Desde el 26 de agosto, cuando los detenidos en la represión poselectoral fueron trasladados a la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo, sus familiares sólo han podido verlos una vez.
Un nutrido grupo decidió acudir todos los días a los alrededores de la cárcel de Tocuyito, la esperanza ahora, es que les permitan llevarles comida.
Hasta ahora todos van a juicio, ninguno aceptó la propuesta de declararse culpable de terrorismo, a cambio de una sentencia de 27 años sin beneficios.
Los familiares exigen que les permitan llevarles comida a los detenidos, quienes se encuentran desnutridos y en condiciones psicológicas de vulnerabilidad debido a la mala calidad de los alimentos, la mayoría con gusanos, algunos con pelos y casi todos descompuestos.
“Abuela no como porque esa es comida con gusanos. Eso es pellejo molido con gusanos, me ha subido la tensión“, dijo uno de los detenidos.
“Ya que ellos no pueden alimentarlos, ni darles una comida sana, que dejen que nosotros los alimentemos, aunque sea el almuerzo, y llevarles un garrafón de agua, aunque no los veamos. ¿Cuesta mucho hacer eso?”, dijo una de las abuelas de los detenidos.
Todos se quejan de lo mismo en Tocuyito
“Yo veo a mi hijo desnutrido. La comida que le están dando tiene gusanos, está mala. Les dan una arepa chiquita, con queso y gusanos, a las 4:00 de la mañana”, aseguró una de las madres de los aprehendidos luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara a Maduro ganador.
“A un señor le dio un preinfarto”, aseguró una señora, quien endosa el episodio a la mala alimentación y a un cuadro de desnutrición agudo.
“Algunos días solo les dan comida una vez. Hubo un día que no comieron porque estaba tan mala que tuvieron que botarla. El agua es tan sucia que los enferma“, agregar un familiar quien aseguró que la comida traía consigo patas de cucaracha.
Una de las madres dijo que su hijo le pidió con desesperación que lo sacase de la cárcel.
“Me dijo mami sácame de aquí porque me voy a morir de hambre, bebemos agua ya al final del día y contaminada. Pido por lo menos que nos dejen pasarles algo de comida a ellos, porque se van a morir de hambre”.
“Mi esposo pesaba 98 kilos y ahora pesa 65, está demasiado flaco y tiembla“, dijo una mujer.
“Mi hijo está demacrado y como ido. Nosotros los familiares necesitamos ayuda urgente, que nuestros hijos reciban comida e hidratación porque se están muriendo. ¿El día que se nos muera un muchacho quién va a responder?. De inanición también se muere la gente”, indicó otra.
Este viernes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible la solicitud de revisar la sentencia que convalidó la supuesta reelección de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones del 28 de julio.
La solicitud de revisión fue introducidael pasado 25 de septiembre por el excandidato presidencial Enrique Márquez y contó con el respaldo de una veintena de dirigentes disidentes del chavismo, entre ellos Juan Barreto, y de la cúpula del Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Según el TSJel peritaje hecho por la Sala Electoral del TSJ para convalidar la eventual reelección de Maduro “fue efectuado de manera impecable con las debidas garantías”.
El proceso hecho por supuestos expertos fue llevado a cabo sin la presencia de representantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Aunado a esto el Consejo Nacional Electoral (CNE) jamás publicó los resultados desagregados de las votaciones ni hizo las auditorías de rigor. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, alegó un supuesto ataque cibernético a la página web de la institución proveniente del exterior.
“Todo fue constatado por esta Sala Constitucional, reafirmando así que, a través del proceso electoral realizado el 28 de julio de 2024, quedó expresada la voluntad del pueblo venezolano”, subrayó la sentencia.
TSJ afecto al chavismo
El TSJ expresó que el material electoral consignado por el CNE está en resguardo de la Sala Constitucional constituida por magistrados afines al chavismo.
El CNE declaró a Maduro ganador de las elecciones con casi el 52% de los votos, pero nunca mostró los resultados por estado ni mesa por mesa, solo se limitó a leer un escueto resultado general la noche del 28J.
Mientras la oposición afirma tener en su poder el 83% de las actas recabadas por testigos y miembros de mesa que dan como ganador a Edmundo González Urrutia, quien luego de presiones debió abandonar el país para refugiarse en España.
Varios países han dicho que no reconocen a Maduro como mandatario debido a la falta de pruebas.
Tanto la ONG Provea como Justicia, Encuentro y Perdón denunciaron que personas detenidas luego de las elecciones del 28 de julio son presionadas y amenazadas para que “admitan delitos que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) les ha imputado sin pruebas y sin garantías al debido proceso”.
De acuerdo a Provea “agentes del Estado estarían coaccionando a los privados de libertad bajo amenazas de ser pasados a juicios sin ningún tipo de beneficio procesal”.
La ONG denunció que para lograr los organismos de represión del Estado emplean métodos para lograr“el sometimiento a torturas y tratos crueles que incluyen golpizas, negación de alimentos y medicinas y restricciones para recibir visitas”.
“Se les estaría obligando a firmar y poner sus huellas digitales en papeles en blanco, lo que constituye un fraude procesal masivo y una nueva y abierta violación de las garantías judiciales de los detenidos”, señaló Provea.
La ONG recordó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que el “concepto de tortura y tratos, así como penas crueles, no se limita a prácticas de violencia física o psíquica, sino que incluye también condiciones de detención que no respetan la dignidad humana, como casos de hacinamiento y malas condiciones de reclusión”.
La ONG informó que las denuncias provienen de las cárceles de Tocuyito, Tocorón, el Rodeo y Las Crisálidas.
Abuso de personas detenidas
“El elevado número de personas acusadas de terrorismo por el Gobierno de Maduro y el cooptado sistema de administración de Justicia venezolano ratifican lo que varias relatorías de Naciones Unidas han calificado como abuso crónico’de la legislación antiterrorista”, manifestó la organización.
El delito de terrorismo contempla según la legislación venezolana, penas de entre 25 a 30 años de prisión.
Según cifras del Ejecutivo, 2.400 personas fueron detenidas en el marco de las protestas suscitadas luego de conocerse el resultado oficial que dio como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio a Nicolás Maduro, una victoria que no estuvo sustentada por publicación de datos detallados por parte del Consejo Nacional Electoral.
Aquí en los Estados Unidos el país se prepara para las grandes elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
Se enfrentan los candidatos de los dos grandes partidos: Kamala Harris, por los demócratas; y Donald Trump, por los republicanos. Esta, según las encuestas, es una verdadera carrera con final de fotografía al estilo de aquel de George W. Bush y del que fuera el exvicepresidente de Bill Clinton, Al Gore.
Estas son unas elecciones muy importantes porque definirán al gran país del norte por los próximos años, y más allá los destinos de Latinoamérica.
Lo bueno es que no se cierran las escuelas, no hay Plan República y el país no se detiene por las elecciones, que se ven más como un evento democrático bajo la órbita de los ciudadanos.
Son los mismos norteamericanos quienes la realizan, los que votan y al final son los ciudadanos comunes y corrientes quienes dan los resultados.
No se necesita que las urnas electorales se las lleve un militar, “todo bajo resguardo” y nada de eso que se impone en Latinoamérica.
Ahora en las reñidas elecciones estadunidenses, dirigidas toda por civiles, los dos candidatos, Trump y Harris, muestran hasta este momento un empate y ambos buscan encontrar la forma de romper la paridad faltando pocos días para el evento electoral.
Ninguna de las empresas encuestadoras se atreven a mostrar con precisión sus investigaciones sobre el posible ganador.
El supuesto triunfo de Donald Trump se ha complicado con la irrupción de Kamala Harris y es un desafío que ha puesto en alerta máxima a su equipo de campaña.
Cada día salen nuevas encuestas, pero en ninguna Trump o Harris sacan ventaja. La diferencia de ambos es milimétrica y será suficiente para determinar él o la próxima presidente de los Estados Unidos.
Trump confía en su oferta electoral de controlar el costo de la vida situación que preocupa a los norteamericanos. Por su parte, Kamala Harris recuerda a los electores el carácter irritable y desgastado de su contrincante.
Los estudios de opinión señalan que las minorías negras e hispanas serán determinantes al momento de sumar votos y dar un ganador. Quedan solo semanas para las elecciones del 5 de noviembre en los Estados Unidos y el esfuerzo de Donald Trump y de Kamala Harris buscan desesperadamente el triunfo electoral.
La gente a la expectativa se pregunta ¿quién será el presidente o la presidenta de la nación más poderosa del mundo?
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De acuerdo con el informe mensual de la organización, la cifra equivale a un promedio de 10 protestas diarias y representa una disminución del 46% en comparación con el mismo mes del año 2023.
Durante septiembre, acotó el OVCS, el 50% de las protestas se relacionaron con los Derechos Civiles y Políticos (DCP), con 144 manifestaciones. A pesar de las medidas restrictivas del Estado, los venezolanos continuaron manifestándose pacíficamente, exigiendo el respeto a sus derechos”, señala el informe de la organización.
Además, durante este período, según acota la ONG, un número significativo de estas protestas fue protagonizado por opositores, quienes salieron a las calles para rechazar los resultados de las elecciones presidenciales que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Por otra parte, se documentaron 146 protestas relacionadas con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Las principales demandas incluyeron fallas en servicios básicos, reclamaciones salariales por parte de trabajadores jubilados y pensionados, y el rechazo al pago fraccionado de aguinaldos.
Los estados que lideran el índice de protestas son: Monagas (36), Carabobo (29), Sucre (28), Anzoátegui (25) y Bolívar (23),respectivamente. Los que menos registraron protestas fueron: Trujillo (0) Amazonas (1) Aragua y Guárico 3, respectivamente.
Mujeres en la primera línea de protesta
Según el informe del OVCS, las mujeres venezolanas participaron en el 98% de las protestas (283) en el país durante este mes.
Al respecto, se destaca que las madres, hermanas y esposas realizaron concentraciones exigiendo justicia y libertad de niños, jóvenes y adultos acusados de fascistas y terroristas, en las protestas poselectorales.
También denunciaron las torturas, tratos crueles y denigrantes que han provocado pensamientos suicidas en sus familiares.
Durante septiembre de 2024, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social encontró nueve tipos de manifestaciones realizadas en todo el país.
Participación política: Por tercer mes consecutivo, figura como principal motivo de protesta a nivel nacional.
Servicios básicos: Segundo motivo de protesta a nivel nacional.
Justicia: Familiares de detenidos durante las protestas poselectorales continúan exigiendo justicia y libertad.
Salud: Trabajadores, pacientes y familiares exigen mejoras en infraestructuras hospitalarias, así como insumos y funcionamiento de equipos médicos que garanticen la atención, salud y vida.
Laborales: trabajadores protestan por mejoras salariales, pago de deudas y activación de contratos colectivos. Además, rechazan el pago fraccionado de aguinaldos.
Jubilados y pensionados protestaron ante el retraso en sus prestaciones sociales y beneficios de alimentación. También, rechazan el pago fraccionado de aguinaldos.
Educación: Docentes y personal administrativo y obrero rechazan la exigencia de acudir 5 días a la semana a colegios y liceos, alegando que solo imparten clases solo 2 o 3 días, pues es difícil cubrir transporte y alimentación con el sueldo que reciben actualmente.
Padres y representantes: Protestaron ante las condiciones de las infraestructuras para el inicio del nuevo año escolar.
Mujeres: Participaron en 98% de las manifestaciones, en la primera línea de protesta.
De acuerdo con el OVCS, las concentraciones continúan liderando las protestas registradas en septiembre, seguida de los pancartazos y cierres de calles. “En muchas ocasiones los manifestantes se concentraron rápidamente en pequeños grupos, para evitar acciones represivas, persecución o las detenciones arbitrarias”, acotó la organización.
Protestas por Derechos Civiles y Políticos (DCP)
El OVCS documentó 131 protestas por el derecho a la participación política protagonizadas principalmente por jóvenes, estudiantes universitarios y opositores al gobierno, con el objetivo de exigir al CNE transparencia y entrega de las actas sobre los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de este año.
Asimismo, se documentaron manifestaciones de afectos al gobierno llamando a respaldar y celebrar los resultados que anunciaron victorioso a Nicolás Maduro.
Por otra parte, se documentaron 68 protestas por justicia, por parte de trabajadores, políticos, defensores y principalmente familiares de víctimas de detenciones arbitrarias y criminalización.
El OVCS también registró 11 manifestaciones contra los cuerpos de seguridad del Estado, en 6 estados del país con el fin de denunciar los malos tratos, torturas, actos de corrupción y abuso de poder durante operativos policiales y control de manifestaciones pacíficas.
Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)
Durante el mes de septiembre el OVCS documentó unas 70 protestas por el derecho a la vivienda. “El colapso de los servicios básicos continúa afectando la calidad de vida del venezolano, tanto en su hogar como en el trabajo, la escuela y en hospitales”, denunció el OVCS.
Asimismo, 24 protestas fueron por la canalización y tratamiento de las aguas servidas, 21 por fallas en el servicio eléctrico, 19 para exigir mejoras viales, 14 protestas por agua potable y 12 para exigir la recolección de desechos sólidos.
Derechos laborales y de salud
El OVCS registró 51 manifestaciones relacionadas con el derecho a la salud, en las que pacientes y sus familiares, junto a trabajadores del sector salud, exigieron mejoras en infraestructuras hospitalarias, así como insumos y funcionamiento de equipos médicos que garanticen la atención, salud y vida de los pacientes.
Finalmente, se documentaron 43 protestas vinculadas a la exigencia de derechos laborales.
El grito de auxilio de Dignora Hernández cuando fue secuestrada por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro el pasado 20 de marzo se escuchó en toda Venezuela.
“Auxilio, por favor”, gritó la integrante del partido Vente Venezuela liderado por María Corina Machado cuando fue aprehendida junto al también activista Henry Alviarez por miembros de la División de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en la avenida Sucre de Los dos Caminos en Caracas.
🇻🇪 | “¡Auxilio, por favor!”: El grito de Dignora Hernández, integrante del equipo de campaña de la líder opositora María Corina Machado, ha conmocionado a Venezuela. La mujer fue detenida junto a Henry Alviarez este miércoles por fuerzas del régimen de Maduro. pic.twitter.com/IVfp7JXy96
A la fuerza fue montada Hernández en una camioneta y, siguiendo el patrón represivo, no se conoció inmediatamente su sitio de reclusión. Fue posteriormente que familiares, amigos y compañeros de partido se enteraron que estaba en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), junto a otros presos políticos.
Sin derecho a defensa privada y presentada arbitrariamente ante un tribunal, Hernández se dirige a cumplir siete meses detenida.
De acuerdo al fiscal impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, Hernández formaba parte de una supuesta conspiración para derrocar al gobierno madurista.
A raíz de su reclusión, Hernández ha desarrollado una condición de salud que mantiene en vilo a sus familiares y amigos.
“Hoy mi hermana tiene urticaria en todo el cuerpo, piernas, brazos y espalda. En el centro de reclusión le han dado atención médica, pero se trata de tratamientos paliativos, porque cuando pasa el efecto vuelve la crisis”, dijo Zulma Hernández.
Su vida está comprometida
María Laura Márquez, sobrina de Hernández, afirmó recientemente que la vida de su tía está comprometida.
“Mi tía Dignora está presentando un fuerte episodio de alergias severas, que si no es tratado correctamente puede terminar en un episodio de asfixia. Exigimos a las ONG a difundir esta información. Dignora necesita recibir atención médica de calidad en un sitio donde le brinden la solución de sus problemas”, dijo.
Machado igualmente apuntó que Hernández padece de otras complicaciones.
“Ella es hipertensa y desde hace días presenta un cuadro de alergias severas que se están agravando y puede derivar en una seria complicación respiratoria”, escribió en su cuenta de X.
Zulma Hernández indicó que la familia solo está solicitando que Dignora sea tratada por un médico calificado: “Para que continúe con los exámenes que fueron suspendidos por su aprehensión, Dignora cuando se la llevan detenida ya tenía la urticaria que le fue diagnosticada como crónica y severa”.
Para Hernández, el Helicoide no es el mejor sitio para tratar la condición de su hermana.
“Por eso, pedimos que le den una medida cautelar para que reciba atenciones y cuidados en su casa”, clamó.
Hernández suele visitar a su hermana una vez a la semana y afirma que, pese al encierro, se encuentra fuerte emocionalmente.
“Mi hermana, pese a lo que está viviendo, está de buen ánimo. Ella es una mujer inquebrantable, la admiro mucho, es una mujer muy fuerte, por supuesto que se frustra cuando tiene estos episodios de alergia, ella me dice que no se quiere enfermar más allí. Le preocupa saber la raíz de su problema, le inquieta pensar que sea una enfermedad que esté en desarrollo y que cuando la trate sea tarde”, relató.
Hernández indicó que, como cientos de presos políticos, su hermana se encuentra a la deriva.
“Nosotros como familia nos sentimos desprotegidos por el Estado, no sabemos dónde ni a quién acudir”, lamentó.
Lucía*, de 16 años, fue detenida en Valencia, la noche del 29 de julio. Un día después de los cuestionados resultados electorales anunciados. Cuando iba camino a su casa, con su novio, dos encapuchados los detuvieron y le dijeron: “Hay un toque de queda, no puedes estar aquí”. Sin escuchar ninguna explicación, se la llevaron”.
Pasó varias horas desaparecida. En casa, su mamá se preguntaba por qué no había llegado. Era costumbre de Lucía llegar a tiempo. A las 2:00 de la mañana, la llamaron. Escuchó una orden: “Venga a buscar a su hija, que está en Paramacay”.
El Frente al Fuerte Paramacay en Naguanagua, estado Carabobo, es un centro de detención. Allí han recluido a niños luego de las elecciones presidenciales. Esto, a pesar de que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNNA), establece que los menores no pueden ser detenidos en centros para adultos.
“No tenía cómo buscar a mi hija a esa hora y no pude hacerlo. Quizás, si hubiese tenido, estuviera conmigo”, expresa Jeni, de 41 años, y madre de Lucía. Desde su casa hasta el centro debe recorrer un trayecto que le tomaría 40 minutos. Salió a las 6:00 de la mañana a buscarla con desesperación, angustia y con el corazón roto.
Tres largos días
Jeni cuenta que cuando llegó a Paramacay negaron que su hija estuviera ahí. Ella explicó que, a las 2:00 de la mañana, había recibido una llamada en la que le decían que sí estaba ahí.
“Yo sabía que sí estaba, entonces fingí que me iba y me quedé en los alrededores. Vi cuando llegaban otras mamás buscando a sus niños y me dije ‘no me puedo ir’”, menciona. Horas después, le confirmaron que su hija sí estaba ahí, pero no la pudo ver.
Lucía permaneció tres días en Paramacay y sufrió torturas que nunca imaginó. Pasó tres días sin comer ni tomar agua. Esa primera noche, le quitaron sus pestañas postizas y le tomaron una foto, junto a otros 25 niños en la misma situación.
Ese fue solo el inicio. Luego vinieron más agresiones. La golpearon en las costillas, la insultaron y la obligaron a grabar un video. “Admite que María Corina te pagó $30 para que lanzaras piedra en el fuerte”, le decían. Ella lo negó una y otra vez. Intentó explicar -en varias ocasiones- que ella no sabía nada de política, que nunca participó en ninguna “guarimba”. Les suplicó que la dejaran, que ella solo había salido a comer con su novio.
No accedió, en primera instancia, a grabar el video. Entonces, la escalada de tortura subió. Fueron a buscar a su novio y lo comenzaron a golpear delante de ella. Él le decía “no lo grabes, no grabes el video”, mientras recibía los golpes.
Imagen externa del Fuerte Paramacay, ubicado en Valencia.
“Agarraron al novio y le dieron patadas. Le dieron una paliza como de dos horas. Todas las patadas y los golpes eran en la cara. A ese muchacho le pusieron la cara como un monstruo. Ahí fue que ella grabó el video”, admite Jeni.
Grabó el video, pero su situación no mejoró. A Lucía la pusieron a dormir en una cama de piedras y también fue acosada sexualmente por uno de los funcionarios de Paramacay. Le quitaron su teléfono y le encontraron unas fotos íntimas.
“El guardia le enseñó las fotos íntimas de mi hija a todos los policías que estaban ahí. Eso me dijo mi hija y, además, le dijo que si se acostaba con él, la dejaría salir, la dejaría en libertad”, denuncia su madre.
“Son unos delincuentes”
Después de tres largos días, fue trasladada a otro centro en Valencia y comenzó a recibir mejor trato, lo cual representa “un alivio” para su mamá.
“La cambiaron y se siente mejor. Me dice que la tratan bien y puedo verla los jueves. No es lo ideal, pero respiro mejor desde que está en el otro centro”, manifiesta.
Se sintió más esperanzada. Pensó que después del traslado de centro, venía la libertad. Las madres guardaron silencio esperando la audiencia preliminar. “Pensábamos que ese día dejarían a nuestros hijos libres”.
Después de 62 días de detención. Las madres se movieron para consignar todos los documentos ante la defensoría pública. En ellos, incluyeron, además de las cédulas de identidad, constancias de estudios y recomendaciones de buen comportamiento.
“Pensamos que sería suficiente, pero en el Palacio de Justicia pasó lo que nunca imaginamos, llamaron a nuestros hijos delincuentes”, afirma Jeni.
Nunca pensaron que el Tribunal 2 con competencia en terrorismo, a cargo de la jueza Keidimar Ramos Castillo, les presentaría una “oferta”: seis años de prisión con ocho meses, a cambio de declararse culpables.
Ramos Castillo les advirtió que si no aceptaban la “oferta”, corrían el riesgo de ir a juicio y tendrían que cumplir 10 años, tiempo que pidió la fiscalía para los niños.
Al escuchar eso, Jeni se desvaneció. Le comenzó a doler la cabeza, se le durmió parte de su cara y el desgano que sentía no se comparaba con nada: “Tenía personas a mi lado que me ayudaron, las otras mamás y una vecina. Pero es muy fuerte pensar en eso que pasó ahí”.
Explicó que durante la audiencia preliminar, Lucía intentó decirle a la jueza que la ayudara. “Jueza, yo quiero seguir estudiando”, le explicó, pero ella ignoró sus palabras y se limitó a decirle que “se comportara”.
Los menores no fueron escuchados en ningún momento, a pesar de que es un derecho. En el apartado 542 de la LOPNNA, se establece: “El adolescente tiene derecho a ser oído en la investigación, en el juicio y durante la ejecución de la sanción. Cada vez que deba oírsele se le explicará el precepto contenido en el artículo 60, ordinal 4° de la Constitución. Cuando no entienda el idioma castellano tendrá asistencia gratuita de intérprete”.
Algunas madres denunciaron que, durante la audiencia, la jueza afirmó que los menores no tenían ningún documento consignado. “Eso no es posible, porque nosotras nos movimos, para consignar todos los papeles, pero la defensora no hace nada”.
Una defensora ausente
Al igual que la Constitución, la LOPNNA habla de la presunción de inocencia. Un derecho que se les ha violado a los niños.
En el artículo 540, esto queda claro: “Se presume la inocencia del adolescente, hasta tanto una sentencia firme no determine la existencia del hecho y la participación culpable del imputado, imponiendo una sanción”.
Un hecho que le corresponde a la defensora pública sostener, pero, a cambio, los padres solo recibieron silencio. Durante la audiencia, Kelly Pérez, no pronunció ningún discurso significativo a favor de los niños y la jueza fue tajante: “La defensa no promovió nada”.
Desde el primer momento, el debido proceso ha sido violentado. A las madres no les enseñaron “las pruebas”, a pesar de que la jueza aseguró que sí existían y la defensora pública entregó, como correspondía, los documentos que les solicitó a los padres.
Otra irregularidad del proceso es la falta de expediente. No tienen acceso a los expedientes. Jeni explica que los han solicitado, pero no reciben respuestas. Un hecho que causa mucha más desesperación.
“Mamá quiero dormir y no despertar”
Jeni dice que cada vez visita a su hija es más difícil. “Mi hija es un alma pura y me duele escucharla decir que quiere dormir y no despertar”, confiesa.
Cuando detuvieron a Lucía, Jeni tenía dos meses sin trabajo. Ella es madre de tres, pero sus hijas mayores están fuera de casa y se quedó a cargo de su hija menor. “Ella está estudiando, la semana pasada la inscribí en el liceo, con la esperanza que pueda estudiar. La directora de su escuela me escribe constantemente y me pregunta ‘¿todavía?’ No hay explicación”, cuenta.
A veces, sus otras hijas la ayudan, algunos familiares y su marido. “Es difícil, porque hay ocasiones en las que no tengo para el pasaje. Otras me ayudan otras mamás, pero mi hija me pide frutas, chucherías y no puedo llevarle todo el tiempo, porque es dinero y no tengo”, reitera.
Durante su estancia en el centro de mujeres, en Valencia, Lucía lee la biblia y le suplica a su mamá que le pida a Dios de rodillas. “En las cartas me dice que me ama, que, por favor, le pida a Dios de rodillas para que ella pueda salir y seguir estudiando. Ella quiere tener un buen futuro”, expresa.
Lucía, junto a los otros menores, están a la espera del juicio. Los padres claman por su libertad y aseguran que no son terroristas.
La niña, de 16 años, está siendo imputada por terrorismo, asociación para delinquir y obstrucción a vías públicas.
Cada 11 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas, organismo al que está adscrito Venezuela, conmemora el ‘Día de la Niña’. Este día persigue un objetivo: reconocer los derechos de las niñas y los desafíos únicos a los que se enfrentan en todo el mundo.
Sin embargo, el Estado no solo le está fallando a las niñas, también a los 70 niños detenidos, de acuerdo a lo contabilizado en el Foro Penal. Y, le falla, todos los días, a Lucía, quien solo quiere estudiar y tiene más de 70 días detenida sin conocer la razón y pensando que cometió el mayor pecado del mundo por ir a comer con su novio.
Otras niñas detenidas
En la ola de detenciones después de las elecciones presidenciales, otras niñas fueron detenidas. La historia de Lauriannys Valentina Cedeño Farías, de 17 años, es una de las más impactantes.
La menor fue detenida después de enviar un mensaje en contra de los resultados electorales del 28 de julio. De acuerdo a la versión de los familiares, la cual circuló por redes sociales, una funcionaria de la Alcaldía de Carúpano la delató.
Según Justicia, Encuentro y Perdón, una organización dedicada a los presos políticos, a la menor la sacaron de su casa, sin ninguna orden de aprehensión.
“Producto del impacto, la joven sufrió un colapso que le causó daños cerebrales y requirió su traslado urgente a un centro de salud; aun así, fue procesada judicialmente sin derecho a la defensa por el delito de instigación al odio”, informó la ONG.
A Lau, como la conocen sus allegados, la imputaron por instigación al odio y otros delitos como terrorismo.
Al igual que Lau y Lucía, Victoria Morillo, de 16 años, también fue detenida en el marco de las protestas, junto a su prima. Sus familiares informaron que el 29 de julio se las llevaron a Zona 7 en Boleíta y después la trasladaron a un centro desconocido.
A Morillo la excarcelaron el 3 de septiembre, pero con medidas cautelares. Debe presentarse cada ocho días, durante 45 días, no puede salir del país y tampoco podrá asistir a ciertas reuniones.
Aunque Victoria tiene una libertad “a medias”, quizás no olvide todos los días que pasó detenida.
*El nombre de la niña fue cambiado por motivo de seguridad.
Bajo el lema «Reinventar la Escuela: buenas prácticas que promueven la formación ciudadana», las XIX Jornadas de Educación en Valores congregaron en la UCAB, los días 10 y 11 de octubre de 2024, a un nutrido grupo de líderes educativos, maestros, representantes empresariales, miembros de organizaciones no gubernamentales y público general.
El encuentro, organizado por el Centro de Innovación Educativa (CIED), el Vicerrectorado Académico y la Escuela de Educación de la UCAB, en alianza con el Colegio San Agustín El Paraíso, sirvió como espacio de reflexión y debate sobre el futuro de la educación en el país, más allá de la crisis.
«Llegó el momento de reinventar el papel de la escuela en la sociedad; no podemos continuar entumecidos por los graves problemas que hay en el sector educativo», afirmó el vicerrector académico de la UCAB, José Francisco Juárez, en el discurso de bienvenida al evento, que se realizó en el campus Montalbán.
Juárez señaló que las instituciones educativas tienen una responsabilidad fundamental en la formación de ciudadanos con habilidades, competencias y ética, en función de un contexto que cambia rápidamente.
«Hay un llamado al discernimiento y a la acción para una educación de calidad. La verdad es que hace falta una mirada renovada y optimista de la educación para atender eficazmente los desafíos que tenemos (…) Educar es la posibilidad real de conseguir el desarrollo humano y que las sociedades progresen; y también sabemos todos que la educación es el camino más seguro para que la persona alcance su plenitud, razone, piense, tome decisiones acertadas, sea feliz un haga posible la convivencia humana», indicó el doctor en Educación.
Por su parte, Javier Herrero, rector del Colegio San Agustín de El Paraíso, sostuvo que las situaciones de crisis son también oportunidades para el crecimiento.
«Nada es insuperable (…) Es hora de aprovechar las coyunturas para potenciar las oportunidades de aprendizaje sin dejarnos victimar por las dificultades. Nos asiste la esperanza de que estas reflexiones ayuden a nuestro sistema educativo, que requiere tomar decisiones creativas que sean prometedoras para encontrar nuevas formas verdaderas de abordar la educación que requieren los ciudadanos del siglo XXI y nuestro país”, dijo Herrero.
Nuevas estrategias
En cuanto a las nuevas estrategias para reinventar la escuela, se planteó la necesidad de ejecutar acciones en varios ejes: aprendizaje (formación de las personas autónomas y dignas), gestión democrática (educación ciudadana), cuestión docente (articuladores clave de saberes educativos, didácticos y especializados) y relación escuela-comunidad (educación como espacio fecundo para que la sociedad actúe sobre sí misma).
Además, recalcaron la importancia de cerrar la brecha digital, evaluar las necesidades de los estudiantes, garantizar el apoyo al aprendizaje socio-emocional, reforzar el aprendizaje presencial y a distancia, impulsar una financiación adecuada y equitativa, establecer escuelas comunitarias y proporcionar tiempo de aprendizaje extendido.
Durante la jornada consideraron esencial cultivar habilidades socioemocionales en niños, adolescentes y jóvenes para reducir la violencia física y verbal tanto dentro como fuera del salón de clase. A la vez, promueve buenas relaciones entre hijos y padres y facilita el manejo emocional y conflictos interpersonales.
La propuesta de AVEC para el próximo decenio
Aunque el contexto educativo actual es complejo, los ponentes de las XIX Jornadas de Educación en Valores de la UCAB evidenciaron que diferentes instituciones siguen apostando por el país y trabajan para garantizar el acceso a la educación de niños, adolescentes y jóvenes, con equidad, calidad y una visión de inclusión y convivencia.
La Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) presentó el Proyecto Educativo de Pastoral (PEP). La iniciativa, basada en el humanismo cristiano y apoyada por la metodología sinodal (ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar), propone una gestión pedagógica de calidad, un liderazgo eficaz y eficiente, espacios educativos de acción evangelizadora y una gestión administrativa sostenible.
«Este proyecto lo hemos pensado a 10 años porque en estos 21 años de educación lo que hemos obtenido es que cada año tenemos que revisar los programas. No sabemos qué está pasado curricularmente y es un problema: necesitamos planes. Nosotros utilizamos la metodología sinodal porque creemos en la planificación ágil y es la más adecuada para entender cómo tenemos que planificar. Es importante saber qué está haciendo la educación católica en el país», señaló Tovar.
