No fue el castillo de Desembarco del Rey, sino una carpa instalada en la Base Aérea de La Carlota el lugar en el que las dos facciones antagónicas de la política venezolana instalaron este jueves, 6 de agosto, la mesa de un nuevo intento de diálogo promovido por Estados Unidos.
Sin discursos, el evento existió únicamente para una foto sin sonrisas. La mesa de diálogo se instaló con la sobriedad calculada de un drama televisivo, donde las delegaciones —que parecen emular a los verdes y a los negros de La Casa del Dragón— posaron en absoluto silencio antes de cualquier debate.
A un lado de la bandera tricolor figuró la comitiva oficialista. Liderados por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, junto a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuan y los diputados Jorge Arreaza, América Pérez, Genesis Garvett y Pedro Infante, posaron con la postura sobria de quienes administran las llaves del castillo.
Al otro flanco se alineó la delegación de la Asamblea Nacional de 2015. Dinorah Figuera encabezó la representación opositora flanqueada por Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara. Este Parlamento cuenta con el apoyo directo del gobierno de los Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Marco Rubio, promotor de esta mesa de diálogo.
A la actividad solo permitieron el ingreso de fotógrafos. No hubo acceso para periodistas, como inicialmente había trascendido. Ninguno de los voceros ofreció declaraciones a los medios de comunicación. Desde hace días trascendió que los primeros tres puntos a tratar en este nuevo intento de negociación serían la “atención a las víctimas del doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas”.
Próximos pasos
Tras el encuentro, ambas delegaciones informaron que se mantendrán en “sesión permanente” hasta el 12 de agosto y se definirá la continuidad de la plenaria.
“Las partes suscriben los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, reconocimiento y respeto recíproco entre las partes, igualdad política y trato paritario en la mesa, cumplimiento verificable de los compromisos, protección de los derechos humanos y de los derechos políticos de todas las fuerzas”, se lee en el comunicado.
Ausencias notables
El diseño de ambas delegaciones llama la atención por grandes ausencias. En el bloque opositor no participan María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, al igual que los demás integrantes del Comando ConVzla y dirigentes de peso territorial que hacen vida dentro del país como Juan Pablo Guanipa.
Por el lado oficialista, la alineación responde de forma estricta al esquema directivo de la administración de Delcy Rodríguez, dejando fuera a fichas clave del ala dura del PSUV vinculadas al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Venezuela; Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Provea, Civilis, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Realidad Helicoide, Foro Penal y Amnistía Internacional elaboraron el informe “Termómetro de la Justicia, verdad y Estado de Derecho en Venezuela“, con la finalidad de exponer los supuestos avances hacia la democracia que se han dado a partir de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.
Este documento sobre el estado de la justicia, la verdad y el estado de derecho en el país fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de su 196 Período de Sesiones. Las ONG firmantes son enfáticas en afirmar que aunque la aprehensión de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la asunción de Delcy Rodríguez abrieron un debate sobre amnistías, reformas judiciales y el cierre de El Helicoide, este giro en la cúpula no equivale a una transición democrática.
Advierten que desde la perspectiva del derecho internacional y la justicia transicional, cualquier cambio político resulta insuficiente mientras el aparato represivo permanezca intacto, las leyes que criminalizan la disidencia sigan vigentes, las instituciones carezcan de independencia y los presos políticos continúen esperando justicia y libertad incondicional.
De acuerdo con estas organizaciones, hasta el momento, los gestos del gobierno venezolano tutelado por Estados Unidoshan sido insuficientes, con excarcelaciones a cierta escala, un proceso sin agenda clara de reforma de la justicia penal, nuevas leyes aprobadas, así como el cambio de algunas autoridades en materia de justicia y derechos humanos.
Según las organizaciones, el balance hasta ahora es negativo y el sistema represivo se mantiene intacto con cuerpos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) continuando sus operaciones de persecución contra la sociedad civil.
“Algunas instituciones importantes como la Fiscalía general y la Defensoría del Pueblo fueron designadas a través de un proceso irregular, sin transparencia ni criterios de independencia verificables. Los mecanismos internacionales siguen sin acceso pleno al territorio. Y el gobierno interino no ha mostrado esfuerzos por investigar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos”, reza el informe.
El informe se basa en cuatro pilares: el cese de la represión, la rendición de cuentas y la reforma institucional, el espacio cívico y las libertades y el multilateralismo y la cooperación internacional.
Las ONG establecieron un sistema de “termómetro” que evalúa cada medida con un doble registro: color y tendencia. Rojo— Retroceso documentado o sin avance sustantivo. Amarillo— Avance parcial verificable que no alcanza el estándar completo. Azul— Avance pleno, verificable, sostenido e independientemente corroborado.
Cese de la represión: “Avance parcial e insuficiente, sin cambio estructural”
De acuerdo con las ONG, las excarcelaciones que se produjeron en el período comprendido entre enero y mayo 2026 constituyen un avance significativo, sin embargo, no cumplen con los estándares de incondicionalidad, verificabilidad y no discriminación exigidos por el derecho internacional.
Luego de la aplicación de la Ley de Amnistía, organismos nacionales e internacionales denunciaron la discrecionalidad de este instrumento anunciado por la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez.
Para junio de este año, el Foro Penal Venezolano registraba 187 personas con libertad plena que estaban encarceladas, mientras que contabilizó 580 libres que antiguamente tenían medidas cautelares. Por su parte, JEP registró 565 personas privadas de libertad por razones políticas, entre ellas 48 enfermos graves sin atención médica y 19 adultos mayores en condiciones que violan los estándares mínimos de protección humanitaria. Aunado a eso, documentó 23 ciudadanos extranjeros y 29 venezolanos con doble nacionalidad.
La ONG Acceso a la Justicia detectó cuatro fallas estructurales en la Ley de Amnistía: alcance limitado, discrecionalidad judicial, ausencia de garantías de no repetición y que los mismos órganos que reprimieron aplican el perdón.
Según Provea, más de 200 militares siguen detenidos, al igual que 103 mujeres: “La ley no incorporó perspectiva de género ni mecanismo diferenciado. Quedaron fuera trabajadoras judiciales, campesinas y mujeres con procesos vinculados a hechos no contemplados”.
Asimismo, con la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, la cifra de presos políticos fallecidos bajo custodia ascendió a 27 desde 2014, adicionalmente cinco madres de presos políticos venezolanos han muerto en los últimos seis meses.
Luego de que Delcy Rodríguez anunciara el cierre de El Helicoide el pasado 30 de enero, Foro Penal confirmó posteriormente el traslado de al menos 90 presos políticos desde ese sitio de reclusión a otras cárceles del país como La Planta, Yare, El Rodeo y Tocuyito. Las mujeres fueron reubicadas en el INOF y Las Crisálidas.
Las 20 ONG que elaboraron el documento concluyeron que este pilar del cese de la represión, a excepción de la excarcelación de algunos presos políticos, no tuvo una reforma estructural, por lo que lo sitúan en color amarillo-rojo en el termómetro de medición.
Rendición de cuentas sin avance y reforma institucional muy cuestionada
De acuerdo al informe, el proceso de designación del fiscal general de la República, Larry Devoe y la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, estuvo marcado por la opacidad y la ausencia de participación ciudadana.
“Los procesos de designación se desarrollaron sin convocatoria pública, sin criterios transparentes y sin espacio para el escrutinio ciudadano”, denunciaron.
La organización JEP evaluó los perfiles designados y concluyó que las nuevas autoridades representan un retroceso en el Estado de derecho.
Devoe fue durante años el representante del Estado venezolano ante instancias internacionales de derechos humanos. Por su parte, González Lobato ha recibido a varias víctimas en su despacho, sin embargo, esos actos no se han traducido en acciones verificables.
Acceso a la Justicia y Provea advirtieron que la anunciada reforma al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ofrece garantías de transparencia ni independencia.
Por su lado, Acceso a la Justicia documentó problemas estructurales del proceso. En primer lugar, la opacidad en las vacantes; pues aunque el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) anunció 20 cargos disponibles, no especificó a qué salas corresponden ni si son principales o suplentes.
La Comisión Internacional de Juristas expuso que el gobierno de Venezuela ha usado los cambios en la composición del TSJ (en 2004, 2010, 2015 y 2022) para consolidar control político y no para garantizar independencia.
“La reforma no aborda las responsabilidades institucionales del TSJ como instrumento de represión política. El máximo tribunal avaló detenciones arbitrarias y sirvió de respaldo judicial al Sebin y la Dgcim”, expuso el comunicado.
En el termómetro de las ONG, este pilar también quedó en categoría amarillo-rojo, puesto que la remodelación del TSJ “reproduce los vicios del pasado”, la impunidad “es una política activa, no una inercia” y “no hay muestras de que las autoridades tengan intención de investigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad”. Además, consideran que las instituciones de control siguen sin independencia y que las renovaciones concretadas han sido de forma, no de fondo.
Protección del espacio cívico en rojo
Según las organizaciones, el espacio cívico en Venezuela fue desmantelado de forma deliberada y sistemática a través de un andamiaje legal y judicial construido entre 2000 y 2024. La organización Civilis ha identificado al menos 38 instrumentos legales que han sido dictados por los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, contrarias a la Constitución y al derecho internacional.
Las leyes que más atentan contra el Estado de Derecho según las organizaciones que elaboraron el informe son: Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, Ley en Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, Ley Resorte, Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, Ley contra el Odio, Ley Antibloqueo, Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Ley de Fiscalización de las ONG y Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar.
A propósito de la Ley Resorte, en marzo de 2026 el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y VE Sin Filtro documentaron que al menos 43 medios de comunicación nacionales e internacionales registraron bloqueos de internet en Venezuela. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 122 ataques e incidentes contra activistas en el primer trimestre de 2026, con un pico de 64 solo en enero, casi el triple del promedio mensual de 2025. Espacio Público contabilizó 29 detenciones arbitrarias de periodistas entre enero y abril mientras que el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Distrito Capital, regostró 97 agresiones contra comunicadores sociales y medios entre enero y mayo de 2026.
Mientras se produjeron nuevas detenciones, en menos de 15 días, retornaron al país figuras como Carlos Ocariz de Primero Justicia, Lester Toledo y Yon Goicoechea de Voluntad Popular, Wilmer Azuaje, Roberto Marrero, Richard Blanco, José Guerra y Marcos Velasco de Vente Venezuela, entre otros. También regresó la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien fue excarcelada en enero con medidas cautelares.
Acceso a la Justicia también reportó la eliminación del habeas corpus: “Es la forma en que el sistema de justicia venezolano procesa, o más precisamente, bloquea, las garantías constitucionales de las personas detenidas por razones políticas”.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos concluyeron que El andamiaje legal que el chavismo construyó entre 2000 y 2024 “para criminalizar la disidencia, restringir a la sociedad civil y concentrar poder discrecional en el Ejecutivo no fue tocado durante el período entre enero y mayo de 2026”.
Las ONG consideran que este pilar está en rojo, pues la arquitectura legal de la represión permanece intacta” y la sociedad civil “opera pese al marco adverso y bajo todos los riesgos, no porque el contexto haya cambiado radicalmente”.
Multilateralismo y cooperación con organismos internacionales: contactos exploratorios sin cooperación plena
Las organizaciones reiteraron que el gobierno chavista no coopera con los organismos internacionales y pusieron como ejemplo el caso de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, que opera exclusivamente desde Ginebra, sin acceso al territorio venezolano ni a los archivos del Estado.
Recordaron que en febrero de 2024, el gobierno de Maduro dio 72 horas a 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para abandonar Venezuela.
Pese a que las relaciones se reanudaron después del 3 de enero, Rodríguez utilizó a la oficina del Alto Comisionado para pedirle que verificara las excarcelaciones recientes: “No para abrir archivos, no para inspeccionar centros de detención, sino para validar una narrativa”, se denuncia en el documento, en el que también se resalta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha podido realizar una visita in loco con acceso pleno al territorio venezolano desde 2002.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, exigió ante el Consejo Permanente que se permita la visita in loco, señalando que esta proporcionaría la transparencia y la rendición de cuentas que el pueblo venezolano merece.
“La sociedad civil y los mecanismos internacionales han sido consistentes: sin presencia efectiva en el territorio, sin acceso a archivos y sin cooperación real con la Corte Penal Internacional (CPI), ningún avance anunciado por el gobierno puede ser verificado de forma independiente”, insistieron.
El color asignado a este pilar en el termómetro fue amarillo-rojo, ya que aunque hubo contactos exploratorios reales no se tradujeron en cooperación plena. Como hitos positivos, destacan la primera presencia física de la OACNUDH en el territorio venezolano desde su expulsión, el aumento significativo de testimonios a la FFM, y el reconocimiento explícito por parte de mecanismos internacionales de que el contexto ha cambiado gracias al trabajo de las organizaciones y grupos de víctima. Resaltan que aunque esto debe ser reconocido, son movimientos “insuficientes”.
A pesar de estos discretos avances, la CIDH lleva 24 años sin visita in loco plena; la FFM opera sin acceso al territorio; la OACNUDH negocia una reinstalación que tres meses después no se ha concretado y no ha habido ninguna acción dirigida al cumplimiento de sentencias internacionales.
¿Cómo mejorar la justicia, verdad y estado de Derecho en el país?
Las 20 organizaciones de la sociedad civil añadieron al informe un decálogo de exigencias prioritarias para encauzar una transición democrática genuina. Entre los puntos propuestos, se encuentran:
–Liberar a todos los presos políticos de forma plena e incondicional
-Reconocer los crímenes de Estado cometidos
-Nombrar, erradicar y sancionar las violaciones normalizadas
-Derogar y reformar el marco normativo restrictivo del espacio cívico
-Garantizar la independencia del sistema de justicia como condición previa a cualquier reforma institucional
–Designar un contralor general con perfil independiente y siguiendo los pasos constitucionales
-Firmar un nuevo memorándum de entendimiento con la OACNUDH que garantice mandato pleno
-Cooperar activamente con la Corte Penal Internacional (CPI)
-Invitar y aceptar las visitas de la CIDH, los relatores especiales de la ONU y la FFM durante 2026
-Abrir investigaciones penales inmediatas sobre graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
De cara a un nuevo proceso de negociación entre representantes de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) llamó a incorporar de manera prioritaria la libertad de expresión y el derecho a la información en cualquier acuerdo orientado a la reinstitucionalización democrática.
A través de una nota de prensa, el SNTP sostiene que ambos derechos cumplen un rol estructural en cualquier transición política.
“Sin ciudadanía informada, sin medios independientes y sin garantías para la crítica, no es posible construir legitimidad social ni sostener cambios duraderos”, indicó el gremio.
El sindicato recordó que una democracia se debilita cuando el Estado controla discrecionalmente las fuentes de información, bloquea contenidos, criminaliza opiniones o excluye voces críticas del debate público.
Por tal razón, el SNTP planteo 10 condiciones para que el diálogo garantice una democracia real. A continuación, las condiciones del gremio:
1. Libertad plena para quienes han sido perseguidos por expresarse
Deben cerrarse las causas penales arbitrarias, levantarse las medidas cautelares y eliminar las restricciones migratorias, profesionales y personales impuestas a periodistas, comunicadores, activistas y ciudadanos por publicaciones, opiniones, denuncias o participación en asuntos de interés público.
2. Fin de la vigilancia y de la revisión ilegal de dispositivos
Los cuerpos policiales, militares y de inteligencia deben cesar la revisión de teléfonos, la exigencia de contraseñas, el ciberpatrullaje dirigido contra opiniones y el uso de información privada para construir expedientes de naturaleza política.
3. Cese de la estigmatización y de las represalias por razones editoriales
Las autoridades deben abstenerse de señalar, amenazar o presentar como enemigos a periodistas, medios, organizaciones y ciudadanos críticos. Tampoco pueden utilizar acreditaciones, trámites, fuentes oficiales, decisiones administrativas o recursos públicos como mecanismos de premio o castigo.
4. Desbloqueo de medios, plataformas y herramientas digitales
Debe restituirse el acceso a portales informativos, redes sociales, servicios de mensajería y herramientas legítimas de privacidad que permanecen bloqueados. Cualquier restricción excepcional debe contar con base legal, control judicial, debido proceso y posibilidad efectiva de impugnación.
5. Transparencia y acceso efectivo a la información pública
Las instituciones deben publicar datos, decisiones, contratos, presupuestos, estadísticas e informes de interés público; responder solicitudes de información; y abrir sus salas de prensa y vocerías sin discriminación por línea editorial, procedencia territorial o nacionalidad del medio.
6. Acceso igualitario a medios y espacios de comunicación
La participación política y ciudadana exige que las distintas corrientes de opinión puedan acceder a medios públicos, privados y comunitarios bajo condiciones objetivas y no discriminatorias. En contextos electorales, este acceso debe permitir presentar propuestas, responder señalamientos y participar en el debate público sin exclusiones arbitrarias.
7. Restitución y sostenibilidad del ecosistema de medios
Deben revisarse los cierres de emisoras y canales, las concesiones revocadas o no renovadas y la retención de equipos e instalaciones, con el propósito de corregir decisiones adoptadas sin transparencia, independencia ni debido proceso. También deben garantizarse condiciones económicas y regulatorias que permitan la existencia de medios plurales e independientes.
8. Reforma de las leyes e instituciones utilizadas para restringir la expresión
Deben revisarse o derogarse las disposiciones sobre desacato, vilipendio, instigación al odio y otras figuras amplias empleadas contra expresiones legítimas. También debe restablecerse la independencia técnica de CONATEL y separarse la regulación de telecomunicaciones del control político de contenidos.
9. Transformación de los medios estatales en un servicio público plural
Los medios financiados con recursos públicos deben estar al servicio de toda la sociedad, con autonomía editorial, rendición de cuentas, representación de distintas corrientes y separación clara entre información de servicio público, comunicación gubernamental y propaganda partidista.
10. Protección efectiva para periodistas y trabajadores de la prensa
El país necesita mecanismos independientes de prevención, atención, investigación y reparación frente a agresiones, así como protocolos claros para la actuación de cuerpos de seguridad durante protestas, elecciones, emergencias y otras coberturas de interés público.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La imagen positiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre los venezolanos, cayó 70,6 % entre enero y julio de 2026, según los resultados de la encuesta Verdad Venezuela, elaborada por Meganalisis. El estudio refleja un aumento de sentimientos negativos hacia el mandatario estadounidense, mientras el país continúa enfrentando las consecuencias del doble terremoto del 24 de junio y una compleja situación económica y social.
Venezolanos expresan decepción e indignación ante postura de Trump
De acuerdo con la medición, el respaldo de la administración Trump a figuras vinculadas con la cúpula chavista generó decepción en 77,5 % de los encuestados, confusión en 71,6 % e indignación en 69,9 %.
Además, 57,7 % de los venezolanos afirmó no confiar en que el presidente estadounidense busque lo mejor para el pueblo venezolano.
La encuesta Verdad Venezuela fue realizada por Meganalisis entre el 18 y el 28 de julio de 2026, con una muestra de 1187 personas mayores de edad de ambos sexos, pertenecientes a distintos estratos sociales y con cobertura nacional en Venezuela.
Trump insiste en una Venezuela “feliz”
Los resultados del estudio se conocen luego de declaraciones de Trump en las que aseguró que Venezuela atraviesa una nueva etapa de bienestar, pese a las consecuencias dejadas por el terremoto y los problemas que todavía afectan a la población.
Durante una entrevista con el periodista Trace Gallagher de la cadena Fox News, el mandatario estadounidense afirmó que, aunque el país había sufrido “un terremoto muy malo”, Venezuela era “muy feliz de nuevo”.
“Tuvieron la tragedia el otro día, un terremoto, supongo que así se le llamaría. Fue uno muy malo, pero aparte de eso, tienen un país que es muy feliz de nuevo”, expresó Trump.
El presidente estadounidense atribuyó ese supuesto cambio a sus decisiones posteriores a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, al asegurar que sus acciones generaron beneficios económicos tanto para Washington como para Caracas.
Una narrativa que contrasta con la percepción ciudadana
Las declaraciones de Trump ocurren mientras Venezuela continúa afrontando las consecuencias del doble terremoto del 24 de junio, que dejó más de 6000 fallecidos según datos oficiales, viviendas afectadas y daños materiales de gran magnitud.
El Banco Mundial calculó que los daños físicos directos ocasionados por la emergencia alcanzan los 19 600 millones de dólares, con afectaciones principalmente en viviendas residenciales, infraestructura y edificios no residenciales.
Además, comunidades venezolanas siguen reportando dificultades relacionadas con servicios públicos, condiciones económicas precarias y limitaciones para la recuperación tras la tragedia.
Desconfianza frente al escenario venezolano
La medición de Meganalisis muestra que la percepción sobre Trump se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad ciudadana por la emergencia sísmica y sus consecuencias.
Los resultados de Verdad Venezuela reflejan una brecha entre el discurso del mandatario estadounidense sobre una supuesta recuperación del país y la valoración de los venezolanos sobre su realidad actual, marcada por la preocupación, la incertidumbre y la demanda de respuestas ante la crisis.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Ocho de cada diez venezolanos aseguran sentir indignación tras los sismos registrados el 24 de junio de 2026, mientras que la impotencia y la tristeza completan el panorama emocional de una población que evalúa negativamente la gestión de la crisis. Así lo refleja la encuesta Verdad Venezuela, elaborada por Meganálisis entre el 18 y el 28 de julio, que midió las percepciones ciudadanas sobre el impacto del desastre, la actuación de las autoridades y la respuesta humanitaria.
La encuesta fue aplicada a 1187 personas mayores de edad de ambos sexos, pertenecientes a los estratos sociales A, B, C, D y E, con cobertura nacional en el Distrito Capital y los 23 estados del país. El levantamiento se realizó mediante entrevistas telefónicas asistidas por computadora (CATI), con un margen de error de ±2,84 % y un nivel de confianza de 95 %.
Indignación, impotencia y tristeza marcan el impacto emocional
Según el estudio, 80,2 % de los consultados manifestó sentir indignación después del evento sísmico, seguido por 73,8 % que expresó impotencia y 70,5 % que señaló tristeza como una de sus principales emociones.
Entre los aspectos que la población considera más dolorosos destacan la pérdida de hijos, con 98,4 % de las respuestas; la percepción de que el sufrimiento pudo haberse evitado, con 93,1 %; y la cantidad de personas fallecidas, con 92,6 %.
Los resultados reflejan que las consecuencias del desastre no solo son percibidas desde el daño material, sino también desde una dimensión emocional vinculada al duelo, la pérdida y la respuesta institucional.
Rechazo a la gestión oficial de la emergencia
La evaluación ciudadana sobre la actuación del Gobierno durante la crisis fue mayoritariamente negativa. De acuerdo con lo recolectado por la organización, 91,6 % de los encuestados calificó como mala o muy mala la respuesta del gobierno interino de Delcy Rodríguez.
Además, 95,9 % considera que las autoridades pudieron haber hecho más frente a la emergencia y sus consecuencias.
La falta de información oficial también aparece como uno de los principales factores de desconfianza. El 93 % de los participantes afirmó que la información entregada por las autoridades fue insuficiente o inexistente, mientras que 94,1 % aseguró no confiar en los datos proporcionados por el Gobierno.
Ciudadanos cuestionan actuaciones durante la tragedia
La medición también consultó sobre hechos que generaron indignación durante la atención de la emergencia. En total, 95,4 % de los encuestados manifestó rechazo ante presuntas fallas éticas en el manejo de la crisis.
Entre las situaciones que provocaron mayor molestia se encuentra la denuncia de robos y saqueos por parte de funcionarios de seguridad en zonas afectadas, mencionada por 98,3 % de los consultados.
Asimismo, 97,4 %expresó indignación ante la supuesta obstaculización de ayuda humanitaria proveniente de civiles, mientras que 96,9 % cuestionó limitaciones para la llegada de rescatistas.
Solidaridad ciudadana como principal activo
Aunque la percepción sobre la respuesta institucional fue negativa, los venezolanos valoraron la capacidad de organización y apoyo comunitario durante la emergencia.
La solidaridad de los ciudadanos fue considerada el aspecto más admirable por 90,3 % de los encuestados, seguida por la generosidad de la población, con 88,4 %.
El respaldo recibido desde otros países también fue reconocido positivamente por 85,8 % de los participantes, como parte de los elementos que contribuyeron a la atención de las comunidades afectadas.
Redes sociales desplazaron a los canales oficiales
Ante la percepción de falta de transparencia, las redes sociales asumieron un papel central durante la emergencia. El 86,2 % de los venezolanos consultados indicó que utilizó plataformas como Instagram, TikTok, YouTube y X como principales fuentes para informarse sobre lo ocurrido.
Los resultados de la encuesta Verdad Venezuela reflejan que, tras los sismos del 24 de junio, la población venezolana mantiene comoprincipales demandas una mayor transparencia en la gestión pública, información confiable y una respuesta humanitaria capaz de atender las consecuencias del desastre.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A 40 días del doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio, Cáritas Venezuela publicó su quinto boletín de ayuda humanitaria titulado “No apartemos la mirada”, bajo la campaña “Tras el temblor, el amor”.
Este informe plantea una advertencia urgente sobre los cambios en la dinámica en la contingencia, la cual entra en estos momentos en una etapa compleja tras el cese de la conmoción inicial. Cáritas define esta nueva etapa como “menos visible, pero igual de dolorosa”.
La organización enfatizó que el fin de los movimientos sísmicos no son el cierre de la crisis para las comunidades afectadas, ya que en esta nueva fase, miles de familias deben lidiar con las secuelas progresivas y profundas que dejó este desastre natural. Dentro de estas consecuencias se destacan las pérdidas de viviendas, la destrucción de lugares de trabajo, los padecimientos de salud más acentuados por interrupción de tratamientos, falta del mismo o por hacinamiento, y sobre todo, los procesos de duelo y crisis emocionales.
Ante esta realidad que no siempre se ve reflejada, Cáritas hace un llamado directo a medios, aliados y donantes para no apartar la mirada de La Guaira y las consecuencias de la emergencia. Recordaron que sostener la respuesta de ayuda humanitaria exige mantener un flujo constante de alimentos y agua, a la vez que se abren planes de rehabilitación de inmuebles, el restablecimiento de empleos, la contención en la salud física, emocional y mejorar los medios de vida.
Balance y distribución
El corte de los datos recolectados el 1 de agosto registró una recepción total de 22 391 toneladas de ayuda humanitaria por parte de la red de la organización y esto representó un incremento de 1216 toneladas con respecto al reporte anterior. Del volumen general recaudado, 19 141 toneladas (correspondiente al 85 % de la asistencia acumulada) las cuales ya se han distribuido en los sectores más vulnerables, mientras que 3 250 toneladas restantes (el 15 %) permanecen en los almacenes de Cáritas para entregas posteriores.
Dentro de los detalles del informe, el suministro de agua representó el rubro principal con 8 231 toneladas distribuidas, seguido por los alimentos preparados en un kit y a granel con 7 848 toneladas. Por otro lado, los artículos de higiene alcanzaron 2 010 toneladas y las donaciones de ropa llegaron a sumar 1 053 toneladas.
Atención a comunidades
La asistencia directa a la población se materializó en el armado y despacho de 26 144 kits, el cual un total de 15 370 corresponden a paquetes de alimentación y 10 774 a paquetes de higiene y uso personal. Con estas entregas se llegó a alcanzar la cobertura de más de 26 mil familias, cifra que representa un impacto estimado de 130 720 personas.
Estas cifras marcan un hito sobre la primera ocasión en que el operativo supera las 100 000 personas atendidas desde el inicio de esta contingencia. En las áreas asistenciales y hospitalarias se lograron despachar un total de 102 326 unidades de medicamentos e insumos médicos para los afectados.
Logística y despliegue
El informe también realza el canal que permitió la entrega de 540 toneladas de insumos logrados a través de la diáspora venezolana y cooperantes internacionales de forma aérea. Especifica que contaron con la movilización de 9 vuelos con 60 toneladas de carga y 32 contenedores marítimo-aéreos con 480 toneladas adicionales.
El despliegue a nivel nacional contó con la participación de 7860 voluntarios movilizados directamente en la zona de emergencia y fueron respaldados por una infraestructura que promedia alrededor de 10 000 voluntarios en todo el país.
Cáritas Venezuela confirmó que todos los datos provienen de sus sistemas internos de investigación y recordó que la etapa más complicada de esta crisis solo está comenzando, pues en las zonas afectadas se siguen enfrentando heridas “que tardarán mucho tiempo en sanar“.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En la madrugada de este jueves 6 de agosto, el periodista Carlos Julio Rojas informó en su cuenta de X sobre el fallecimiento del preso político uruguayo José Breijo, quien había recibido la medida cautelar de casa por cárcel luego de estar recluido en la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo.
“Con mucho dolor debo anunciar la muerte de mi hermano de vida…quien se encontraba bajo medida de casa por cárcel luego de ser acusado injustamente de terrorrismo y pasar más de dos años secuestrado en Tocuyito, estuvo detenido en condiciones inhumanas y para colmo cuando le dieron arresto domiciliario encontró al policía que lo detuvo invadiendo su apartamento. La dictadura de Nicolás Maduro y Delcy Rodriguez le negó hasta su último aliento la anhelada libertad. Pepe eres un mártir y nuestro mayor homenaje es luchar hasta recobrar la democracia en Venezuela”, escribió Rojas en sus redes sociales.
Breijo fue detenido en diciembre de 2023 luego de que tomara una foto en una oficina en Caracas, donde se decía que había elementos alusivos a Hamas, el movimiento islamista palestino considerado una organización terrorista por gran parte de la comunidad internacional.
“Logré entrar, sin violencia, sin nada, porque la estaban limpiando, y saqué una foto. Le saqué una foto a una bandera que estaba en la pared, que tenía una inscripción”, declaró posterior a su arresto Breijo, quien también contaba con la ciudadanía venezolana.
El uruguayo manifestó que su intención inicial era entregarle el material fotográfico a miembros de la comunidad judía en Venezuela. “Se la quise entregar a un rabino y me mandaron con la policía”, dijo entonces.
Breijo denunció en su momento que fue detenido en una panadería capitalina bajo la modalidad de engaño por miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y señalado de terrorista.
Excarcelación tardía y vulneración de su hogar
Luego de permanecer tres años preso, el septuagenario uruguayo fue excarcelado con medidas sustitutivas de libertad y cuando fue a ingresar en su residencia, en el sector caraqueño de Bello Monte, consiguió que esta se encontraba invadida.
Para su sorpresa, el ocupante ilegal de su vivienda era uno de los funcionarios del GOES que participó en su arresto.
Breijo debió dormir en el pasillo del piso donde se encontraba su apartamento en el edificio Pascuarelli mientras este le fue devuelto tras ser desvalijado.
Luego de denuncias sobre su precario estado de salud y una visita domiciliaria, la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, autorizó su traslado al Hospital de Clínicas Caracas.
La activista uruguaya, Giuliana Brandi, dijo que el cónsul de su país en Caracas fue el único que colaboró con insumos para paliar la situación por la que atravesaba Breijo, quien luego de pernoctar en las áreas comunes del edificio, consiguió su apartamento vacío, aunado a tener que encarar una enfermedad pulmonar.
En su más reciente balance, la ONG Foro Penal Venezolano documentó la presencia en Venezuela de 40 personas con nacionalidad extranjera privadas de libertad con fines políticos.
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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 6 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Directivos de Fe y Alegría exhortaron al Estado a mejorar las condiciones salarialesde los docentes y trabajadores de las escuelas para avanzar hacia la reconstrucción del país, tras los terremotos del 24 de junio pasado.
Actualmente, un docente VI con 27 años de servicio y que posee maestría devenga 797,64 bolívares de sueldo base más primas, es decir, alrededor de un dólar.
“No podemos decirles a nuestros docentes que sean el pilar de nuestra reconstrucción cuando no tienen para comer… cuando no tienen calma para acompañar a sus estudiantes porque su cabeza está en cómo llegar a final de mes. Es imperativo atender las condiciones socioeconómicas del personal educativo venezolano”, expresó el director general de Fe y Alegría, el sacerdote jesuita José Gregorio Terán.
Lo que rompe en redes
Al 3 de agosto de 2026, El Foro Penal registró 40 personas con nacionalidad extranjera privadas de libertad con fines políticos en Venezuela.
Balance de Presos Políticos Extranjeros en Venezuela
Al 3 de agosto de 2026, registramos 40 personas con nacionalidad extranjera privadas de libertad con fines políticos en Venezuela.
Exigimos su liberación inmediata y el respeto pleno a sus derechos humanos.
