A través de un comunicado, el gobierno de Nicolás Maduro indicó que las cancillerías de Venezuela y Uruguayreanudarán las relaciones consulares y diplomáticas.
Sin precisar fecha, la administración chavista expuso que el reencuentro de ambas misiones es producto de un esfuerzo mancomunado entre las naciones sudamericanas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay confirmó quereactivará en los próximos días sus servicios consulares en Caracas para atender a sus connacionales.
“Como resultado del trabajo conjunto entre ambas partes, se ha decidido reactivar en los próximos días los servicios consulares de Venezuela en Montevideo y de Uruguay en Caracas para atender las respectivas comunidades”, señaló el comunicado conjunto con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.
La decisión se dio a conocer después de que el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, manifestara que el hecho de no tener relaciones con Venezuela está complicando algunas situaciones bilaterales.
Uruguay y Venezuela rompieron relaciones en 2024 después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso proclamó como ganador Nicolás Maduro sin hasta hasta ahora mostrar resultados desagregados en su página web
El pasado martes 10 de junio, el canciller Lubetkin recordó la situación del ciudadano uruguayo Fabián Buglione, detenido cuando ingresó a Venezuela en octubre de 2024 y por quien los gobiernos de su país y el de Estados Unidos llevan a cabo acciones de cooperación en procura de su inmediata liberación.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A juicio de la exrectora (suplente) del Consejo Nacional Electoral (CNE), Griselda Colina, con el anuncio de los comicios municipales para el próximo 27 de julio, existe una maniobra política por parte de la coalición gobernante para erosionar el voto.
La fundadora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia dijo enLa Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) que la nueva convocatoria electoral no sorprende y su objetivo es generar desesperanza en la población.
Colina fue la invitada del programa de este 11 de junio, el cual llevó por título Y ahora vienen las elecciones municipales: ¿Tiene sentido después de la poca participación de las regionales?, donde además participaron Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes; César Batiz, director de El Pitazo y Víctor Amaya, director de Tal Cual.
Colina expuso que si bien corresponden elecciones para elegir alcaldes y concejos municipales en 2025, el anuncio de la fecha a un día de cumplirse un año de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 no es un hecho fortuito.
“Están corriendo hacia adelante, realmente no sorprende, hay una línea de desmantelar el sistema de garantías comiciales como los conocemos, generar desconfianza, esto es una parodia donde hay simulaciones electorales”.
La promotora de la organización Ideas por la Democracia aseguró que las pasadas elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo se diferenciaron de las del 28J porque en las presidenciales hubo consenso de la oposición, una estrategia para formar a los testigos y una conexión con la gente urgida de un cambio político.
“Esos tres elementos no estuvieron presentes el 25M”, consideró.
La exrectora del CNE aseveró que los factores de oposición que convocaron a sufragar el 25M no lograron conectar con el electorado.
“Y eso es importante que lo entiendan. Hay que decirle a la gente qué se está buscando con participar en una elección sin garantías, si la estrategia es mantener activo un músculo político. Una de las cosas que rescato del 25M es la postulación de jóvenes a cargos públicos y su compromiso de seguir haciendo política en un ambiente adverso. Ellos saben que probablemente no los van a proclamar si ganan y si lo hacen, no los dejarán gobernar, pero siguen en la lucha por acercarse a las personas”.
Para Colina, a partir del 28J, el sistema electoral fue desmantelado: “No hay promoción por parte del CNE, no existe Registro Electoral para nuevos votantes, hay migración inconsulta de electores, no hay cambios de circunscripciones ni actualizaciones, no hay una página web donde la gente pueda revisar las gacetas electorales, la postulación de los candidatos es opaca y tampoco auditorías, este es un sistema inauditable”.
La fundadora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia dijo que un proceso electoral no se limita exclusivamente a ejercer el voto: “También documentar las faltas que suceden antes y después del proceso, eso es algo que el ciudadano debe exigir a todos los actores políticos que participan”.
Colina consideró que el retiro del código QRde las actas electorales es un retroceso, porque los derechos no son regresivos: “Eso era una garantía para los partidos políticos a fin de obtener de manera ágil y rápida los resultados electorales”.
Amaya recordó que el exrector del CNE actualmente encarcelado, Enrique Márquez, fue uno de los precursores del empleo del código QR.
Batiz añadió que también colaboró en esa innovación el también ex rector Roberto Picón, hoy en día perseguido.
Ojo con la reforma constitucional
A juicio de Colina, cada proceso electoral es diferente y en el caso de producirse una consulta para una eventual reforma de la Constitución la dinámica puede cambiar.
“Creo que la oposición sí puede generar un consenso en el marco de esa reforma, es una amenaza que se debe explicar, mucha gente no sabe de qué se trata y no hay buenas intenciones detrás de esto”, opina.
La exrectora sostuvo que la principal lección del 28J es que existen diferencias en sectores opositores, pero la defensa de los derechos fundamentales del venezolano está por encima de cualquier aspiración a un cargo político.
“Esto puede ser la profundización de un caos totalitario, hay que abogar por la reinstitucionalización en el país y hay grupos que lo están haciendo, aunque algunos no les simpatiza la idea, María Corina Machado tiene un liderazgo totalmente legítimo, es perentorio rechazar la misoginia en la política, el cuadro de diputados de oposición para la nueva Asamblea Nacional son puros hombres. Hay gente del chavismo disidente a la que hay que escuchar”, abundó.
A juicio de Colina, el gobierno chavista hace daño porque está debilitado.
“Han perdido un caudal de apoyo popular, incluso de su propia base. El venezolano es un ser electoral, pero quiere que su voto sirva, no para que lo usen en procura de que un gobierno se atornille más en el poder. La aspiración de cambio todavía está viva, es verdad que hay miedo, la ola de detenciones y represión ha sido brutal, pero nos une la democracia, aquí nadie está feliz con esta situación”, concluye.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Justo el día en el que Jonathan Bravo, de 17 años, cumplía cinco meses detenido de forma arbitraria en Coro, estado Falcón, el Ministerio Público, a cargo de Tarek William Saab, dictó una medida cautelar en favor del adolescente.
Mediante una publicación hecha en Instagram la noche del 11 de junio, la Fiscalía difundió la boleta de egreso del adolescente, quien se encontraba recluido en la Entidad de Varones de Coro. En días anteriores, su mamá, la señora Francys Palencia, advirtió en entrevista con Runrun.es que su hijo presentaba severos problemas de salud física y mental, además de que no había recibido asistencia médica especializada. La denuncia se replicó en diferentes medios y organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón se hicieron eco de ella.
Jonathan Bravo es un adolescente que fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) a los cinco años. Esa condición causaba que su estancia en prisión fuera tortuosa con el pasar de los días.
Desde nuestra organización expresamos profunda preocupación por el deterioro de la salud de Jonathan Bravo, adolescente de 17 años con diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), detenido desde el 11 de enero de 2025 en la ciudad de Coro, estado… https://t.co/RED844HsXb
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) June 10, 2025
El adolescente, que en principio fue imputado por los presuntos delitos de “terrorismo” e “incitación al odio” y se encontraba en etapa de juicio, recibió una “medida cautelar sustitutiva de detención preventiva de libertad”. En vista de esa decisión, la Fiscalía ordenó su “libertad inmediata”.
Para Lexys Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, la detención de Jonathan Bravo fue un “sinsentido”, criticando el tiempo que pasó en prisión “y la tortura que es la incomprensión de las consecuencias estructurales que ocasiona a un joven TDAH el encierro y la falta de medicación”.
Rendón recordó que ahora quedan cuatro adolescentes tras las rejas en el contexto de represión poselectoral: Gabriel Rodríguez (16), Dainer Abraham Rivero (17), Ángel Gabriel González (17) y Lisneidel Zúñiga (17). Varias organizaciones siguen clamando porque estos adolescentes también sean beneficiados con una excarcelación que les permita retomar sus vidas.
Un sinsentido la detención de Jonathan Bravo, el tiempo que tuvo que permanecer tras las rejas y la tortura que es la incomprensión de las consecuencias estructurales que ocasiona a un joven TDAH el encierro y la falta de medicación. Quedan 4 adolescentes presos en Venezuela¡ https://t.co/v1fCqGTN0M
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Carlos Julio Rojas, periodista y activista venezolano, continúa recluido en condiciones de aislamiento en la sede del Sebin en El Helicoide, tras haber sido presuntamente agredido por al menos tres compañeros de celda. En lugar de protegerlo, lo trasladaron a una celda de castigo conocida como “el Tigrito”, donde permanece sin visitas, llamadas ni salidas al patio, denunció a Runrun.es un familiar que prefirió mantenerse bajo anonimato.
La única comunicación al respecto fue una breve “fe de vida” concedida el 10 de junio, siete días después de que le suspendieron las visitas: cinco minutos de encuentro vigilado por funcionarios del Sebin. Durante ese lapso, no hubo espacio para una conversación íntima. “No tuvieron privacidad, relató la fuente.
“Sé que hubo una discusión en donde tres personas que estaban allí, que son presos políticos también, intentaron agredir a Carlos Julio físicamente. Entonces se le vinieron los tres a Carlos Julio y había una persona allí que se metió por el medio y evitó que lo golpearan. Cuando hay violencia ya no es un tema de convivencia, ya es un tema de agresión”, reclamó el familiar.
Según su versión, en lugar de sancionar a los presuntos agresores, los funcionarios optaron por castigar a Rojas.
#URGENTE El periodista y activista de DDHH CARLOS JULIO ROJAS ha sido confinado a una celda de castigo (tigrito) en la sede de SEBIN Helicoide, se teme por su integridad física, viene sufriendo malestares de salud y además le han restringido las visitas. El régimen no se… pic.twitter.com/E9LwoReibl
El familiar del periodista señaló que Rojas manifestó en ese breve encuentro con su familia que su tensión mínima estaba muy alta, parámetro que su médico advirtió puede desencadenar un infarto o un accidente cerebrovascular.
“Hoy ni siquiera sé si le tomaron la tensión. No sé si lo sacan del tigrito y lo llevan a medirle la tensión. Si le dan la pastilla, tampoco sé cómo se siente. No sé nada de él en este momento, realmente no sé nada. Porque es que él nunca había estado castigado y no tengo cómo saber cómo funciona esto”, alertó el pariente del periodista.
El paso de Rojas a la celda de castigo se hizo público gracias a un tuit, una señal del distanciamiento informativo interpuesto por las autoridades. “Él nunca había estado castigado y no tengo cómo saber cómo funciona esto”, dijo el familiar.
La familia intentó consultar al Sebin sobre las razones del castigo, pero se encontró con el silencio. “Su hermana también le preguntó al funcionario por qué le quitan las visitas a Carlos y él tampoco le contestó, le dijo, ‘No sé’. Entonces, aquí nadie sabe nada”, señaló.
El pariente de Rojas advirtió que el periodista y activista ha sido víctima de “acoso” por parte de un funcionario del Sebin, quien incluso “hacía vida en la celda” donde estaba anteriormente. “A él no le parecía que que el comisario hiciera vida de la celda, porque pues ellos tenían que tener su espacio así estuvieran presos”, dijo el familiar.
Una víctima constante de la persecución
Tras ser detenido por cuarta vez el 15 de abril de 2024, Rojas fue imputado por los presuntos delitos de “asociación e instigación para delinquir”, “terrorismo”, “conspiración” y “magnicidio en grado de tentativa”, cargos que él siempre ha negado. Su caso ha sido objeto de medidas cautelares por parte de la CIDH desde enero de 2025.
Organizaciones como el Colegio Nacional de Periodistas, Amnistía Internacional y ONG de derechos humanos han exigido su liberación y atención médica urgente ante el deterioro de su salud. Según sus familiares, el personal médico advirtió que su tensión, especialmente la diastólica, representa una amenaza real para su vida. Hasta junio de 2025, 16 periodistas siguen detenidos en el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Tomás Páez, director del Observatorio de la Diáspora Venezolana, dijo en una entrevista con Fedecámaras Radio el pasado 9 de junio, que pese a las recientes restricciones migratorias tomadas por la administración de Donald Trump, la intencionalidad de migrar permanece entre los venezolanos y que en la medida en que las condiciones persistan, -crisis económica en el país- “continuará el proceso migratorio”.
El experto señaló que durante la última década los migrantes venezolanos han elegido otros destinos de América Latina y Europa; Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y España, en busca de mejores oportunidades de vida, tendencia que históricamente cambió a partir del 2015, donde Estados Unidos era el primer país más concurrido.
“Hay una inclusión de la migración hacia Guyana (…) el Caribe y a partir de allí a países europeos como Portugal, Italia, España y Francia, entonces sigue creciendo el éxodo, básicamente por las vías tradicionales deja de ser por el Darién, por el cual el tránsito se ha reducido en más del 90%”, dice el profesor titular de la Universidad Central de Venezuela.
Por otro lado, Tomás Páez amplió que las deportaciones han causado efectos sobre la economía norteamericana “muy grandes”, particularmente en zonas donde hay predominante presencia de venezolanos, como Doral en la ciudad de Miami.
Sobre el discurso de criminalidad con el que se refieren a la diáspora venezolana, que se asocia a bandas delictivas, el sociólogo señaló que esta situación estigmatiza a la población y que no tiene “asideros en la realidad”.
“La ‘leyenda urbana’ que se ha construido en muchos países, entre ellos algunos voceros en Estados Unidos, asociando a migración con delincuencia carece de ‘asidero’ (…) estigmatiza a la población”, aseveró Páez quien, también destacó la hospitalidad que en la mayoría de los países le han brindado a los venezolanos.
Las medidas de restricción que buscan disuadir a migrantes indocumentados de llegar a Estados Unidos han enfrentado al presidente de ese país, Donald Trump, con el poder judicial local, aunque, hasta ahora, esto no ha sido un impedimento para llevar a cabo la política migratoria que prometió durante la campaña presidencial.
La primera política migratoria que impulsó la nueva administración fue ponerle fin al parole humanitario, programa creado por el expresidente Joe Biden para reducir las entradas irregulares por la frontera sur, de México. Esta decisión afectó a 532 000 personas aproximadamente, procedentes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, que se les había concedido el permiso de permanecer en el país por dos años.
Por otro lado, en marzo de este año, el gobierno norteamericano envió a 238 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), prisión de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de que un juez federal le habia impedido hacerlo. El gobierno de Trump los acusó de supuestamente pertenecer a la banda delincuencial Tren de Aragua.
Más tarde se reveló que más de la mitad de los deportados no tenían antecedentes penales. En el trabajo de investigación “Más de la mitad de los venezolanos enviados a El Salvador solo tenía delitos migratorios en EE.UU”, elaborado por una alianza de medios internacionales y un equipo de periodistas de Venezuela, en el que participó Runrunes, se reveló que el gobierno norteamericano sabía que la gran mayoría de los venezolanos enviados al Cecot no había recibido condena por algún crimen y que sólo 32 había sido condenados, en su mayoría por delitos no violentos.
En la medida más reciente en contra los venezolanos, que entró en vigencia el pasado 9 de junio, el gobierno de los Estados Unidos aprobó restringir la entrada total o parcial al país a ciudadanos de 19 nacionalidades, incluido Venezuela, argumentando que el país “carece de una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes o documentos civiles, y no cuenta con medidas adecuadas de selección e investigación”, así como también que el gobierno “se ha negado históricamente a aceptar el regreso de sus nacionales sujetos a deportación”.
Protestas contra el ICE en Los Ángeles
La arremetida migratoria de Donald Trump no solo ha sido contra presuntos criminales y bandas delictivas, sino contra trabajadores migrantes. En los últimos días han sido virales redadas practicadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), lo que ha generado rechazo entre la población.
Este viernes 6 de junio, luego de distintas redadas migratorias, se llevaron a cabo protestas en la ciudad de Los Ángeles en rechazo a la persecución de migrantes indocumentados, manifestaciones que se han extendido en Nueva York, Chicago, Filadelfia, San Francisco, Texas y otros lugares del país.
En El Mañanero del 12 de junio deRunrun.es resumimos los titulares más destacados durante la jornada anterior en Venezuela: Garantizar la calidad del agua es responsabilidad del Estado, así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero los venezolanos están expuestos a fuentes de agua no aptas para consumo humano. Las infecciones con parásitos son más comunes en entornos con agua de baja calidad, lo que impide que se absorban al 100% los nutrientes
La Defensora Pública designada en el proceso penal que se sigue contra mi esposo Rafael Tudares Bracho, me informó que la Audiencia Preliminar del caso será mañana jueves 12 de junio. Reitero: ese proceso penal es injusto, inconstitucional. Van 155 días de desaparición forzosa. pic.twitter.com/FuE77Gw2q8
— Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) June 11, 2025
“Desde el OVP hemos monitoreado y documentado que el ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, no ha ejecutado acciones orientadas a dignificar los derechos de los privados de libertad. Su gestión ha estado marcada por el silencio”, Observatorio Venezolano de Prisiones
César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, denunció este miércoles, 11 de junio, la detención de dos dirigentes políticos de oposición en el estado Anzoátegui, con lo que sigue aumentando la lista de detenidos por motivos políticos.
De acuerdo con una publicación que hizo Pérez Vivas en X (antes Twitter), los detenidos son Tomás Peñaloza, abogado y dirigente socialcristiano; y Ulises Martínez, abogado y secretario del partido político Vente Venezuela en el municipio Bolívar del estado Anzoátegui.
Con estas dos nuevas detenciones, advirtió Pérez Vivas, “la dictadura continúa con su escalada represiva”, por lo que “crece el número de presos políticos”.
La dictadura continúa con su escalada represiva. Detienen en Anzoátegui al conocido abogado y dirigente social cristiano Tomas Peñaloza y al dirigente de @VenteVenezuela Ulises Martínez . Crece el número de presos políticos.
— César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) June 11, 2025
La ONG Un Mundo Sin Mordaza se hizo eco de la denuncia sobre la detención de Ulises Martínez y Tomás Peñaloza. A través de sus redes sociales, la organización señaló: “Rechazamos la represión que priva de libertad y viola los derechos humanos de los venezolanos. Pensar distinto NO es delito”.
#AlertaSinMordaza URGENTE 🚨 Detenidos arbitrariamente Ulises Martínez, dirigente de Vente y Tomás Peñaloza, dirigente social cristiano en Anzoátegui. 📌Rechazamos la represión que priva de libertad y viola los derechos humanos de los venezolanos. Pensar distinto NO es delito. pic.twitter.com/foACdG9yub
De acuerdo con datos de la organización no gubernamental Foro Penal, hasta el pasado 2 de junio se contabilizaban 927 presos políticos en Venezuela. Las detenciones de dirigentes políticos incrementaron a partir del pasado 21 de mayo, cuando el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó el arresto de al menos 70 personas entre las que se encuentra Juan Pablo Guanipa.
Otras ONG han advertido una “escalada” de la persecución y la represión contra activistas políticos de oposición, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
De acuerdo a la ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), las mujeres que permanecen detenidas en Venezuela se encuentran en condiciones inhumanas y permanecen hacinadas, sin acceso regular a agua potable, atención médica especializada o productos para una menstruación con dignidad.
“Venezuela incumple las reglas de Bangkok de la ONU, que exigen proveer condiciones dignas, productos de higiene gratuitos y atención médica adecuada en los centros de reclusión”, escribió la ONG en su cuenta en X.
La organización denunció que el Estado venezolano se desentiende incluso de lo más básico.
Aseguró que los familiares les llevan comida, analgésicos, insumos de aseo personal, toallas sanitarias y hasta agua potable a las reclusas.
Provea recordó que de las 2400 personas detenidas después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, 293 eran mujeres, de las cuales 92 siguen presas por motivos políticos.
“Muchas de ellas en un sistema diseñado para olvidarlas”, resaltaron.
Oscar Murillo, coordinador general de Provea, dijo durante la presentación de un informe que el 28J ocurrió un hecho grave que tuvo consecuencias nefastas: “Hubo una ruptura del principio democrático que responde a una conducta arbitraria”.
El pasado 26 de mayo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, acusó aProvea y a otras organizaciones como Foro Penal, Médicos Unidos de Venezuela y Maracaibo Posible de formar parte de una supuesta estructura terrorista.
“Estas declaraciones agravan el patrón de criminalización contra organizaciones de la sociedad civil y pretenden desalentar la denuncia pública de arbitrariedades cometidas por el Estado”, señaló la ONG Espacio Público.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
