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“Mi camino a Japón”, una historia de inspiración que permite apoyar a Fe y Alegría

Redacción Runrun.es
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“Mi camino a Japón”, una historia de inspiración que permite apoyar a Fe y Alegría

Con el libro “Mi camino a Japón” del empresario venezolano Álvaro Pérez Miranda, quien revolucionó el mundo de los restaurantes una vez que a los 17 años de edad tomó las riendas de su vida, decidió perseguir sus sueños y forjarse sus propias oportunidades, no  solo es una oportunidad para conocer esta historia inspiradora, sino también para apoyar a la educación de niños y adolescentes.

Hace varios meses, Pérez Miranda hizo una serie de charlas con jóvenes de diferentes instituciones educativas. Desde entonces decidió que las regalías de su obra “Mi camino a Japón” serán destinadas en su totalidad a Fe y Alegría, que recientemente cumplió 70 años de ininterrumpida labor.

El empresario venezolano es un reconocido creador de conceptos culinarios y productor de exitosos restaurantes como Wabi Sabi, Hiyakawa, Midorie y Ogawa, además de poseer  una estrella Michelin por la calidad de la comida que ofrece en Ogawa, ubicado en Miami, Estados Unidos.

Este “chef de corazón” que nació en el barrio San Blas de Valencia, estado Carabobo, con su libro inspira y motiva a los venezolanos a que se debe luchar por alcanzar las metas, a pesar de las dificultades y de la crisis socioeconómica que vive el país.

📚 “Mi camino a Japón” está a la venta en las librerías Alejandría (Centro Comercial Líder) y El Buscón (Centro Comercial Paseo Las Mercedes) y con la adquisición estarás colaborando con el programa Becas de Fe y Alegría.

Familiares de Jesús Armas denuncian que lleva 100 sometido a aislamiento y tortura psicológica

Redacción Runrun.es
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Familiares de Jesús Armas denuncian que lleva 100 sometido a aislamiento y tortura psicológica

Este miércoles, 19 de marzo, Sairam Rivas, pareja del exconcejal Jesús Armas, informó que hoy se cumplen 100 días desde la detención arbitraria del político.

Rivas denunció que el exconcejal “está sometido a aislamiento prolongado, incomunicación absoluta y tortura psicológica constante, junto con más de 20 presos políticos”.

A través de un post en su cuenta de X, Rivas indicó que Jesús Armas permanece recluido en El Helicoide, el mayor centro de torturas en Latinoamérica.

En este sentido, detalló que al exconcejal se le “niega el acceso a visitas y llamadas familiares, atención médica adecuada y defensa legal privada, derechos consagrados en la Constitución, las leyes y diversos tratados internacionales”.

“Cada día de su detención arbitraria es una violación a sus derechos humanos fundamentales y un recordatorio del abuso sistemático del régimen contra miles de venezolanos. Exigimos su libertad inmediata”, finalizó.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 1.014 personas detenidas por motivos políticos, la mayoría de estos, encarcelados tras las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. 

Amnistía Internacional pide acelerar rendición de cuentas en Venezuela por “persistente política de represión”

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El alto precio de ser mujer en la política: violencia, resistencia y lucha por la igualdad

Natalia Brandler
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El alto precio de ser mujer en la política: violencia, resistencia y lucha por la igualdad

@nataliabrandler

Antes, durante o después… sea que apenas se está iniciando en la organización política, sea que logró ser candidata o que ya fue electa para ocupar un nivel más alto, la gran amenaza y el gran disuasivo para las mujeres en política suele ser, más que ningún otro, los ataques sistemáticos que buscan expulsarlas de los lugares de poder.

¿Quién duda que el poder es esencialmente masculino? Más allá de que la forma tradicional de ejercer el poder masculino sea el dominio y control sobre sus subordinados, su ejercicio también implica una interpretación del mundo, una determinada forma de ver la realidad, excluyente y “polarizante”, que no solo influye en el comportamiento individual, sino que permea la conducta y la organización de las instituciones.

El verdadero desafío del feminismo es el patriarcado

El poder así concebido no es necesariamente violento. Puede utilizar numerosos mecanismos “blandos” de atracción, persuasión o influencia cultural, política o diplomática para lograr imponerse. Pero su fin es imponerse.

No es que todas las mujeres sean “esencialmente pacíficas” pues, como señala Amelia Valcárcel (a quien cito a menudo porque ha desarrollado conceptos esenciales para el feminismo), muchas veces el mismo sistema patriarcal las lleva a usar su capacidad de violencia contra otras más débiles o para defender la violencia de sus varones “propios”. Sin embargo, en términos generales, en una “sociedad imparcial las mujeres nada tienen que ganar con la violencia”.

Cuando una mujer entra en la política, no solo enfrenta debates o diferencias ideológicas: enfrenta un sistema históricamente hostil hacia su presencia. Si se muestra rebelde e insumisa, el costo es el ostracismo y la dificultad para ascender.

Legitimidad y berrinches

Esto hace que muchas mujeres, para evitar ser tachadas de conflictivas, adopten para ellas un estilo de poder masculino al tiempo que se comportan como las supermujeres, atractivas, siempre esforzándose por verse jóvenes, perfectas profesionales, madres excepcionales, siempre radiantes y haciéndole el trabajo a toda la familia. Y, de paso, acatando sin chistar las directrices masculinas en sus organizaciones.

Y la exclusión es mayor si quienes ocupan los puestos de poder político son mujeres afrodescendientes, indígenas, lesbianas o con una discapacidad. Sus voces, muchas veces negociadoras, no encuentran eco en espacios públicos cerrados aun cuando ellas también pueden contribuir a hacer frente a los riesgos y amenazas que enfrentan las democracias contemporáneas.

Antes de entrar a discutir más a fondo este tema, quiero afirmar que las mujeres disponen de al menos tres mecanismos para enfrentar la violencia política.

El primero: defender la democracia y luchar por su restablecimiento o su desarrollo, según sea el caso

Las democracias tradicionalmente han gozado de mayor paz, garantía de los derechos ciudadanos y, por ende, de las mujeres. Y se ocupan más del bienestar colectivo. En democracia las mujeres tenemos mucho que ganar.

Las dictaduras, en cambio, crean un imaginario de amenazas, de violencia, de peligro, en donde la única respuesta son las armas, la confrontación o la persecución. En ese contexto, las mujeres adoptan tres posibles posiciones: la resistencia, que indudablemente lleva consigo un riesgo de mayor violencia hacia ellas a corto plazo; la supervivencia, que consiste en ignorar el contexto y evitar la confrontación y la tercera, la adaptación, que consiste en mimetizarse y hacer suyo el discurso autoritario y ponerse a su servicio. Sin democracia no puede haber avance para los derechos de las mujeres.

El segundo: un mecanismo poderoso para enfrentar la violencia política es el empoderamiento personal

Una lideresa con gran poder personal tiene herramientas que le permiten, si no evitar la violencia, al menos contenerla, ponerle freno, porque su influencia y su imagen pública y mediática son un disuasivo para el poderoso. Tener poder político no es sinónimo de ejercer el poder para imponerse a los demás. Las mujeres tienden a usar el poder para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Hay numerosos casos que muestran lo que ellas han logrado cuando lo ejercen. En Liberia, la presidenta Ellen Johnson Sirleaf pacificó al país después de la guerra civil. En Ruanda, poco más de una década después del genicidio de 1994, una mayoría de mujeres parlamentarias logró convertir al país en el más seguro de África. 

El tercero: un fuerte nivel de organización de las mujeres es requisito para que puedan enfrentar juntas cualquier expresión de violencia política

Las mujeres organizadas han demostrado ser increíblemente hábiles para encontrar formas rápidas e ingeniosas de superar las dificultades. En Argentina las coaliciones de feministas de izquierda y de las más progresistas de la centroderecha articularon una campaña común en torno a la despenalización del aborto, que las legisladoras de distintos partidos legalizaron en 2020. En México, la reforma de “paridad en todo” (2019) contó con apoyo desde la izquierda hasta sectores del conservadurismo moderado.

Madres comprometidas con las comunidades

Pero… ¿qué es la violencia política basada en el género?

La violencia política basada en el género ocurre cuando a una mujer se le ataca, limita o silencia por el simple hecho de ser mujer. Este fenómeno ocurre en todo el mundo y bajo diferentes sistemas políticos y a cualquier edad. Las jóvenes políticas también viven la coacción y el acoso. Varias han denunciado abiertamente en sus redes sociales esta problemática.

En Venezuela, la Ley de Reforma Parcial a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2021, tipifica en su artículo 19 la violencia política, aunque su aplicación efectiva es nula. En México, la Instancia de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral tipifica distintos tipos de violencia política hacia las mujeres: simbólica, psicológica, física, digital, institucional, sexual y económica.

Datos de la Unión Interparlamentaria revelan que más del 80 % de las mujeres parlamentarias ha sufrido violencia psicológica, casi el 70 % ha sido insultada públicamente y alrededor del 40 % ha recibido amenazas graves. Esta violencia no es solo un problema individual, sino un ataque directo a la democracia y la igualdad de representación.

Estrategias para enfrentarlo

Las leyes han avanzado en esta materia en América Latina, pero no contamos con mecanismos efectivos para prevenir, sancionar y erradicar estos ataques. Algunas estrategias incluyen reformas legislativas, protocolos de protección en países como Bolivia, Perú, México, Argentina y Ecuador, y regulación en redes sociales para reducir los discursos de odio. Sin embargo, la impunidad sigue siendo un desafío.

Las campañas Ni una menos, en Argentina; y Vivas nos queremos, en México, reúnen a mujeres de todo el espectro político para exigir medidas contra los feminicidios y la violencia de género. A pesar de las diferencias, el consenso mínimo ha sido la urgencia de políticas públicas y leyes más efectivas.

Un documento clave en esta lucha es Violencia contra las mujeres en política: Hoja de ruta para prevenirla, monitorearla, sancionarla y erradicarla, elaborado por ONU Mujeres, el PNUD e IDEA Internacional en el marco de la iniciativa ATENEA. Este informe presenta estrategias nacionales para abordar la violencia política de género.

Si has vivido esta violencia, no estás sola. Si conoces a una mujer que la ha enfrentado, acompáñala y denuncia. Es momento de que las mujeres se movilicen nuevamente para lograr los cambios estructurales que garanticen que ninguna mujer tenga que pagar con su seguridad o su vida el costo de participar en política. No basta con abrir espacios para las mujeres en la política si estos espacios no son seguros.

nataliabrandler@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. No comprometen la línea editorial de RunRun.es

Sector universitario protesta para exigir aumento salarial

Redacción Runrun.es
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Sector universitario protesta para exigir aumento salarial

Este miércoles, 19 de marzo, en el marco del Día del Trabajador Universitario, estudiantes, empleados y obreros de las universidades Simón Rodríguez y Simón Bolívar, acompañaron a la movilización convocada por la Universidad Central de Venezuela para exigir un aumento salarial.

“No quiero bono, no quiero Clap, yo lo que quiero es aumento salarial”, coreaban los manifestantes en la UCV desde tempranas horas de la mañana.

Tras sumar tres años sin un aumento salarial, distintas autoridades universitarias se concentraron para marchar hasta el Ministerio de Educación Universitaria para entregar un pliego petitorio en el que demandan el aumento de las becas estudiantiles, el presupuesto para las universidades y el sueldo de todo el personal.

En un video publicado en la cuenta en X de Viva la UCV, la vicerrectora académica, Fátima Garcés, informó que marcharían para solicitarle al ministro Ricardo Sánchez, reivindicaciones salariales para todos los que hacen vida en la universidad. “Queremos acompañar a todos los gremios para exigir lo que está consagrado en la Constitución”, dijo.

Piquete policial impidió el paso

Reportes en redes sociales demostraron que a las 11:10 a.m. un piquete de la Policía Nacional Bolivariana impidió que la movilización del sector universitario continuara su marcha.

“Siempre digo, si voy a morir que sea luchando, por un cambio, por un salario con poder adquisitivo”, expresó una manifestante frente al piquete de la PNB.

Por su parte, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Miguelangel Suárez, exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a entregar el presupuesto que le corresponde a la UC. 

“No podemos confiar la administración de la universidad de unos tipos que quebraron el país, no lo permitiremos”, dijo.

“¿Y dónde están los reales para la educación? Los tiene Ricardo, debajo del colchón”, era otra de las consignas de los empleados y docentes en la entrada de la Puerta Tamanaco en la UCV, tras la obstaculización por parte de la PNB. 

Según un reporte de Viva la UCV, un supuesto representante de Ministerio de Educación Universitaria llegó al lugar de la protesta para alegar que “no puede existir aumento salarial debido a las sanciones que sufre Venezuela”.
 
La comunidad universitaria respondió “aquí no hay sanciones, lo que hay es son ladrones”.

 
Noticia en desarrollo…

Amnistía Internacional pide acelerar rendición de cuentas en Venezuela por “persistente política de represión”

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Amnistía Internacional pide acelerar rendición de cuentas en Venezuela por “persistente política de represión”

La ONG Amnistía Internacional pidió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acelerar los mecanismos para la rendición de cuentas en Venezuela ante la “persistente política de represión”.

De acuerdo con la declaración de la ONG ante el Consejo, hecha este martes, 18 de marzo, mientras “la situación en Venezuela se deteriora, no se puede subestimar la importancia de los mecanismos internacionales de escrutinio y protección”.

“A fecha de principios de marzo, al menos cinco niños siguen detenidos arbitrariamente y al menos 220 están siendo sometidos a juicios injustos y a acusaciones infundadas de ‘terrorismo’ y otros delitos discrecionales”, advirtió Amnistía.

Esos niños, añadió la organización, sufren “las consecuencias de su detención arbitraria, criminalización y, a menudo, tortura”. En tal sentido, exigieron que se les otorgue “la libertad incondicional y reparación inmediata para todos ellos”.

Por otra parte, la organización exigió la liberación de “personas presas de conciencia” como Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda. De hecho, más de mil personas siguen detenidas injustamente por motivos políticos, y todas deben ser liberadas”, agregó.

“Nos alarma el creciente uso de desapariciones forzadas como arma para silenciar voces críticas. Al seguir cometiéndose crímenes internacionales y graves violaciones de derechos humanos sin consecuencias en Venezuela, reiteramos nuestro llamado a la Fiscalía de la CPI para que acelere su investigación sobre la situación en el país”, sumó Amnistía.

Finalmente, la organización pidió a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela “que arroje luz sobre las formas en que este Consejo y los Estados podrían y deberían cooperar con los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, incluidas su Misión y la CPI”.

Persecución aumentó después del 10 de enero de 2025

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó el 18 de marzo una actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país ante el Consejo de DDHH en Ginebra.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión, denunció que el gobierno venezolano “sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades”.

De acuerdo con la Misión, las detenciones arbitrarias de personas opositoras o percibidas como tales “han continuado y se han incrementado durante el periodo inmediatamente anterior a la investidura presidencial el 10 de enero de 2025″.

Asimismo, el reporte denuncia la represión de la fuerzas de seguridad y grupos de civiles a las protestas, así como “situaciones violatorias de derechos humanos, especialmente detenciones arbitrarias”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Misión de la ONU retrata la violencia poselectoral en un nuevo reporte

Rubio amenazó con sanciones severas si gobierno madurista no acepta vuelos de deportación

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Rubio amenazó con sanciones severas si gobierno madurista no acepta vuelos de deportación

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, amenazó con imponer sanciones “severas” al régimen de Nicolas Maduro si este no acepta los vuelos de deportación a Venezuela provenientes de territorio norteamericano. 

“Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos. No es un asunto de debate ni de negociación. Tampoco merece ninguna recompensa. A menos que el régimen de Nicolás Maduro acepte un flujo constante de vuelos de deportación, sin más excusas ni retrasos, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones severas y serán crecientes”, dijo Rubio en su cuenta de la red social X.

Con el pretexto de que Estados Unidos estaba sufriendo una “invasión” del Tren de Aragua y sin presentar prueba alguna, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó en secreto el viernes pasado una orden ejecutiva para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa que no entraba en vigencia desde la Segunda Guerra Mundial. 

Como consecuencia de esa proclamación, el sábado la Casa Blanca envió por vía aérea a más de 200 migrantes presuntos miembros del TDA a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador con el aval del presidente de ese país, Nayib Bukele. 

Después de que Trump se juramentara como presidente el pasado 10 de enero, su enviado para Misiones Especiales, Richard Grenell se reunió con Maduro y sus acólitos en el Palacio de Miraflores y acordaron la renovación de los vuelos de deportación, la liberación de al menos un sexteto de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y la eventual renovación de la licencia de Chevron prolongación que semanas después fue suspendida por la administración republicana.

El propio Grenell anunció que luego de una interrupción los vuelos iban a reanudarse, pero el viernes pasado el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que estos fueron postergados por “problemas climáticos”. 

 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

 

 

Machado y Edmundo González piden protección a migrantes venezolanos tras decisiones de EEUU

Misión de la ONU retrata la violencia poselectoral en un nuevo reporte

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Misión de la ONU retrata la violencia poselectoral en un nuevo reporte

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó este 18 de marzo una actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión, fue le encargada de leer en el reporte en el que denunció que el gobierno venezolano “sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades”.

Patricia Tappatá, experta de la Misión, también tomó palabra para exponer la renuencia o dificultades que expresan las víctimas o familiares para cooperar en las investigación, debido “a una realidad de extorsión por parte del Estado”.

“Y aquellas personas que formulan denuncias por violaciones a derechos humanos o expresan una opinión crítica pueden ser objeto de detención y de pérdida en un universo donde la información sobre suerte y paradero es si no imposible, incierta”, enfatizó. 

La Misión solicitó al Consejo de Derechos Humanos que inste al Gobierno a “liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente” y a que se les preste “atención médica adecuada y oportuna mientras sigan detenidas”.

A continuación, resumimos en claves los aspectos más relevantes de esta actualización. 

Presiones para el resultado del 28 de julio

En el informe se denunció que el Consejo  Nacional Electoral, “desconociendo lo que establece la legislación electoral venezolana, nunca publicó ni el acta de totalización de votos ni las actas de escrutinio por mesa”.

La Misión alertó además que recibió “testimonios creíbles y corroborables de que miembros del Consejo recibieron instrucciones políticas para anunciar un resultado distinto al que se obtuvo en las urnas”.

Muertes en protestas poselectorales

La Misión denunció que las diligencias y experticias respecto a las muertes en las protestas poselectorales han sido “mínimas” y que varias fuentes continúan renuentes a brindar información a la misión “por temor a represalias tras haber sido advertidas por las autoridades de no divulgar ninguna información al respecto”.

Se refirieron concretamente a la muerte de siete personas ocurrida en el marco de la protesta del 29 de julio en inmediaciones del obelisco de San Jacinto en la ciudad de Maracay, estado de Aragua.

“La Misión ha analizado más de 80 vídeos y más de 100 fotografías sobre estos hechos confirmando que miembros del ejército y de la GNB, incluido el CONAS, encargados del control de la protesta portaban armas de fuego incluidas escopetas, pistolas y fusibles, además del material antidisturbios como el lanzagranadas para gases lacrimógenos; dos personas civiles resultaron muertas por impactos de bala. En estos eventos, también resultó muerto el sargento primero José Antonio Torrentz de la Guardia Nacional Bolivariana”, detallaron. 

La Misión informó que identificó a cuatro generales, un coronel y un teniente coronel del ejército y de la GNB involucrados en las tareas de orden público en el marco de esta protesta y que dos de ellos se encontraban “dentro de una instalación militar desde donde se disparó a las personas que se manifestaban”.

Torturas y tratos crueles a detenidos poselectorales

Las investigaciones llevadas a cabo por la Misión hasta la fecha, presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos, dan muestra de que varias de las detenciones arbitrarias realizadas con posterioridad a las elecciones presidenciales “fueron seguidas de períodos prolongados de incomunicación y desapariciones forzadas principalmente de corta duración” y destacan que es un patrón de comportamiento de las fuerzas de seguridad que han denunciado en anteriores reportes. 

Les preocupa además, y dejaron constancia, del “paso por centros clandestinos de detención o casas de seguridad” de los detenidos antes de ser conducidos a centros oficiales.

Adicionalmente, la Misión ha continuado investigando “denuncias de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidas contra personas detenidas después del 28 de julio, cometidos tanto en los centros oficiales de detención como en esas casas de seguridad”. Se refirieron a un caso de uno de los detenidos, quien narró que sufrió golpes con varas de madera y metal. 

Se mencionó también que los detenidos poselectorales han referido sus traslados a celdas de castigo, o el sometimiento ” a un régimen de incomunicación durante semanas por haber reclamado mejores condiciones de detención”.

Muertes bajo custodia del Estado

En el reporte se incluyó la mención a las muertes de cuatro presos políticos bajo custodia del Estado. De ellos, tres fueron detenidos entre el 29 de julio y el 2 de agosto y sus muertes se produjeron en noviembre y diciembre. La cuarta persona fue detenida en enero de 2025 y murió en febrero.

“Todas las muertes se debieron a complicaciones de salud de las personas detenidas. La Misión no tiene información de que las autoridades competentes hayan iniciado alguna investigación como establece el derecho internacional”, denunciaron, al tiempo que instaron a las autoridades a que brinden “atención médica adecuada y oportuna” a todas las personas detenidas.

Detenciones a dirigentes y periodistas

Según los datos de la Misión, entre septiembre y diciembre de 2024, en el país fueron detenidas 42 personas opositoras o percibidas como tales, 41 hombres y una mujer, entre las que se encuentran dirigentes y activistas políticas, y al menos, 14 periodistas.

Al reporte sumaron los detenidos durante la primera quincena de enero de 2025: al menos a 84 personas percibidas como opositoras, 69 hombres, 13 mujeres y dos adolescentes, incluidos dos dirigentes de organizaciones sociales y una persona con discapacidad.

En este apartado incluyeron las detenciones de Carlos Correa, presidente de la ONG Espacio Público, cuyo paradero solo fue conocido nueve días después cuando fue liberado; la de Enrique Márquez, excandidato presidencial por el Partido Centrados y antiguo rector del Consejo Nacional Electoral y la de Ángel Godoy, periodista y director de la organización política Movimiento Democracia e Inclusión.

“La Misión también está investigando varios casos en los que se continúa aplicando la práctica de detener a familiares de líderes políticos de oposición y de actores de la sociedad civil. Por ejemplo, el 7 de enero fue detenido Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, cuando llevaba a sus hijos a la escuela”, precisaron. 

Persecución aumentó después del 10 de enero de 2025

Durante el periodo de actualización, de acuerdo con la Misión, las detenciones arbitrarias de personas opositoras o percibidas como tales “han continuado y se han incrementado durante el periodo inmediatamente anterior a la investidura presidencial el 10 de enero de 2025″.

En el reporte se denuncia la represión de la fuerzas de seguridad y grupos de civiles a las protestas, así como “situaciones violatorias de derechos humanos, especialmente detenciones arbitrarias”.

Asedio a embajada argentina

La situación de “acoso constante, incluyendo restricciones de acceso a servicios básicos ordenadas por las autoridades” de los seis opositores asilados en la residencia del embajador de Argentina también fue denunciada por la Misión de la ONU.

Recordaron que en este mes de marzo se cumple un año desde que buscaron ese salvaguardo, así como también que una de esas personas (Fernando Martínez Mottola) falleció en su domicilio a causa de una enfermedad el 26 de febrero de 2025, después de haber podido abandonar la residencia el 20 de diciembre de 2024.

“A la fecha de esta actualización, el Gobierno no ha concedido los salvoconductos necesarios para salir del país a las cinco personas restantes, quienes siguen soportando condiciones de acoso constante”, alertaron, por lo que exhortaron al Consejo a que inste al gobierno a liberar “inmediatamente y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluso desde antes del periodo electoral”.

Detenciones a personas extranjeras

La actualización incluyó la referencia a la detención de personas extranjeras en Venezuela, unas 150 según el propio gobierno. 

“En la mayoría de estos casos, las personas extranjeras no han tenido acceso a comunicarse con una oficina consular o misión diplomática del estado del que son nacionales, en violación de la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares. Las autoridades también han ignorado solicitudes de información de consulados y misiones diplomáticas sobre casos específicos. Las familias tampoco han podido comunicarse con estas personas, en algunos casos desde hace varios meses”, precisó la Misión.

Señalamientos a Cabello

La Misión se refirió al nombramiento en agosto pasado de Diosdado Cabello como ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y lo señaló de “dirigir formalmente el centro del aparato represivo del Estado” y de continuar “amenazando públicamente a personas opositoras o percibidas como tal”.

Se refirieron asimismo en este breve reporte a las denuncias de la Fiscalía chilena de que una de las personas detenidas identificó a Diosdado Cabello como la persona que ordenó la acción contra Ronald Ojeda, teniente asesinado en ese país. 

Restricciones al espacio cívico

En el resumen se incorporó la aprobación en noviembre de 2024 la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales y la Ley orgánica libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela y se advirtió que el lenguaje “expresamente ambiguo ambas leyes permiten una aplicación discrecional restrictiva de los derechos y libertades y prevén graves sanciones, incluidas en el caso de la Ley Simón Bolívar, penas de prisión de hasta 30 años e inhabilitación política de hasta 60 años”.

 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Ni justa, ni competitiva, ni transparente: CIDH sobre la elección presidencial venezolana

El Mañanero del 19 de marzo: Pdvsa, cronología de una empresa en ruinas, y más noticias

Redacción Runrun.es
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El Mañanero del 19 de marzo: Pdvsa, cronología de una empresa en ruinas, y más noticias

En El Mañanero del 19 de marzo de Runrun.es resumimos los titulares más destacados de Venezuela: escándalos y tramas de corrupción, decenas de víctimas en accidentes de la industria petrolera, socios internacionales que huyen mientras otros llegan, y cuatro de nueve presidentes en la cárcel. La historia de Pdvsa desde 2002, año en el que Hugo Chávez despidió con un silbato a la alta gerencia de la compañía estatal más importante del país, la repasamos año a año en este especial de Runrun.es

Machado y González pide proteger a migrantes venezolanos tras decisiones de EEUU

Anuncian movilizaciones para exigir aumento de salario mínimo

Gobierno venezolano oficializó alerta de viaje para Estados Unidos

Pilieri cumplió 200 días preso y aislado de familiares 

 

Pdvsa: cronología de una empresa en ruinas

Operación Retuit, finalista en los Premios Rey de España

Elecciones del 25 de mayo en Venezuela, ¿son viables?

El impacto en la economía venezolana por salida de Chevron

Misión de la ONU sobre #Venezuela alerta al Consejo DDHH #HRC58 que miembros del CNE recibieron instrucciones políticas para anunciar un resultado distinto al que se obtuvo en las elecciones presidenciales 28J:

“El CNE nunca publicó el acta de totalización de votos ni las actas… pic.twitter.com/jjZQsaLsTK

— PROVEA (@_Provea) March 18, 2025 height=”48″ />

 

 

“La ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, seguramente anunciará que Pdvsa se hará cargo de las operaciones que deja Chevron, pero, como siempre, volteará la mirada cuando se le reclamen asuntos salariales”, afirmó Iván Freites, sindicalista petrolero. 

 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

 

Como los tentáculos de un pulpo: el asedio a los refugiados en la Embajada Argentina
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