1. La representación del Estado Acreditante [España] en el Estado Receptor [Venezuela] debe ser de buena fe y responsable, respetando el principio de legalidad, es decir, actuando conforme al orden público internacional y al ordenamiento jurídico interno.
  2. El deber del Estado Acreditante de proteger los intereses de sus representados en el Estado Receptor, es proteger su dignidad como nación y la plena legalidad de sus actos. Aceptar la firma de testimonios bajo sospecha de conducta intimidatoria no es digno.
  3. Negociar significa hacerlo sin atemorizar o recurrir a condicionamientos inapropiados.
  4. Enterarse por medios lícitos sobre acontecimientos del Estado Acreditante, es informar lo que ocurre e involucrarse en dichos acontecimientos de manera lícita y
  5. Desarrollar relaciones amistosas exige no quebrantar dichos vínculos permitiendo conductas hostiles.

Una carta firmada en condiciones contrarias a la legalidad de la nación acreditante o receptora, a los principios del derecho internacional público, el derecho de asilo y el derecho consuetudinario, es una carta ilegal e impropia, que carece de toda validez, y además hace de la visita un precedente infausto del que se conoce poco o nada.

Lo que es bueno para el pavo…

Este es un punto muy polémico. ¿La carta de renuncia que firmó Chávez en su momento [2002] podría considerarse válida? ¿Firmó bajo coacción? Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Es decir, tratar de darle validez política a formatos contractuales que puedan significar renuncia, reconocimiento de poder, abandono o dimisión, deben venir acompañados de libre albedrío. Es lo que sucede en la sede de la Embajada de Argentina en Venezuela bajo “custodia” del Gobierno Brasil. Un salvoconducto que no es concedido por el Estado venezolano, caprichosamente.

Si Edmundo González no firmaba esa carta, las consecuencias las sabemos porque las hemos visto. Con una orden de aprehensión en curso, un hombre mayor, frágil de salud (lo que poco le importa a su victimario); amenazas y hostigamiento desde los poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo o el judicial, la opción no podía ser no firmar.

Por esta razón la carta rubricada por Edmundo no le ha dado valor ni él ni todo el mundo. Así, la reacción de España fue votar el reconocimiento de González Urrutia como presidente electo de los venezolanos. Ni sensatez, ni el derecho o la verdad conceden espacio, cuando el pánico se usa como herramienta de quiebre o el asedio [Embajada de Argentina en Caracas] como mensaje de terror. Un precedente inédito del derecho de asilo como carta de aseguramiento de poder y canje. Pero ahí están las respuestas del Parlamento Europeo, de EE. UU. y otros foros latinoamericanos.

España y Zapatero. Una relación peligrosa

España debe evaluar si [le] sigue haciendo caso al señor Zapatero, quien, por cierto, sabe muy bien lanzar la piedra y esconder la mano. Es público y notorio que el expresidente del gobierno español tiene intereses en Venezuela, por lo que, volviendo a la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, los “buenos oficios” de este agente, lo son solo para él, los suyos y sus aliados de Caracas, y no para los españoles o los venezolanos. Rodríguez Zapatero induce a error y actos de mala fe violentando el orden público internacional y la propia legalidad española y venezolana. Tampoco le acredita un buen “rendimiento político” a Sánchez. Por el contrario: lo enreda, lo escandaliza, lo complica.

Todo un cotillón de “rescates y heroicidades” retóricas para que el Congreso de diputados vote a González Urrutia como presidente electo, a contra vía de la bancada del PSOE, lo cual le atiza un revés político a Sánchez. Un mar de contradicciones que lo llevan a abrir la puerta de los jardines de la Moncloa para recibir y abrazarse con Edmundo, trajeados de agenda presidencial.

En España aún queda una reserva institucional, democrática y de derecho que se resiste a una izquierda embriagada de populismo, ajena a las buenas costumbres locales e internacionales. “Negociar la paz y la libertad es bueno, siempre y cuando se negocie de buena fe, pleno consentimiento y buenas prácticas diplomáticas. El derecho de asilo no se negocia. Se otorga.

Asilo y caballo de Troya. No es vacilar, es asilar

La institución del asilo es un derecho que nace y ha existido desde la antigüedad, teniendo sus orígenes en las primeras civilizaciones y religiones. Su evolución como derecho internacional ha sido gradual, naciendo principalmente como una protección ofrecida por Estados a quienes huyen de persecución.

En civilizaciones antiguas, como la mesopotámica, egipcia y griega, existía la noción de lugares sagrados como templos, donde los individuos podían buscar refugio. En la antigua Grecia, las personas perseguidas podían obtener protección en los altares de los dioses. Estas nociones de inmunidad y lugar sagrado han venido siendo recogidas por el derecho consuetudinario. En la antigua Roma existían también espacios designados donde los esclavos y perseguidos podían obtener refugio. Estos lugares estaban relacionados con la religión, protegidos por las deidades.

En la Edad Media, la Iglesia católica desempeñó un papel importante en la consolidación del concepto de asilo. Los templos y monasterios eran lugares donde se podía buscar refugio. La ley eclesiástica permitía ofrecer protección a aquellos que huían de la justicia secular, fueran criminales o perseguidos políticos. Este asilo eclesiástico proporcionaba un espacio donde las personas podían evitar la persecución, siempre que estuvieran bajo la protección de la Iglesia, y a menudo se negociaba su liberación o exilio.

Con la consolidación de los Estados-Nación y el fortalecimiento de la soberanía estatal, el concepto de asilo comenzó a trasladarse de lo religioso a lo político. El asilo se convirtió en una prerrogativa de los Estados, que comenzaron a ofrecer refugio a exiliados políticos y perseguidos que escapaban de gobiernos opresivos. Durante el siglo XVII y XVIII en Europa, especialmente tras las guerras religiosas y la Revolución francesa, el asilo empezó a tener una dimensión más política. En el siglo XIX, el asilo político se consolidó como una institución internacional, especialmente en América Latina, donde varios países adoptaron el derecho de asilo diplomático.

El asilo se convirtió en un derecho codificado a nivel internacional tras las grandes guerras del siglo XX, cuando los flujos de refugiados aumentaron considerablemente. Tras la II Guerra Mundial, en 1951, se adoptó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, estableciendo una definición legal para los refugiados y formalizando el derecho al asilo. Este fue un avance crucial, ya que permitió la protección de quienes huían de la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas.

Nacimiento del asilo como derecho

El asilo como derecho internacional nació formalmente con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, que codificaron el derecho de asilo en el marco de la ONU. La Declaración Universal de los DD. HH. de 1948, en su artículo 14, también reconoce el derecho de toda persona a buscar asilo en caso de persecución. Desde entonces el asilo se ha consagrado como un derecho internacional de carácter humanitario, un derecho que conserva su condición originaria, un derecho sagrado, humanitario, gentil, con un enfoque sensible en la protección de los DD. HH. Un derecho que resiste amenazas, condicionamientos y ataduras ideológicas.

Aunque los Estados mantienen la soberanía para decidir sobre la concesión del asilo, el principio de non-refoulement (no devolución), incluido en la Convención de 1951, prohíbe devolver a una persona a un país donde su vida o libertad esté en peligro.

Todo este andamiaje histórico, institucional, humanitario y normativo, no puede ser vulnerado ni agredido por “negociaciones” que atentan contra la inmaculada institución del asilo. No es vacilar, es asilar, nos alerta el embajador Milos Alkalay. No es entrar como caballo de Troya y sorprender con documentos, grabaciones y fotografías fuera de orden. El asilo es un derecho sagrado del orden público internacional, que ha servido incluso a dictadores, cuando ellos lo han solicitado. Porque así es la vida. El mundo sigue rodando: no saben ellos mismos [dictadores y camaradas] cuando tendrán que pedirlo, sin condiciones, sin chantajes ni vacilación.

vierablanco@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Detenido hermano de Juan Pablo Guanipa cuando intentaba viajar a Colombia

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El opositor Pedro Guanipa, director de la alcaldía de la ciudad de Maracaibo, fue detenido este jueves, 26 de septiembre, por funcionarios de seguridad cuando se disponía a viajar a Colombia, según denunciaron sus familiares.

El hombre, de 57 años, “fue detenido de forma arbitraria y sin razón legal alguna cuando se disponía a sellar el pasaporte para trasladarse a Bogotá”, de acuerdo con el exdiputado Tomás Guanipa, hermano del detenido, que no precisó si el arresto se produjo en un aeropuerto o una frontera terrestre.

“Desconocemos su paradero y exigimos su liberación”, añadió en X el opositor.

Asimismo, el exdiputado Juan Pablo Guanipa, también hermano del detenido, tildó de arbitraria esta aprehensión, y aseguró que las autoridades no han ofrecido información hasta ahora.

“Exigimos se informe de su ubicación y sea liberado porque no ha cometido delito alguno”, pidió el político, uno de los dirigentes más cercanos a la líder opositora María Corina Machado, a quien el Gobierno acusa de encabezar supuestos planes golpistas.

La detención se produce dos días antes de la “protesta mundial” convocada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) contra el resultado oficial de las elecciones del 28 de julio.

Luego de los comicios, cuyo resultado ha sido cuestionado dentro y fuera del país, se desató una crisis política que se salda con cerca de 2.400 personas detenidas, muchas de ellas simpatizantes de la PUD, a las que el Ejecutivo y la Fiscalía califican de terroristas. 

*Con información de EFE

Familiares de menores detenidos en protestas poselectorales exigen al Ministerio Público que sean liberados

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Madres y familiares de los niños y jóvenes detenidos en el contexto de las protestas poselectorales se concentraron frente a la sede del Ministerio Público en Caracas, exigiendo su liberación. Durante la manifestación, entregaron un amparo solicitando que el organismo revise y atienda el caso de ocho menores recluidos en la Casa de Justicia 431, ubicada en El Cementerio, así como de siete jóvenes que se encuentran en el Centro Penal de Tocuyito, en el estado Carabobo.

Las madres denunciaron que sus hijos han sido acusados de delitos graves como terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vías públicas y asociación para delinquir sin tener ninguna prueba y tampoco se les permite una defensa privada, a pesar de que el artículo 49 de la Constitución establece: “La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso”.

Documento entregado en el Ministerio Público
Primera página del documento entregado en la fiscalía.

“Nuestros hijos son inocentes, no son terroristas y se les está violando el debido proceso”, dijeron al salir del Ministerio Público. También informaron que el documento fue recibido por el abogado Marco Delgado, adjunto del Departamento de Derechos Humanos, y que esperan que en 15 días tengan una respuesta. 

En el documento, detallaron los nombres y apellidos de cada uno de los detenidos y las circunstancias de su detención. Todos fueron detenidos sin una orden de aprehensión. 

Madres provenientes del estado La Guaira, expresaron que a sus hijos, recluidos en Tocuyito, no les permiten visitas y a algunos ni les permiten hacer llamadas. 

Tanto los niños como los jóvenes tienen más de 45 días detenidos. Sus familiares exigen que se respete el debido proceso y que se apeguen al ordenamiento jurídico venezolano. 

Detenido dentro de su casa 

Ángel Moisés Ramírez, de 16 años, fue detenido dentro de su casa. El joven se encontraba cuidando a su hermano y la policía se lo llevó. Lo asocian con el caso del concesionario de motos Bera, ubicado en Jardines de El Valle. 

De acuerdo al testimonio de la madre, durante las protestas poselectorales el concesionario Bera fue saqueado y fueron ultrajadas algunas motos. 

Ella insiste en la inocencia de su hijo, ya que la moto Bera fue abandonada afuera de su casa. Le informó a un amigo policía y el mismo le indicó que los miembros del consejo comunal tenían que denunciarlo, cuando lo hicieron, la policía se llevó el medio de transporte y también al niño, sin ninguna orden de detención. 

Familiares de jóvenes detenidos
Los familiares de los jóvenes detenidos exigen su liberación.

A Ramírez se le imputa terrorismo, incitación al odio y hurto agravado. Está detenido en el Centro de Justicia 431, en El Cementerio, Caracas. 

“Mi hijo está muy deprimido. Lo único que lo mantiene con ánimo es que él escribe cartas, le ha mandado cartas a casi todos sus familiares. Yo le digo que tenga paciencia, que estamos haciendo lo que podemos para sacarlo, pero no es fácil”, expresó su mamá. 

Ángel le ha dicho a su mamá que quiere salir para continuar estudiando: “Él también le mandó una carta a la directora de su escuela y le dijo que la situación no estaba fácil adentro, que le permitiera volver a estudiar cuando saliera”, agregó. 

El frente de ‘Madres Unidas por la Verdad’, clama por la libertad de los niños y jóvenes detenidos. Alegan el incumplimiento del proceso, la falta de defensa privada y la falta de pruebas. 

“Venía caminando y lo detuvieron” 

Durante la manifestación, la madre de Jesús David Rosal, de 22 años, proveniente de La Guaira, denunció que su hijo fue detenido “cuando venía caminando”. 

“Él fue detenido el 29 de julio y el 30 cumplió 25 años. Venía de casa de un amigo y vio a muchos vecinos que le dijeron ‘Jesús, métete por el aeropuerto, porque eso por ahí está feo y él le dijo ‘no, porque yo no estoy haciendo nada malo y él, que no la debe, no la teme’”, expresó. 

Su madre indicó que tomó esa vía porque era la más cercana a su casa y los policías del estado La Guaira “lo agarraron, lo montaron en el convoy de la Guardia Nacional y después lo llevaron a la ZODI”, indicó. 

Contó que solo pudo ver a su hijo, a lo lejos, cuando estaba recluido en el retén del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Macuto. A Rosal lo presentaron el 3 de agosto y la última vez que su madre lo vio fue el 8 y “solo por cinco minutos”. 

“El 10 de agosto, de madrugada, a oscuras, lo sacaron y lo trasladaron a Tocuyito. Nadie sabía nada. Nos enteramos ese día, como al mediodía que fuimos a llevarle la comida, y el director del retén nos informó que ni siquiera él tenía conocimiento del traslado”, comunicó. 

A la mayoría de los detenidos en contexto de protestas postelectorales se les ha asignado un defensor público, sin embargo, estos no ofrecen respuestas oportunas. 

“El defensor que nos asignaron nunca sabe nada, nunca nos da noticias. No nos dice nada de las visitas. Estamos incomunicados”, puntualizó. 

La madre afirmó que sabe que su hijo está en Tocuyito por el defensor público y viajaron hasta el estado Carabobo, pero no pudieron verlo. “Viajamos toda la semana y nada, no nos dejan que lo veamos”. 

madres de jóvenes detenidos
La madre de Kevin Ramos y de Jesus David Rosal denuncian que sus hijos están incomunicados en Tocuyito.

“No sabemos nada de él” 

La madre de Kevin Ramos especificó los detalles del día que lo detuvieron en La Guaira.  “Él fue a cobrar un día de trabajo”, ya que no tiene un ingreso fijo y se dedica al comercio informal. 

“Cuando él sale de la panadería, se da cuenta de que hay un operativo y se quedó ahí, porque pensó que si corría iba a ser peor. Igual, se lo llevaron sin ninguna explicación ni nada y hasta el sol de hoy, no sabemos nada”, dijo. 

Comentó que los primeros días estuvo desaparecido porque se enteraron dos días después de la detención. “Me llamaron y me dijo que estaba detenido en Macuto y me lanzo para Macuto, porque mi trabajo está cerca, y después de ahí lo trasladaron a Tocuyito”. 

A Ramos, de 34 años, le imputaron en una audiencia telemática delitos como incitación al odio, daños contra la propiedad pública y privada y terrorismo. 

Los familiares de los 49 jóvenes detenidos en Tocuyito denunciaron que los mismos no tienen comunicación. Tampoco se les permite el ingreso de alimentos y medicinas. Algunas madres reciben llamadas muy puntuales en las que solo le indican que “están bien”. 

 

Blinken pidió al mundo aumentar presión contra Maduro antes del 10-Ene

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, urgió a aumentar la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro para que las voces de los venezolanos sean escuchadas. 

En una reunión de alto nivel con cancilleres de varios países celebrada en Nueva York en el marco de la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas, y convocada tanto por Blinken como por la canciller de Argentina, Diana Mondino, el secretario de Estado consideró que es “crucial” sostener la presión colectiva contra el régimen de Venezuela en los meses previos a la toma de posesión presidencial prevista para enero. 

“Esa es la lección del Acuerdo de Barbados, que creó las condiciones para unas elecciones competitivas el 28 de julio. A pesar de todos sus desafíos, las elecciones permitieron al pueblo venezolano expresar su voluntad en las urnas por primera vez en muchos años. El régimen puede intentar ocultar los resultados, pero el pueblo venezolano ha hablado. Ahora, nuestro trabajo es asegurar que sus voces sean escuchadas”, sentenció. 

“Debemos continuar haciendo llamamiento al régimen de Maduro para que frene la represión de los manifestantes pacíficos y de los opositores políticos, libere de inmediato e incondicionalmente a todos aquellos que han sido detenidos arbitrariamente, incluyendo niños”, insistió. 

El secretario de Estado recordó que el 28 de julio más de 12 millones de venezolanos “desafiaron una campaña de acoso, amenazas y violencia para votar en las elecciones presidenciales de su país”.

Recalcó que el objetivo del mundo debe ser  “garantizar que la voluntad y los votos del pueblo venezolano se respeten realmente” y denunció que Nicolás Maduro “está haciendo todo lo que está en su mano” para negarle a los ciudadanos ese derecho.

Recordó que el régimen se negó a hacer públicos los resultados electorales detallados, así como que hubo “manipulación” de  los resultados electorales; para declarar “falsamente ganador a Maduro”.

Insta a hacer valer los derechos humanos de los venezolanos

La declaración también recoge la represión “brutal” que se ha desatado en Venezuela luego del 28 de julio contra “manifestantes pacíficos y opositores políticos”.

Destaca, entre la narración cronológica de los hechos,  la orden de arresto contra el candidato de la oposición, Edmundo González, quien terminó exiliado forzosamente en España. 

“Estas acciones represivas han sido posibles gracias a años de esfuerzos del régimen de Maduro por eliminar y erradicar sistemáticamente la independencia de las instituciones de Venezuela, incluido su poder judicial”, denunció Blinken, quien se refirió también a que el mundo está al tanto de estos atropellos desde hace años, “gracias a la documentación exhaustiva e imparcial de ONG internacionales, organizaciones multilaterales y regionales, y valientes periodistas locales, defensores de los derechos humanos”.

Asimismo, recalcó los esfuerzos de trabajadores electorales, ciudadanos y organizaciones como el Centro Carter, “que determinó que las elecciones no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y que no pudieron verificar la afirmación de que Maduro ganó; como el Grupo de Expertos de la ONU, que concluyó que el Consejo Nacional Electoral carecía de medidas básicas de transparencia e integridad; y como los grupos venezolanos de derechos humanos que han documentado detenciones arbitrarias de más de 2.000 venezolanos y la matanza de docenas de manifestantes pacíficos desde las elecciones”.

Blinken instó a los cancilleres a ratificar el compromiso de defender los derechos humanos del pueblo venezolano y de “restaurar el futuro democrático de esa nación”.

“Eso significa insistir en que Maduro entable un diálogo directo con la oposición democrática unida de Venezuela que conduzca a un retorno pacífico a la democracia. Estados Unidos y sus socios están plenamente dispuestos a apoyar este proceso”, expresó.

El funcionario de la administración Biden enfatizó que se debe seguir haciendo el llamado para que se permita el retorno de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión independiente establecida por la ONU de determinación de los hechos en Venezuela.

“No podemos darnos por satisfechos con solamente declaraciones conjuntas. Debemos actuar conjuntamente. Esa es la única manera de cambiar los cálculos y la conducta de Maduro”, instó Blinken. 

 

“Victoria sin actas es como juicio sin pruebas”: Presidente de Panamá a Maduro desde la ONU

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se pronunció este miércoles 25 de septiembre sobre la situación política que atraviesa Venezuela tras el polémico resultado electoral del 28 de julio, en medio de su discurso en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Mulino, quien lleva poco tiempo en el poder, expresó que la degradación del sistema institucional en Venezuela ha ocasionado una crisis global que se ha incrementado en los últimos años y luego de las presidenciales del 28 de julio. 

“Los últimos acontecimientos en Venezuela han minado aún más la mancillada institucionalidad del país. Seamos claros, adjudicarse un triunfo sin mostrar las actas es como querer ganar un juicio sin presentar pruebas; querer ganar sin mostrar las actas es lo mismo que perder y no aceptar los resultados”, dijo Mulino en la ONU.

Mulino enfatizó que “es más que evidente que el actual régimen no dejará el poder ni reconocerá su derrota”, por tal razón, hizo un llamado a las organizaciones correspondientes, a que “actúen de forma enérgica contra las actitudes y comportamientos manifiestamente antidemocráticos”.

“Cuando existen casos graves de crisis institucional a lo largo del tiempo, tienen como consecuencia inmediata la deserción de sus ciudadanos. Venezuela es un ejemplo concreto”, apuntó.

Darién en la ONU

El mandatario panameño relacionó estrechamente “la desbandada de casi 8 millones de venezolanos”, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, con la crisis política y económica de Venezuela y calificó el hecho como “una verdadera tragedia migratoria a la que los organismos internacionales no le han dado una respuesta contundente y creíble a lo largo de estos años”.

Afirmó que Panamá hoy enfrenta una inmensa problemática producto de su ubicación estratégica: la inmigración ilegal por la selva del Darién que está siendo utilizada como llave de paso por cientos de miles de migrantes.

Indicó sentirse orgulloso de que Panamá sea un país de conexión al comercio mundial, pero aseguró que no permitirá que sean utilizados para el tránsito de inmigrantes ilegales con los correspondientes costos sociales, humanos y ambientales que esto supone para nuestro territorio.

“Panamá paga hoy un alto costo ambiental producto de este flujo ilegal de personas, ocasionando un daño severo a nuestra biodiversidad”, dijo el Presidente de Panamá.

Finalizó su discurso pidiendo cooperación y el apoyo de los países miembros para evitar que se use el territorio panameño como trampolín de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y a la trata de personas.  

Presidente de Panamá

Difieren nuevamente juicio a Javier Tarazona

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Sin razón alguna, una vez más fue diferido el juicio oral y público del activista y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona.

La continuación del proceso prevista para el pasado martes 24 de septiembre fue pospuesta arbitrariamente.

Según voceros de Fundaredes “el tribunal generó una incidencia por falta de presencia de los órganos de prueba convocados, con el fin de no interrumpir el juicio”.

De acuerdo con lo recogido por la ONG, la nueva audiencia quedó pautada para el venidero 10 de octubre.

“Nuevamente se evidencia la inconsistencia y dilatación de un proceso penal injusto, violando de manera sistemática el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal el cual establece que, una medida de coerción personal en ningún caso podrá superar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años”, se desprende de un comunicado.

“Son 1.180 días de injusta detención, condena anticipada y negación de justicia”, recordó la organización en su cuenta en X.

Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro en el estado Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia y sujetos sin identificar.

Ante la falta de datos oficiales, el activista fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año. 

Varias organizaciones, nacionales e internacionales, han exigido la liberación de Tarazona. Además denunciado que ha sido sometido a torturas físicas y psicológicas, su salud se ha deteriorado y no le han permitido acceso a la salud.

La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) afirmó que Tarazona fue detenido de manera arbitraria, bajo “condiciones inhumanas” y con un “proceso viciado de irregularidades”.

“La criminalización contra personas defensoras incluye vulneraciones graves a las libertades fundamentales”, sostuvo.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón indicó que Javier Tarazona es “criminalizado por el Estado venezolano por denunciar la situación de derechos humanos en la frontera”.

 

 

Imputaciones por terrorismo forman parte de un patrón contra la población

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Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio más de 2.400 personas fueron detenidas, e incluso, algunas -no se sabe cuántas- fueron acusadas de “terrorismo” por la Fiscalía General de la República.

El delito de “terrorismo” es muy “amplio” en el marco jurídico del país, de acuerdo con expertos, quienes advierten que, en consecuencia, “cualquier cosa cabe” para que alguien sea señalado como terrorista.

En declaraciones ofrecidas a EFE, el abogado Joel García dijo que a los detenidos “les imputan por igual terrorismo, pero no individualizan las conductas”, lo que contraviene -dijo- uno de los principios básicos del derecho, que establece que la responsabilidad penal es individual.

Asimismo, el letrado explicó que se han realizado audiencias “masivas” en las que se lleva a cabo el proceso judicial “vía telemática” a los detenidos de “forma colectiva”.

Para García, la acusación de terrorismo es “un patrón sistemático y generalizado” contra la población “disidente” al Gobierno de Nicolás Maduro, algo que -afirmó- se vio, aunque con “más selectividad”, en las protestas antigubernamentales en 2014, 2017 y 2019, pero “la diferencia” es que, durante esos años, los detenidos “podían designar defensa privada”, como contempla la ley.

Por otra parte, Joel García afirmó que a los detenidos en las protestas poselectorales los representan defensores públicos, lo que no permite “una contraparte” que “refute” las acusaciones, pues considera que funcionarios adscritos al Poder Judicial “cumplen instrucciones y no pueden hacer mayor cosa”.

Sin una defensa privada -manifestó el abogado- no se puede acceder al expediente del detenido ni refutar las pruebas acusatorias, pues -afirmó- si el defensor público hace esto puede ser “víctima de destitución” y hasta de “detención”.

Una legislación “muy precaria”

García consideró que la legislación venezolana en materia de terrorismo “es muy precaria” y “no está adaptada a los estándares internacionales”, pues se incluyen varios actos de este tipo, como “atentados contra la vida de alguien” o la “interrupción del suministro de agua” para “poner en peligro vidas humanas”, entre otros.

“El terrorismo es mucho más grave que eso. Es la subversión del orden constitucional, coaccionar a gobiernos u organismos internacionales, causar un estado de miedo constante a la población”, manifestó.

Por otra parte, el abogado recordó que la figura del juez especializado en terrorismo fue creada en 2012 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero “no existe” un marco jurídico que detalle sus atribuciones.

Asimismo, prosiguió, quienes juzgan “no son tribunales”, sino “personas” con competencia en terrorismo, por lo que esta atribución está “mal creada”, pues si el juez -expresó- se “muere”, la competencia en terrorismo también.

“Terroristas” por doquier

La administración de Nicolás Maduro señala como “terroristas” a los detenidos en protestas poselectorales, desatadas en todo el país contra el resultado oficial que dio la reelección a Maduro, un resultado que la mayor coalición opositora considera “fraudulento”, pues asegura que el vencedor fue su abanderado, Edmundo González Urrutia.

La Fiscalía del oficialismo también los califica como “terroristas” y los acusa de “vandalismo” y “violencia”, pese a que varias ONG y familiares de detenidos aseguraron que algunos fueron apresados en sus casas, sin ni siquiera haber participado en las manifestaciones.

La Misión Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela dijo haber confirmado al menos 158 menores detenidos, algunos acusados por “terrorismo”, un fenómeno que el grupo “no había identificado” desde 2019, cuando inició su trabajo.

*Con información de EFE

Cifra de presos políticos supera los 1.800 según Foro Penal Venezolano

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La ONG Foro Penal Venezolano actualizó este jueves 26 septiembre la cifra de presos políticos en Venezuela: 1.867.

Según el balance de la organización, de esta cifra 1.723 han sido encarcelados desde el 29 de julio de este año, fecha posterior al domingo de elecciones presidenciales.

A juicio de la ONG, es la cantidad más elevada de presos con fines políticos en Venezuela al menos en el siglo XXI.   

De los detenidos, 1.673 son hombres y 230 mujeres; 1.708 son civiles y 159 militares; 1.799 adultos y 68 adolescentes.

De acuerdo a la base de datos del FPV, desde 2014 a la fecha, se han contabilizado 17.828 detenciones por razones políticas y 9.000 aún están sujetas a medidas restrictivas de libertad.

El abogado Alfredo Romero, fundador y director del FPV, denunció este martes 24 de septiembre que en una visita a la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo no permitieron el ingreso de abogados.

“Compartimos con cientos de familiares que se encuentran a las puertas del centro penitenciario, donde ahora permanecen presos políticos muy jóvenes en su mayoría, por situación postelectoral. Mucha tristeza y desesperación”, dijo Romero en un video. 

Romero denunció que la mayoría de los familiares, algunos provenientes de otros estados de Venezuela, se mantienen a las puertas de la prisión, en vista de que tampoco les dejan ver a sus afectos.

El Foro en Tocorón

La misma situación fue denunciada por Romero en la cárcel de Tocorón.

“En las puertas de Tocorón. No me permitieron la visita ni entregar las designaciones. Nos dicen que las visitas están prohibidas. Aquí nos informan que hay 948 personas privadas de libertad”, indicó Romero. 

Las protestas de la crisis poselectoral dejaron al menos 25 muertos y más de 2.400 detenidos, de acuerdo a cifras oficiales.

De acuerdo a Foro Penal, antes del 28 de julio, los privados de libertad por motivos políticos eran casi 300.