En El Mañanero del 10 de diciembre de Runrun.esresumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Edmundo González dijo en entrevista que María Corina Machado formará parte de su gobierno como vicepresidenta ejecutiva y que su determinación es estar en Venezuela el 10 de enero para tomar posesión del cargo. Las madres de presos políticos siguen en su lucha por la libertad, y hoy fueron recibidas en el Ministerio Público. El alto comisionado de la ONU confirmó reapertura de oficina en Caracas y exige libertad de detenidos arbitrariamente.
#9Dic | Al grito de “son inocentes, no son terroristas” las madres exigen que sea revisado cada caso de los presos políticos. Las pusieron en filas para consignar las pruebas y datos de sus familiares. Una funcionaria de Fiscalía les dijo que las atenderán a todas pic.twitter.com/KKtsFhr44S
Benigna Farfán, madre de Samu Raúl Uribe, detenido en Apure, expresó que su hijo fue detenido mientras estaba vendiendo plátanos para mantener a su abuela. “Un policía lo bajó del camión y él no sabía por qué. Mi hijo está en Tocorón y tiene más de dos meses enfermo, no come, no duerme porque no puede evacuar. Él era un muchacho que nunca había sufrido nada”.
“Si a ellos los condenan y no hay una madre en el portón esperando, se van a morir”. Con esta frase Manuela González, madre de Anthony Quijada, de 23 años, pidió que no se olviden de los presos políticos y que “no los dejen morir”, después de cuatro meses de detención y diferentes traslados.
González indicó que a su hijo lo trasladaron de Yare III a Tocorón y que le pidió a su papá que ella no lo fuera a visitar, que lo dejaran morir, porque está perdiendo todas las esperanzas. Quijada fue detenido en Barcelona, estado Anzoátegui, mientras esperaba un taxi con un compañero para llegar a casa.
En la concentración al frente de la sede del Ministerio Público en Caracas, que tuvo lugar este 9 de diciembre en Caracas, los familiares afirmaron que no se cansarán de exigir justicia y denunciaron diferentes violaciones de derechos humanos.
Isabel Ramírez, madre de Carlos Valecillo Ramírez, de 34 años, y quien atentó contra su vida en el Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón, expresó a Runrun.es que “él es inocente de todo lo que se le acusa”.
“Gracias al Señor, los muchachos que estaban con él pudieron salvarle la vida. Me dijeron que estaba en enfermería, pero realmente no sé si está ahí. No me permiten verlo y solo le pido al fiscal y al presidente de Venezuela que, por favor, me den fe de vida de mi hijo. Sé que ningún ser humano o preso debe estar bien en una prisión en la que se le violan todos sus derechos”, afirmó.
Su madre insistió en que Valecillo es inocente y manifestó: “Quisiera que le dieran la libertad a mi hijo. Su expediente es el 115-24 y en ese mismo expediente hay alrededor de 56 personas que fueron detenidas y no comprendo como en un solo documento hay personas de diferentes estados”.
Ramírez recordó que en Tocorón se han registrado más de 11 intentos de suicidios: “Esos muchachos allá dentro están desesperados, esos muchachos quieren dejar de existir por la situación que están viviendo. Es un infierno terrible el que vive cada persona ahí adentro”.
Manuela González pidió que “no los dejen morir”. Crédito: RunRunes.
MP desconoce violaciones de Derechos Humanos
La mamá de Valecillo fue una de las representantes que entró al Ministerio Público, después de más de una hora de espera. Los familiares, que tenían sus documentos en mano, fueron atendidos en el pasillo por el abogado de la división de delitos contra funcionarios públicos, Julio García.
García aseguró, según familiares, que no tenían conocimiento de las violaciones de derechos humanos que se estaban denunciando y que todas las pruebas adjuntadas serían transmitidas al fiscal general, designado por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y ratificado por la AN oficialista, Tarek William Saab.
“El señor dijo que apenas estaba conociendo las causas y lo que estaba ocurriendo con nuestros presos políticos. Aun y cuando sabemos y reiteramos que su trabajo es conocer todas las denuncias que hemos presentado hasta ahora y que no era nuestra responsabilidad que estos fiscales desconozcan nuestras denuncias”, enfatizó Diego Casanova, del Comité para la Libertad de los Presos Políticos.
García se comprometió a seguir el caso de Valecillo y que se le brindará la atención adecuada, además de establecer un canal de comunicación con los familiares de los presos políticos para que se le presenten las pruebas individuales.
“Se le entregó la carta que escribió Carlos, en la cual confiesa su deseo de quitarse la vida. Se comprometió, incluso hoy mismo a darle respuesta al caso y a verificar que está vivo y que le hagan una evaluación médica exhaustiva para conocer su situación física y de salud mental”, manifestó Casanova al frente del Ministerio Público.
Familiares exigieron la liberación de los presos políticos. Crédito: RunRunes.
“Mi hijo está en una situación inhumana”
A lo largo de estos cuatro meses, los familiares han denunciado la falta de alimentación en los centros de reclusión venezolanos. Elizabeth González, madre de Eliangel Santaella, de 25 años, denunció que su hijo está enfermo y que ha presentado cuadros de diarrea que no han sido tratados.
González indicó que -en varias oportunidades- le han dejado suero y la última vez no se lo pasaron, al igual que tampoco le hicieron llegar unas bebidas nutricionales y suplementos alimenticios que le llevaron. “Les dan dos arepitas, una a las 2 de la tarde y otra en la noche, eso no es comida para un ser humano”.
Madres firman documento que le entregaron, posteriormente, al Ministerio Público. Crédito: RunRunes.
El padre del joven, Tony Santaella, argumentó que cada día la situación se pone más fuerte y están desesperados. “Mi hijo ha perdido 45 kilos y está en una situación inhumana. No podemos esperar a que más muchachos quieran morir”, sostuvo.
Otra madre, Benigna Farfán, madre de Samu Raúl Uribe, detenido en Apure, expresó que su hijo fue detenido mientras estaba vendiendo plátanos para mantener a su abuela. “Un policía lo bajó del camión y él no sabía por qué. Mi hijo está en Tocorón y tiene más de dos meses enfermo, no come, no duerme porque no puede evacuar. Él era un muchacho que nunca había sufrido nada”, comunicó.
Farfán pide un poco de humanidad para su hijo y también para el resto de los presos políticos. En el caso de Uribe, él era el cuidador de su abuela, de 80 años, y desde que está detenido, la salud de la adulta mayor está en deterioro.
Madres gritaron “libertad” al frente de la sede del Ministerio Público. Crédito: RunRunes.
¿Qué sigue ahora?
Tras diferentes protestas y manifestaciones, el miércoles, 11 de diciembre, los familiares entregarán -de manera individual– un documento con todas las pruebas de inocencia de sus familiares y una carta general de la situación de los presos políticos para exigir la liberación de todos por igual.
Manifestaron que continuarán exigiendo justicia y que no se cansarán porque, para ellos, no habrá Navidades felices con sus hijos y hermanos detenidos.
A lo largo de la concentración, alertaron sobre el receso procesal, que inicia el 15 de diciembre, además de las vacaciones de los funcionarios del Estado. Una madre comentó que, desde el Ministerio Público, le afirmaron que saldrían de vacaciones desde el 20 de diciembre hasta el 20 de enero.
Familiares de presos políticos volverán el miércoles al Ministerio Público a consignar más pruebas. Crédito: RunRunes.
“Ellos se van de vacaciones y nosotras estaremos aquí, persistiendo para que suelten a nuestros hijos. Nos quieren dejar con esta zozobra, pero seguiremos en la calle, porque si nosotras no tenemos Navidades felices, ellos tampoco”, soltó una de las madres.
Pese a las diferentes promesas de la revisión de los casos por parte del fiscal general, las mamás recordaron que los atropellos no han cesado y que hace pocos días, cerca de 200 detenidos en contexto postelectoral fueron trasladados a Tocorón sin aviso a los familiares.
Los familiares y organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos han denunciado que dicho centro de detención se encuentra en estado de hacinamiento. Los familiares de presos políticos recluidos en ese lugar han denunciado en reiteradas ocasiones que sus hijos “pasan hambre”.
Familiares de detenidos en el marco de la represión electoral denunciaron que han sido víctimas de requisas invasivas en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado Miranda.
Los familiares denunciaron que estos procedimientos se han intensificado especialmente después las vigilias y concentraciones frente al Ministerio Público exigiendo libertad para los aprehendidos luego de los comicios del pasado 28 de julio.
“La primera vez que me revisaron yo me sentí violada, pero no tuve pena porque tenía muchas ganas de ver a mi muchacho. Pero estas últimas requisas han sido las más humillantes que he vivido”, declaró la madre de un detenido al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Denunciaron que Ángel Castro, director del penal, empezó a aplicar violencia psicológica al amenazar a varios familiares con revisarles los teléfonos y ver sus conversaciones privadas
“Cuando estábamos en la cola para la requisa el director salió y comenzó a decirnos: ‘Aquí están las mujeres que les gusta hacer TikTok, que les gusta salir en público y dar declaraciones a la prensa, sigan haciendo TikTok, sigan declarando, que ahí les viene su sorpresita’”, narro una de las madres durante una protesta frente al Ministerio Público este 9 de diciembre.
En medio de sollozos, una mujer cuyo familiar está detenido en Yare III relató cómo fue el procedimiento para ingresar al recinto penitenciario.
“Nos mandaron a desnudar y nos revisaron la ropa en el piso. Después, me mandaron a poner en un rincón, me pidió que recostara la espalda en la pared y abriera las piernas como si fuera a parir. La funcionaria me pidió que abriera más las piernas y yo le dije que ya no podía abrir más”, detalló.
#OVPDenuncia Una madre detalla la forma como requisan a las mujeres en el penal de Yare III.
Desde @oveprisiones instamos al Ministerio Público a abrir una investigación penal contra estos perpetradores de violaciones a los derechos humanos, quienes actúan bajo la mirada pasiva… pic.twitter.com/XH41YEYb97
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) December 9, 2024
“Mientras estaba con las piernas abiertas me pidió que con mis manos me abriera la vagina, agarró su celular y alumbró en mis partes íntimas. Después, me pidió que pujara como si fuese a parir, mientras yo seguía sosteniendo mi vagina con las manos. Fue horrible, me sentí violada sin penetración”, prosiguió.
#9Dic En una concentración frente al Ministerio Público en #Caracas, las madres relatan lo humillante que son las requisas en el Centro Penitenciario Yare III, estado #Miranda.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) December 9, 2024
Humberto Prado, director del OVP, indicó que estas prácticas están consideradas como violaciones a los derechos humanos.
“No tenemos autonomía de poderes. La Defensoría del Pueblo no vela por los derechos humanos de los presos, el Ministerio Público no investiga, a través de su dirección de Derechos Fundamentales, a ningún funcionario público. Las investigaciones solo son contra el preso y su familiar”, lamentó.
Este lunes, 9 de diciembre, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela reanudó parcialmente sus actividades, después de que en febrero éstas fueran suspendidas por orden de las autoridades. La oficina está haciendo todos los esfuerzos de su parte para «volver por completo», indicó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.
«Esperamos poder hacer (en Venezuela) cosas que ya hacíamos en el pasado, como visitar prisiones, hacer monitoreo de juicios y comentarios sobre la legislación», subrayó en la rueda de prensa que celebra anualmente en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Pese a la suspensión, que implicó la expulsión de Venezuela de los trabajadores que operaban para esta entidad, la Oficina para los Derechos Humanos «ha podido permanecer en contacto con las autoridades gubernamentales y con los defensores de derechos humanos, la sociedad civil y miembros de la oposición», señaló Türk.
Sobre las denuncias de persecución a líderes políticos y de la sociedad civil, que habría aumentado después de las elecciones presidenciales de agosto, el alto comisionado pidió «la liberación de todos los detenidos arbitrariamente».
«Ha habido algunas liberaciones, pero queremos que haya más, es absolutamente crucial, y también esperamos que haya un enfoque renovado en unir a los diferentes actores políticos para forjar un futuro para el país», concluyó.
Las actividades suspendidas en febrero habían arrancado en Venezuela en 2019, cuando la alta comisionada de derechos humanos era la chilena Michelle Bachelet.
Su labor principal es de asesoramiento técnico, brindando por ejemplo apoyo para la implementación efectiva de las recomendaciones que figuran en los informes que el alto comisionado presenta al Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Türk visitó Venezuela en enero de 2023 y entonces se acordó que la oficina operaría durante dos años más.
Este lunes, 9 de diciembre, distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pidieron detener la criminalización contra defensores y activistas venezolanos en el marco del Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
La organización Provea, a través de su cuenta en X, reafirmó que “tienen derecho a defender los derechos de todos”.
“Promover, ejercer y reclamar pacíficamente, denunciar corrupción y abusos, proteger derechos reconocidos y defender los derechos en desarrollo”, señaló la ONG, y recordó que seguirán con la labor que vienen realizando desde hace más de 30 años.
El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, también utilizó su cuenta en X para pronunciarse por la situación de los defensores de derechos humanos en el país.
“Mis colegas defensores venezolanos han dejado muy claro su compromiso en la visibilización de situaciones de injusticia social, la denuncia y documentación de la impunidad y con esfuerzos sostenidos por impulsar procesos democráticos en el país”, expresó.
En el Día Internacional de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos es importarte reivindicar, en un contexto restrictivo como el de #Venezuela, que la defensa de los derechos humanos es un derecho en sí mismo.
Por su parte, el Centro para los Defensores y la Justicia recordó que, en el marco de una Emergencia Humanitaria Compleja y de cierre del Espacio Cívico y Democrático, “las personas defensoras continúan trabajando y velando por el respeto, garantía y protección de los derechos humanos y sus acciones se hacen cada día más necesarias para la recuperación de las libertades, la vigencia de los derechos y el acompañamiento a las víctimas”.
La organización resaltó la labor de cientos de defensores a pesar de las adversidades, los riesgos y constantes agresiones, ataques y obstáculos de las que son objeto por ejercer su labor.
“Ante las desafíos que presenta defender, promover y exigir derechos en el país, el movimiento de derechos humanos sigue fortalecido y reafirmando su compromiso por el respeto de la dignidad de la población venezolana”, indicaron, al tiempo que aseguraron que continuarán trabajando por la protección efectiva de quienes defienden y la constitución de entornos propicios y seguros para el ejercicio de su labor.
En Venezuela en el marco de una Emergencia Humanitaria Compleja y de cierre del Espacio Cívico y Democrático, las personas defensoras continúan trabajando y velando por el respeto,… pic.twitter.com/TIePucfIGN
— Centro para los Defensores y la Justicia (@DefensoresDDHH_) December 9, 2024
Caso Rocío San Miguel
La organización Provea recordó el caso de la activista Rocío San Miguel, quien cumple 10 meses detenida.
Destacaron que el Gobierno de Nicolás Maduro la acusa de “terrorismo” y “traición a la patria” por su trabajo como defensora frente a su organización Control Ciudadano, donde Rocío documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y temas militares.
Rocío San Miguel está recluida en El Helicoide. Hasta la fecha, no le han permitido designar a abogados de su confianza, violándose su derecho a la defensa y el debido proceso.
En el Día de Defensores DDHH recordamos a Rocío San Miguel, una defensora de derechos humanos que cumple 10 meses en injusta detención en #Venezuela.
Ella fue víctima de desaparición forzada y está detenida en el centro de torturas, El Helicoide.
Amnistía Internacional también exigió este lunes “libertad para las personas defensoras de derechos humanos detenidas injustamente en Venezuela”. Entre ellos Javier Tarazona, Rocío San Miguel, el periodista Carlos Julio Rojas, Edward Ocariz, Kennedy Tejeda y Henry Gómez.
En una entrevista concedida al diario El Paísde España, el candidato opositor a las elecciones del 28 de julio pasado, Edmundo González Urrutia, anunció que María Corina Machado formará parte de su gobierno como vicepresidenta ejecutiva.
El diplomático exiliado en territorio español reiteró que su meta es regresar a Venezuela el venidero 10 de enero para juramentarse como presidente.
El pasado 28 de julio el Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Elvis Amoroso, dio como ganador de los comicios presidenciales al candidato oficialista Nicolás Maduro sin hasta ahora mostrar resultados desagregados ni cifras específicas de cada entidad regional.
“La determinación es estar en Venezuela para tomar posesión de mi cargo, al que fui electo por más de siete millones de venezolanos y, si se hubiera permitido el voto en el exterior, esa cifra habría sido aún mayor”, dijo González.
Edmundo González Urrutia no vaciló en pensar en Machado como posible integrante de su eventual gabinete. Machado fue inhabilitada para ejercer cargo público por un lapso de 15 años y, actualmente, se encuentra en un paradero desconocido por temor a ser detenida o amedrentada por el régimen de Maduro.
El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello aseguró que si González Urrutia retorna a Venezuela será detenido y mostró unas esposas en su programa semanal con El Mazo Dando a través de Venezolana de Televisión.
Edmundo niega ser presidente afuera
González Urrutia descartó la posibilidad de ejercer un gobierno en el exilio.
“Yo salí de Venezuela de manera temporal, sabía que iba a regresar en cualquier momento y el momento es el 10 de enero, fecha de la toma de posesión”.
El resultado anunciado por el CNE la noche del 28J generó una serie de protestas a nivel nacional que provocaron 28 muertos y la detención de al menos 2.000 personas.
La mayoría de los aprehendidos siguen tras las rejas, algunos en cárceles comunes, señalados de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio.
“Mi llamado a los venezolanos es a no permanecer indiferentes ante el mal, como comunidad pasemos a la acción, hagamos el bien, protejamos a nuestros hermanos que sufren, y cuando sean llamados pongan su contribución individual, pequeña, mediana, grande, para materializar el cambio que construimos y que ya decretamos el 28 de julio”, enfatizó González Urrutia.
El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB presentó los escenarios de Prospectiva Venezuela 2025-Semestre I, en los asuntos políticos, internacionales, sociales, migratorios y económicos para los próximos 12 meses, y que tienen como hito central las expectativas en torno al 10 de enero.
Antes de la elección del 28 de julio los escenarios que manejaba el centro mostraban dos posibilidades frente a lo que parecía una predecible victoria electoral de la oposición: transición o conflicto. Al final, se materializó el inicio de un conflicto que aún no concluye y que tiene una nueva fecha hito.
“El 10 de enero está en la cabeza de todo el mundo y eso nos coloca de nuevo frente a dos escenarios: transición política negociada o una nueva escalada de las tensiones con un desenlace difícil de predecir, solo que ahora es frente a la toma de posesión” afirma Benigno Alarcón, director de esta dependencia de la UCAB.
Alarcón asegura que en las encuestas y estudios cualitativos realizados por empresas y organizaciones de reconocido prestigio, hay consenso en la convicción de que Edmundo González ganó la elección y dos tercios de los encuestados reconocen haberle dado su voto. “Aunque no parezca, el liderazgo opositor sigue en pie y las expectativas también. Se observa un fuerte rechazo a expresiones como “pasar la página” y se cree que González Urrutia se va a juramentar el 10 de enero”.
Según el director del CEPyG, el desenlace que conduzca a un escenario de transición depende de la sincronización de cuatro factores: un acuerdo que permita la reducción de los costos de tolerancia a un cambio de gobierno para aquellos actores clave que contribuyen a su sostenimiento; la presión ciudadana; presión y persuasión internacional; y el retorno de la FANB y los cuerpos policiales a la posición de neutralidad institucional que les corresponde de acuerdo con la Constitución y las leyes. “De no darse tal confluencia, el escenario de autocratización e incertidumbre continua tendrá mayor probabilidad”.
Una economía frágil
Según el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, “la perspectiva económica de 2025 es muy frágil”, a pesar de que 2024 ha sido el mejor de los últimos 6 años, ya que se produjo una expansión del consumo, crecieron el comercio y la manufactura, así como la producción, los ingresos petroleros y la recaudación tributaria.
Tal comportamiento puede seguir con buenos resultados dentro de una economía empequeñecida, pero también se puede desplomar dependiendo de lo que ocurra en la situación política y geopolítica. “Somos un país muy dependiente de las sanciones, y éstas puedan tirar la situación de un lado hacia el otro”.
Ante un posible escenario de menos crecimiento en 2025, la economía se convierte en un obstáculo contra la normalización, generando una altísima incertidumbre política. La contracción económica puede llegar a 5% con una reducción de ingresos en divisas del 30%z, más devaluación y mayor inflación.
Sin embargo, Oliveros comentó que, aunque el entorno se muestra como un obstáculo, puede haber oportunidades. “Si se soluciona la situación política, el país puede despegar”.
Entre la presión y la persuasión
Según los internacionalistas Elsa Cardozo y Félix Arellano, existen factores relevantes del entorno externo que llevarían a que se materialice la voluntad de cambio expresada electoralmente en Venezuela o que prevalezca una continuidad impuesta.
Destacan el cambio del orden mundial, caracterizado por escalada de tensiones, conflictos y guerras que trastornan las prioridades, estrategias y recursos de los actores internacionales de mayor influencia. Mencionan que, en este caso, el gobierno intenta legitimarse a través de vínculos geopolíticos, para acceder a recursos, inversiones y mercado petrolero; conjugar la represión adentro con aislamiento y descalificación de escrutinios, evaluaciones y exigencias sobre derechos humanos, democracia y estado de derecho.
Indican que, por su parte, la oposición intenta sostener la legitimidad y ampliar reconocimientos internacionales de su triunfo electoral, mantener y ensanchar el apoyo externo para conjugar estrategias activadoras de la disposición nacional democrática y del apoyo internacional en presión/persuasión para una transición.
Donde se concentra principalmente la expectativa es sobre Estados Unidos, fundamentalmente por los anuncios del presidente electo, Donald Trump, de aplicar mayor presión para tratar de facilitar la transición a partir de enero. Se esperan acciones fuertes para frenar la migración de venezolanos hacia Estados Unidos u otras respuestas.
La esperanza de un cambio se mantiene
Roberto Briceño León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), destacó que antes de las elecciones había un rechazo al gobierno, pero no se tenía certeza de ser mayoría. Luego del 28 de julio, existe desconfianza plena al no haberse aceptado el resultado real de los comicios.
En lo interno, la población siente que no puede haber mejoría social ni económica sin un cambio político, según expuso, y agregó que considera asimismo que no hay salida individual en el actual contexto.
A pesar de esto, las expectativas positivas se mantienen. “Se tuvo claro el camino electoral”, pero ahora, aunque no se sabe para dónde ir, se cree factible. En todo caso, tales expectativas se centran en enero. Según Briceño León, dependiendo de lo que pase a comienzos de 2025, “se sabrá qué puertas se abren y cuáles se mantienen cerradas. Y se decidirá lo que se puede o debe hacer: protestar, presionar, adaptarse o emigrar”.
Migración en aumento
De no darse un cambio político positivo en el corto plazo, las estimaciones más conservadoras indican que alrededor del 3,7% de la población venezolana estaría dispuesta a emigrar. Esto significaría que, aproximadamente 728.000 nacionales podrían salir del país en 2025. El dato corresponde a la actualización del estudio realizado por el Observatorio de la Diáspora Venezolana dado a conocer por Alejandro Oropeza, CEO de esa organización en Madrid – Miami – WDC – Lima.
Según dicho estudio, la población venezolana asciende a 29.884.784 personas, de las cuales 20.774.784 corresponden a venezolanos residentes en el país y 9.120.000 conforman la diáspora (30,5%).
Otros aspectos interesantes de ese trabajo apuntan a que 67% de los miembros de una familia o conocidos están dispuestos a emigrar de Venezuela, y la primera razón para ello es el gobierno (76,1%), seguida por inseguridad (75,4%) y crisis económica (75%).
La negociación como norte
El rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Arturo Peraza Celis S.J., aseguró que en dicha casa de estudios están “conscientes de la dificultad que existe en el país”.
“Creemos que, en cada oportunidad de discusión sobre la actual situación, el horizonte debe ser la negociación como modo de salida del conflicto. Ese ha sido el posicionamiento que la universidad ha sostenido a lo largo del tiempo. Estamos claros de que la negociación como mecanismo para salir del conflicto es imperiosa, entendiendo que en estos momentos los actores fundamentales del proceso están en una situación de alto nivel de crispación”.
Según los análisis del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG) “Padre Francisco José Virtuoso” de la Universidad Católica Andrés Bello, para el próximo año se mantienen los escenarios de incertidumbre entre cambio o continuidad del statu quo que se anticiparon en la anterior proyección de julio, antes de las elecciones del 28 de ese mismo mes, en esta oportunidad marcados por las expectativas frente a la fecha del 10 de enero, cuando se inicia el nuevo periodo presidencial.
Multas de hasta un millón de euros, penas de 25 y 30 años de prisión e inhabilitación política por 60 años comprende la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”. El instrumento fue aprobado recientemente por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, presidida por el exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), exalcalde de Caracas y ex ministro oficialista, Jorge Rodríguez.
La mencionada ley fue objeto de discusión en La Conversa correspondiente a este martes 3 de diciembre de la Alianza Rebelde Investiga conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual.
En el programa donde estuvieron Luis Ernesto Blanco, director de Runrun.es y César Batiz, director de El Pitazo se analizaron los 23 artículos del instrumento legal que pretende castigar a quienes soliciten o avalen sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro o algunos de sus funcionarios.
La institución estadounidense acusó a los nuevos sancionados de prestarse para “el fraude electoral del pasado 28 de julio y por reprimir al pueblo en las protestas pacíficas luego de los comicios presidenciales”.
Batiz asomó que la Ley Libertador es la respuesta madurista a la “Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela” conocida como Ley Bolívar, aprobada el pasado 18 de noviembre por el Congreso de los Estados Unidos como una forma de frenar las operaciones comerciales con personas naturales o jurídicas que apoyen al régimen de Maduro.
Sin consulta popular
Blanco informó que el nuevo instrumento legal esgrimido por la asamblea chavista y cuyo carácter fue refrendado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no contó con el aval de una consulta popular.
A juicio de Blanco, la ley gozó de un debate exprés entre los parlamentarios que ni siquiera pidieron la opinión del pueblo.
Batiz expuso que, a diferencia de otras leyes, de esta no se conoció el anteproyecto y fue aprobada por unanimidad.
“Llama la atención que diputados, previamente candidatos presidenciales, que antes de las elecciones se opusieron a la Ley Antifascismo, ahora aprueben la Ley Libertador ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?”, dijo el director de El Pitazo.
Ambigüedad en defensa de derechos humanos
Blanco sentenció que desde el artículo 2 la ley insiste en la necesidad del respeto a los derechos humanos, pero pareciera un objetivo amplio y difuso cuando establece severas penas para medios de comunicación que se refieran a imposición de sanciones.
“Me queda la duda de la interpretación de los derechos humanos, presenta un escenario de discrecionalidad, es tanto lo que dice como lo que no dice”, indicó Blanco.
Batiz sostuvo que la libertad de expresión, así como la necesidad de una información veraz y oportuna, son derechos humanos consagrados.
Discrecionalidad a todas luces
Blanco también expuso que en algunos de sus artículos la ley deja más interrogantes que certezas y colocó como ejemplo el número 4 que reza “en caso de dudas de su interpretación se adoptará aquella que más favorezca la protección de los derechos humanos del pueblo venezolano”.
“Pareciera que el marco jurídico de una ley con pocas precisiones queda a discreción de un funcionario y de la interpretación de los derechos humanos”, dijo Blanco.
¿Inhabilitación con retroactivo?
Batiz indicó que la columna vertebral de la ley radica en el artículo 9, donde se veta a personas que quieran optar por cargos de elección popular “que en cualquier momento antes de los comicios hayan promovido o participado en la adopción de medidas coercitivas unilaterales contra los poderes públicos o sus autoridades”.
El director de El Pitazo indicó que aunque las leyes en Venezuela no poseen carácter retroactivo, esta no deja claro si una supuesta posición a favor de sanciones contra el gobierno en el pasado pudiese originar una pena o castigo.
Según el artículo 10 de la ley será la Sala Constitucional del TSJ el órgano ante el cual se impugne la postulación de un candidato a una elección y esta misma instancia “resolverá con garantía plena del debido proceso y del derecho a la defensa de la candidata o candidato impugnado”.
Contraloría dice una cosa y Libertador otra
Aunque el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República habla de un máximo de 15 años para inhabilitaciones, la recién aprobada Ley Libertador establece en su artículo 13 una pena de hasta 60 años.
El artículo 15 de la Ley Libertador reza que “corresponde a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo previsto en la Ley de la Contraloría General de República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, acordar de oficio o a instancia de parte, la inhabilitación hasta por sesenta (60) años para el ejercicio de funciones públicas de las personas naturales que hayan cometido acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado previstas en esta Ley”.
Batiz indicó que en caso de que el candidato o candidata a presidente de Venezuela cumpla con la edad mínima requerida para postularse (30 años) deberá esperar a tener 90 para volver a ser candidato en el caso de ser penada.
A finales de noviembre, el ministro Diosdado Cabello manifestó que María Corina Machado está inhabilitada “de por vida” y que “una persona con problemas psiquiátricos, como ella, no puede dirigir el país”.
Proceso con posible ausencia del acusado
También el artículo 18 entra en contradicción con el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) cuando enuncia que “en caso que la procesada o el procesado, acusada o acusado en estado contumaz, se niegue a asistir a la audiencia preliminar o a las audiencias del juicio oral, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído en el proceso, por lo que se procederá a celebrar la audiencia respectiva con su defensora o defensor, si asiste, o en su defecto, con una defensora o defensor público que se le designará a tal efecto”.
De acuerdo al artículo 1 del COPP nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, sin dilaciones indebidas, sin formalismos ni reposiciones inútiles ante un juez o tribunal imparcial con salvaguarda de todos los derechos, además la persona debe ser notificada personalmente.
Pueden echar mano de bienes
Batiz aseveró que según el artículo 19 las conductas sancionadas son consideradas actividades ilícitas de delincuencia organizada y están sujetas a procedimientos de extinción de dominio.
Ello quiere decir que el Estado puede abrir un proceso judicial para reclamar un bien, sin embargo no especifica de qué tipo de propiedad puede adueñarse.
Regularmente, los procedimientos de extinción de dominio echan mano desde inmuebles hasta dinero, pasando por vehículos y demás propiedades de valor.
CONATEL mete el ojo
El artículo 21 habla de que a los prestadores de servicios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes “promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales” podrían sufrir de la revocación de la concesión y multa de hasta 1 millón de euros.
Se refieren a que, en el caso de las plataformas digitales, se podrá revocar o negar el permiso para operar en el país.
Blanco informó que el procedimiento para la imposición de una posible multa será supervisado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). “Esto es algo que suponemos queda a la interpretación de los funcionarios. Representa un terreno minado, no está claro lo que la ley está castigando”.
Otra lista negra
Tanto Blanco como Batiz indicaron que el artículo 23 es uno de los más delicados porque invita a crear un registro nacional con personas incursas en “acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado”.
Entre las sanciones a estas personas está previsto el congelamiento preventivo de activos, la prohibición de realizar operaciones de compra o venta de bienes muebles e inmuebles, vehículos, naves o aeronaves, también la imposibilidad de constituir sociedades mercantiles y civiles y la suspensión de la participación en estas.
Menciona que, si el sujeto o entidad es de nacionalidad extranjera, podrá prohibirse la entrada a Venezuela, suspender la visa que se le hubiese otorgado o simplemente expulsarle dentro del territorio nacional si se encuentra dentro.
“No queda claro el responsable de montar este registro, cuales son las causales de la sospechas, es como una especie de muerte civil para la persona”, concluyeron.
