En El Mañanero del 31 de enero de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Venezolanos con TPS en EEUU reviven el temor a la persecución, esposa del comunicador y derechos de los derechos humanos, Ángel Godoy, denuncia que tiene 22 días en desaparición forzosa y Edmundo González le prometió a la diáspora en Perú que “pronto regresarán a casa”.
“Yo me siento como la carne de cañón de una disputa política. El enemigo de Trump no es Maduro, sino Biden. Desde antes de ganar decía que si Maduro no recibía a los migrantes iba a haber sanciones contra Venezuela. Parece que él en su mente tiene a Maduro como presidente y no como ilegítimo que es”, periodista venezolano radicado en Estados Unidos sobre la revocatoria del TPS.
Al hablar de su esposo, Adriana Briceño se quiebra. Este jueves, 30 de enero, Ángel Godoy cumple 22 días desaparecido. Fue detenido afuera de su casa en Los Teques y, desde entonces, en ninguna búsqueda, su familia ha tenido éxito.
En una rueda de prensa en el Auditorio de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, el pasado 28 de enero, Briceño manifestó que no se cansará de esperar afuera del Sebin para que le den información de su esposo.
Después de tantos días, desistió de preguntar en los centros de detención de los Altos Mirandinos, “a casi todos los detenidos lo llevan a Caracas, por eso intento estar allá las veces que pueda”, dijo a RunRunes.
“Yo intento ir al Sebin un día de por medio, a veces, se me hace cuesta arriba por la situación económica, pero toda la familia hace el esfuerzo de estar en el Sebin de Plaza Venezuela o en la Máxima, que está en El Helicoide. No nos cansaremos de estar afuera esperando una respuesta”, añadió.
Godoy es redactor del medio Punto de Corte, también es activista por los derechos humanos, y es director del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI). Fue interceptado cuando llegaba al estacionamiento de su casa el 8 de enero.
Han seguido los canales regulares
Briceño afirmó que han seguido los canales regulares y han asistido a todas las instancias con la finalidad de obtener información respecto al paradero de su esposo.
“Entregamos el habeas corpus en el Ministerio Público y lo aceptaron. Tenía mucho temor, porque había escuchado que a otras personas se lo habían rechazado”, contó la esposa de Godoy.
Antes de introducir ese recurso, asistió a la dirección de Protección de los Derechos Humanos de la Fiscalía y le dijeron que le darían una respuesta “en 15 días hábiles”, después de eso entregó una carta en la Defensoría del Pueblo, dirigida a Alfredo Ruiz, y le informaron que en 20 días obtendría una contesta.
Aunque la han tratado con “amabilidad” en todas estas instancias, no se compara con la espera y el sufrimiento de la familia. El no saber dónde está su esposo es una situación que la agobia todos los días.
El comunicador padeció covid-19, en el 2020, y eso le dejó secuelas respiratorias. Por esa razón, su esposa adonde va le lleva su tratamiento y los informes médicos. Siempre con la esperanza de que lo pueda ver-
“Posterior al covid quedó afectado en sus vías respiratorias y, en ocasiones, necesita nebulizaciones. Lo más reciente que tuvo fue bronquitis y al momento de su detención, él estaba tomando medicación”, explicó la esposa.
En una de sus búsquedas, llegó al Sebin y le dijo a uno de los custodios que su esposo estaba en el lugar y que necesitaba su tratamiento, lo afirmó con la intención de poder conseguir algún rastro de su paradero.
“El muchacho me miró y me dijo no, señora, su esposo no está aquí. Debe estar allá abajo en La Máxima, en El Helicoide”, mencionó.
“A veces, hasta me da miedo”
Desde la detención de su esposo, Adriana no se ha cansado de alzar la voz aunque el temor la invade.
“A veces, hasta medio me da, porque siento que estamos haciendo mucha bulla, pero es lo único que tengo”, recalcó.
Ahora, su hijo depende de ella y hace lo que puede para mantenerlo a salvo. “Tengo a mi familia en otro estado y todos estamos muy preocupados por la salud de Ángel”.
En cada intervención, se nota el amor que siente y sus afirmaciones indican que Ángel Godoy es un ciudadano que siempre apostó por los derechos, por Venezuela y por su familia.
“Al menos hay familias que saben dónde están sus seres queridos y le pueden llevar comida o algunas medicinas, pero yo no sé, y cada día que pasa es más difícil”, indicó durante su intervención en la actividad celebrada el 28 de enero en la UCV.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En 2024, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+) documentó 40 casos de discriminación hacia la población LGBTIQ+ en espacios públicos en Venezuela, afectando a 65 personas en total.
Estos incidentes tuvieron lugar en diversos escenarios, destacando especialmente los centros comerciales, que se identificaron como los lugares más inseguros para este grupo. En total, se registraron 100 agresiones, lo que refleja una “preocupante frecuencia” de ataques contra esta comunidad, de acuerdo a la información divulgada en la página web del OVV LGBTIQ+.
¿Dónde ocurrieron los casos de discriminación?
Los casos de discriminación se distribuyeron en espacios públicos al aire libre (55%) como parques, plazas y vías públicas, así como en lugares comerciales y de ocio (45%), que incluyen centros comerciales, restaurantes, cines y bares, entre otros.
La mayoría de las agresiones ocurrieron en centros comerciales (11 incidentes), seguidos de la vía pública (siete) y los parques (cinco).
En cuanto a las víctimas, predominan los hombres cis (27) y mujeres cis (10), aunque también se registraron cinco personas no binarias, cuatro mujeres trans y dos hombres trans.
Las motivaciones detrás de los ataques fueron diversas, siendo la orientación sexual el principal desencadenante (42,5%), seguida de la discriminación por ser LGBTI+ en general (27,5%) y por identidad de género (12,5%).
Los tipos de agresiones más comunes incluyeron humillaciones y descalificaciones (31), negación de acceso o permanencia en establecimientos (21), intimidaciones o amenazas (8), y en menor medida, golpes, acoso sexual, retenciones y hasta asesinatos.
Entre los casos más graves se documentaron dos asesinatos: el de una mujer trans en Guatire, estado Miranda, y el del diseñador Luis Braccal, quien fue golpeado en el centro comercial Paseo Las Mercedes.
Estos incidentes evidencian, según el observatorio, la “urgente necesidad de implementar políticas públicas y acciones por parte del sector privado para prevenir la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual, identidad y expresión de género”.
Sobre esta situación, las Naciones Unidas han señalado la importancia de que tanto los gobiernos como las empresas adopten medidas concretas para garantizar los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Edmundo González Urrutia se encontró este miércoles, 29 de enero, en un breve acto con parte de los migrantes venezolanos que residen en Lima, Perú, a los que les prometió que pronto volverán “a casa”.
“Pronto nos iremos todos a casa”, les prometió González Urrutia a los centenares de venezolanos que se reunieron en la céntrica Plaza San Martín, tras ser recibido y condecorado por la presidenta Dina Boluarte y el Congreso.
“A pesar de la distancia, sé que Venezuela vive en cada uno de ustedes, en sus esfuerzos, en sus recuerdos, en sus sueños de regresar a una nación de oportunidades y justicia como la que vamos a construir”, les dijo asomado a un balcón del histórico Hotel Bolívar.
González Urrutia les dijo que sabe “muy bien el sacrificio de dejar el hogar, la lucha por abrirse le camino en un país hermano y la esperanza de un futuro mejor”, pero les dijo que no están solos.
“Nuestra misión es clara: recuperar la democracia, devolver la dignidad y asegurar que ningún venezolano tenga que irse jamás”, les dijo acompañado por su esposa, Mercedes López.
En el balcón, estuvo acompañado por los dirigentes políticos Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, así como David Smolansky, exalcalde de El Hatillo y excomisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los Migrantes y Refugiados Venezolanos.
González Urrutia llegó a Perú, donde se reunió con la presidenta Dina Boluarte, después de hacer lo mismo con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, tras visitar en las últimas semanas Argentina, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos.
Por su parte, María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, publicó una imagen del encuentro entre venezolanos y González Urrutia en Perú, señalando que la misma demuestra la “fuerza” de “un pueblo unido a pesar de los kilómetros y los años, decidido a reencontrarse en libertad”.
“Saber que viene el día en que pueda abrazarlos a cada uno, en esta tierra que amamos, echándole bola para que nunca jamás nadie se vaya, es la razón que me empuja a seguir hasta el final”, añadió Machado en su publicación de X (antes Twitter).
Hoy, en un día inolvidable para Perú y Venezuela, miles de venezolanos que fueron forzados a dejar su país se encontraron con su Presidente Electo, Edmundo González @EdmundoGU!
Esta imagen demuestra nuestra fuerza: un pueblo unido a pesar de los kilómetros y los años, decidido a… pic.twitter.com/2m7Z16OZPR
Nuestro presidente, Edmundo González Urrutia (@egonzalezurrutia) continúa en su gira #CaminoALaLibertad acompañado de la Presidente de Perú 🇵🇪, Dina Boluarte, quien lo recibió y además condecoró en su orden “El Sol del Perú”. pic.twitter.com/4xNbrNYkab
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Nicolás Maduro brindó su segunda entrevista de 2025 el lunes 27 de enero al periodista brasileño Breno Altman, fundador de la plataforma Opera Mundi, y que fue transmitida por la cadena Telesur. En ella, Maduro se refirió a temas políticos, de seguridad y de economía de Venezuela.
Durante la transmisión tuvo 75 minutos de duración, Maduro reiteró que “la extrema derecha” en Venezuela se ha debilitado y que su proyecto político logró derrotar a “una candidatura montada por el gobierno saliente de Estados Unidos” asociada a unos acuerdos “violados” por la Casa Blanca para impulsar una desestabilización en el país.
A partir de la intervención de Maduro, registramos 14 frases de afirmaciones dadas sin sustento, faltando a la verdad o enmarcadas en algún grado de desinformación:
“En el año 17 y 18 sufrimos un bombardeo de misiles, de sanciones, nos hicieron un gran daño económico”.
No ocurrió ningún bombardeo de misiles en Venezuela en los años 2017 y 2018. Tampoco en ningún otro año de la historia contemporánea venezolana.
“El país está en paz. La institucionalidad funcionando. Los cinco poderes públicos funcionando. La economía creciendo, recuperándose”
En entrevista concedida el 27 de enero, Nicolás Maduro hizo esta aseveración, la cual resulta discutible. Aquí la desglosamos:
“La institucionalidad funcionando. Los cinco poderes públicos funcionando”. Es cierto que los poderes públicos en Venezuela están funcionando, pero no lo están haciendo con pleno apego a las reglas constitucionales ni de manera óptima.
Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral funciona con un rector principal, Juan Carlos Delpino, habiendo sido destituido luego de denunciar que el 28 de julio de 2024 ocurrió un fraude electoral. Otros dos rectores suplentes renunciaron a tales nominaciones al ser acusados de formar parte de un supuesto plan para desconocer los números anunciados por el Poder Electoral la noche de los comicios presidenciales.
De igual forma, la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas reiteró en agosto de 2024 que las reiteradas violaciones a las garantías procesales en Venezuela exponen un sistema judicial falto de independencia que prolonga las graves violaciones de los derechos humanos contra opositores gubernamentales.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, denunció que “la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada”, una situación que pone en peligro “su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”. Agregó que el gobierno ejerce una “injerencia indebida sobre las decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”.
Además, destacó que desde la adopción de la Constitución de 1999 al menos una docena de nuevas leyes y resoluciones han afectado a la independencia del sistema judicial y que la independencia del Tribunal Supremo de Justicia se ha deteriorado.
“La economía creciendo, recuperándose”. Ciertamente después de haber salido de una recesión de ocho años que incluyó una hiperinflación de cuatro años, la economía venezolano se ha ido recuperando desde el último trimestre de 2021, tras haber perdido 80% de su tamaño.
Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) previeron uncrecimiento de 3% a 5% para Venezuela en 2024. El gobierno de Maduro habla de más de 8%, y sin mostrar los números que lo respalden. El Banco Central de Venezuela no ha publicado datos definitiva de 2024.
“En Venezuela se construyó un sistema electoral completamente auditable. ¿En qué lugar del mundo hay un sistema electoral al que se le hacen 15 auditorías? Antes, durante y después del proceso. Solo en Venezuela”
Ciertamente el sistema electoral venezolano es completamente auditable, pero del papel a la realidad hay un trecho que deciden transitar los funcionarios venezolanos. Maduro menciona 15 auditorías, que ciertamente la norma establece. Sin embargo, en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 hubo tres que no se hicieron, incumpliendo lo establecido en el cronograma electoral, y sin justificación hasta ahora por parte de las autoridades del CNE. De esta forma, las auditorías “post-evento” quedaron sin ser realizadas.
Esas tres auditorías pendientes son: la auditoría de telecomunicaciones fase II, la cual cobraba mayor relevancia ante la denuncia del gobierno de un ataque cibernético al sistema que habría sido la causa del retraso del primer boletín.
Tampoco se llevó a cabo la verificación ciudadana (segunda fase) que audita el 1% de las mesas de los centros de votación. Y tampoco se realizó la auditoría de datos electorales (fase II) que estaba prevista para realizarse entre el 5 y 8 de agosto de 2024. Este proceso busca comprobar o descartar suplantaciones de identidad.
“El TSJ ha hecho un tremendo peritaje sobre el proceso y se ha demostrado -como en las 31 elecciones que hemos hecho en 25 años, récord mundial-, prevaleció la soberanía popular”
Ante el periodista Breno Altman, conductor de la entrevista, Maduro destacó la labor del Tribunal Supremo de Justicia en el peritaje a las elecciones presidenciales del 28 de julio, como respuesta al inédito recurso contencioso electoral introducido por Maduro. Sin embargo, al aceptar el recurso de amparo,la Sala Electoral usurpó funciones del Consejo Nacional Electoral, ya que el TSJ no tiene competencia para certificar elecciones.
Además, el peritaje fue un proceso poco transparente, pues no se informó de sus detalles, no se mostraron documentos ni se dieron a conocer los elementos estudiados o las personas involucradas en tal actividad. El portal de investigación Armando.info publicó un reportaje sobre cómo habría sido llevado un “teatro” durante las transmisiones televisadas del supuesto peritaje técnico. Además, la sentencia resultante no fue publicada en su totalidad, lo que incluiría la motivación y por tanto más información sobre lo hecho, ni el Consejo Nacional Electoral cumplió con el dictado de publicar la Gaceta Electoral con los resultados de la elección.
Por tanto, no hay manera de comprobar el proceso que el TSJ llevó a cabo. “Nunca se conoció el recurso de Maduro, no se sabe cuál es el objeto del peritaje e incumple los estándares internacionales de metodología. Revisaron cajas que no se sabe qué contienen, no se conoce la cadena de custodia. Y lo más importante es que no se realizó ningún tipo de verificación que sugiera que se está revisando la autenticidad del material que presentó el CNE, que se utilizó el 28 de julio. El TSJ da por bueno que el material y las bases de datos son las que se generaron el 28 de julio”,dijo a CNN, Eduardo Repilloza, director general de la organización civil Transparencia Electoral, en una nota publicada el 22 de agosto de 2024.
De acuerdo con las actas de escrutinio mostradas por la oposición encabezada por María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, la alianza opositora agrupada en la Unidad habría obtenido 67% de los votos, por lo que lavalidación del TSJ de los resultados anunciados por el CNE la noche de 28 de julio no reflejarían la voluntad popular, como indicó Maduro durante la entrevista.
“Ellos el 9 (de enero) pretendían manchar la toma de posesión. Tenían una carta bajo la manga: un autosecuestro de esta señora Machado. Afortunadamente, la PNB cumplió las órdenes de protección de esta persona y la llevaron escoltada y protegida a su casa”
Para desestimar el secuestro de la dirigente María Corina Machado, altos funcionarios del gobierno, medios y usuarios afines al chavismo aseguraron que el “autosecuestro” era parte de una “operación psicológica”, cuyo fin era tapar el supuesto fracaso de la marcha opositora. Como evidencia difundieron en redes sociales y también en Telegram una foto de Machado en una moto y un funcionario de seguridad con celular en mano, aparentemente grabándola, al igual que el video de “fe de vida”.
Sin embargo, Human Rights Watch confirmó que la dirigente opositora sí fue víctima de un secuestro el 9 de enero. Juanita Gobertus, la directora para las Américas de la ONG, publicó la verificación en sus redes y corroboró que los hechos ocurrieron tal y como la líder política los relató: miembros de la policía se la llevaron, la obligaron a grabar un video y la liberaron.
De igual modo, periodistas de la alianza La Hora de Venezuelahicieron una reconstrucción de los lugares de Caracas que recorrió Machado cuando fue detenida por las autoridades. Mostraron la ubicación de las fotografías que se difundieron ese día e identificaron los puntos exactos en los que fue interceptada y el lugar en el que se grabó el video bajo coacción. El equipo determinó que entre la orden de captura y la contraorden pasaron unos 5 minutos aproximadamente.
De acuerdo con la líder de Vente Venezuela, el ataque comenzó con disparos cerca del distribuidor Altamira. Dijo que durante la emboscada fue “bruscamente arrancada” de su moto y trasladada en otra. Sus captores le indicaron que se dirigían a Boleíta, pero poco después los funcionarios le ordenaron bajarse del vehículo y grabar un video como prueba de vida antes de dejarla ir.
«Venezuela importaba el 85% de todos los productos que consumía en su mercado. No producíamos nada. Una economía rentista dependiente. Las sanciones criminales nos llevaron a un punto de no retorno, pero menos mal teníamos un plan: pusimos el acento en proteger la alimentación del pueblo, con el plan de los CLAP. Conformamos 33 mil CLAP»
Maduro hizo un “corta y pega” de unas cifras similares que dio en el discurso de memoria y cuenta de enero de 2024. En aquella ocasión dijo: “Pasamos del 85% de importaciones de todo el alimento al 97% (de abastecimiento con producción nacional)”. Ya entonces plataformas de fact-checking habían detectado una narrativa de desinformación, al mezclar indicadores disímiles. En el año 2020, Fedeagro sí calculó que 75% de los alimentos eran importados. Maduro habla de la importación de alimentos en verbos en pasado, pero las evidencias indican que (en mayor o menor medida) Venezuela sigue comprando parte de sus alimentos afuera, como reconoce el propio gobierno.
Acerca del «acento» en proteger la alimentación, se puede recordar lo dicho por el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, luego de recorrer Venezuela en febrero de 2024: «El programa CLAP suscita cada vez más críticas. Entre las que cabe citar la incoherencia en la entrega, la escasa frecuencia del suministro en zonas remotas, así como su falta de valor nutricional y calidad. He oído con frecuencia que se niega las bolsas del CLAP a personas que se consideran críticas, o que expresan opiniones políticas alternativas. Algunos beneficiarios sugieren que las bolsas CLAP son tratadas por las autoridades como una limosna caritativa y no como parte de la liberación del hambre y esto socava la dignidad humana de quienes la reciben. El CLAP se ha convertido en un sistema de clientelismo, porque no aborda las causas profundas del hambre y la malnutrición en Venezuela».
La FAO sí indica que el porcentaje de población en Venezuela con insuficiencia alimentaria ha ido disminuyendo: de 23,9% en el trienio 2018-2020 se pasó a 22,9% (2020-2022) y 17,6% (2021-2023). A pesar de esas estadísticas, Venezuela sigue siendo uno de los cinco países de Latinoamérica y el Caribe en los que se pasa más hambre, solo detrás de Haití, Bolivia, Honduras y Nicaragua.
“Venezuela pertenece a los BRICS desde hace 200 años. Esa B alta es de Bolívar. Él soñó con los BRICS, ¿cómo no vamos a ser nosotros los bolivarianos del BRICS? Chávez lo dejó escrito en el plan de la patria 2012: tenemos que ir a los BRICS. Somos parte de los BRICS”
La B alta es la inicial de Brasil, uno de los países fundadores del bloque junto a Rusia, India, China y Suráfrica; y no se refiere a Simón Bolívar.
Si bien es cierto que el Plan de la Patria 2013-2019 menciona entre sus objetivos “establecer una alianza con el grupo de países BRICS”, Venezuela todavía no es miembro en plenitud ni socio del bloque económico.
Hasta la fecha solo hay nueve miembros oficiales del grupo BRICS: los citados Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, además de Etiopía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos e Irán.
De acuerdo con Celso Amorim, asesor presidencial para asuntos internacionales del presidente Lula da Silva, Brasil impidió la incorporación de Venezuela a los BRICS en 2024 debido a que Nicolás Maduro “abusó de la confianza” del mandatario brasileño al incumplir la promesa de presentar las actas oficiales de los resultados electorales que le darían la reelección.
De la cumbre de 2024, celebrada en Kazán (Rusia), se desprendió oficialmente que otros 13 países se unieron como “partners” (socios) de los BRICS, pero hasta el momento no son miembros en plenitud: Cuba, Bolivia, Nigeria, Malasia, Kazajistán, Indonesia, Argelia, Bielorrusia, Vietnam, Tailandia, Turquía, Uganda y Uzbekistán.
«Definimos los motores económicos y con las condiciones macroeconómicas que creamos, fuimos avanzando y ya tenemos 15 trimestres de crecimiento de economía real»
La cifra de los presuntos 15 trimestres (seguidos) de crecimiento de la economía (PIB, Producto Interno Bruto) se basa en estimaciones del BCV, una institución cuya independencia y rigor resultan cuestionables. Es cierto que esas son las cifras oficiales. Sin embargo el principal emisor de estadísticas independientes, la ONG Observatorio de Finanzas (creado en tiempos de la Asamblea Nacional 2016-2021) lleva otras cuentas y registró un par de caídas del PIB en los dos primeros semestres de 2023.
Por otra parte, el concepto mismo de «crecimiento» es debatible en un proceso como el que ha vivido Venezuela desde que comenzó a gobernar Maduro. Para tener un punto de comparación: tomando en cuenta cálculos del experto Asdrúbal Oliveros, en 1999 la economía del país equivalía a una manzana (poco menos de $100.000 millones). Para la época de mayor bonanza petrolera con Hugo Chávez (primera década del siglo XXI), había crecido a cuatro manzanas. Pero ya con Maduro, entre 2014 y 2019, la economía decreció a menos de media manzana, una de las peores recesiones del mundo en la época moderna. Para 2024, se estima que el PIB volvió a parecerse apenas al de 1999 (una manzana). Lo más apropiado es hablar de recuperación o rebote, más que de un auténtico crecimiento con relación a comienzos de siglo.
«Las sanciones criminales contra la industria petrolera nos hicieron perder el 99% de los ingresos en divisas. Pasamos de $56 mil millones de ingresos un año a 700 millones el otro año»
Estas cifras ya han sido presentadas por el oficialismo —siempre con ligeras variaciones— en el pasado, y han sido verificadas por fact-checkers de Venezuela, dando como resultado que se trata de afirmaciones engañosas, pues la caída de ingresos del país comenzó varios años antes de las sanciones internacionales.
En este caso Maduro no mencionó años específicos, pero pudiera referirse al período 2014-2015 cuando se registró una caída importante de aproximadamente 65% de los ingresos petroleros (no de 99%). “Los resultados nada tenían que ver con supuestas sanciones contra Venezuela, sino con los factores precio (la caída de la cotización de la canasta petrolera) y producción, ya en franco declive”, se ha determinado al respecto. Las sanciones económicas contra Venezuela por parte de Estados Unidos comenzaron en 2017 y se extremaron en enero de 2019, lo cual dificultó mantener niveles de producción que ya venían en declive antes de esas medidas coercitivas.
“¿Cómo se puede llamar a alguien que intente matar al presidente? ¿Preso político? Están convictos y confesos. ¿Cómo se puede llamar a los que atacan un cuartel militar con bombas en la madrugada? ¿Cómo se puede llamar a los que destruyen una unidad de salud, una escuela? ¿Cómo se puede llamar a los que intentan derrocar un gobierno a la fuerza? ¿Cómo se puede llamar a los que llaman en rrss a quemar y matar seres humanos? ¿Cómo se puede llamar a los que mataron a 27 personas entre el 29 y 30 de julio, porque eran chavistas o parecían chavistas?”
Organizaciones internacionales y de la sociedad civil denunciaron que las detenciones durante las protestas postelectorales se dieron sin órdenes judiciales ni pruebas contundentes de que los manifestantes estuvieran cometiendo algún delito.
De acuerdo con la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, las detenciones de al menos 150 menores de edad fueron ejecutadas sin órdenes judiciales y sin que existiera flagrancia.
“Al ser detenidos, los niños y niñas no estaban participando en protestas, pacíficas o violentas. En uno de los casos, la detención se produjo en el marco de una redada indiscriminada en la que también se detuvo a personas adultas que circulaban por la calle cerca de donde se estaba llevando a cabo una manifestación”, indica el informe publicado en octubre de 2024.
También el documento sobre represión postelectoral de la Misión de Determinación de Hechos, publicado el 17 de septiembre, registró esta irregularidad: “En los casos posteriores a las elecciones presidenciales, la misión investigó el caso de dos niñas de 15 y 17 años que fueron detenidas durante las protestas, aun sin haber participado en ellas. Los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que las detuvieron las golpearon, les tiraron del pelo, las tildaron de “perras guarimberas” y a una de ellas la tocaron entre las piernas por encima de su ropa. Posteriormente fueron trasladadas al comando de la Guardia Nacional Bolivariana, donde fueron golpeadas y humilladas”.
La ONG Foro Penal reportó que las autoridades condenaron anticipadamente a los detenidos, clasificándolos como “terroristas” y, por lo tanto, violando la presunción de inocencia –contemplada numeral 2 del artículo 49 de la Constitución–. Tampoco se les respetó su derecho a la defensa privada, sino que se les impuso un defensor público. Y en casi la totalidad de los casos, las audiencias de presentación se realizaron en los mismos centros de reclusión y no en los tribunales.
Por otra parte, la iniciativa Monitor de Víctimas registró que las muertes en eventos postelectorales ocurrieron por armas de fuego, con funcionarios de la Fuerza Armada Nacional venezolana como los mayores victimarios, seguidos por integrantes de grupos colectivos: “Diez de estos casos se le atribuyen a miembros la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): siete del Ejército, dos de la Guardia Nacional y uno mixto, en donde supuestamente participaron en un homicidio junto a policías”.
Asimismo, la gran mayoría de las víctimas mortales de aquellos eventos reclamaban contra el presunto fraude electoral del 28 de julio y no eran chavistas.
Hasta el 30 de enero de 2025, el Ministerio Público no ha emitido información específica sobre presuntos responsables por las muertes de los individuos, ni mostrado elementos de investigación o experticia sobre las armas usadas para causarlas; tampoco se ha sabido de pesquisas al respecto incluyendo planimetrías. No existen tampoco acusados por caso, más allá de señalamientos generalizados.
“La sayona (como el oficialismo se refiere a María Corina Machado) convocó a grandes marchas. En todo el país ya se sabe que no superaron las seis mil personas. Yo di la orden de protegerlos. Los protegió la PNB y la GNB. Pública y notoria la protección que se les dio”
En Valencia, Maracay, Nueva Esparta y Zulia efectivos de la Guardia Nacional, junto con colectivos, reprimieron e intentaron disolver las manifestaciones de la oposición del 9 de enero, según reportó Crónica Uno.
Una mujer que se encontraba en el segundo piso del centro comercial Parque Aragua, en la avenida Bolívar de Maracay, fue herida de bala luego de que motorizados encapuchados dispararon hacia el establecimiento.
Igualmente, ciudadanos intentaron reunirse en lugares como la plaza San Juan y la plaza del Estudiante de Maracay, pero motorizados y funcionarios los dispersaron con bombas lacrimógenas.
En la concentración de la avenida Bolívar de Carabobo también lanzaron gases lacrimógenos. Asimismo, efectivos de los cuerpos de seguridad amenazaron y reprimieron a los manifestantes que asistieron al llamado a concentración en la plaza de la República de Maracaibo. La mayoría eran personas de la tercera edad.
“Logramos movilizar (el 9 de enero) más de dos millones y medio de personas. Las calles de la Gran Caracas y de todo el país apoyaron la paz”
Varias figuras vinculadas con el oficialismo, y ahora incluso Nicolás Maduro, han afirmado que millones de personas salieron a las calles en apoyo a su juramentación como presidente electo de Venezuela. Esta afirmación es cuestionable si se compara con actos políticos y que han sido emblemáticos en el país.
Un video publicado por la cuenta @anonymous_hat2 evidencia la baja asistencia registrada en uno de los puntos de concentración de la “Gran Marcha por la Paz”, frente al centro comercial Líder en Caracas, durante la mañana del 9 de enero. Más tarde, otros videos muestran una mayor cantidad de personas marchando en este tramo, pero, de acuerdo con la evidencia fotográfica disponible, no es posible afirmar que participaron “millones de personas”.
Para respaldar esta versión, sería necesario contar con tomas aéreas, como las que se difundieron en marchas emblemáticas, entre ellas el cierre de campaña de Hugo Chávez en 2012 en Caracas. Otra movilización con registros similares es la del 10 de marzo de 2020, anunciada por Diosdado Cabello, entonces presidente de la ANC y actual ministro de Interior, Justicia y Paz, en respuesta a una convocatoria del opositor Juan Guaidó. Una grabación de drone de ese día muestra a cientos de personas apoyando la actividad del oficialismo.
La falta de tomas aéreas que permitan verificar la magnitud de la movilización del 9 de enero deja poca evidencia de que el chavismo haya reunido a “millones de personas”, como afirmó Nicolás Maduro. Además, las imágenes disponibles muestran concentraciones focalizadas, lo que refuerza las dudas sobre la veracidad de esa cifra.
“Nosotros tenemos ya firmado contrato por 52 mil millones de dólares de inversión en los 13 motores de desarrollo”
Los datos disponibles sobre cuántos son los motores de desarrollo propuestos por el gobierno de Nicolás Maduro han variado en los últimos años. El tema se empezó a introducir desde el año 2016. Una nota de prensa del Partido Socialista de Venezuela (PSUV) explica que el 20 de enero Maduro presentó el Plan 50 y 9 motores de desarrollo económico para un “nuevo modelo productivo” en el país.
El mandatario mencionó los motores de Hidrocarburos, Petroquímica, Agroalimentario, Minería, Telecomunicaciones e Informática, Construcción, Industrial y Turismo.
En 2023, la cifra de los motores económicos saltó de 16 a 18, de acuerdo con una declaración ofrecida por el diputado de la Asamblea Nacional venezolana (AN), Julio Chávez. La información fue reseñada por el medio afín al gobierno Venezuela News el 4 de septiembre.
El dato fue reiterado por Maduro el 21 septiembre de 2023 cuando citó los siguientes motores: agroalimentario, farmacéutico, industrial, exportaciones, economía comunal, social y socialista, hidrocarburos, petroquímica, minería, turismo nacional e internacional, construcción, forestal, militar industrial, telecomunicaciones e informática, banca pública y privada, industrias básicas, estratégicas y socialistas, automotriz, criptomonedas y emprendimiento productivo.
Ahora, en 2025, Nicolás Maduro informó que aprobó la reorganización y simplificación de los motores productivos de 18 a 13 con la finalidad de “acelerar el crecimiento de la economía venezolana”. Los medios del Estado lo presentan como un ajuste, pero la falta de transparencia sobre los detalles y las razones de la medida generan incertidumbre, mientras la opacidad persiste.
La Plataforma Unitaria Democrática manifestó su preocupación este miércoles, 29 de enero, por la medida que implementó la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, de revocar la extensión del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).
La extensión del TPS fue aprobada durante el gobierno de Joe Biden hasta el 2 de octubre de 2026 y dicha revocatoria afectará a unos 600 000 venezolanos que se encuentran legalmente en Estados Unidos.
“Desde la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela expresamos nuestra preocupación por el bienestar de cientos de miles de nuestros connacionales honestos y trabajadores que han emigrado de manera forzosa como consecuencia de la crisis humanitaria compleja que atraviesa nuestra nación y que se ha agravado aún más, luego del desconocimiento del resultado electoral del pasado 28J”, escribió la Plataforma Unitaria en un comunicado publicado en X, cuya descripción es “migrantes venezolanos deben ser protegidos”.
La coalición política recordó que Venezuela se caracterizó por muchos años “por ser un país receptor de migración y hoy lamentablemente millones” se encuentran “en todo el mundo obligados a escapar del régimen de Nicolás Maduro”.
En ese sentido, manifestaron esperar que la administración de Trump haga una revisión de las medidas migratorias y buscar, en el marco de la ley, condiciones adecuadas para la protección de venezolanos que hicieron del territorio estadounidense su hogar.
“Abogamos por que de manera inmediata, se le dé atención satisfactoria a esta situación que ha generado una gran preocupación en los venezolanos”, añadió la coalición opositora
Por otra parte, dicen acompañar la iniciativa de la administración de Trump de enfrentar “de manera contundente a las bandas criminales que han estado actuando en territorio americano y en muchos países de la región” como lo es el Tren de Aragua.
La página web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó la anulación del aviso del 17 de enero de 2025 sobre la extensión del TPS para venezolanos.
Esta medida se suma a otras contra la inmigración, como la suspensión desde el 20 de enero de la aplicación CBP One, que le daba una vía a los migrantes para entrar legalmente a los EEUU. La decisión afectó a más de 900 000 migrantes que esperaban cita.
TPS, qué es y cómo beneficia a los venezolanos
El TPS ofrece protección temporal y un permiso de trabajo a extranjeros que no pueden regresar a salvo a sus países por motivos de guerra, desastre natural u otra condición «extraordinaria». En el caso de los venezolanos el programa fue activado en 2023. Los venezolanos elegibles para el TPS eran aquellos que ingresaron hasta el 31 de julio de 2023.
Dos semanas antes de su salida de la presidencia, el gobierno de Joe Biden extendió el TPS desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026. La medida amparaba a los venezolanos que llegaron a EEUU antes del 31 de julio de 2023 y que habían residido en el país de forma ininterrumpida.
Al anularse la extensión, quienes recibieron el Estatus de Protección Temporal en 2021 mantendrán sus protecciones hasta septiembre de 2025. Aquellos que lo obtuvieron en 2023 estarán protegidos hasta abril de 2025.
El gobierno de Donald Trump tiene hasta este 1 de febrero para determinar si firmaría su propia prórroga para el grupo de venezolanos favorecidos con el TPS en 2023.
“Yo me siento como la carne de cañón de una disputa política. El enemigo de Trump no es Maduro, sino Biden. Desde antes de ganar decía que si Maduro no recibía a los migrantes iba a haber sanciones contra Venezuela. Parece que él en su mente tiene a Maduro como presidente y no como ilegítimo que es, y que también tiene totalmente descartado reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela”.
La afirmación anterior la hizo *un periodista venezolano radicado en Estados Unidos entrevistado por Runrun.es, que llegó a ese país hace año y medio por la figura del parole humanitario.
El hombre aplicó también al Estatus de Protección Temporal (TPS) y está en el lote de a quienes se les vence en abril y no podrán renovarlo, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) revocara este 29 de enerola extensión del programa que había firmado hasta octubre de 2026 la anterior administración de Biden, medida que afectará a unos 600 000 venezolanos que se encuentran legalmente en Estados Unidos.
“Mi TPS se vence en abril, pero mi parole se vence en mayo, así que hasta esa fecha tengo permiso de trabajo y de estadía. Ya estoy empezando a aplicar al asilo, recién contraté a un bufete de abogados”, comentó el venezolano, en conversación con Runrunes.
El entrevistado narró que él y su familia están muy impactados por los “repentinos cambios” que han atravesado en pocos días. Y lamentó que, aún haciendo las cosas por la vía legal, tengan que experimentar el temor a la persecución y al ser regresados a Venezuela
“Nosotros vinimos porque el gobierno había dado oportunidad a quienes tuvieran un patrocinador que se hiciera cargo de ellos de ingresar al país. Ellos los evaluaban y uno llegaba con permiso. A mí como periodista muchos me sugerían que viniera por asilo, pero nunca me ha gustado ni la mentira, ni inventar casos. Yo prefería estar en Venezuela y esperar a que se abriera otro canal legal para llegar a EEUU que estar inventando. El gobierno nos concedió un permiso por dos años, y ahora cambió el gobierno y estamos presenciando una cacería de brujas“, expresó.
Madison González, experta en migraciones, explicó que la revocación de alivios migratorios temporales ha sido común en Estados Unidos y agregó que España está a punto de quitar la residencia por razones humanitarias, que viene siendo un equivalente al TPS para venezolanos en EEUU.
“Son mecanismos temporales de protección por lobbies políticos, paños de agua tibia, para resolver una situación puntual. Algunos venezolanos han optado por tener un hijo en territorio estadounidense, o por cambiar de visado, solo que las alternativas en EEUU son pocas y muchos han quedado en situación irregular y se han visto obligados a ser ilegalizados por el mismo Estado que, en un principio, les dio la protección temporal”, profundizó.
“Barrer la migración”, la promesa que mutó en amenaza
Fueron varias las alocuciones en su tercera campaña por la presidencia en las que Donald Trump acentuó su retórica antinmigrante y prometió el operativo de deportación de migrantes más amplio de la historia, tras acusar incluso a los indocumentados de comerse a perros y gatos, asesinar a estadounidenses o “envenenar la sangre” del país.
“Este señor -Trump- tiene apenas nueve días en el poder, y mira cómo van las cosas. Me preocupa mucho la situación de mi papá porque de ese TPS dependería un tiempito más en Estados Unidos. Él se quiere ir para Venezuela, pero no ya, ahora mismo”, contó a Runrunes *una venezolana residente en Orlando.
Su familia, oriunda de Margarita reside en el estado de Florida, cerca de Orlando. Tenían casi nueve años esperando por la decisión del asilo político que introdujeron, y cuando se abrió la ventana del TPS,optaron por esta figura y se les concedió. Pero el miembro de la familia que es octogenario y quien llegó durante la pandemia no solicitó asilo, porque siempre expresó su anhelo de retornar a Venezuela, aunque su esposa falleció. El temor por lo que pueda ser su destino los invade, pues no tiene otro proceso de cambio de estatus o regularización en marcha.
El periodista venezolano consultado recordó las promesas de Trump de “barrer” la inmigración de ese país. Al respecto, comentó que aunque cada gobierno es soberano en sus decisiones y eso “se respeta”, en el camino “están afectando a personas que encontraron una manera legal de reencontrarse con su familia, de trabajar, estudiar, ni siquiera vinieron a vivir de un recurso de acá”.
“Y es cierto que ha salido mucha gente mala, como los del Tren de Aragua pero acá ha habido mafia cubana, italiana, no es la primera vez que llega una migración ‘tóxica’, por decirlo de algún modo, pero siempre es una pequeña cantidad. Yo estoy seguro de que las 1500 personas que Trump liberó y que tomaron el Capitolio cuando él denunció que le robaron la elecciones es un grupo mayor a los venezolanos dañinos que han entrado“, abundó.
Además de suspender la extensión del TPS para venezolanos, en apenas nueve días de gestión, la administración de Trump firmó una orden ejecutiva suspendiendo el Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos (USRAP, por sus siglas en inglés) para detener las llegadas de refugiados durante al menos tres meses, es decir, hasta principios de mayo 2025, y probablemente mucho más tiempo, dependiendo de las evaluaciones de los “intereses nacionales”.
De igual forma, la nueva administración estadounidense suspendió en sus primeras horas de mando la aplicación CBP One, que le daba una vía a los migrantes para entrar legalmente a los EEUU. La decisión afectó a más de 900 000 migrantes que esperaban cita, entre ellos, un buen número de venezolanos. En ese contexto, la Secretaría de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) anunció también que eliminaría gradualmente cualquier programa de parole, que los casos serán revisados por las autoridades migratorias y que los beneficiarios podrían ser elegibles para la deportación o “remoción expedita”.
“El plan es acabar con la inmigración”
En conversación con la periodista María Alesia Sosa la abogada Michelle Canero, del bufete experto en temas migratorios Canero Fadul Reis Law, comentó que el TPS para los venezolanos fue una “bendición” que ahora se esfuma.
“Por primera vez tenían un estatus legal, el asilo es un proceso pendiente, como un limbo jurídico, durante el que estás en riesgo de que, si en la entrevista te rechazan, te refieran a deportación”, precisó.
Lamentó que la administración Trump tomara la decisión de revocar la extensión ya otorgada y no de, simplemente, no extenderla.
“Esperamos que DHS acceda a, por lo menos, extender la expiración del TPS de abril a seis meses, para que ambos grupos tengan la opción de tener esos meses para tomar decisiones sobre su estatus”, instó.
Adelantó que si presenta alguna demanda en la corte, las eventuales litigaciones podrían extender las protecciones por el TPS, como ocurrió después de 2018, cuando la administración Trump intentó revocarlo para ciudadanos de Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras. A esa pretensión le sucedieron varias demandas y apelaciones en tribunales que llevaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a extender la validez de los documentos del TPS mientras el caso seguía sin resolverse
Sin embargo, la jurista adelantó que varios de los funcionarios de migración son nacionalistas y tienen un plan para “acabar con la inmigración”, amén de que tuvieron cuatro años “para estudiar todo lo que hicieron mal” en su primer intento.
“La persona encargada de la agencia de migración en Estados Unidos está llamando ilegales a personas que tienen un estatus legal, les está poniendo una definición incorrecta. Eso es gravísimo y nos indica adonde vamos (…) Aunque para tramitar el TPS, debes demostrar que no eres inadmisible por crímenes cometidos”, denunció.
En un comunicado hecho público este 29 de enero, Amnistía Internacional deploró las medidas ejecutivas de Trump que afectan a los migrantes, incluidas “un llamamiento a las expulsiones masivas, declarar el estado nacional de emergencia e invasión, militarizar la frontera de Estados Unidos con México, restablecer los Protocolos de Protección a Migrantes (más conocidos como el plan “Quédate en México”), poner fin a la tramitación del asilo en la frontera y cerrar la aplicación para teléfonos móviles CBP One”.
Ana Piquer, directora de Amnistía Internacionalpara las Américas, manifestó que estas acciones “afectan gravemente a los derechos de quienes buscan asilo y ponen en peligro incontables vidas, creando amenazas inexistentes para ampliar la militarización, la externalización de las fronteras, el uso generalizado de la detención por motivos de inmigración, las expulsiones aceleradas y la criminalización de quienes defienden los derechos de las personas migrantes”.
Mientras que David Smolansky, quien fuera comisionado de la Organización de Estados Americanos para la migración venezolana entre 2019 y 2023, opinó que miles de venezolanos “trabajan, emprenden, estudian y aportan a la economía de Estados Unidos, especialmente en Florida, gracias a mecanismos de protección como el TPS”.
En ese sentido, pidió que no fueran “sacrificados” por unos pocos, como los miembros del Tren de Aragua, “que sí merecen que les caiga todo el peso de la ley”.
“Millones de cubanos se han beneficiado de mecanismos de protección migratoria por su dictadura. Los venezolanos trabajadores y estudiosos, víctimas de una tiranía hija de Fidel Castro, no merecen menos”, consideró.
Después del TPS, ¿qué?
“Llevaba varios meses diciéndole a mis clientes que debían pensar en sus vidas después del TPS, qué íbamos a hacer después del estatus. La mayoría de ellos están en trámite de residencia, que pueden tardar de tres a cuatro años, entonces tienen que mantener su estatus acá”, reveló la abogada Michelle Canero, del bufete experto en temas migratorios Canero Fadul Reis Law.
Tras la decisión anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el temor y la angustia son las emociones reinantes entre los venezolanos. El comediante Led Varela compartió en sus redes sociales el testimonio de familiares suyos con TPS, quienes temen lo que ocurra luego de que se suspendiera la extensión de esta medida de alivio migratorio.
“Tienen tanto miedo de lo que pueda pasar que redactaron una carta dejando claro quién debe recibir a sus hijos de 3 y 8 años en caso de que a ellos los detengan en la calle y los deporten. Estas son personas que tienen más de un trabajo, pagan impuestos y el poco tiempo que tienen libre lo pasan con su familia, vinieron a Estados Unidos porque estaban hartos de vivir en la miseria. Es arrecho ver a tanta gente decente pasando un momento tan difícil y por el otro lado tienes a un montón de imbéciles gozando con la desgracia ajena. Estos son días para tener empatía, si estás leyendo esto y eres venezolano, es probable que algún amigo tuyo esté aterrado por su futuro, piensa en eso antes de regocijarte”, expresó.
La mente de la venezolana que compartió su testimonio con este medio ya se pasea por las opciones que tendría, en caso de ser deportada. Las trabas para la identidad que afrontan miles de venezolanos en el exterior es una de las primeras cosas que pasan por su mente y le preocupan.
“La primera parada, si nos toca irnos, tendría que ser Venezuela, porque no tenemos pasaporte vigente como para decir que nos vamos a otro país. Estamos consternados, tengo un sentimiento de nostalgia por mi hija, porque ella es la que tiene las oportunidades que ella quiera acá, y es el país que más conoce, lamentablemente, más que la patria que la vio nacer”, expresa, entre sollozos.
Admite también que la cotidianidad se ha vuelto pesada, porque temen que empiecen a registrarse ataques xenófobos “a diestra y siniestra”, amparados por la retórica presidencial.
“Mi esposo está trabajando en obras de construcción, y le dije que cargue encima su permiso de trabajo, porque en una redada de esas, uno no sabe. Y cara de gringos no tenemos. Esta parte de la historia no la quería vivir”, lamentó.
La recomendación de la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, a las personas que tengan TPS es que lleven consigo sus documentos vigentes: “Las personas que tiene TPS en este momento, su TPS está vigente, su permiso de trabajo está vigente. Por favor, carguen todos sus documentos que prueban eso consigo: la aprobación de su TPS y su permiso de trabajo, en original”.
Mientras que la abogada Michelle Canero recordó que las personas con TPS vigente pueden cambiar a otro estatus migratorio o estudiar otras opciones de residencia. “El asilo no es estatus, hablemos de otras visas, como visas de no inmigrantes, extensiones de visas B1 o B2 por seis meses, cambio de estatus a visas de estudiantes, o visas no inmigrantes de doble intención, de personas que han demostrado la intención de no regresar a su país” . Entre esas se encuentran la visa H1-B para profesionales con trabajos especializados, visa O (personas con habilidades o logros extraordinarios), y la E-2 para inversionistas por tratado comercial.
Agregó que los migrantes con TPS, a quienes se les venza el estatus en abril y tienen una solicitud de asilo pendiente, técnicamente no podrían ser deportados, porque tendrían un permiso de estadía autorizado por el Attorney General “que les permitiría estar en Estados Unidos durante la pendencia del asilo”.
Quienes están en serio riesgo son aquellos que solo tenían TPS y no tenían solicitud de asilo pendiente. Caerían en el terreno de la permanencia ilegal, y dependiendo de cuánto estén en esa situación, no solo tendrían que abandonar el país, sino que serían penalizados con tiempos de espera de entre tres y diez años fuera de Estados Unidos para poder solicitar otra visa.
El periodista residente en EEUU que habló con Runrun.es comentó que los venezolanos en EEUU se sienten como si les quitaron la escalera y quedaron “agarrados de la brocha”.
“Los que tenemos el TPS nos sentimos como en pausa. No me han dicho que me tengo que ir, pero mi presencia acá tiene fecha de vencimiento, aunque no es hoy o mañana. Los abogados están colapsados, estoy informándome para ver qué tengo que hacer, si hacer mis maletas, o qué. Yo estoy en proceso de solicitud de asilo“, indicó.
Sin embargo, confía en que la institucionalidad que aún se mantiene en Estados Unidos pueda hacerle frente a medidas que “no tienen nada de humanitarias”: “Este país no es como Venezuela, en donde Maduro dice algo y todos dicen ‘amén’, acá una corte, un juez, el Congreso puede echar atrás esas medidas y estoy expectante a ver qué se puede hacer”.
Recalcó que en pocos meses se diluyó una esperanza combinada: la de un cambio político en Venezuela, la de poder esperar a que se concretara con ciertas oportunidades en Estados Unidos y la de retornar en mejores condiciones a su país.
“Nosotros sentíamos esta estadía como una oportunidad de dos años para ver si las condiciones en Venezuela mejoraban, sobre todo con la emoción por la candidatura de María Corina Machado y Edmundo. Pensábamos que nuestro parole terminaría y regresaríamos a un país libre, pero te puedo decir que Venezuela está peor que cuando nos fuimos, porque por vez primera se demostró el robo electoral y el régimen se quitó la máscara. Pero ahora el guayabo es doble, porque ahora no nos sentimos seguros allá ni acá”, concluyó.
*A solicitud de los entrevistados se omitieron sus nombres
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Las metas personales y la búsqueda de nuevos ingresos tienen prioridad para la mayoría de los venezolanos en el año que recién comienza. Pero no todos olvidan el deseo de cambio político.
2025 se presenta como un año de retos y desafíos para los venezolanos. Aunque muchos siguen apostando por un cambio político en el país, la juramentación de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, aunado a la represión de los últimos meses, parece haber llegado como un balde de agua fría para el activismo y la lucha en las calles.
Los días posteriores a la juramentación se sentía un clima de desesperanza y pesadumbre. Sin embargo, la cotidianidad va imponiendo su inercia y los venezolanos ya se plantean seguir la lucha en todos los terrenos.
Un grupo de medios venezolanos que incluyó a Runrun.es, TalCual El Impulso (Lara), La Nación (Táchira), Yaracuy al Día (Yaracuy), El Tiempo (Anzoátegui), Correo del Caroní (Bolívar), Diario La Verdad (Zulia), La Mañana (Falcón) y Radio Fe y Alegría salió al encuentro de los ciudadanos para preguntar cómo esperan afrontar 2025. Un empleado público, un estudiante universitario, un ama de casa, un profesor universitario, un líder comunitario, un taxista, un obrero, un técnico y un pensionado fueron consultados. Cada uno asegura que no dejará de buscar soluciones para seguir adelante.
Y si en algo coinciden los consultados es que 2025 plantea unos retos complicados, así que la estabilidad emocional y económica serán las prioridades, pero sin desechar por completo la esperanza de un cambio político.
El dinero no alcanza
Entre el 24 y el 26 de enero, estos mismos medios hicieron una consulta en su plataforma Telegram para saber qué piensan sus audiencias sobre la mejor manera de sobrellevar el año 2025.
La pregunta fue “¿cómo decidió afrontar el año”, y las opciones de respuesta planteadas fueron “enfocarme en mis metas personales; seguir trabajando en pro de la democracia, probar suerte fuera de Venezuela y la búsqueda de más ingresos económicos”. Esta última es la opción, junto al alcance de metas personales, las que concentraron la mayoría de las respuestas de los consultados.
Un poco más de 1500 personas respondieron la encuesta en los distintos medios. La opción más votada fue la relativa a los ingresos económicos. Los lectores de En Runrun.es se decantaron por ella en un 41% . Algo similar ocurrió en TalCual (39 %); La Verdad (39 %) La Mañana (53 %); Correo del Caroní (65 %) y El Tiempo (46 %).
El enfoque en metas personales fue la preferida de los lectores de El Impulso (45 %) y Radio Fe y Alegría tanto en Apure como en Guárico.
Seguir trabajando por la lucha democrática sigue siendo una prioridad para un porcentaje de venezolanos que alcanza su pico más alto entre los lectores de TalCual (24 %) y es de menor interés para los de La Mañana ( 8 %) y Correo del Caroní (5 %).
El porcentaje de los que quieren irse del país fue la opción con menos votos en todas las plataformas y en ningún caso superó el 10 %.
Enfrentar la adversidad
Para la psicóloga clínica y social, Yorelis Acosta, la adversidad e incertidumbre “son necesarias siempre” y se deben enfrentar esas emociones, pues es importante “para el desarrollo de fortaleza emocional, capacidades para enfrentar eventos difíciles”. “Estar en escenarios adversos tiene un lado positivo, y es ese desarrollo de capacidades para enfrentar los conflictos y desarrollar estrategias adecuadas”.
La psicólogo señala que la reconstrucción del país “no es una fecha, es un proceso” y recordó que “el descanso y la distracción son fundamentales en todo momento” y recomienda “bajar la intensidad”. Según Acosta, las formas más adecuadas de enfrentar esta adversidad son los afrontamientos expresivos. “Siempre tratar de analizar y comprender lo que está sucediendo, no quejarse solamente, porque la queja no te va a resolver”.
Insistió en que el disfrute debe formar parte de la vida de cualquier persona. “Enfrentar los desafíos es hacernos fuertes y trabajar en cómo desarrollar templanza en este tiempo. Cómo le modelo eso a mis hijos. Que veamos los avances. Nos hemos movido con cierta prosperidad en algunos espacios. El trabajo necesita pausa y disfrute”, concluyó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
