En El Mañanero del 12 de diciembre de Runrun.esresumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Según confirmaron familiares de las víctimas, la noche de este martes 10 de diciembre fueron excarcelados 12 presos políticos poselectorales. Entre los excarcelados se encuentran ocho adolescentes, adultos y la paciente oncológicaYenny Barrios . Jesús Armas, presidente de la ONG Ciudadanía Sin Límites, se convirtió en una víctima de la represión al ser “secuestrado” el martes 10 de diciembre.
“Sus peticiones son válidas y muy humanas, porque no son animales lo que están encerrados, son personas”, Rafael Bitter, subsecretario de la Conferencia Episcopal Venezolana
La imagen de Héctor Rondón Lovera, que preside este texto, no dice mucho directamente cuándo empezó a desmoronarse la república naciente de 1958 después del golpe castrocomunista de 1962
La Iglesia y la institución militar han tenido en la vida política venezolana una actuación signada por altos y por bajos en la constitución de la república. O de las repúblicas. Vamos por cinco acompañadas de 25 constituciones.
Entre ambas fundaciones han contribuido en yunta con otras a ensamblar el modelo de nación que se ha dado el pueblo venezolano desde que el clérigo José Cortez de Madariaga se echó en brazos a la primera república con un dedo que pendulaba hacia el no, por detrás del capitán general Vicente Emparan. Ha podido expresarse de arriba y abajo con la cabeza y de repente aún se estuviese jurando lealtad a SM el rey Felipe VI. Era el 19 de abril de 1810.
Desde ese balcón del ayuntamiento salieron las tropas del nuevo ejército republicano al mando del marqués Francisco Rodríguez del Toro, primero, y luego a la orden del precursor don Francisco de Miranda, a defender la libertad que estaba empezando a conquistarse. Desde el brazo que sostenía el dedo índice de Madariaga se le dijo no a la Corona y sí a la república frente a las tropas realistas.
Un cura propició todo eso. Otros curas, después del terremoto que destruyó parcialmente a Caracas otro Jueves Santo, se encargaron de vender el sismo como un castigo de Dios y allí brincó Simón Bolívar a pronunciar solemne con la espada desenvainada “si la naturaleza se opone lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca.”
De todas maneras, cayó la república y el temblor de ese entonces ha sido atribuido como una de las causas. Si usted no lo colocaba en la respuesta del examen de historia de Venezuela en sus tiempos de escolaridad se llevaba un rojo de reprobado.
El terremoto de 1812 es una causa atribuida a la caída de la primera república. Así se aprendió desde los libros de historia de Venezuela de J. M. Siso Martínez y de Humberto Bartolí en primaria y en bachillerato. Y fue precisamente desde la guarnición militar patriota en el castillo de Puerto Cabello donde los destinos de Francisco de Miranda y de Simón Bolívar se bifurcaron para la historia en ese oscuro capítulo que ha trascendido para diversas interpretaciones en el tiempo con Domingo Monteverde y con los pasaportes del precursor y del libertador. Uno para la cárcel y el otro para la libertad y la independencia, respectivamente.
De modo que ese castillo en Puerto Cabello es un referente histórico entre 1812 con la caída de la primera República. También en 1962 en el inicio de la caída de la cuarta que la pudieran marcar los historiadores del futuro como definitiva en el otro terremoto político y militar que se cerró el 4 de febrero de 1992. Treinta años después. Y entre aquella de 1812 y esta más reciente de 1962, siglo y medio. Es una rara coincidencia de la Iglesia y de los militares como protagonistas. Exactamente 150 años. Al decir formal un sesquicentenario.
Cuando se hace un inventario y se enumera la larga data de golpes, de militarismo y de pretorianismo que ha caracterizado a Venezuela desde esos tiempos de la Colonia a la actualidad, es inevitable apelar a la bota y a la sotana jugando en persogo –como en la imagen que preside– en el nacimiento, en el crecimiento, el desarrollo y la muerte de casi todos los episodios importantes de la nacionalidad.
La firma del acta de la independencia que se declaró el 5 de julio de 1811 tuvo la abstención razonada y el testimonio discrepante del presbítero Manuel Vicente de Maya, representante por La Grita; que ha abierto también las aguas de las posiciones entre quienes condenan históricamente a ese clérigo por su posición antirrepública y quienes le consiguen bondades de diversidad de opinión en la naciente república. Uno pudiera imaginarse al ensotanado de Maya en el histórico cuadro de Martin Tovar y Tovar solitario, arropado y eclipsado por todos los diputados que dijeron sí a la libertad ese día de la trascendental asamblea, firmando eufóricos viendo hacia el futuro y él, firme en su convicción de oponerse en su expresión del derecho a disentir.
A propósito, entre quienes estaban con el bando del sí, su hermano Juan José estaba alineado con los parlamentarios republicanos. Eso es historia. Tan igual como la que se ilustra en la fotografía premio Pulitzer con el padre Luis María Padilla, capellán de la Base Naval de Puerto Cabello sosteniendo al cabo segundo coriano del Batallón de Infantería Manuel Carlos Piar, Andrés de Jesús Quero Garcés en la esquina de La Alcantarilla y por detrás de ellos más de 400 muertos y sus secuelas.
Estos golpes no han representado siglo y medio después ninguna profundidad en debates ni investigaciones sobre la responsabilidad institucional en los hermanos Larrazábal (Wolfgang y Carlos) en la participación golpista de la Armada en Carúpano y Puerto Cabello, en la infiltración de los comunistas en las fuerzas armadas nacionales y en la activación de los frentes guerrilleros urbanos y rurales de la época que amenazaron a la naciente democracia surgida después del 23 de enero de 1958.
No en vano el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez honró en epónimo del frente guerrillero que cubría los estados Monagas y Sucre en 1964, el capitán de fragata Pedro Medina Silva se convirtió en un asiduo de La Habana y de Moscú después de 1962 y el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales quien a lo largo de toda la democracia fue toda una referencia para el PCV, las FALN y la revolución bolivariana.
El almirante Larrazábal, después de su paso en el comando general de la armada, fue a recibir la presidencia de la junta de gobierno tras el derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958; le entregó el cargo militar a su hermano Carlos y fue durante su breve periodo de gobierno cuando se intensificaron las relaciones entre Venezuela y la revolución cubana, a través del envío de armas y finanzas; y se coordinó la histórica visita de Fidel Castro al país el 23 de enero de 1959.
Ponte, Medina y Morales no eran ningunos extraños dentro de su componente militar. Todos los lideres políticos que acompañaron a ambos golpes pertenecían al partido comunista. Larrazábal renunció al cargo para optar en las elecciones presidenciales de 1963 apoyado por una coalición de partidos políticos, entre los que sobresalía la bandera roja rojita del PCV. O sea… y aquí es donde entra ese proceso conclusivo del marrano: rabo de cochino, trompa de cochino y pezuñas de cochino. Eso no puede ser un ornitorrinco.
La imagen de Héctor Rondón Lovera, que preside este texto, no dice mucho directamente cuándo empezó a desmoronarse la república naciente de 1958 después del golpe castrocomunista de 1962, como las casas de Caracas en el terremoto de 1812. Lo grita indirectamente en más de 1000 palabras como si lo expresara en el púlpito de la iglesia el cura Padilla o el cabo Quero en su agonía desde la esquina en la literalidad de la carnicería de la alcantarilla.
Andrea Estefany Berríos Martínez, de 28 años, falleció el 6 de diciembre en Palmira, Táchira, el pueblo que la vio crecer antes de su partida hacia Estados Unidos. Logró reunirse con su familia cumpliendo así su último deseo, pero su historia pone de manifiesto la vulnerabilidad de los venezolanos y las violaciones a su derecho a la identidad y la injusticia que enfrentó al perder su pasaporte.
Berríos no pudo tramitar uno nuevo de inmediato debido a la debilidad de las instituciones del Estado y la ausencia de embajada venezolana en Estados Unidos. Por distintos medios intentó solicitar un salvoconducto, pero las puertas se le cerraron una y otra vez, hasta que llamó la atención de influencers y su historia se viralizó en TikTok.
A la joven le detectaron leucemia linfoblástica aguda (cáncer de la sangre y médula ósea) hace un año. Una amiga cercana le dijo a RunRunes que estuvo en “fuertes tratamientos de quimioterapias, transfusión de sangre, plaquetas y demás. Hubo un tiempo donde había mejorado y la dieron de alta, pero el cáncer volvió y se agudizó. Su última biopsia arrojó un 90 % de cáncer. “Ni siquiera estaba apta para un trasplante de médula”, precisó su conocida.
Los doctores le dieron dos semanas de vida y le recomendaron buscar el amor de su familia, refugiarse en ellos y, desde ese momento, comenzó su tropezado viaje.
“Le dijeron textualmente que ya no había nada que hacer, que lo mejor era que ella se fuera a casa, porque según su diagnóstico, tenía poco menos de dos semanas de vida”, dijo la fuente.
Sin derecho a la identidad
Hace dos meses, la administración de Nicolás Maduro informó que los venezolanos sin pasaporte vigente no podrían ingresar a Venezuela. Esto, según la Constitución, es una violación al derecho de la identidad.
Y es que en el artículo 56 de la Carta Magna se establece: “Toda persona tiene derecho a obtener documentos públicos que comprueben su identidad”. Acceso a la Justicia destaca que esto supone que “todo venezolano puede optar de manera oportuna a una partida de nacimiento, cédula de identidad o pasaporte, pero la realidad es que los organismos del Estado no están garantizando la obtención de ninguno de ello”.
Dicha situación no es nueva y desde hace más de siete años que se está denunciando. Y el aumento del costo del pasaporte no supuso un cambio.
Carlos Lusverti, abogado y profesor especialista en derechos humanos, al ser consultado por RunRunes, explicó que los venezolanos que están en Estados Unidos deben moverse a otro territorio para poder tramitar el salvoconducto.
“Si se trata de una persona que está en Estados Unidos, tendría que moverse a México para tramitar desde ese consulado el documento, es lo mismo que podría sucederle a alguien que está en Argentina, Chile o Uruguay, países con los que Venezuela ha roto relaciones recientemente”.
El mismo experto señaló que solicitar este salvoconducto va contra lo contemplado en las leyes: “Es una medida inconstitucional, el artículo 50 de la Constitución es claro al establecer que los venezolanos no necesitan autorización alguna para ingresar al territorio nacional, esto significa simplemente que con la muestra de cualquier documento que certifique la nacionalidad, todo venezolano tiene derecho a retornar al país”.
Aun sabiendo esto, Andrea no tenía tiempo para movilizarse a otro país o incluso exigir la entrada al país en donde nació. Como pudo, logró obtener el salvoconducto, pero le negaron abordar el primer avión y esto retrasó más su viaje.
Tras muchas llamadas lograron el documento que pensaron que le permitiría viajar a Venezuela desde Orlando, el 19 de noviembre, pero no fue así.
“Avianca no le permitió subirse con ese salvoconducto, alegando que no era válido para Colombia, que ellos no tenían conocimiento y, por ende, no era legal. También, le pidieron un informe médico donde el cuerpo de doctores dijeran que podía viajar, aun cuando ella presentó carta, biopsias y demás. Todo eso se consiguió y tampoco. En ese tiempo, cerraron puertas, pues el vuelo partía a las 2:40 pm y se hicieron las 3 pm y nada”, explicó la amiga de Andrea.
Carta que presentó Andrea en la que autorizan su viaje para rencontrarse con sus familiares, la misma fue emitida por su especialista. Crédito: Cortesía.
Después de varios días, el 26 de noviembre, Andrea pudo arribar a Venezuela. Llegó a Bogotá, después se trasladó a Cúcuta, y de Cúcuta viajó hasta Palmira.
Pasó algunos días con sus familiares y con su hijo, Kirwin, de nueve años. De acuerdo al reporte del diario La Nación, “en los últimos días hubo cierta alegría en sus familiares. Al parecer, los valores de algunas pruebas habían mejorado”.
Pero, al día siguiente, se comenzó a sentir mal y fue llevada al Hospital Seguro Social en San Cristóbal, en donde falleció.
En la memoria de sus familiares perdurarán los últimos momentos que compartieron juntos, pero también recordarán que Andrea podría haber pasado más tiempo con ellos, de no haber tenido tantos contratiempos para tramitar un documento que le permitiera viajar a su país natal.
El pasado domingo 8 de diciembre, el preso político Carlos Eduardo Valecillos de 34 años de edad intentó quitarse la vida dentro de la cárcel de Tocorón en el estado Aragua. Según la versión de sus compañeros de celda, se desconoce cuánto tiempo estuvo colgado y si sufrió un efecto secundario producto del ahorcamiento.
El martes 3 de diciembre, Valecillos entregó una carta de despedida a su madre Ismenia Ramírez donde le decía que ya no quería seguir viviendo en esas condiciones. Después del intento de suicidio, Ramírez acompañó al resto de los familiares de los detenidos luego de las elecciones del 28 de julio frente a la Fiscalía para exigir libertad y pruebas del estado de salud de sus seres queridos.
Valecillos fue detenido por funcionarios de seguridad en la zona caraqueña de Antímano el 29 de julio cuando se trasladaba con una pasajera en su taxi en busca de un medicamento y su estadía en prisión, así como la de muchos detenidos en medio de la represión postelectoral ha violado todo tipo de derechos fundamentales consagrados en el marco jurídico venezolano.
El artículo 43 de la Constitución reza que “el derecho a la vida es inviolable” y que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad, prestando el servicio militar o civil o sometidos a su autoridad en cualquier otra forma”. Mientras que el artículo 272 dice que “el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”.
“Las cárceles, prisiones y penitenciarías son responsables por la protección de la salud y seguridad de los privados de libertad, el no hacerlo supone responsabilidad del Estado”, dijo la directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo.
Tineo indicó que el suministro de servicios adecuados para la prevención e intervención del suicidio es una obligación del sistema penitenciario. “Esto pasa por garantizar acceso a los servicios básicos de salud física y salud mental”.
Sostuvo que en el caso de Valecillos, según el ordenamiento jurídico procede una revisión de la medida privativa de libertad y su sustitución por una medida cautelar que le permita recibir atención médica y el cuidado de su familia.
Un llamado de emergencia y libertad
La psicóloga clínica y social Yorelis Acosta resaltó que lo fundamental con alguien que haya intentado quitarse la vida es no dejarlo solo. “Buscar un especialista, hacer un diagnóstico, conocer todos los factores que están incidiendo, no debemos juzgar, reprochar sino acompañar y entender, es importante la compañía constante porque la probabilidad de que pueda cometer otro intento es muy alta”.
Acosta sostuvo que en la mayoría de los casos es perentorio hospitalizar a la persona. “Deberíamos sacarlo de ese contexto que fue precipitante de ideas negativas e ideación suicida. Debería estar rodeado de sus familiares, porque precisamente el hecho de no estar con sus familiares podría ser un factor precipitante”.
Para Acosta es importante ir trabajando y generando en ellos la idea de un futuro más promisorio y positivo. A juicio de la especialista, la idea de quitarse la vida es porque se quiere acabar con el sufrimiento. “Hay que reforzar la idea de que el sufrimiento va a disminuir, que va a estar acompañado y ese acompañamiento debería ser por un tiempo largo hasta la restitución de su salud mental, de su equilibrio emocional”.
Acosta hizo hincapié en la necesidad de identificar los factores que están perturbando la salud mental y ubicar esa posibilidad de reconectarse con la vida y la esperanza. “El mayor riesgo de la depresión es la ideación suicida y los actos suicidas. Pueden haber factores precipitantes y personas en estado aparente de normalidad, de repente nos sorprenden”.
Tineo indicó que las autoridades del sistema penitenciario tienen la responsabilidad de desarrollar o implementar programas integrales de salud. “Lamentablemente el sistema venezolano carece de tales programas, al contrario estructuralmente desatiende sus obligaciones de velar por la integridad de los privados de libertad y garantizar condiciones dignas”.
La salud mental es considerado por la Organización Mundial de la Salud(OMS) como “un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico”. Sin embargo; en Venezuela, este derecho es vulnerado cuando aumenta la demanda de atención psiquiátrica pero disminuye el acceso al servicio.
En los últimos años, la situación en el país con el tema de la salud mental ya era bastante “compleja” principalmente por la invisibilidad del problema, la falta de políticas públicas efectivas y la emergencia humanitaria compleja, producto de una severa crisis económica, política y social que se magnificó con la llegada del COVID-19.
En rueda de prensa, el psiquiatra y director del centro de salud Somos Humana, Pedro Delgado informó que durante la pandemia creció en 35% la demanda de servicios de salud mental. El experto explicó que en el caso de Venezuela se presenta una ecuación difícil de resolver.
“Por un lado ha disminuido la oferta de servicios de psiquiatría tanto privados como públicos por la diáspora de profesionales en psicología y psiquiatría, aunado a eso, el deterioro de los centros de salud manejados por el Estado que muchos han terminado cerrado total o parcialmente como es el caso del hospital El Peñón en Caracas”, dijo.
Delgado puntualizó que en años anteriores en el paísexistíanalrededor de 1600 psiquiatras, pero que hoy en día no llegan ni a 600, por lo que insistió que es necesario volver a aquella época en la que se podía cubrir la demanda pública y privada sin problemas.
Difícil acceso a la salud mental
Según datos de una investigación realizada en 2019 en donde participó el psiquiatra Pedro Delgado, el tiempo que tardan las instituciones públicas en dar una cita a una persona que presente algún problema de salud mental es “muy largo”, lo que deriva en que “la gente se cansa de esperar”.
“Entre el momento que el paciente pide la consulta,sobre todo cuando son consultas de emergencia y el momento en que se les da la consultaes una gran variabilidad pero en términos generales son tiempos más o menos prolongadospor la poca disponibilidad de camas, además de las constantes fallas en los servicios públicos como agua y electricidad que dificultan la hospitalización”, explicó.
Delgado señaló que con el tema de la salud mental “estamos ante un cuadro de una demanda crecida y una oferta disminuidalo cual deja un vacío importante en el área”, pues el alto costo de los servicios en establecimientos privados se vuelven “inaccesibles” para la mayoría de la población.
Entre los problemas más comunes de salud mental que presentan los venezolanos, el psiquiatra señaló la depresión, trastornos de ansiedad, estrés postraumático, drogadicción, alcoholismo prematuro, trastornos de conducta y por déficit de atención.
En el caso de que una persona de bajos recursos necesite atención psiquiátrica de emergencia en Caracas, Pedro Delgado indicó que pueden dirigirse al Hospital Psiquiátrico de Caracas, o al Hospital Universitario, pero en este último solo brindan atención ambulatoria porque no cuentan con el servicio de hospitalización.
A juicio de Delgado, el panorama de la salud mental del venezolano es “malo” porque “los pacientes que sufren de enfermedades psiquiátricas importantes,como el trastorno bipolar o la esquizofrenia se deterioran si no son bien atendidos, lo que implica una sobrecarga para la familia y para la sociedad,lo que constituye un problema”.
En horas de la tarde de este martes 10 de diciembre, en el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron difundidas – por primera vez desde su detención- una serie de fotografías de la defensora de Derechos Humanos (DDHH) y presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, arrestada por el gobierno de Nicolás Maduro desde hace 10 meses y recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide, el centro de tortura más grande de Latinoamérica, según activistas de DDHH y ONG.
Con las fotos, donde San Miguel presenta un evidente deterioro físico, se señaló que la defensora tiene una fractura en su hombro derecho y necesita una intervención quirúrgica.
Exigimos al Estado que @rociosanmiguel tenga acceso a sus médicos de confianza.
La defensora debe liberada no solo por su salud, si no por la arbitrariedad que se ha cometido. La publicación de estas imágenes le revictimiza, no se da explicación de cómo se encuentra. pic.twitter.com/1Csp8dn17S
Una variedad de reacciones de organizaciones, defensores y abogados en redes sociales indicaron diversos factores que están mal sobre la publicación de dichas fotografías.
Violación de privacidad
”Este hecho ha generado gran preocupación, ya que revela la crueldad del régimen de Nicolás Maduro y una falta de respeto absoluto a su privacidad y a los derechos fundamentales que le asisten como persona”, indicó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en X sobre San Miguel, y explicó que si bien la asistencia médica es elemental para su bienestar físico, la acción fue acompañada con una exhibición mediática de su imagen que representa una violación a su derecho a la privacidad.
Agregó que la imagen fue tomada el 9 de diciembre, tras cumplirse 10 meses de su detención desde el 9 de febrero, pero fue revelada en el Día Internacional de los Derechos Humanos, ”lo que refleja una clara intención de deshumanizarla y de ejercer sobre ella una forma de control y humillación pública”.
La organización exigió una segunda evaluación para la defensora con un médico de confianza para conocer su ”estado real de salud”. También exigió su liberación inmediata.
La abogada y especialista en DDHH, Tamara Suju, acompañó la denuncia y declaró que las fotos ”son parte del show del régimen que ya ha violado sistemáticamente sus derechos humanos desde el momento de su aprehensión”.
Fe de vida y atención oportuna
El abogado Zair Mundaray apuntó que la administración de Maduro envía una fe de vida con la víctima sosteniendo un letrero con la fecha, y que organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hacen estas acciones para ”negociar libertades a cambio de dinero u otras prebendas (beneficios)”.
La fractura de San Miguel fue diagnosticada el 5 de diciembre, pese a que ”ocurrió cuatro meses atrás” tras caerse como consecuencia de un mareo por una laberintitis, que fue anunciada y no fue debidamente tratada, según el abogado Juan González Taguaruco.
San Miguel, después de quejarse de dolor agudo y pedir atención medica adecuada, era tratada con analgésicos que eran solicitados a su hija. En un control médico de ”rutina”, el personal de salud advirtió una deformidad en el hombro derecho de la reclusa y ordenó un estudio de imágenes, que diagnosticó una ”fractura de consolidación viciosa por la ausencia de tratamiento en glenoides” y requiere tratamiento quirúrgico.
”No hay garantías que tras una intervención de esta naturaleza, con un postoperatorio complicado y la necesaria y posterior rehabilitación, sea debidamente cumplida por la administración penitenciaria”, afirmó el abogado.
El periodista y defensor de DDHH, Luis Carlos Díaz, acompañó la declaración y expuso que el Estado venezolano tardó cuatro meses en atender la fractura de San Miguel. ”Debe ser operada en libertad con un médico de su confianza y recibir la fisioterapia debida para su condición”.
Despojada de derechos
San Miguel fue presentada ante tribunales el 12 de febrero de sin acceso a su equipo de defensores y fue acusada por presuntos delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo, asociación, entre otros. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH (Acnudh) denunció el caso e hizo un llamado a respetar las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa, a lo que el gobierno nacional respondió con la decisión de expulsar a los funcionarios de la Acnudh de Venezuela.
Jesús Armas es presidente de la ONG Ciudadanía Sin Límites y fue concejal del municipio Libertador en Caracas. Es un destacado activista y defensor de los derechos humanos quien ahora se convirtió en una víctima de la represión al ser “secuestrado” el martes 10 de diciembre.
#Urgente Jesús Armas, activista político fue secuestrado en Caracas, por funcionarios del régimen la tarde de este #10Dic.
Su detención es un claro ejemplo de la persecución contra la disidencia.
Hoy en el día de los derechos humanos, siguen demostrando su política represiva… pic.twitter.com/wgdNNSNMp7
Sairam Rivas, miembro del directorio de Bandera Roja y pareja sentimental de Armas, denunció desde las afueras del Ministerio Público, en Caracas, que el activista se encontraba en la sede del restaurante Canel de Las Mercedes, municipio Baruta del estado Miranda.
“Quienes estaban a los alrededores nos informan que fue sacado de forma abrupta del café y fue ingresado por la fuerza a una camioneta plateada 4Runner sin placas”, denunció Rivas.
Rivas recordó que hace unos días, Jesús Armas fue nombrado en el programa Con El Mazo Dando, conducido por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, “donde se ha venido aplicando la Operación Tuntun en la cual nombran a activistas y luego los cuerpos de seguridad del Estado arremeten contra ellos”.
Sairam Rivas, pareja del activista Jesús Armas, denunció que fue "secuestrado" el #10Dic mientras se encontraba en un restaurante en Las Mercedes: "Fue sacado de forma abrupta del lugar en el que estaba e ingresado por la fuerza a una camioneta plateada 4Runner sin placas" pic.twitter.com/Vhq5fQrq71
La dirigente también alertó que en el caso de Jesús Armas se está “ante otra desaparición forzada”, pues no tienen información sobre su paradero. Incluso, acudieron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide pero no obtuvo información del activista.
“Esta desaparición se produjo en el marco del Día de los Derechos Humanos con lo cual el régimen afianza su carácter de terror, las prácticas de terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad y la persecución a los defensores de DDHH y a los activistas sociales y políticos, quienes han buscado defender la verdad y las condiciones de los venezolanos”, apuntó Sairam Rivas.
Rivas recordó que Armas es presidente de la ONG Ciudadanía Sin Límites, donde lidera el proyecto “Monitor Ciudad” el cual monitorea las fallas del servicio de agua y otros servicios públicos de Caracas.
AHORA | "Estamos ante otra desaparición forzada", denunció Sairam Rivas, pareja del exconcejal de Caracas Jesús Armas, quien, advirtió Rivas, fue "secuestrado" este #10Dic mientras estaba en Las Mercedes pic.twitter.com/oDkPjiQVms
Sairam Rivas, quien también señaló que su pareja sufre de asma y alergia, por lo cual necesita un tratamiento constante, acudió con los padres de Jesús Armas y el abogado Eduardo Torres para solicitar información del paradero del activista, sin embargo, en el Ministerio Público solo recibieron el documento y les indicaron que acudieran en 15 días para tener alguna respuesta.
Al no tener ninguna respuesta certera, Rivas informó que acudirán a la Defensoría del Pueblo e intentarán nuevamente obtener información en El Helicoide y otros organismos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Padres del exconcejal Jesús Armas y su pareja, Sairam Rivas, ingresan al Ministerio Público en Caracas para pedir información del paradero del activista. Denuncian que fue "secuestrado" mientras se encontraba en un establecimiento en Las Mercedes este #10Dicpic.twitter.com/N5cK9vi4Is
Sairam Rivas advirtió que con la detención de Jesús Armas existe la posibilidad de que se esté aplicando la “puerta giratoria”, que consiste en la liberación de presos políticos a la par que detienen a otros.
“En las últimas semanas se anunciaron distintas detenciones de algunos presos políticos de las cuales unas se produjeron el día de ayer (…) pues el día de ayer inicia otra nueva oleada de represión y persecución”, alertó la dirigente.
Además, sostuvo que creen estar ante “una nueva trama del régimen donde inventa supuestos atentados y conspiraciones para perseguir a los defensores de derechos humanos, luchadores sociales y activistas políticos y a quienes lo único que han hecho es defender la verdad”.
Panel de Expertos de la OEA denuncia ante la CPI la “desaparición forzada” del activista
El Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) la “desaparición forzada” de Jesús Armas.
“Le estamos solicitando a la fiscalía de la CPI que se pronuncie sobre el nuevo patrón de desaparición forzada y que nos ayude a saber dónde tiene el régimen venezolano secuestrado a Jesús armas”, informó el Secretario del Panel de Expertos independientes sobre Crímenes de Lesa Humanidad creado por la OEA, Rodrígo Diamanti.
“Defender los Derechos Humanos en Venezuela, y en cualquier otra parte del mundo, no es un delito. Es el acto más noble de un ser humano”, agregó Diamanti.
Argentina, Estados Unidos, Chile y otros diez países presentaron en la Organización de Estados Americanos (OEA) una declaración conjunta para exigir la concesión inmediata de salvoconductos para los seis opositores asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas con el objetivo de que puedan salir del país sin ser detenidos.
La declaración, que ha sido presentada por el representante de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, contó con el apoyo de las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.
“Los países antes mencionados declaran su voluntad de exigir al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo Florentín leyendo el comunicado, “que proceda de forma inmediata a conceder los salvoconductos necesarios que permitan la salida segura, digna y sin restricciones de los seis ciudadanos venezolanos que gozan de asilo diplomático hacia un territorio seguro”.
Asimismo, reafirmaron su compromiso con la garantía de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y el derecho de asilo diplomático establecido en tratados interamericanos y a la protección internacional que éste confiere.
El Representante Permanente de Paraguay ante la @OEA_oficial, Raúl Florentín, leyó la declaración conjunta en nombre de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Paraguay sobre la… pic.twitter.com/GKyNA9o2mv
El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Gerardo Werthein, denunció este miércoles ante la OEA que los seis opositores asilados en la residencia de su embajada en Venezuela están sometidos a “una estrategia de desgaste físico y terror psicológico”.
El responsable de la diplomacia argentina aseguró, en este sentido, que los asilados “están sometidos a cortes de agua, interrupción de electricidad y restricciones en el ingreso de alimentos”, así como, a “la constante presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede diplomática”.
“Estas prácticas no pueden ser toleradas, ya que vulneran de forma flagrante y el derecho internacional”, denunció.
Asimismo, advirtió que, a su juicio, “no se trata de una cuestión bilateral ni de una disputa política”, sino de “la defensa de la dignidad de las personas humanas y la vigencia de las normas internacionales que sostienen la convivencia pacífica entre los estados”.
La Embajada de Argentina en Venezuela permanece, desde agosto pasado, bajo la protección de Brasil, después de la expulsión de los diplomáticos argentinos, aun cuando el Gobierno de Nicolás Maduro revocó esta autorización en septiembre por la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede por parte de los asilados.
