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Los salarios ceden terreno ante el crecimiento del capital

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Adelantar navidades con pago de aguinaldos como lo anuncia en tono rimbombante el régimen de Maduro, es una ridiculez extrema por su peso en el poder adquisitivo

@froilanbarriosf

El próximo 28 de octubre sesiona en Ginebra la 352.ª reunión del Consejo de Administración de la OIT. El organismo enfoca su gestión en la promoción de la justicia social y el trabajo decente basado en la metodología del tripartismo y el diálogo social. Esto, en un contexto de numerosos retos para el mundo del trabajo.

Un aspecto primordial a resaltar se identifica en el decrecimiento de los salarios en la economía global, motivado, según estudios de la OIT, a la automatización. Señala que la inteligencia artificial podría ahondar la brecha de no surgir políticas públicas que protejan las relaciones de trabajo.

De hecho, en el mercado norteamericano los sindicatos han dado un paso al frente en sucesivos conflictos laborales para, por un lado, frenar la sustitución de mano de obra ante la automatización; y por otro, fortalecer la afiliación sindical mediante la ampliación a otras factorías del ramo y concretar aumentos salariales con poder adquisitivo.

El conflicto de Hollywood, inflexión ante la IA

En ese contexto el conflicto de los trabajadores de Hollywood, la huelga laboral del sindicato de guionistas y actores SAG-AFTRA de 2023 fue una prueba de fuerza entre el sindicato de actores/actrices SAG-AFTRA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), exigiendo reclamos salariales y en primer grado reglamentar el empleo de la inteligencia artificial. Su resultado alcanzó a redefinir la industria del entretenimiento a nivel global.

Recientemente, la Asociación Internacional de Estibadores, sindicato que agrupa a 45.000 trabajadores, reanudó sus labores la semana pasada en toda la costa este de EE. UU., acordando el fin temporal de la huelga luego de que el sindicato y la Alianza Marítima de Estados Unidos, que representa a los puertos y a los transportistas, lograran un acuerdo tentativo en los salarios y al tema de la automatización hasta marzo 2025. Destacamos que el sindicato ha estado exigiendo una prohibición total del uso de la automatización en los puertos.

En otro contexto, diversos gremios han participado en este debate. Es el caso de la International Brotherhood of Electrical Workers, cuyos miembros asumirían la instalación de estaciones de carga para autos y camiones eléctricos en todo Estados Unidos. Entre tanto, la UAW, que agrupa a trabajadores de la Ford, GM y Stellantis, planea sindicalizar a trabajadoras de la Toyota, Tesla y Nissan.

Ahora bien, lo que hemos señalado anteriormente es una respuesta nacional a un tema planetario planteado como un reto para el factor trabajo, en torno a que los ingresos del trabajo en todo mundo cada vez cuentan menos en la riqueza global. De haberse mantenido la proporción que tenían las rentas laborales en 2004, la población trabajadora del planeta dispondría ahora de 2,4 billones de dólares más.

Rentas del trabajo en caída libre

En las últimas dos décadas, la participación en las rentas del trabajo, los ingresos totales percibidos por los trabajadores en una economía, ha bajado 1,6 puntos proporcionales. En los últimos años, la situación no ha ido a mejor. Los ingresos de origen laboral aceleran su pérdida de peso en la renta global.

Según el reciente informe de la OIT de “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo / Actualización: septiembre de 2024″, el ingreso de la población trabajadora mundial ha disminuido en 0,6 puntos de 2019 a 2022, sin que desde entonces haya recuperado el peso perdido.

Así también Celeste Drake, directora general adjunta de la OIT, confirma que “la proporción del ingreso mundial total que va a parar a los trabajadores está disminuyendo. Eso significa que, si bien los trabajadores contribuyen al crecimiento de la economía mundial, se llevan a casa una proporción menor de ese crecimiento”.

Aumenta la desigualdad

El estudio identifica la pandemia de COVID-19 como un momento clave en la pérdida de peso de los ingresos de las personas trabajadores. A lo ocurrido entre 2021 y 2022, la OIT achaca casi el 40 % de la reducción de la proporción de ingresos laborales. Destacando que la crisis ha agravado las desigualdades existentes, sobre todo porque las rentas del capital siguen concentrándose entre los más ricos.

Es cierto que a medida que la productividad aumenta, las rentas del trabajo han crecido significativamente a lo largo de estos 20 años, aun cuando la participación de las rentas del trabajo baja. Este comportamiento en la distribución de las ganancias de productividad aumenta la desigualdad.

La productividad laboral (medida como PIB por hora trabajada) aumentó en 58 % entre 2004 y 2024. Al mismo tiempo, el ingreso laboral por hora trabajada ha crecido un 53 % a escala mundial, incluso cuando la utilización del trabajo disminuyó.

El adelanto de aguinaldos, una ridiculez

Si analizamos esta temática en el contexto venezolano, la distancia es sideral a la baja en cuanto a la participación de los salarios de los trabajadores en la riqueza nacional. Aquí permanece el mismo salario mínimo de 130 bolívares mensuales desde marzo 2022, al cual están ancladas igualmente pensiones y jubilaciones. Ello, pese a que la Constitución nacional establece en el artículo 91: “… El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.

De tal manera que adelantar navidades con pago de aguinaldos como lo anuncia en tono rimbombante el régimen de Nicolás Maduro, es una ridiculez extrema por su peso en el poder adquisitivo, incapaz de adquirir la canasta básica alimentaria mensual de USD 530. Según datos recientes la participación del salario en la riqueza nacional registra como indicador un 10 % frente al 9 0% del capital. Una verdadera vergüenza para un gobernante que se jacta de ser “presidente obrero”.

Finalmente, indicamos que el desequilibrio entre capital y trabajo es fuente de inestabilidad y conflictos laborales, como advierte el informe de la OIT, en torno a que, sin políticas integrales que garanticen un amplio reparto de los beneficios del progreso tecnológico, los recientes avances en el campo de la inteligencia artificial podrían agravar la desigualdad, poniendo en peligro la consecución de los objetivos de desarrollo planteados en el contexto de la ONU.

*Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La Corte Penal Internacional hoy…

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Hemos suscrito un acuerdo de cooperación técnica con la @OEA_oficial para coadyuvar en los procesos validación probatoria y recolección de exigencias conjuntamente con su panel de expertos

@ovierablanco

La Corte Penal Internacional (CPI) es una institución judicial internacional permanente establecida para investigar y enjuiciar a individuos por crímenes graves contra la humanidad, como genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y agresión.

La creación de la CPI fue el resultado de un largo proceso que comenzó a finales de la II Guerra Mundial, cuando se establecieron tribunales especiales, como el Tribunal de Nuremberg y el Tribunal de Tokio, para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto. El hito decisivo fue la adopción del Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998, que entró en vigor el 1/7/2002 tras ser ratificado por 60 Estados. Venezuela lo ratificó el 7/6/2000. La CPI, con sede en La Haya –Países Bajos–, es la primera Corte Internacional con capacidad de enjuiciar a personas, a diferencia de otras que solo procesan Estados.

El gran reto de esta corte es investigar y condenar individuos en diferentes jurisdicciones por crímenes cometidos en territorios propios o ajenos, aplicando una normativa penal universal que debe respetar los principios de legalidad y complementariedad, así como complejos procedimientos de validación y autenticación probatoria que impiden ir con la celeridad que demanda y quisieran las víctimas de estos crímenes.

Casos procesados por la Corte Penal Internacional

La CPI ha estado involucrada en varias investigaciones y procesos judiciales importantes desde su creación. Algunos de los casos más destacados incluyen:

  1. Thomas Lubanga Dyilo (República Democrática del Congo). Fue acusado por crímenes de guerra, específicamente por reclutar y utilizar a niños soldados en conflictos armados. Fue el primer condenado por la CPI en 2012 y recibió una pena de 14 años de prisión.
  2. Germain Katanga (República Democrática del Congo) denunciado y condenado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, ataques a civiles y uso de niños soldados. Fue condenado en 2014 a 12 años de prisión por su participación en la masacre en el pueblo de Bogoro en 2003.
  3.  Jean-Pierre Bemba (República Centroafricana), procesado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cometidos por tropas bajo su mando [entre 2002 y 2003], incluidas violaciones y asesinatos. Inicialmente fue condenado en 2016, pero la condena fue revocada por apelación en 2018, lo que generó controversia.
  4. Expresidente de Sudán, Omar Al-Bashir, acusado por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Darfur. La CPI emitió órdenes de arresto en 2009 y 2010. Aún no lo han detenido. Las órdenes siguen vigentes.
  5. Joseph Kony (Uganda). Condenado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad como líder del Ejército de Resistencia del Señor. La CPI emitió una orden de arresto contra él en 2005, pero hasta ahora sigue prófugo.
  6. Laurent Gbagbo [Costa de Marfil], recibió pena por crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos y violaciones, cometidos tras las elecciones presidenciales de 2010 en Costa de Marfil. Absuelto en 2019 después de un juicio que duró varios años.
  7. Slobodan Milošević, acusado por los casos de limpieza étnica, crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad relacionados con el conflicto de Bosnia, Serbia y Kosovo. Arrestado y sometido a juicio en 2002. Murió en su celda de un infarto en 2006.

Alcance y naturaleza de los juicios ante la CPI. Venezuela et al

El expediente contra Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI/. Situación Venezuela I) ha sido uno de los casos de mayor atención en América Latina. Está relacionado con acusaciones de crímenes de lesa humanidad durante las protestas y la crisis política 2017.

El caso ha evolucionado de manera significativa desde 2018, cuando comenzaron las investigaciones preliminares. Antes de entrar en detalles procesales, es importante comprender que la CPI no trabaja, procesa o decide discrecionalmente. La labor del fiscal es sobre la base de evidencias reales: pruebas no electivas, referenciales o flagrantes, sino auténticas y verificables; testimonios ciertos, presenciales, directos. Los informes que se remiten a la CPI ulteriormente deben revisarse, constatarse y cotejarse para lograr validez procesal.

Las órdenes de aprehensión libradas contra Benjamín Netanyahu y Vladimir Putin y sus ministros por actos de guerra y agresión suponen hechos de impacto masivo cuya tarea, determinación y secuencia probatoria es más sucinta, concisa, puntual y expedita.

El caso venezolano ventila crímenes de lesa humanidad. La gravedad de estos crímenes es de una crueldad tan horrenda y violenta como los crímenes de guerra, agresión o genocidio, sin embargo el proceso de autenticación de crímenes como asesinato, encarcelamiento, persecución, tortura, segregación, violencia sexual o desaparición forzosa son de gran complejidad probatoria en términos de obtención de testimonios, determinación de victimarios, cadenas de mando, centros de reclusión, más validación de hechos y cronologías a distancia on in situ [si lo permiten].

Por esta razón, la justicia penal internacional es más dilatada que los procesos de jurisdicción local. La CPI ha enfrentado numerosos desafíos desde su creación, como la falta de cooperación por parte de algunos Estados y críticas sobre su enfoque por tener muchos casos concentrados en países africanos. Pero la Corte ha desempeñado un papel crucial en la lucha contra la impunidad de crímenes internacionales graves.

La situación Venezuela I

En febrero de 2018, la otrora fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció la apertura de un examen preliminar sobre Venezuela. Este decreto evaluó si había fundamentos para iniciar una investigación formal por crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos en el país desde al menos abril 2017. Estos crímenes estarían relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno venezolano durante las protestas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, abusos sexuales y otras formas de persecución y tratos crueles.

Este examen preliminar fue el resultado de denuncias presentadas por organizaciones no gubernamentales y particulares. En septiembre de 2018, seis países miembros del Estatuto de Roma (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) remitieron formalmente el caso de Venezuela a la CPI. Esta acción fue la primera vez que Estados-Partes del Estatuto de Roma [ER] presentaban una remisión conjunta contra un Estado miembro. El panel de expertos creado por la OEA [2017] fue decisivo para esta remisión.

Los expertos del panel de la OEA son: el Dr. Santiago Cantón, de Argentina; el profesor Irwin Cotler, de Canadá; el Dr. Manuel Ventura Robles de Costa Rica; y Joanna Frivet, de Mauricio. Adicionalmente, el panel cuenta con el apoyo de expertos jurídicos locales, regionales e internacionales, académicos y actores de la sociedad civil que constituyen la Secretaría del Panel de Expertos.

El informe de la OEA incluyó 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas organizadas por la Secretaría General. Docenas de testimonios de víctimas, familiares de víctimas y otras partes interesadas entregadas a la Secretaría General, a lo largo del proceso. Documentos escritos entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.

Entre otras conclusiones, el informe identificó 131 víctimas de asesinatos durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos; 8292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015; más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013; más de 1300 presos políticos: personas que han sido o aún están detenidas por su oposición al gobierno y un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil en Venezuela.

La remisión permitió acelerar el proceso y pedir a la Fiscalía que investigara crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde febrero de 2014, ampliando así el alcance temporal de la investigación preliminar. En su informe anual de actividades de 2020, la Oficina de la Fiscalía de la CPI confirmó que había concluido que existían fundamentos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Este fue un paso clave hacia la apertura de una investigación formal de la Situación Venezuela I.

En junio de 2021, el fiscal Karim Khan asumió el cargo, sucediendo a Fatou Bensouda. En noviembre de 2021, Khan realizó una visita oficial a Venezuela, donde se reunió con Nicolás Maduro y otras autoridades del gobierno. Al finalizar la visita, Khan anunció que la Fiscalía de la CPI había decidido abrir una investigación formal sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela.

Este anuncio fue un hito significativo, ya que implicaba que la Fiscalía había determinado que existían bases suficientes para investigar más a fondo las denuncias y posibles responsabilidades individuales. Además, el fiscal Khan subrayó que el inicio de la investigación “no prejuzgaba la culpabilidad de nadie, sino que era parte del proceso para determinar la verdad de los hechos”.

Cooperación con el Gobierno venezolano

Durante la visita de Khan [2021], el gobierno de Nicolás Maduro firmó un memorando de entendimiento con la CPI, comprometiéndose a colaborar con la investigación. El gobierno venezolano ha defendido la postura de que en Venezuela se están llevando a cabo investigaciones judiciales sobre las denuncias de violaciones de DD. HH., argumentando que no es necesario un proceso internacional. Muchos observadores y organizaciones de DD. HH. consideran que el sistema judicial venezolano carece de independencia y que no se ha hecho lo suficiente para investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de las violaciones.

La tarea de cooperar, recoger incidencias, informes técnicos, affidávits [testimonios técnicos], testimonios presenciales, relatorías de víctimas y determinación de hechos, ha sido aportada por activistas, víctimas, abogados, organizaciones no gubernamentales, expertos, comisionados de DD. HH., colaboradores y/o asesores ante la Oficina del Fiscal de la CPI [conforme lo permite el ER]; ante la Oficina de Víctimas de la CPI, organismos multilaterales como la OEA, la Comisión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU o el Alto Comisionado de DD. HH., en aras de facilitar las evidencias conforme a las reglas de procedimiento y pruebas de la CPI.

En abril de 2022, el gobierno venezolano solicitó formalmente a la CPI que suspendiera la investigación para permitir que las instituciones venezolanas pudieran seguir investigando los casos a nivel nacional. La solicitud de aplazamiento se amparó en el principio de “complementariedad” del Estatuto de Roma, que establece que la CPI solo puede actuar si un Estado es incapaz o no tiene la voluntad de llevar a cabo investigaciones genuinas.

En 27 junio de 2023, la Fiscalía de la CPI presentó un informe en el que concluyó que, pese a la solicitud de aplazamiento, el sistema judicial venezolano no había demostrado avances significativos ni genuinos en la investigación de los crímenes. El 1 de marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó por unanimidad la apelación presentada por el Estado venezolano contra una decisión previa de la Sala de Cuestiones Preliminares I, que autorizaba la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La CPI consideró que esos esfuerzos no eran suficientes ni reflejaban el alcance necesario.

Confiando en la Fiscalía y en la seriedad de la CPI

El fiscal de la CPI Karim Khan ha demostrado solvencia, imparcialidad y solidez en el caso Situación Venezuela I. Confiamos que la CPI seguirá adelante cumpliendo con su labor. Ha sido un largo proceso, pero debemos comprender la complejidad de los procedimientos.

Por nuestra parte, hacemos lo necesario para colaborar. Hemos suscrito un acuerdo de cooperación técnica con la Secretaria General de la OEA en aras de coadyuvar en los procesos validación probatoria y recolección de exigencias conjuntamente con su panel de expertos.

Confiamos en la seriedad de la CPI, del despacho fiscal, de las Oficinas de Víctimas, y la pulcritud de todos sus funcionarios. Las víctimas verán resarcidos sus daños y sufrimiento. Habrá justicia en La Haya. Lege et justice sum via veritas et vita [La ley y la justicia son la vía a la verdad y la vida]. Vamos por ello.

vierablanco@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Cada 13 horas un niño, niña o adolescente sufre violencia sexual en Venezuela

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Los derechos de los menores son cada vez más vulnerados en Venezuela. De acuerdo al informe “Tendencias: Situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Venezuela”, de La Red Nacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA), entre marzo y julio de 2024, se documentaron  278 casos de abuso sexual y se concluyó que un niño, una niña o un/a adolescente sufrió violencia sexual cada 13 horas en el país. 

El informe se basó en el monitoreo de medios de comunicación, durante cinco meses. Y, según la organización, el reporte que recoge un “profundo análisis de los derechos de Protección Especial, Salud, Educación y Participación de la niñez y adolescencia del país es producto del monitoreo realizado a 27 medios de comunicación en los 24 estados del país”. 

A través de 1.207 artículos de la prensa, lograron determinar que los menores en Venezuela están en riesgo. Además de los abusos, sufren vulneraciones a nivel de salud y servicios básicos, enfrentando situaciones que pueden costarles la vida. 

A diario ocho menores son violentados

Entre marzo y julio de 2024, el documento contabilizó 1.254 situaciones asociadas a muertes, abusos y otras violaciones relacionadas con la integridad de los niños y niñas. 

De acuerdo a estas cifras, ocho menores a diario son violentados. Una cifra que concuerda con el informe anterior de REDHNNA. 

La violencia no cesa. Durante este periodo se registran 251 vulneraciones al mes, un saldo similar al periodo anterior que fueron 254. 

Niños detenidos en contexto poselectoral, algunos inimputables 

En el informe también se habla de los niños y niñas que están detenidos en contexto poselectoral. “En los últimos días del mes julio, de manera inédita, se incrementa notoriamente la cifra de detenciones de adolescentes, encarcelamiento y sometimiento a juicio por su presunta participación en “terrorismo”, “desobediencia a la autoridad” y otros delitos muy graves”, se lee. 

Las detenciones se realizaron en contexto de protestas ciudadanas después del 28 de julio. Tanto las familias como organizaciones de DDHH denuncian que son acusaciones infundadas y procedimiento contrarios al derecho, ya que muchos ejercían un derecho a la manifestación y libertad de expresión. 

Dentro de los casos están cuatro niños menores de 14 años, según la ley venezolana, dada su edad, son inimputables. Todo esto representa una vulneración a los derechos de los menores. 

NNA mueren en accidentes, por violencia o por fallas en la atención de salud

Durante el periodo estudiado, REDHNNA documentó 128 muertes de niños, niñas y adolescentes. 

“De esa cifra, 74 son niños y niñas (de 0 a 12 años) y 46 son adolescentes (12 a 17 años), mientras que en 8 ocasiones no se indica la edad de la víctima. Con estos datos se observa que en el período que se analiza ocurre una muerte de un niño, niña y adolescente cada 29 horas”, afirman. 

Los accidentes letales ocupan el primer lugar en la causa de la muerte de los niños (53, 13 % de los fallecimientos). 

Dentro de este apartado está la negligencia en la prestación de servicios de salud con 13, 28%. “La muerte puede ser causada por un desempeño deficiente en el diagnóstico y tratamiento de una situación de salud, o debido a fallas en el equipamiento de los centros asistenciales”, dice el documento. 

Seguido, están los fallecimientos asociados a situaciones de violencia social y familiar. Representando el 33,59 % del total de muertes en el lapso estudiado. 

En el documento aclaran: “10,16% referido a violencia social o delincuencial, 7,81% a feminicidios, 6,25% a infanticidios, otro 5,47% se vincula a trato cruel o negligencia de las familias, mientras que un 2,34% son suicidios. El restante 1,56% corresponde a muertes por actuación letal de cuerpos policiales”. 

La muerte de 14 niños de tres comunidades warao

En las fallas de atención hospitalaria se destacan 14 fallecimientos de niños indígenas en Delta Amacuro. 

Los niños pertenecientes a tres comunidades warao en Delta Amacuro, “murieron por una afección desconocida que les causaba rigidez y dolor en el cuello, fuertes dolores de cabeza y náuseas, cuyas causas siguen sin conocerse a la fecha de la redacción de este reporte”, indica el informe. 

También se incluyen datos de niños que fallecieron por negligencia médica, falta de insumos o recursos dentro de los centros hospitalarios. 

Feminicidios 

Entre marzo y julio de 2024, REDHNNA documentó 10 feminicidios en ocho regiones del país. Los feminicidios son considerados muertes violentas basadas en género. Afirman que se produjo un feminicidio cada 15 días y en cinco de los casos se evidenció abuso sexual. 

Advierten que “70% de las situaciones, tienen como responsables a personas del entorno íntimo de la víctima (madre, padrastro, pareja, otros familiares), mientras que, en un caso, el agresor es vecino o conocido. La mitad de las muertes corresponden a adolescentes entre 13 y 17 años”. 

Infanticidios 

En el mismo lapso, se registraron 10 infanticidios. En el primer caso, el papá mató a su hija, de cuatro meses, porque dudaba que era de él. En el segundo, la madre recibió una golpiza por parte de un vecino e indujo el parto. 

“Dos de estos casos pueden ser definidos como violencia vicaria, pues se vinculan con la agresión del hombre contra una mujer por venganza, celos o rabia en una relación que él asume como de su propiedad y control que involucra a hijos e hijas como instrumentos para ocasionar daño”, destacan. 

Un acto de violencia sexual cada 13 horas 

“En este período se registran 278 situaciones de abuso sexual contra NNA, es decir, de acuerdo a los datos recabados, entre marzo y julio de 2024, un niño, una niña o un/a adolescente sufrió violencia sexual cada 13 horas en el país”, señala el informe.

Se destaca que la mayoría de esas situaciones de violencia ocurren en entornos familiares. 

“Del total de casos, 225 situaciones tienen como víctimas a niñas y adolescentes femeninas (81%) y en 20 hechos la agresión es contra niños y adolescentes masculinos (7%). En 33 ocurrencias no se aporta información sobre el sexo de las víctimas/sobrevivientes”, alertan. 

Distrito Capital, con la cifra más alta en abuso sexual a menores

En la capital del país se registraron los números más altos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. 

“Distrito Capital, con 106 incidentes que incluyen 100 casos de niñas entre 10 y 12 años captadas y amenazadas por depredador a través de redes sociales, es la región con mayor número de ocurrencias, seguido por Zulia (40) y Monagas (32)”, destaca el informe. 

Entre las recomendaciones, REDHNNA, determina que es indispensable fortalecer el Sistema Rector para la Protección Integral de NNA, con la asignación presupuestaria suficiente para disponer del personal y los recursos que garantizan “el funcionamiento en todas las localidades del país de Consejos de Protección, Defensorías y programas locales”. 

Dos mujeres asesinadas en 7 días

Al menos dos mujeres fueron asesinadas durante los primeros siete días de octubre de 2024, en el Área Metropolitana de Caracas.

Maira Alejandra Castro Rodríguez (32) fue hallada sin vida en horas de la mañana del pasado viernes 4 de octubre de 2024, en el interior de su habitación dentro de una vivienda multifamiliar, en la parroquia El Valle, municipio Libertador de Caracas.

Castro Rodríguez habitaba con su pareja, desde hace dos meses, en la parte alta de la calle 9, Corta, de los Jardines de El Valle. 

Allegados a la víctima, que realizaban los trámites para retirar su cuerpo en la morgue de Bello Monte, relataron que la causa de muerte fue asfixia mecánica. El cuerpo también presentó múltiples hematomas. “Prácticamente, la desfiguraron y no conforme con ello le lanzaron un televisor en el rostro”, reveló una amiga de la familia desde la medicatura forense.

Mencionó que el jueves 3 de octubre había mantenido una conversación con Maira, hasta pasadas las 9:00 de la noche, y que el último mensaje, a las 11:00 de la noche, no le llegó.

Cerca de esa hora, familiares de la pareja de la víctima la habían oído pedir ayuda, según contó su amiga a Monitor de Víctimas. “Auxilio, me quieren matar”, grito dos veces. Sin embargo, nadie corrió hasta su habitación, sino que se asomaron por una ventana para tratar de ver qué ocurría.  Al transcurrir 12 minutos y no escuchar nada más, decidieron retirarse. 

Al día siguiente, a las 7:00 de la mañana, un familiar de su pareja tocó su puerta, supuestamente, para retirar un dinero que Maira le entregaría, pero ella nunca respondió. 

Poco después llegó a la vivienda el novio de Maira, quien esa noche presuntamente no había pernoctado en el inmueble debido a su trabajo. Este hombre, a quien los deudos de Maira no identificaron, se gana la vida como personal de seguridad en las instalaciones del Teleférico Waraira Repano. 

De acuerdo con el testimonio de la pareja de la víctima, al preguntar por Maira a sus familiares y luego que estos le dijeran que estaba encerrada en el cuarto, pidió que lo acompañarán a abrir la puerta y fue entonces cuando hallaron su cadáver. 

“Ella era reservada con su vida personal. Yo no sabía que tenía una pareja. Incluso, hace pocos días ella viajó con él a Colombia, para hacer un trámite. Su papá tampoco sabía que vivía en una parte alta. Cuando la llevaba hasta la zona, ella pedía que la dejaran en la entrada”, agregó la allegada de la víctima. 

De igual modo, reveló que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) se llevaron detenida a la pareja de Maira, por 72 horas, pero luego lo dejaron libre. “Las cámaras de seguridad del trabajo de ese hombre, lo muestran realizando su jornada habitual en la hora en que presuntamente Maira fue asesinada”, acotó. 

Maira Alejandra Castro Rodríguez era comerciante en el área textil. Era la menor de dos hermanas y graduada en Ciencias Políticas. 

Familiares exigen que su muerte sea esclarecida y que no se sume a las estadísticas de impunidad. 

Otra víctima en Petare 

En otro hecho de violencia falleció María José Uzcátegui Vadez (23), en la parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

La joven, quien había perdido contacto con su familia desde el pasado viernes 4 de octubre de 2024, fue localizada en el interior de la habitación donde vivía con su pareja en la avenida principal del barrio La Alcabala. 

Testimonios de los moradores de la zona indicaron que dos de sus hermanos fueron, este domingo 6 de octubre 2024, hasta la residencia y encontraron su cadáver en el cuarto. María José estaba tapada con una sábana y, según el informe médico forense, fue estrangulada. 

La fallecida y su pareja, a quién identificaron como José Alexander Hernández (21), tenían al menos un año de relación. 

Agentes de la policía científica adelantan las pesquisas del hecho e investigan el paradero de Hernández, quien está desaparecido. 

María José Uzcátegui Valdez laboraba en una franquicia de comida japonesa. 

Van 8 casos en 2024

De acuerdo con los datos recopilados por el equipo de Monitor de Víctimas, 11 mujeres fallecieron por violencia de género en el año 2023, de los cuales 9 fueron asesinadas entre enero y agosto.

En 2024, en ese mismo período, se han registrado 8 casos, de los cuales 5 fueron perpetrados por cónyuges y el resto por conocidos. Las víctimas tenían entre 15 y 45 años, lo cual indica que el fenómeno afecta sin discriminación de edad.

La parroquia Petare encabeza la lista con 4 muertes, a la que se suma el caso de María Uzcátegui. Le siguen El Recreo, Libertador y Baruta, cada uno con una fallecida. 

En septiembre se cuadriplicaron los conflictos laborales en Venezuela

Un total de 44 conflictos laborales se registraron en Venezuela en septiembre -cuatro veces más que los 11 computados en agosto-, la mayoría de estos para exigir “salarios dignos” y “mejores condiciones de trabajo”, informó este martes el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

En su reporte mensual, el instituto detalló que el 56,82 % de los conflictos fueron protagonizados por trabajadores de educación, quienes “estuvieron al frente de las quejas laborales” con el “propósito de ser escuchados por las autoridades gubernamentales”.

Asimismo, informó que trabajadores de la salud ocuparon el segundo lugar con el 13,64 % de los reclamos registrados el mes pasado, mientras que el 29,54 % restante no fue precisado por la ONG.

El Inaesin detalló que el 95,45 % de los reclamos fueron hechos “por trabajadores del sector público”, al tiempo que afirmó que, por segundo mes consecutivo, “el 100 % de los conflictos (registrados por la entidad) fue expresado a través de denuncias”.

El mayor número de reclamaciones se hicieron principalmente en Distrito Capital, con un 50 %, seguido del estado Carabobo con el 9,09 %, mientras que el 40,91 % de las quejas se produjeron en el resto del país.

Durante el tercer trimestre de 2024, el Inaesin contabilizó 73 conflictos laborales, de los cuales el 36,78 % fueron en el sector de educación, el 12,46 % en el gremio de la salud y el 10,52 % en el área de la comunicación.

El 40,24 % de conflictos restantes, que no fueron especificados, se produjeron en diversos grupos profesionales.

En el acumulado del período, prosiguió, “los reclamos salariales encabezaron las denuncias laborales con 35,69 %, en tanto los despidos ocuparon el segundo lugar con 23,82 %”, mientras que el 40,49 % de quejas recogidas se refirieron a otras razones que la ONG tampoco detalló.

Maestros, por debajo de la línea de la pobreza

En el Día Mundial de los Docentes, el pasado 5 de octubre, varias ONG alertaron sobre la precaria situación económica en la que viven los maestros venezolanos, a lo que se suman “situaciones de maltrato y chantaje por parte de los supervisores, quienes han politizado del gremio”.

 El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes afirmó  que “más de la mitad” de los maestros están “por debajo de la línea de pobreza”, al tiempo que reconoció la “lucha” de este gremio “por salarios justos y condiciones laborales dignas” .

“Los docentes en Venezuela enfrentan grandes obstáculos para ejercer su profesión. Salarios irrisorios, falta de seguridad social y condiciones precarias en infraestructuras educativas limitan su capacidad”, dijo la organización a través de X, al tiempo que afirmó que, a pesar de esto, “continúan con una labor clave: formar a las futuras generaciones”.

La ONG Caleidoscopio Humano además destacó que un docente en Venezuela necesita 26 veces su salario para alimentar a su familia.

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) calculó que el salario promedio de un docente al mes es de unos 21 dólares al cambio oficial, que considera insuficiente para cubrir el gasto de la canasta básica alimentaria, calculado en agosto por la organización en 107,8 dólares por persona.

Con información de EFE

Equilibrar las emociones es fundamental en la lucha contra el cáncer

El diagnóstico de cáncer no solo implica un desafío para la salud física, sino también un duro golpe para la salud mental. La incertidumbre, el miedo a lo desconocido y la ansiedad ante el futuro son emociones comunes que experimentan los pacientes al recibir esta noticia.

Estudios revelan que el impacto psicológico del cáncer puede manifestarse en una amplia gama de síntomas, desde depresión y trastornos del sueño hasta cambios en el apetito y dificultades para concentrarse.

Por tales motivos, la comunidad médica y psicológica presta especial atención a esta dimensión de la enfermedad, desarrollando estrategias y tratamientos para ayudar a los pacientes a enfrentar los desafíos emocionales que conlleva el cáncer.

Con motivo de conmemorarse en octubre el Mes Rosa y de la Salud Femenina, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) resalta la importancia de la salud mental en el proceso de enfrentar cualquier patología oncológica.

Impacto

La doctora Susana Arocha, psiquiatra de la SAV, explica que los síntomas emocionales son una respuesta natural ante una enfermedad tan compleja como el cáncer. Sin embargo, es fundamental reconocerlos y buscar ayuda profesional para manejarlos adecuadamente. La especialista destaca que estos síntomas pueden manifestarse en cualquier momento del proceso y afectar tanto al paciente como a su entorno.

“El paciente debe mantener las actividades cotidianas que la enfermedad y su tratamiento le permitan, además de realizar actividades recreativas como escuchar música y practicar ejercicio físico, y cuidarse de seguir una sana alimentación”, explicó la especialista.

Ayuda psicológica

La doctora Arocha recomienda que los pacientes y sus cuidadores busquen consulta psicológica para recibir herramientas que les permitan gestionar las emociones y mejorar su calidad de vida. Además, aconseja mantener actividades cotidianas, comunicarse abiertamente con sus seres queridos y, en casos de depresión severa, considerar la posibilidad de un tratamiento farmacológico bajo supervisión médica.

La Sociedad Anticancerosa de Venezuela pone a disposición de la comunidad la Clínica de Prevención del Cáncer (CPC), donde se ofrecen consultas de psiquiatría para pacientes oncológicos y sus cuidadores. A través de sus programas y servicios, la SAV busca mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan esta enfermedad y sus familias.

En este Mes Rosa de la Salud Femenina, la SAV reitera la importancia de abordar el cáncer de manera integral, considerando tanto los aspectos físicos como los emocionales. Al cuidar la salud mental, los pacientes y sus seres queridos pueden enfrentar este proceso de salud con mayor fortaleza y esperanza.

Para obtener información de interés sobre prevención y tratamiento de enfermedades oncológicas se puede visitar la página web de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV): www.sociedadanticancerosa.org/ o seguirlos en las cuentas de redes sociales: Instagram como @sociedadanticancerosavzla, X (antes Twitter) como @SAnticancerosa y en Facebook como Sociedad Anticancerosa de Venezuela-SAV. emociones

ONG esperan por la renovación esta semana de Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela

Voceros de varias ONG venezolanas esperan que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) renueve esta semana por dos años la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela.

A finales de esta semana, en la ciudad de Ginebra, los países integrantes del Consejo de DDHH votarán para determinar si las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro deben continuar. 

“Lo que se va a votar es la prórroga por dos años más de la Misión y también se insta al gobierno venezolano para que reanude la colaboración con el Alto Comisionado de los DDHH y que venga a Venezuela luego de haber sido expulsado”, dijo Laura Louza, directora y fundadora de Acceso a la Justicia. 

La Misión fue creada en 2019 y está presidida por la abogada portuguesa Marta Valiñas. Su objetivo es evaluar la situación de DDHH en Venezuela y emitir informes sobre eventuales atropellos cometidos por el régimen madurista. 

“El contexto represivo reitera la importancia de mecanismos de monitoreo e incidencia sobre la situación de derechos humanos en Venezuela”, dijo Rafael Uzcátegui, director de la ONG Laboratorio de Paz.

“Nosotros venimos trabajando para esa renovación desde comienzos de año, hablando con los países que tienen voto en el Consejo de DDHH”, agregó Uzcátegui.

Misión complementa a la CPI

Uzcátegui sentenció que el trabajo de la Misión complementa al que está haciendo la Corte Penal Internacional (CPI).

“La comunidad internacional necesita nuevos mecanismos de abordaje a la ruptura del Estado de derecho en los países, pero mientras se crean, es importante mantener activos los ya existentes. Esperamos que en algún momento se inicie una investigación por un caso concreto en la CPI”.

El coordinador legal de la ONG Provea, Marino Alvarado, agregó que cada documentación que se haga es un camino para que las víctimas consigan justicia. 

“La impunidad no es una opción, los responsables de los crímenes de lesa humanidad deben rendir cuentas, la Misión de Determinación de Hechos debe renovarse”, expresó. 

Según cifras del propio gobierno, luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, al menos 2.400 personas fueron detenidas. En las protestas se registraron 24 muertes violentas. 

 

Busi, la primera app de venta de boletos digitales del transporte interurbano

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Desde tu celular puedes comprar boletos para viajar en autobús a distintas partes de Venezuela. Saidmar Contreras es la fundadora de Busi, la aplicación que lo hace posible. Además de mejorar la experiencia del pasajero, Busi también brinda una plataforma administrativa que permite a estas líneas de autobuses llevar el registro de sus operaciones logísticas y contables.

En un encuentro con Contreras, contó que aunque en un inicio su intención era mejorar el transporte urbano, al estudiar el mercado consiguió muchos retos en este sistema que contemplan hasta cambios culturales.

Saidmar contó que al realizar la investigación de mercado, fue testigo de la presencia de los pisteros en los terminales de buses: “No trabajan para ninguna línea, ellos son vendedores informales dentro de la línea y que están comisionando por un pasajero al que le indican por cual taquilla irse”. Es decir, la cantidad de pasajeros que tenga una línea de buses depende del porcentaje de ganancia que ofrecen a los pisteros. En otras palabras, el pasajero se convierte en mercancía.

Crédito | Adriana Materano | Saidmar Contreras, creadora de la aplicación móvil Busi

Al percibir al pasajero como mercancía, el interés por mejorar los servicios y comodidades de los autobuses disminuye. Busi ofrece a las líneas de autobuses interurbano dejar la modalidad de los pisteros, para retomar la competencia a través de la oferta de mejores servicios que beneficien el bienestar de los pasajeros. “Con Busi la gente da su valoración del viaje. Tiene un espacio para comentar y a las líneas les ha gustado”, compartió Contreras.

Además, como apoyo interno a las casas matrices de las líneas de autobuses, Busi desarrolló SAS, un sistema de administración logística y contable de las operaciones de estas líneas. Con este sistema, las líneas pueden innovar y registrar al instante las diversas transacciones y dejar atrás la forma manual de venta y registro contable de boletos.

Otra aplicación para el teléfono 

No sorprende la llegada de Busi como una nueva startup al mercado venezolano. Desde la pandemia se han creado nuevas aplicaciones móviles que ofrecen soluciones y servicios a los ciudadanos.

Crédito | Adriana Materano | Saidmar Contreras y parte de su equipo 

Sin embargo, otra causa del surgimiento de nuevos emprendimientos se esconde en la inseguridad económica que viven los venezolanos. De acuerdo con un estudio en conjunto de la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), alrededor de 4.7 millones de venezolanos son emprendedores, de los cuales 91% crean sus emprendimientos por necesidad. 

En la actualidad, Busi cuenta con unas nueve líneas de autobuses interurbanos afiliadas a la aplicación, con el objetivo de darse a conocer más. Aunque al inicio el equipo de Busi pudo contar con información facilitada por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Contreras comentó que la información no estaba actualizada y que hay nuevas líneas que son difíciles de conocer, puesto que no tienen sedes en Caracas.

Para Saidmar Contreras, brindar los beneficios de Busi a los pasajeros y a las líneas de autobuses no es un lujo, es una necesidad. “Nos concentramos en ayudar primero a los terminales y a las personas que viajan por el país, porque si el que viaja en avión ya hace años no va a un aeropuerto para comprar pasaje, porque el que viaja en autobús sí”.

Mientras muchos tienen iniciativas sociales, otros con un sentido emprendedor claro, pero además con una sensibilidad social, logran generar mejoras con la implementación de nuevas tecnologías en el país. Saidmar Contreras representa a esos más de 4 millones de emprendedores que, a pesar de las circunstancias, logran encontrar soluciones creativas a las necesidades que ven en su entorno.