Con el envío de Richard Grenell al Palacio de Miraflores, directo a conversar cara a cara con Nicolás Maduro, la nueva administración de Estados Unidos da continuidad al confesado objetivo de privilegiar sus intereses nacionales frente a cualquier entuerto político global en el cual tenga alguna incumbencia.

Antes se hablaba mucho de la defensa de la democracia y los espacios multilaterales que la promueven como un principio universal. En estos tiempos, las superpotencias invocan en exceso sus prioridades en un marco alimentado por el nacionalismo.

Donald Trump manda a Caracas uno de sus alfiles autorizados, buscando consolidar -casi se puede decir, a imponer- acuerdos migratorios que le permitan devolver emigrantes venezolanos a su país, y consigue que sean liberados los seis ciudadanos estadounidenses en cárceles chavistas.

“Es muy bueno tener a los rehenes de regreso a casa y, muy importante, señalar que Venezuela ha aceptado recibir de regreso a su país a todos los extranjeros ilegales venezolanos incluidos los pandilleros del Tren de Aragua”, dijo un muy complacido Trump en redes sociales.

Aunque a primera vista no recibe nada, Maduro obtiene, a cambio, un intangible de enorme valor estratégico: rango de interlocutor, pertinencia, reconocimiento a su mando. El líder bolivariano sigue esperando que un -con frecuencia- impredecible y pragmático Donald Trump se decida de una vez a aceptar la realidad y a reconocerlo como el hombre fuerte del país, concretando acuerdos de mutuo beneficio, tal y como reconoce a Vladimir Putin, independientemente de la calidad democrática de su mandato.

Con los innegables avances políticos obtenidos en todos estos meses, habría que anotar que las corrientes opositoras han pasado demasiado tiempo formulando proclamas con una sensación de inminencia que parece no tener correlato en los hechos, profetizando que Nicolás Maduro hace o dejar de hacer las cosas, “porque es un gobierno débil”.

La enorme debilidad política y el terrible desgaste reputacional de Nicolás Maduro, y la revolución bolivariana como proyecto político, dentro y fuera de Venezuela, no han tenido todavía el impacto sobre el control que tienen en las estructuras de poder del Estado, que sigue siendo indiscutiblemente claro.

Trump ha venido a ocuparse, primero, de lo que más le interesa: consolidar con Caracas flujos migratorios para cumplir sus promesas electorales y comenzar a devolver personas a Maiquetía. Además, al menos en principio, moderar la política de asedio que caracterizó su anterior administración para que estas personas deportadas tengan un país al cual llegar. En este contexto se produce la noticia de la probable renovación de la licencia a Chevrón en el mes de abril.

Es indiscutible, por otro lado, que la crisis sigue su curso, que el marco económico de Maduro es muy débil, que algunos escenarios siguen abiertos en el mediano plazo, y que María Corina Machado sigue teniendo influencia -y, en consecuencia, margen de maniobra- en sectores neurálgicos de la pirámide de poder actual en Washington.

Son amplios, y están a la vista, los sectores del nuevo gobierno de Trump que siguen completamente dispuestos a jugar duro con Maduro para procurar un regreso a la legalidad en Venezuela.

Durante una conversación telefónica del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio con Edmundo González y María Corina Machado, el funcionario reafirmó “el apoyo de Estados Unidos a la restauración de la democracia en Venezuela, así como a la liberación inmediata de todos los presos políticos, en línea con las aspiraciones democráticas pacíficas del pueblo venezolano”.

Pero parece haber distancia entre lo que dice Rubio y lo que piensa Trump. “Ya veremos”, ha respondido Trump cuando se le pregunta sobre cuál será su política frente al chavismo y Venezuela. Es muy evidente que nadie en el nuevo gobierno republicano siente simpatía o respeto por los dirigentes chavistas. En unas declaraciones posteriores a la llegada de Grenell a Caracas, Trump reflexionó algunas generalidades sobre los pendientes que tiene el chavismo con su gobierno, y afirmó nuevamente que no le quiere comprar más petróleo al país. “Sigo con mucho interés el caso de Venezuela”.

Apagar el fuego con más fuego

Mientras tanto, en el frente interno, los altos mandos chavistas hacen lo necesario para consolidar sus posiciones como autoridades renovadas, haciendo un nuevo llamado para organizar elecciones parlamentarias y regionales este 27 de abril.

Unos comicios filtrados con la puesta en vigencia de la ley Simón Bolívar, en los cuales habrá un veto muy claro para la oposición venezolana. El barajo permitirá al chavismo cambiarse de sillas en sus oficinas del Estado venezolano y consolidar su mando sobre el país independientemente de su enorme impopularidad.

Acude Maduro a un clásico dentro del manual de procedimientos del chavismo para especular políticamente, y en provecho propio, con el concepto mismo de la democracia: convocar nuevos comicios para apagar la polémica sobre uno previamente existente.

Ciertos sectores minoritarios del campo democrático -particularmente, sectores civiles cercanos a las universidades y dirigentes regionales con aspiraciones políticas inmediatas- insistirán en la necesidad de “defender espacios” para lograr zonas de gobernabilidad en el marco hegemónico oficialista, y serán recibidas de manera desigual por la población, parte de la cual probablemente acuda a votar en un marco donde una amplia mayoría no lo haga.

Tendrá entonces el continuismo revolucionario su correspondiente gobernación del estado Zulia, pendiendo sobre ella la posibilidad de un protector nombrado desde Caracas.

La legalidad institucional que pretende construir el chavismo con el concurso de algunos sectores disidentes minoritarios de la oposición se paga y se da el vuelto a sí misma (no es por casualidad que se habla de autocracia), desgajada de la crisis económica, divorciada de lo que la aplastante mayoría del país aspira y opina.

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