El miedo sembrado con las detenciones arbitrarias de jóvenes y adolescentes luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, también hizo mella en los estudiantes que están por iniciar un nuevo año escolar 2024-2025.

En el último lustro, la educación en Venezuela se ha enfrentado a incontables obstáculos que van desde la crisis económica, política y social, hasta la migración de docentes e infraestructuras en ruinas. Sin embargo, a toda esta problemática ahora se le suma el temor por “la situación país” en el contexto post electoral. 

Josué González* tiene 17 años y está por iniciar su quinto año de bachillerato en un liceo público en Petare, municipio Sucre en el estado Miranda. Sueña con ser abogado y graduarse en la Universidad Central de Venezuela, como su hermano Daniel, pero el joven tiene grandes preocupaciones sobre su futuro en el país. 

Josué asegura que siente temor de entrar en la universidad y comenzar su carrera, no por los desafíos que imponen los estudios superiores, sino porque en Venezuela “no respetan a los estudiantes ni a quienes piensan diferente”.

“Me da miedo que por pensar diferente y por querer un mejor futuro y un mejor país, termine encarcelado, como muchos. Mi papá me ha dicho que si esto sigue así lo mejor es que vaya pensando en emigrar como lo hizo mi hermano Daniel”. 

Según el Informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, presentado el 17 de septiembre, 158 niños y niñas (130 niños y 28 niñas) resultaron detenidos después de las cuestionadas elecciones presidenciales.

Aunque a finales de agosto se conoció la excarcelación de al menos 80 jóvenes, ninguno ha sido exonerado de las medidas cautelares y aún permanecen detenidos 68 adolescentes, según el último balance de presos políticos en Venezuela realizado por el Foro Penal Venezolano (FPV) el pasado 16 de septiembre. 

El informe de la ONU señaló que los adolescentes detenidos “se enfrentan a la cruda realidad de haber sido separados de sus familias, en algunos casos aislados, incomunicados, sin siquiera la posibilidad de recibir visitas. Mucho menos podrán incorporarse a su nuevo período escolar ni a cualquier actividad complementaria relacionada con su formación o atención especial”.

El miedo no es en vano

Jenireth Acosta* tiene 15 años y el próximo 30 de septiembre empezará a estudiar cuarto año de bachillerato. Afirmó que siente mucha alegría porque deja atrás la camisa azul para usar la beige, pero no deja de sentirse abrumada con todo lo que ha pasado. La joven no está ajena al acontecer político. Sabe que hay decenas de adolescentes y estudiantes detenidos por protestar. 

“En la urbanización hay un chamo que lo detuvieron por tener imágenes y videos de las protestas, él realmente no hizo nada. Yo por eso no tengo nada de esas cosas (protestas) en mi teléfono y hasta borré la imagen del chamo derribando la estatua de Chávez que tenía como fondo de pantalla”, dijo. 

El informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU enfatizó que el patrón de persecución, acoso, señalamiento y encarcelamiento aplicado a los adolescentes “refleja todo tipo de tratos crueles, inhumanos, humillaciones y métodos de tortura que han dejado en ellos daños psicológicos y emocionales irreversibles”.

El documento presentado a nivel mundial dejó claro que los detenidos están sufriendo deterioro físico, enfermedades y malnutrición por condiciones de hacinamiento e insalubridad, negación de medicinas y servicios de salud adecuados, golpes, lesiones y agresiones por parte de sus custodios.

“Sin democracia no habrá educación democrática”

Un grupo de educadores y organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado al país este viernes, 28 de septiembre, en donde afirman que “sin democracia no habrá educación democrática”, en referencia a la crisis humanitaria y a todo el conflicto postelectoral.

En el texto, los educadores expresaron que “no es posible educar en un ambiente de miedo, de terror y persecución a jóvenes estudiantes, a sus docentes y ciudadanos”.

“Solo en democracia se puede garantizar el derecho a una educación científica, gratuita y de calidad para todos. Solo en democracia se combate la discriminación y la exclusión social”, coincideron.

“El sistema y la educación democráticos son dos caras de una misma moneda. Sin un sistema democrático que garantice las libertades públicas, la educación se ve amenazada en su misión de formar ciudadanos críticos, autónomos y comprometidos con la construcción de una sociedad justa y equitativa”, afirmaron.

Finalmente hicieron un llamado a fomentar el pensamiento crítico, la pluralidad de ideas, el respeto, la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Por su parte, el director de la Escuela de Educación de la UCAB, Carlos Calatrava, expresó que a pesar de todas las condiciones negativas que rodean a las escuelas, las aulas de clases “siempre serán un lugar seguro”.

Calatrava insistió en que es en las escuelas donde se enseña, se educa, se modela la ciudadanía y se desarrollan procesos de aprendizaje, libertad de pensamiento y expresión; y con esos factores se forma la conciencia libre.

“Con cuidadito y por la sombrita”

Carlos Delgado es padre de dos adolescentes, vive en Petare, municipio Sucre en el estado Miranda. Sabe de un caso cercano a él, un joven que encarcelaron el 29 de julio por protestar. 

“Ese muchacho no hizo nada, más sano y tranquilo imposible. Querer un cambio para el país no es ningún delito, pero ya sabemos como es la cosa y por eso le digo a mis hijos varones que se anden con cuidadito y por la sombrita, que no tengan nada de política en sus teléfonos y que borren todos los chats que tengan”, dijo Delgado. 

Sobre la detención de menores de edad, los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) aclaran que la edad imputable es a partir de los 14 años, antes no. 

Señalan que al momento de la detención la autoridad policial debe indicar inmediatamente los motivos de la detención, explicar que puede comunicarse con sus representantes e informarle el lugar al cual será llevado.

Cecodap enfatiza que está prohibido y sancionado por la Lopnna torturar, cometer tratos crueles, inhumanos o degradantes, infringir daño físico o psicológico para conseguir confesiones y mantenerlos aislados. 

Otro deber de las autoridades es separar a los adolescentes detenidos de los adultos, garantizar el acceso médico y responder por el estado físico y mental de los detenidos. 

La organización señaló que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y en el caso de los adolescentes la privativa de libertad es “excepcional” y solo aplica para delitos como homicidio (salvo el culposo), secuestro, delito de drogas, abuso sexual con penetración, sicariato y terrorismo, delito imputado a todos los manifestantes detenidos en el contexto post electoral. 

Agrega que en aquellos casos en donde los derechos no hayan sido garantizados durante la detención, “se debe exigir la liberación”.

Cecodap indicó que la Lopnna contempla sanciones de hasta dos años para los funcionarios policiales que violen los derechos de los adolescentes durante la detención.