Trump tratará, en sus primeros 100 días de gobierno, pactar la paz entre Rusia y Ucrania, abonar el camino de la transición en Venezuela, contener y reprimir las organizaciones criminales dentro y fuera de su territorio
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Desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, Donald Trump ha emitido una serie de órdenes ejecutivas que impactan directamente a Venezuela y Latinoamérica. A continuación, un resumen y análisis de estas medidas, así como su respaldo en el Congreso de los Estados Unidos.
Trump ha dicho: “EE. UU. primero”. Si el interés es prevenir, perseguir y capturar las organizaciones terroristas y carteles de droga, si en EE. UU. y Venezuela hacen vida organizaciones criminales vinculadas a terrorismo y droga, entonces la administración Trump ha emitido una orden: prevención y represión dentro y fuera de México, dentro y fuera de Venezuela, donde estén.
Los carteles de la droga como organizaciones terroristas
Trump firmó una orden ejecutiva que designa a los carteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Esta medida busca otorgar al gobierno estadounidense mayores facultades para imponer sanciones económicas, restringir viajes y, potencialmente, llevar a cabo acciones de enforcement [captura y decomiso] contra estos grupos. Aunque la designación se centra en carteles mexicanos, la influencia de estos grupos en países como Venezuela y otras naciones latinoamericanas implica un impacto regional.
La reincorporación de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo revoca la decisión del expresidente Joe Biden de excluir a Cuba de esa lista. Esta acción reactiva sanciones económicas y genera controversias en la comunidad internacional. La estrecha relación con Cuba sugiere posibles repercusiones para el gobierno venezolano.
La restauración del programa ‘Quédate en México’ obliga a los migrantes y solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras se resuelven sus trámites de ingreso a EE. UU. Esta política afecta a migrantes de toda Latinoamérica. Se abre un margen de discrecionalidad a las agencias de migración que podrían conducir a procesos de revisión de solicitudes de asilo, patrocinio y Estatus de Protección Temporal [TPS].
Trump busca la colaboración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para abordar la inmigración ilegal y la lucha contra pandillas transnacionales como el Tren de Aragua. Esta cooperación busca frenar el flujo de migrantes en Centroamérica y refleja una alianza fortalecida entre ambos países.
Recientemente el nuevo secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, ha programado visitas a Guatemala, Panamá, El Salvador y Costa Rica para afianzar alianzas de seguridad migratoria y fronteriza, revisión de las condiciones de neutralidad del Canal de Panamá [exigidas por el Tratado Torrijos-Carter], cooperación contra organizaciones criminales trasnacionales para casos de seguimiento y captura de delincuencia internacional.
El Congreso –con mayoría republicana– aprobó la Ley Laken Riley [en memoria a la joven enfermera de 22 años asesinada en Georgia por un inmigrante ilegal venezolano, condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional]. Esta ley permite la detención y deportación de inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos sin necesidad de condena. Esta legislación ha generado controversias. Algunos la apoyan y otros la critican por violar de derechos procesales.
Las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump reflejan una postura más agresiva hacia la inmigración y la seguridad en la región latinoamericana. Donald Trump va por la persecución, prevención o captura de carteles criminales, poniendo en la mira a aquellos países considerados centros de producción, tráfico de bienes ilícitos, lavado de dinero, corrupción, violación de DD. HH. y delitos transnacionales.
Marco legal de Estados Unidos
El gobierno de Trump ya ha utilizado en el pasado decretos ejecutivos y leyes como la Ley Kingpin y la designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras para sancionar y actuar contra grupos y personas vinculadas al narcotráfico y terrorismo. La Ley Kingpin, oficialmente llamada Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), es una legislación aprobada en 1999 que permite al gobierno de EE. UU. identificar, sancionar y perseguir a personas y organizaciones extranjeras involucradas en actividades relacionadas con el narcotráfico. La Ley Kingpin busca:
- Interrumpir las operaciones financieras y logísticas de los cárteles de drogas y sus líderes;
- congelar los activos de personas y organizaciones involucradas en el narcotráfico que se hallen bajo jurisdicción de EE. UU.;
- prohibir a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con los designados;
- desmantelar redes internacionales de narcotráfico y sus vínculos con el crimen organizado.
El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), designa a individuos, empresas o entidades extranjeras como “cabecillas” o “kingpins” del narcotráfico. Una vez designados sus activos, son congelados y cualquier persona o entidad que intente interactuar financieramente con ellos puede enfrentar sanciones civiles o penales. La ley no solo se aplica a narcotraficantes. También a personas, empresas o instituciones que apoyen o faciliten esas actividades. Ejemplo de su uso ha sido contra cárteles mexicanos [líderes del cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco-Nueva Generación]. En Venezuela contra varios altos funcionarios del gobierno, incluyendo miembros del llamado cártel de los Soles. Igualmente, contra Hezbolá sancionando a grupos terroristas internacionales que financian sus actividades a través del narcotráfico.
La Ley Kingpin ha sido una herramienta clave para aumentar la cooperación internacional en la lucha contra las drogas. Algunos expertos señalan aspectos críticos, como que la ley puede tener consecuencias económicas para personas y empresas que no están directamente involucradas pero que tienen vínculos comerciales con los sancionados. La Ley Kingpin se estima será un pilar central de la estrategia de EE. UU. para combatir el narcotráfico global, las finanzas y redes logísticas de las organizaciones criminales.
La justicia internacional penal, la justicia en EE. UU. y la Corte Penal Internacional (CPI)
Si se demuestra que figuras del régimen venezolano están involucradas en crímenes como el narcotráfico, lavado de dinero o violaciones a los DD. HH., podrían ser considerados objetivos de la justicia internacional penal [transgresión al Convenio de Palermo], de la justicia norteamericana [Ley Kingpin y Ley RICO [Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act/Ley de Organizaciones Corruptas o influenciadas por el Crimen Organizado] y de la CPI [Expediente Situación Venezuela I].
En 2020 el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos contra altos funcionarios del régimen de Caracas por supuestamente dirigir el llamado cártel de los Soles, acusándolos de narcotráfico y terrorismo. EE. UU. ha llevado a cabo operaciones de captura a criminales fuera de sus fronteras, como fue el caso del narcotraficante colombiano Darío Antonio Úsuga, alias “OTONIEL”.
En el contexto de sus órdenes ejecutivas contra grupos criminales, Trump podría declarar al régimen venezolano como una amenaza transnacional debido a sus vínculos investigados con actividades ilícitas como narcotráfico; apoyo a grupos terroristas como Hezbolá o el ELN; lavado de dinero, corrupción a gran escala y violación a los DD. HH. De hecho, ya han sido sancionados por estos comportamientos por USA, Europa, Canadá y otras naciones.
Sin embargo, el riesgo de desestabilización regional y tensiones internacionales hace que tales decisiones sean altamente controvertidas y de difícil ejecución sin un consenso político interno y externo. El reciente incidente, deportando ciudadanos colombianos desde EE. UU., demuestra los conflictos y sacudidas que pueden generarse.
Conclusiones. Nueva política exterior de Trump
La política exterior de EE. UU. bajo una nueva administración de Donald Trump, refleja fortalecimientos y cambios con relación a Latinoamérica y el mundo. A continuación, algunas conclusiones generales.
Enfoque en la seguridad y el narcotráfico
Latinoamérica será prioridad en materia de prevención y represión de delitos internacionales. La designación de cárteles como organizaciones terroristas y la militarización de la frontera demuestran un enfoque duro y unilateral.
Se observan políticas migratorias más restrictivas. La reinstauración de programas como “Quédate en México” y leyes como la Laken Riley Act subrayan la prioridad de reducir la inmigración ilegal y podría endurecer las relaciones con países de tránsito y origen como México, Honduras y Venezuela. De allí se desprende una relación asimétrica con aliados: EE. UU. busca acuerdos bilaterales con países de Centroamérica como El Salvador, Guatemala o Costa Rica para controlar los flujos migratorios.
La doctrina de máxima presión regresa
La política hacia Venezuela y Cuba parece haber retomado una postura más agresiva, basada en sanciones económicas y aislamiento diplomático.
Distanciamiento del multilateralismo
La política exterior parece enfocarse más en acuerdos bilaterales que en el fortalecimiento de alianzas multilaterales. Esto refleja una visión pragmática y transaccional, mediante la construcción de consensos regionales y/o acuerdos particulares de seguridad, comercio, salud, tecnología, energía o ambiente. Trump se desmarca de los tratados globales. Por cierto, incluso anuncia sanciones contra la CPI.
Tensiones geopolíticas con China y Rusia
Latinoamérica emerge como campo de influencia. La creciente presencia de China y Rusia en la región, especialmente en países como Venezuela, Argentina o Brasil, está impulsando a EE. UU. a reforzar su influencia mediante sanciones, acuerdos comerciales y medidas de presión política. EE. UU. buscará limitar el acceso de China a recursos estratégicos en Latinoamérica, como minerales raros, y contrarrestar su influencia en infraestructura y tecnología […].
El enfoque en América Latina podría ir acompañado de una cierta distancia hacia Europa y la OTAN, especialmente si Trump continúa criticando a los países europeos por no asumir mayores responsabilidades en su defensa. Aunque el terrorismo y la seguridad siguen siendo preocupaciones, parece haber un menor interés en grandes intervenciones en el Medio Oriente.
América Latina como socio comercial
EE. UU. busca acuerdos bilaterales con países clave, como Brasil o Colombia, en términos favorables que podrían generar tensiones. La política de reindustrialización de EE. UU. y la relocalización de cadenas de suministro podrían afectar las economías exportadoras de la región.
La nueva política exterior de EE. UU. combina pragmatismo, seguridad, relocalización industrial, nacionalismo y un enfoque unilateral. América Latina se posiciona como un frente clave en la lucha contra el narcotráfico, la inmigración ilegal y la influencia de potencias rivales como China y Rusia.
Trump tratará, en sus primeros 100 días de gobierno, pactar la paz entre Rusia y Ucrania, abonar el camino de la transición en Venezuela, contener y reprimir las organizaciones criminales dentro y fuera de su territorio y elevar tasas arancelarias.
Exhibe una carrera contra el tiempo. Ha emitido en apenas horas más órdenes ejecutivas que Biden en su mandato [167]. Habría revocado al menos 67 de ellas o el 41 % del total emitido por Biden, otrora: suspensión del muro con México, uso de mascarillas, regreso al Tratado de París, fin del veto musulmán, pausa de la colegiatura de estudiantes, cancelación del oleoducto Keystone XL o continuación del programa DACA que prohibía la deportación de 650.000 indocumentados (dreamers), así como suspensión otras restricciones migratorias.
Se abre un capítulo inédito de decisiones en EE. UU. para el mundo. Como decía Rubén Blades: “Decisiones cada día, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía”. Amanecerá y veremos. Petro reculó. Decisiones…
vierablanco@gmail.com | Presidente de VenAmérica / USA
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