¿Se puede sentir culpable o asustada una persona solo por el hecho de poseer una nacionalidad? Muchos venezolanos se están haciendo esa interrogante dentro y fuera de los Estados Unidos, luego de que el gobierno del presidente Donald Trump enviara aviones a El Salvador el pasado fin de semana con más de 200 presuntos miembros del Tren de Aragua, los cuales fueron encarcelados en una prisión de máxima seguridad.
A esto se le sumó una publicación hecha por The New York Times, donde a propósito de una filtración se conoció que la administración republicana estaría evaluando bloquear la entrada a territorio estadounidense de ciudadanos venezolanos junto a otra decena de gentilicios.
Previamente, y a horas de su toma de posesión en Washington, Trump bloqueó el CBP One, una aplicación para que migrantes venezolanos sin documentos lograran ingresar de manera legal a suelo estadounidense para tramitar su estatus. Seguidamente, cayó el Parole Humanitario, con el que personas entraban por aeropuertos avalados por un sponsor y el TPS (Estatus de Protección Temporal). Todo eso en poco más de dos meses de mandato del otrora protagonista del reality show “El aprendiz”.
Organizaciones civiles dentro y fuera de Estados Unidos han denunciado una política de persecución y estigmatización al venezolano, protagonizada por Trump y sus acólitos, entre ellos, Marco Rubio, el primer secretario de Estado de ascendencia latina.
Wicked
Rafael Uzcátegui, codirector de Laboratorio de Paz, recordó que lo que está haciendo Trump en materia migratoria es simplemente cumplir las promesas que hizo durante su campaña electoral.
“De hecho, prometió explícitamente realizar la mayor operación de deportación en la historia de América. Trump es un presidente liberal que está debilitando la institucionalidad democrática en Estados Unidos con un estilo personalista de gobierno. Antes de llegar a la Casa Blanca, convirtió la migración en el foco de su discurso y prometió realizar deportaciones masivas, así como endurecer las políticas de ingreso a los Estados Unidos”.
El director del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez, indicó que durante su campaña electoral, Trump hizo énfasis en estigmatizar a la diáspora venezolana y asociarla al Tren de Aragua.
“Muchos medios de comunicación se hicieron eco de esa narrativa. Utilizando además datos que no se corresponden con la realidad y que incluso fueron negados por gobernadores del propio Partido Republicano”, precisó.
Unos completos desconocidos
Aunque CBS News emitió una lista con los nombres de los 238 venezolanos que fueron recluidos sin ser sometidos a un proceso judicial público en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, el gobierno de Trump no se ha pronunciado oficialmente sobre las identidades.
Uzcátegui aseveró que las denuncias de familiares de venezolanos detenidos en este centro sobre presunción de inocencia deben ser escuchadas por las autoridades estadounidenses y salvadoreñas.
“Hay personas que han sido deportadas a El Salvador que no tienen antecedentes criminales. Las condiciones de reclusión en el Cecot son violatorias a los derechos humanos”, alertó.
Laura Dib, directora del programa de Venezuela en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), manifestó que el traslado de los detenidos a la nación centroamericana supone una violación al debido proceso.
La abogada indicó que la Ley de Enemigos Extranjeros en la que se amparó Trump para expulsar a los presuntos criminales expone que el gobierno puede detener a cualquier persona cuando hay una declaración de guerra o una invasión.
“Valerse de esa ley de 1798 para gerenciar a un país por encima de la distribución de poderes no le hace bien a nadie, más bien, hace mucho daño. La diáspora nunca es el problema, la diáspora siempre es parte de la solución”, acotó Páez.
El presidente de El Salvador Nayib Bukeke, recibió a los deportados el pasado fin de semana, pese a que al juez federal James Boasberg emitió una orden para que los aviones donde iban regresaran a los Estados Unidos.
Trump respondió con su verbo incontenible y llamó al juez “alborotador y agitador de extrema izquierda”, además de pedir su destitución.
“Durante más de dos siglos, se ha establecido que el proceso de destitución (impeachment, en inglés) no es una respuesta apropiada al desacuerdo relativo a una decisión judicial. El proceso normal de revisión en apelación existe para ese propósito”, salió al paso John Roberts, presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Dib expresó que, efectivamente, las cortes y los jueces van a jugar un rol importante en esta situación.
“¿Cuáles son los elementos para decir que efectivamente hay una invasión o que estamos ante una guerra? Porque el documento dice que se han cometido actos de guerra dentro del territorio estadounidense por parte del Tren de Aragua. De los casi un millón de venezolanos que viven en Estados Unidos, ¿cuántos efectivamente hacen parte de esta organización criminal para justificar una actuación de esta naturaleza tan drástica y que criminalice a toda una población? Todo es un uso de expresiones profundamente desproporcionadas para referirse a una banda criminal que sin duda debe ser judicializada, pero no en este contexto”, denunció.
Un dolor real
De acuerdo a un reportaje de la BBC, un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) determinó que existe presencia del TDA en al menos 16 estados, pero aún se desconoce una cifra exacta de miembros de esta banda en Estados Unidos.
Hay 100 investigaciones federales, el gobierno de Joe Biden la declaró organización criminal transnacional y desde el pasado 20 de enero es considerada una “organización terrorista”.
“En octubre de 2024, hace apenas unos meses atrás, DHS reveló que tenían identificadas a 600 personas venezolanas dentro de territorio estadounidense con vínculos con el Tren de Aragua”, indicó Uzcátegui.
Patricia Andrade, directora de la Fundación Raíces en Miami, calcula que rondan los 1000 integrantes a lo largo de 20 estados. “Yo no creo que el gobierno tenga la cifra exacta, porque ellos crecieron y captaron gente”.
A juicio de Andrade, la política de fronteras abiertas de Biden hizo que se colaran miembros del TDA.
“El mismo exsecretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que aquí todos son bienvenidos, todos”.
Andrade consideró injusto que por una minoría se juzgue al resto de los venezolanos en suelo estadounidense: “Nos están rayando a los que hemos llegado aquí a trabajar, no es posible que venga un grupito de menos del 1% a enlodar las cosas”.
A juicio de Andrade, el gobierno de Trump no ha violado el debido proceso en su lucha contra el TDA y sus presuntos miembros. “Cuando pasas las fronteras sabes que debes someterte a unas normas, como cuando pides una visa. No están violando nada, son las normas de aquí. Me parece doloroso lo que estamos pasando los venezolanos, es como tener una enfermedad. El único responsable de esto se llama Nicolás Maduro. Ojalá que este endurecimiento de políticas lleve a una salida del régimen en Venezuela”.
La Sustancia
Uzcátegui indicó que las deportaciones masivas, calificadas por las autoridades estadounidenses como “Operación Aurora” han generado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles en Estados Unidos.
“Hay que aclarar que esta situación no afecta sólo a los venezolanos. Los primeros vuelos de deportación generaron tensiones con los gobiernos de México y Colombia, a quienes Trump amenazó con una agresiva política arancelaria en caso de no aceptar a los repatriados”, recordó.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) expresó que “la decisión de ampliar la deportación acelerada a un amplio grupo de no ciudadanos que viven en cualquier parte de los Estados Unidos ignora casi tres décadas de experiencia que muestran que el proceso de deportación acelerada, incluso cuando se utiliza en la frontera para los recién llegados, está plagado de errores y da lugar a violaciones generalizadas de los derechos legales de las personas”.
Por su parte, el American Immigration Council (Consejo Americano de Migración) advirtió que la falta de revisión judicial adecuada podría aumentar las deportaciones erróneas, afectando a inmigrantes con casos legítimos de asilo o con vínculos comunitarios en suelo estadounidense.
“En el caso venezolano se ha tenido que construir una narrativa que legitime la devolución de ciudadanos a un país que ha sido calificado por la Casa Blanca como dictadura y violador de derechos humanos. Para poder obviar esta contradicción, se ha utilizado el argumento de una invasión al país por parte del Tren de Aragua, por lo que todos los venezolanos estarían siendo sospechosos de pertenecer a ese grupo criminal”, dijo el codirector del Laboratorio de Paz.
Aún estoy aquí
Uzcátegui advirtió que, amparándose en la narrativa del TDA y el peligro que representa, el gobierno de Trump mantiene en vilo a más de medio millón de personas que poseen el Estatus de Protección Temporal (TPS) y que pudieran ser víctimas de una deportación.
“Si fuera real que la principal preocupación es el TDA, hubiera bastado la deportación de esas personas identificadas, que representan el 0,1% de todo el universo de venezolanos en ese país. Entonces el problema no es el TDA, el foco de la administración Trump es acabar con la migración a toda costa”.
El director del Observatorio de la Diáspora Venezolana recordó que, con TPS, los venezolanos no pueden permanecer irregularmente en territorio estadounidense.
“El permiso temporal es para documentar a las personas, es decir, que hay una base de datos con nombre, dirección, perfil y fácilmente se puede buscar información referida a cada persona, conocer sus antecedentes”, indicó.
Andrade esbozó que la naturaleza del TPS es temporal
“Cuando tú quieres emigrar, debes cambiar el estatus. Hubo gente que se quedó dormida y se quedó solo con el TPS. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes solo el TPS y te quedaste dormido y no te cambiaste a una visa de inmigrante, por supuesto que estás asustado. Escuché una declaración del alcalde de Doral diciendo que no quiere delincuentes en su ciudad. Tú puedes tener TPS, pero no puedes cometer delitos, tienes que obedecer las leyes. Tú tienes que portarte bien, este no es tu país. El que aquí no ha cometido delito y paga sus impuestos, no le pasa nada. La jefa de policía de Miami Dade lo ha dicho bien claro, ellos no piden papeles en la calle”, opinó.
Flow
Páez sostuvo que aunque no es oficial lo publicado por The New York Times sobre un supuesto veto a los venezolanos es triste y preocupante el proceso de estigmatización y de asociación de una comunidad con la criminalidad.
“Ya uno no sabe si hay algún ensañamiento particular con Venezuela, pero eso hace recordar cosas como el fascismo, la persecución de culturas y de comunidades, como la judía, por ejemplo”, lamentó.
“No sé qué información maneja la administración de Trump para que tome una medida tan drástica contra Venezuela, porque que lo hagan con un país que ellos consideran enemigo está bien, pero la mayoría de los venezolanos no somos así, no sé si forma parte del cambio de política”, se cuestionó Andrade.
“¿Qué información maneja el gobierno para que haya tenido que sacar esa Ley de Extranjeros? No voy a decir que está bueno o está mal. ¿Qué más hay que no sabemos? Debe ser un problema mucho más grave para que hayan tenido que llegar a esa ley. Ellos no han podido llegar a cumplir su objetivo de limpiar las calles, porque nosotros como venezolanos si vemos el tamaño del problema”, prosiguió.
Páez negó que la delincuencia en Estados Unidos haya crecido a medida que aumenta la migración.
“En el estudio que presentó el Instituto Cato frente al Congreso hace un par de meses quedó demostrado que no es verdad, todo lo contrario”.
El director del Observatorio de la Diáspora Venezolana sostuvo que los gobiernos norteamericanos siempre han apelado a una narrativa para sacudirse sus índices de criminalidad.
“En el siglo antepasado se acusó a los italianos, antes fueron los chinos, luego los irlandeses, siempre hay acusaciones de ese tipo. Entonces ese argumento del TDA ha sido una venta extraordinaria para conseguir votos, pero no se corresponde con la verdad.”
Páez expuso que según el Pew Research Center, más del 60% de los migrantes llega a Estados Unidos con visa y luego se queda.
“La persona que llega con una visa de 6 meses, luego opta por quedarse, ese es el grueso. Se vendió la idea de que la mayoría entraba por la fronteras sin documentos. La migración de indocumentados ocurre por las vías normales, es decir, en los puertos y en los aeropuertos, están enfrascados en una pelea para atacar al 30% cuando el 60% ingresa por el otro lado”.
Páez señaló que el ensañamiento contra los venezolanos ha llegado incluso a provocar la indiferencia e irrespeto a decisiones de jueces.
“La sociedad civil estadounidense y la venezolana están demandando explicaciones sobre la gente arrestada y deportada. Uno lo que espera es que el sistema judicial funcione. Como decía Andrew Carnegie, la diáspora es un río de oro, es un flujo de ideas, de conocimiento, es el mejoramiento de la productividad. Las diásporas son irremediablemente positivas para los países de acogida, para los países de origen y por supuesto para la persona misma”, sostuvo.
Cónclave
El codirector de Laboratorio de Paz sostuvo que entre la sociedad civil existe el temor de que el “fantasma” del TDA sea utilizado por el resto de los países de la región para endurecer sus políticas migratorias ante los venezolanos.
“Y que sea la excusa para procesos de deportación masiva, incluso para quienes han solicitado ser beneficiarios de protección internacional. Lamentablemente, los migrantes venezolanos no tienen un gobierno en su país de origen que vele por sus derechos, todo lo contrario. Tampoco existe dentro del país una contundente masa crítica que defienda el derecho de sus connacionales a migrar con respeto a su dignidad humana”.
“En Venezuela no hay quien pelee por su ciudadanía, es un Estado ausente para proteger a sus ciudadanos. Aquí nosotros no tenemos representación consular. Nadie habla de la situación de los que están regresando, como piden ayuda para volver a Venezuela y no hay nadie que los ayude”, agregó Andrade.
Uzcátegui manifestó que si el gobierno de Trump opta por enviar a Venezuela a integrantes del TDA u otras personas que hayan cometido graves delitos, no existen garantías de que vayan a ser procesados por el sistema penal.
“Y existe el temor, en base a dudas razonables, sobre la posibilidad que sean canalizados como figuras de control territorial, como los colectivos”, advirtió.
“Creo que los medios de comunicación, los periodistas y las organizaciones civiles van a ser muy importantes en tratar de exigir transparencia a la administración estadounidense en cuanto a su política migratoria”, añadió Laura Dib.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
