“Hasta que me quede sin fuerzas, estaré cerca de mi hijo”, dice Milena*, consternada y con lágrimas en los ojos. Así relata cómo fue desalojada de una pensión cercana al Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito, tras participar en una vigilia en la que se exigía la liberación de los presos políticos detenidos después del 28 de julio.
Según informó El Carabobeño, miembros de los cuerpos de seguridad del Estado interrumpieron la actividad y exigieron que se detuviera, a pesar de que los participantes habían decidido cambiar de ubicación.
Milena, originaria de Barquisimeto, decidió alojarse cerca del centro de reclusión para poder estar más cerca de su hijo, de 25 años, y reducir gastos. El viaje entre Barquisimeto y Valencia, donde se encuentra el penal, cuesta entre $24 y $30, dependiendo de si toma un autobús o carrito por puesto.
Además de Milena, otras ocho familias tuvieron que abandonar la pensión. La dueña de la residencia les pidió primero que se alejaran de la zona y que los llamaría para cuando pudieran volver.
“Cuando regresamos, nos pidieron desalojar la pensión, porque miembros del Sebin fueron hasta la casa, tomaron fotos y se lo exigieron. Le dijeron a la señora que si no lo hacía, le caería la operación TunTun’”, afirma.
Familiares provenientes de Ejido, estado Mérida, Caracas, Barquisimeto y Coro se vieron obligadas a regresar o alquilar un sitio para pernoctar en otra zona de Valencia para estar cerca de sus seres queridos.
Milena reitera que la señora de la pensión tenía la voluntad de ayudar a las familias, pero el miedo la paralizó. “Ella nos dijo que tiene nietos y que quería protegerlos, nosotros entendimos y nos fuimos. Yo tuve que regresar a Barquisimeto y otros buscaron alojarse en otras residencias más alejadas de Tocuyito”.
Las Reglas Nelson Mandela, o Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, a las cuales Venezuela está adscrita, establece que los prisioneros deben ser recluidos en lugares cercanos a sus sitios de residencia. En el país, no sucede así. Los detenidos están a kilómetros de su casa y esto representa un gran esfuerzo tanto físico, emocional, como monetario para las familias.
Pese a que Yván Gil, ministro de Relaciones Exteriores, aseguró que en el país no existen presos políticos, Foro Penal indica que 1.958 han sido detenidas por razones políticas y otras organizaciones de derechos humanos, como Provea y Encuentro, Justicia y Perdón han denunciado las reiteradas violaciones de derechos a las que han sido sometidos los detenidos en contexto poselectoral.
El caso de Samuel*, de 25 años, no es aislado. El joven fue capturado dentro de su casa, el 6 de agosto. Su madre afirma que fue delatado por personas cercanas al oficialismo y que no tuvieron compasión al momento de llevárselo.
“Días antes de las elecciones, mi hijo denunció que miembros del Consejo Comunal no arreglaron el alumbrado público de la comunidad, a pesar de que se sabía que se tenían los recursos. Por eso, se lo llevaron”, aclara su mamá.
“A mi hijo lo amenazaron con un cuchillo para que no hablara más”
Samuel no solo ha sido torturado dentro de Tocuyito, también ha sido amenazado. Milena asegura que ella fue de las primeras madres en denunciar que le entregaban comida en descomposición, con mosca y cucarachas en el penal.
“Yo no tengo miedo a decir lo que pasa, pero sí tengo miedo de lo que le puedan hacer a mi hijo”, expresa.
Después de que algunas de sus declaraciones se hicieran públicas y otras madres comenzaran a denunciar, Samuel fue amenazado por otros reclusos de Tocuyito. “Mi hijo está aislado, y buscaron a otros reclusos para que lo amenazaran con un cuchillo, todo esto para que me dijera que no hablara más, porque él sufriría las consecuencias”.
El preso político está aislado de otros cautivos porque es VIH positivo. Su madre explica que necesita cuidados especiales y su tratamiento, el cual no se le ha sido proporcionado en la prisión.
“En la última llamada, me pidió que le mandara algo para la sarna porque desde que está detenido no le han permitido bañarse. Hasta hace poco fue que pudo asearse con el agua que le llevé y, por fin, pudo cambiarse el bóxer”, indica.
¿Qué dice la ley sobre las personas de VIH recluidas?
La Ley de Reforma del Código Orgánico Penitenciario, en su artículo 4, manifiesta: “El Estado, a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria, garantiza a las personas privadas de libertad el ejercicio y goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución, así como en los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, suscritos y ratificados por la República”.
Sin embargo, al igual que con respecto a otros estatutos, el Estado está incumpliendo con sus obligaciones y los detenidos después del 28 de julio no están recibiendo un trato digno.
Samuel ha sido discriminado por su situación de salud, a pesar de que la ley, nuevamente, castiga este comportamiento. La Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de Todas las Personas con VIH/SIDA y sus Familiares, aprobada en el 2014, indica que los reclusos con VIH deben ser tratados en igualdad y no deberían ser sometidos a situaciones de discriminación.
El mismo reglamento indica que cuando un personal de salud determina que un recluso está en riesgo y el centro penitenciario no tenga los recursos para sostenerlo, debe ser trasladado a un centro hospitalario. El traslado debe realizarse de forma inmediata con autorización del director y de los tribunales.
“Mi hijo está mal y necesita atención médica, pero en ese centro no nos paran, tampoco nos dicen nada. A duras penas nos permiten la visita”, dice Milena.
La última vez que acudió, solo le permitieron pasar unas galletas, un bóxer, un chocolate, algunos caramelos y agua. “Yo le llevé el tratamiento y no se lo dieron, después me llamó y me dijo que se lo llevara de nuevo”.
Pese a que el Estado venezolano es responsable de proveer los antirretrovirales, no cumple con su obligación y los familiares deben hacer lo que puedan para conseguirlo.
Milena se quedó sin trabajo, al igual que su hija. Su esposo, quien es el sostén de la casa, quedó desempleado debido a una discapacidad. Afirma que hace lo que puede para llegar hasta Tocuyito y tenía una gran ayuda con la señora de la residencia, pero fue desalojada.
“Ahora, tengo que buscar dónde estar para no abandonar a mi hijo. Mis hijos son todo lo que tengo y no los voy a dejar solo”, insiste.
