En una entrevista a Radio Fe y Alegría Noticias, Bianca Dámaso, directora del Taller Ortoprotécnica C.A., informó que más de 150 personas de Caracas y La Guaira afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio de 2026 necesitan prótesis como herramientas de apoyo para su discapacidad motora.
Dámaso enfatizó que esta cifra no es oficial. Tampoco el Gobierno ha ofrecido un censo sobre las personas con discapacidad que requieren atención especializada tras el desastre. Las 150 personas que menciona son pacientes que se han acercado al taller, a la Fundación Juan Pablo Dos Santos y a la Fundación CIREC, instituciones de la sociedad civil dedicadas a la atención humanitaria de las personas con discapacidad.
La mayoría de la población afectada presenta amputaciones transfemorales. Otra proporción más pequeña presentan amputaciones en miembros superiores. El paciente más joven tiene 5 años y el más viejo tiene 79.
La directora del taller Ortoprotécnica informó que se atenderán 31 casos, garantizándoles acceso a prótesis y fisioterapia de fortalecimiento como preparación para utilizarlas. Según Dámaso, los primeros cuatro afectados por los terremotos recibirán sus prótesis el próximo 15 de septiembre.
«Perdieron la casa, su familia y también una parte de su cuerpo. Entonces, es un choque bastante fuerte y estamos buscando la manera de hacerles la vida lo más fácil posible», expresó en la entrevista radial.
Una necesidad cara y silenciosa en Venezuela
Dámaso enfatizó que, antes de los terremotos, la demanda por prótesis en Venezuela era alta: más de 3.000 personas amputadas que requieren una prótesis y no cuentan con los recursos para adquirirlo, según las estimaciones de las tres instituciones.
La especialista en órtesis y prótesis también reveló que el costo de una prótesis puede oscilar entre 3 500 y 25 000 dólares estadounidenses. Mientras tanto, el sueldo mínimo del venezolano está anclado a los 130 bolívares, que para la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela del día 14 de septiembre de 2026 equivale a 0,15 dólares estadounidenses mensuales.
Según los datos de la institución, diariamente aparecen nuevos pacientes en las plataformas de la fundación a través de sus redes sociales.
Dámaso instó a las autoridades gubernamentales a atender de forma integral a la población afectada por el desastre.
Dada la normalización de la amoralidad en el mundo de la política, llamada “arte de lo posible”, teatro de la astucia o de la habilidad, como así lo asumen quienes a diario se desayunan sus vergüenzas contradiciendo el mandato virtuoso de Platón, se verá de políticamente incorrecto el que introduzca como tema el de la cuestión de la dignidad humana. Asumo el riesgo, así me acompañen solo doce, diría san Juan Pablo II.
Cabe y es pertinente, no obstante, pues este fue no solo la piedra angular sobre la que se levanta el edificio del sistema universal de derechos humanos a partir de 1945, tras el Holocausto y cuyas columnas se han fragilizado, sobre todo a partir de 1989. El asunto da cuenta de las raíces milenarias de la civilización que nos integra, que son las que se fragilizan justamente y están haciendo añicos con nuestro patrimonio intelectual; el que nos da talante de cara a las otras civilizaciones que, paradójicamente, no se avergüenzan de las suyas.
Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, lo dicen las fuentes, argumentaron que todos los seres humanos comparten una chispa divina o “razón universal” (logos). Esto los igualaba moralmente por encima de los animales, independientemente de si eran libres o esclavos. Cicerón dio un giro conceptual: afirmó que el ser humano posee una dignidad natural superior a la de los animales debido a su mente y capacidad de razonar, obligándolo a vivir con decoro y control moral. Antígona desafía las leyes del Estado en nombre de leyes no escritas y eternas, sentando un precedente sobre valores que trascienden al poder político para salvaguardar el respeto al individuo.
Llegado el mundo medieval se democratiza la idea de la dignidad humana a través de la teología, lo refieren las mismas fuentes; dejando de ser una conquista basada en la mera razón y pasando a ser un atributo intrínseco y sagrado de cada individuo. Su dignidad es indestructible, afirma Agustín de Hipona, mientras que Tomás de Aquino argumenta que el ser humano es la criatura más perfecta del mundo visible debido a su intelecto y libre albedrío, lo que le otorga un dominio sobre sus propios actos y un lugar digno y preeminente en el orden de la creación.
El último doctor de la Iglesia, Joseph Ratzinger, papa Benedicto XVI, en sus enseñanzas nos deja dos párrafos conceptuales que mucho iluminan al respecto: “Para convencer a un alma racional no hay que recurrir al propio brazo ni a instrumentos contundentes, ni a ningún otro medio con el que se pueda amenazar de muerte a otra persona”. “En el mundo occidental está muy difundida la opinión según la cual solo la razón positivista y las formas de la filosofía derivadas de ella son universales, pero las culturas profundamente religiosas del mundo consideran que precisamente esta exclusión de lo divino de la universalidad de la razón constituye un ataque a sus convicciones más íntimas. Una razón que sea sorda a lo divino y relegue la religión al ámbito de las subculturas, es incapaz de entrar en el diálogo de las culturas” con vistas a la paz en la convivencia, afirma el papa alemán.
Los ejemplos de voluntarismo desembozado e hiperbolizado, y sincretizados en el laboratorio del narcisismo digital imperante en quienes, en su mayoría, avanzan hacia el secuestro de los espacios de poder –con desprecio absoluto por la institución invisible de la confianza de la gente– para servirse de estos, son máximas de la experiencia. Venezuela es un emblema. A diario golpean directamente sobre la humanidad de las víctimas en este tiempo de deconstrucción de sólidos culturales y de dictadura del relativismo.
Lo cierto es que nadie sabe de derechos o recuerda que existen y se fundan en la dignidad de la persona humana, sino cuando los pierde; me lo decía tres décadas atrás el maestro Karel Vasak, eminente jurista checo-francés fallecido y proponente de las llamadas generaciones de los derechos humanos. Lo sabe en carne propia la pareja de los Maduro-Flores, sometida a la justicia norteamericana por alegados atentados contra la dignidad humana de los venezolanos al coludirse para ello con el crimen organizado trasnacional.
Lo sabrán pronto, llegado el momento, sus causahabientes, tragados por odios existenciales, revanchas políticas, cosificados por quien hoy les explota o les nombra misioneros elevándoles mientras condiciona sus pasos y los de todos quienes se suman a ese teatro de la infamia. Son los que ahora departen y le sonríen a los que Naciones Unidas ha identificado como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad.
También lo sabrán, eso creo, los que con saña de Caines resucitan a los demonios del mal absoluto, pues recrean en América la tragedia de la diáspora judía que tanto avergonzó a las generaciones europeas y del mundo al finalizar la Segunda Gran Guerra del siglo XX.
¿Se ha perdido como valor estructurante de nuestra civilización y para la dinámica del poder que avanza tras los nuevos «judíos del siglo XXI», el de la dignidad de la persona humana? Huelgan los ejemplos, insisto. No solo se trata de los migrantes venezolanos, los de adentro, los prisioneros políticos, o los de afuera, que viajaron al ostracismo en búsqueda de libertad, pero que sobreviven ocultos en sus madrigueras del norte y del sur.
La reciente prédica de papa León XIV ante el pleno de la plaza de San Pedro, actualizando las enseñanzas de Gaudium et Spes –documento fundamental del Concilio Vaticano II– no llega por acaso. Habla por sí sola. No reclama de agregados ni circunloquios. Hace presente el pontífice norteamericano su más reciente encíclica Magnifica humanitas para insistir en que la dignidad humana es un don que precede y excede al mismo hombre, varón o mujer. No “depende de sus capacidades, de sus riquezas y de su rol, ni de sus decisiones justas o equivocadas”. Por lo que, sin decirlo, repara en quienes hoy, manipulando y prosternando la protección de los derechos humanos por sus gobernados, en nombre de “sus” derechos acaban con el Estado de derecho –única protección con la que cuenta toda víctima, refugiándose en la independencia de los jueces– dando rienda suelta al “derecho penal del enemigo”.
Sensiblemente, se recrea la tesis que esbozara el jurista alemán Carl Schmidt en su ensayo sobre El concepto de lo político (1927/1932), que la hizo práctica el nacionalsocialismo y tuvo su origen en las humillaciones que a la vez recibió la nación alemana al concluir la Primera Guerra Mundial. “Supongamos que en el dominio de lo moral la distinción última es la del bien y el mal… Pues bien, la distinción política específica, aquella a la que pueden reconducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción de amigo y enemigo”, escribe Schmidt.
Seguidamente agrega que se llevaron “tan lejos el concepto del enemigo [las potencias vencedoras] que acabaron no solo con la distinción entre combatiente y no combatiente, sino incluso con la de guerra y paz. Pero al mismo tiempo intentaron legalizar por medio de pactos este estado intermedio, tan indeterminado y deliberadamente mantenido en suspenso, y hacer como si jurídicamente fuese el statu quo de la paz normal y definitivo”. Por lo que huelga el ejemplo de los buhoneros del petróleo. Y lo explica bien dicho jurista hace casi una centuria: “El resultado es que el Estado como modelo de unidad política, el Estado como portador del más asombroso de todos los monopolios, el de la decisión política, esa joya de la forma europea y del racionalismo occidental, queda destronada”.
En suma, si escrudiñamos sobre el fondo de la reflexión schmitiana, que no por azar explica el sentido del asunto vertebral que adelanto con esta crónica y se encuentra severamente comprometido, a cuyo tenor la pérdida de la dignidad humana como astrolabio de la humana existencia nos conduce a la guerra de todos contra todos, constataremos que siempre termina resolviéndose todo, solo en apariencia, a través de acuerdos utilitarios: “La generación alemana que precede a la nuestra estaba dominada por una sensación de ocaso cultural que se puso de manifiesto ya antes de la Guerra Mundial, y que en modo alguno tuvo que esperar al hundimiento de 1918 ni a la decadencia de Occidente de Spengler… El poder irresistible de la técnica aparecía aquí como gobierno de la falta de espíritu sobre el espíritu, como mecánica tal vez ingeniosa pero carente de alma”, escribe, para fijar un corolario.
Así las cosas, volviendo al principio, al caracterizar la dignidad humana, León XIV nos recuerda lo que se olvida u omite por quienes falsifican y manipulan las ideas y los conceptos, tanto como trastornan el significado de los significantes para prosternar cualquier percepción humana del ser humano, hasta situarlo como enemigo y así poder cosificarlo, esclavizarlo.
“La dignidad humana recubre a la totalidad de la persona y volverla objeto del que puede disponerse arbitrariamente o tratarlo como tal representa su negación”, dice el pontífice, apoyándose sobre el documento conciliar mencionado. A la sazón explica que tres son sus manifestaciones y le son inherentes: “La inteligencia, que impone en toda persona buscar y servir a la verdad”, que no a la mentira o a la manipulación de aquella, como de ordinario ocurre en la escena política contemporánea; “la conciencia, que le permite darle unidad y sentido a la propia vida” humana, autónomamente, pudiendo discernir cualquier hombre sobre su proyecto de perfectibilidad; y “la libertad, que lo hace protagonista a la vez que responsable de sus propias decisiones”.
De modo que todo intento para postergar, disminuir u horadar a la dignidad resta en todos y no solo en los victimarios cuando advierten la pérdida del poder que detentan, lo que les es connatural a la criatura, a saber, ser inteligente, consciente, y libre. Es esto, exactamente, lo que se está subestimando y poco importa a quienes, asumiéndose como dioses terrenos, han dado por muerto a Dios y fracturan todos los límites que evitarían nuestro colectivo descenso hacia el abismo de la corrupción.
Unos, por empeñados en destruir las raíces culturales que nos atan, bajo los dictados de la biblia gramsciana –la del socialismo del siglo XXI– en tanto que otros, por lo dicho, por haber dado a Dios por muerto, siendo feligreses de Así habló Zaratustra. No faltan, sino que sobran dentro de esa fauna de inhumanidad actuante y presente, lo recordaba Ratzinger, los que se avergüenzan de sus paternidades judeocristianas y grecolatinas.
La libertad de elegir entre el bien y el mal
No puedo menos, dentro de lo poco que puedo dejarles para la reflexión, en medio del deslave de narrativas al detal y que como río sin madre fluyen por el ecosistema de las redes, que transcribirles, acaso como simple protesta o como anotación al margen de la historia que se habrá de escribir, lo que hice constar en el libro que a cuatro manos editamos con José Rodríguez Iturbe: Voz y caminos. Los grandes temas del siglo XXI en la obra de Joseph Aloisius Ratzinger (2024).
“Naturalmente, un político –dice Ratzinger– buscará el éxito, sin el cual nunca tendría la posibilidad de una acción política efectiva. Pero el éxito está subordinado al criterio de la justicia, a la voluntad de aplicar el derecho y a la comprensión del derecho. El éxito puede ser también una seducción y, de esta forma, abre la puerta a la desvirtuación del derecho, a la destrucción de la justicia. «Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos?», observaba en cierta ocasión San Agustín. Nosotros, los alemanes, sabemos por experiencia que estas palabras no son una mera quimera. Hemos experimentado cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó a él; cómo se pisoteó el derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho; se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada, que podía amenazar el mundo entero y llevarlo hasta el borde del abismo”, declara el papa emérito fallecido ante el Parlamento de su patria.
“Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político. En un momento histórico, en el cual el hombre ha adquirido un poder hasta ahora inimaginable, este deber se convierte en algo particularmente urgente. El hombre tiene la capacidad de destruir el mundo”, fue su alerta para entonces.
No tiene reparos, en fin, al volver más allá de la argumentación filosófica, sobre la cuestión antropológica y para resolver sobre la dignidad humana que a todos nos es inherente y nos trasciende: “El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza, y su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza, la escucha, y cuando se acepta como lo que es, y admite que no se ha creado a sí mismo. Así, y solo de esta manera, se realiza la verdadera libertad humana”, concluye.
En momentos de incertidumbre como los que nos interpelan a las generaciones que hemos sido testigos de lo ocurrido durante el curso de los últimos 30 años (1989-2019), que se aceleran y no se han cerrado como se esperaba, tras la pandemia universal del covid-19; tiempo de deconstrucción que ha sido, en el marco de un tiempo sin lugares y de irrelevancia para el valor del tiempo, incluso admitiéndose la tesis de Spengler: hasta para los existencialistas solo existe el hombre y su factor común es la temporalidad o historicidad, llegada como sea la hora del renacer nos hará falta un sextante. Y ninguno comparable al de Ratzinger. En el zenit de su poder y de la vida optó por la renuncia y la humildad. Eligió «no-ser hombre» a la manera de Pico de la Mirándola y regresar al claustro, al espacio de reflexión transcurrido ya su tiempo, para, a partir de esa manifestación visible de entrega, mostrarnos el rostro de la verdadera dignidad humana; indicándonos que todos y cada uno somos experiencia una y única, que se potencia en la alteridad, pues realizamos nuestros derechos ante y junto a los otros, no frente a nosotros mismos; y por una sola razón, somos imago Dei.
Enhorabuena, ahora tenemos a la cabeza de la referencia moral que sigue siendo la Roma vaticana a papa Prevost, un agustino. En Magnifica Humanitas expone y relee los principios cardinales del humanismo cristiano según la doctrina social de la Iglesia, destacando que el fundamento central, insiste en ello, es la dignidad intrínseca e infinita de toda persona humana; la cual, por ende, no depende de condiciones morales, sociales o políticas, ni puede ser anulada por ninguna circunstancia. De esta dignidad se derivan, justamente, los derechos humanos, entendidos no como concesiones externas, sino como expresiones inherentes a la persona. El primero de ellos es el derecho a la vida, base de todos los demás, afirma el obispo de Roma.
Sin embargo, estos derechos, tal como lo consigna, enfrentan amenazas actuales como el señalado relativismo, la manipulación social, el avance tecnológico sin ética, y la pérdida de sus fundamentos, acuña. No por azar se constata una inflación de derechos sin contrapartida posible en el campo de las garantías, que solo aportan el Estado de derecho y el derecho a la democracia; todo lo cual suscita indignación social creciente y polaridades por pérdida del eje social vertebrador que es la igual dignidad de toda persona humana.
De consiguiente, vuelve el papa sobre el concepto del desarrollo humano integral ya que implica promover a toda la persona y a todas las personas en todas sus dimensiones (materiales, espirituales, sociales y culturales); en armonía, y he aquí lo novedoso, con el cuidado del medio ambiente. Al conjunto lo califica León XIV de “ecología integral”. Y visto que la dignidad humana es el fundamento último del orden social y jurídico, no puede depender de mayorías o consensos cambiantes, pues toda sociedad justa debe basarse en su reconocimiento y protección efectiva, señala.
Y concluye con algo que toca al centro neurálgico de la consideración que he realizado hasta aquí y que parte de una pregunta crucial que todos hemos de hacernos. ¿La dignidad humana puede delegarse o quedar sujeta a la voluntad de otro o a la providencia mesiánica de otro ser humano tan carente y limitado como nosotros?
“Pensar que los problemas son demasiado grandes y nosotros demasiado pequeños, y que, por tanto, nuestras decisiones no cambian nada, es una forma elegante de rendirse, a menudo disfrazada de realismo”, precisa el ocupante de la cátedra de Pedro. “No todos tienen el mismo poder de influir sobre la realidad: hay quienes gobiernan, …; y hay quienes parecen tener solo su propia vida cotidiana. Sin embargo, nadie está exento de responsabilidad. Cada uno dispone de un ámbito propio de acción, y ahí —no en otro lugar— está llamado a elegir si alimenta la lógica de la fuerza —aunque sea solo con indiferencia, cinismo, mentira y odio—; o si promueve la lógica de la paz —con verdad, sobriedad, cercanía y cuidado—, es su admonición.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció en su último informe que al menos 7414 personas privadas de libertad se mantienen recluidas en calabozos policiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), instalaciones destinadas originalmente para el resguardo temporal.
«Sin embargo, desde el año 2011, tras una circular emitida por Iris Varela, entonces ministra del Servicio Penitenciario, que limitaba los cupos en los centros penitenciarios y ordenaba solicitar autorización para el traslado de los aprehendidos, convirtió los calabozos en cárceles fijas que albergan a ciudadanos en condiciones infrahumanas, conviviendo con hacinamiento e insalubridad», informó el OVP en una nota de prensa.
Runrun.es ofrecerá un resumen del informe en 7 claves:
Años que debieron ser 48 horas
Según la investigación del OVP, el promedio de reclusión dentro de las cárceles paralelas del CICPC son 615 días, equivalente a 1 año y 8 meses.
La encuesta reveló que una de cada tres personas recluidas en esas zonas lleva más de dos años detenida. La ONG también precisó que 4291 personas identificadas el (58 %) tiene más de un año detenida.
De acuerdo con el Código Orgánico Procesal, una persona en estos calabozos debería estar 48 horas como máximo.
«Los funcionarios del Cicpc no cuentan con la formación profesional necesaria para ejercer funciones propias de la administración penitenciaria ni para asumir la custodia prolongada de las personas recluidas en sus instalaciones», denuncia el OVP en su informe. «La situación adquiere especial gravedad si se considera que estos espacios no fueron diseñados para albergar personas durante largos periodos [de tiempo]».
Caracas: la zona con más afectados
Al menos 157 dependencias policiales están funcionando como calabozos paralelos al sistema penitenciario, detalló el OVP.
De esta muestra, la ONG constató que la capital venezolana es la zona geográfica con mayor cantidad de personas privadas en calabozos del Cicpc: existen 1103 personas (14,88 % del total). Luego están los estados Zulia —con 864 u 11,65 %—, Miranda —con 733 o 9,89 %—, Carabobo —con 616 u 8,3 %— y Aragua —con 562 o 7,58 %—. Esas 5 entidades reúnen el 51 % de la población afectada directamente por la vulneración del Código del Proceso Penal.
«La dispersión territorial de la población detenida genera un problema adicional: dificulta la supervisión judicial, limita la capacidad de monitoreo independiente y reduce la transparencia institucional», se lee en el informe. «Mientras más fragmentada se encuentra la población privada de libertad, más complejo resulta documentar violaciones a los derechos humanos y exigir responsabilidades».
El retardo procesal es la norma
Los hallazgos del informe revelaron que la permanencia prolongada está vinculada al retardo procesal: 6518 personas (87,9 %) no tienen una sentencia firme para estar privadas de libertad. Por lo tanto, 9 de cada 10 personas están en esos calabozos esperando una decisión judicial.
«La cifra resulta incompatible con el carácter excepcional de la detención preventiva», lamentó la ONG. «Cuando una medida cautelar alcanza niveles cercanos al 90 % de la población recluida deja de funcionar como excepción y pasa a convertirse en regla. La consecuencia práctica es desbastadora: miles de personas son sometidas a condiciones de privación de libertad propias de una condena sin haber sido condenadas».
Diversidad de poblaciones vulnerables
Dentro de la población evaluada por el OVP, al menos 914 personas se identifican como mujeres (12,3 %). De ese grupo, 766 (83,8 %) no tienen una sentencia firme.
«Aunque representan una minoría respecto a los hombres, su situación resulta especialmente preocupante porque las dependencias policiales no suelen contar con infraestructura adecuada para responder a las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad», destacó la ONG. Entre las condiciones estructurales se encuentra el acceso al agua potable y los productos de higiene menstrual.
El informe reveló que 17 adolescentes se encuentran privados de libertad en los calabozos del CICPC. La ONG denunció que los jóvenes y los activistas no tienen acceso a su expediente para verificar si las garantías que establece la Lopnna (Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente) sobre la naturaleza excepcional de la reclusión de un menor de edad y las condiciones diferenciadas respecto a la población adulta.
La ONG también identificó a 181 personas privadas de libertad con edades mayores a los 65 años. Ellos establecen que esta población es más vulnerable a la falta de medicamentos y personal de salud capacitado que el sistema penitenciario ha sufrido por años, y que se ha matado a más de 30 reclusos bajo la custodia del Estado en distintos calabozos entre abril y septiembre de 2026.
Aun así, el OVP reconoce que la mayoría de la población afectada se encuentra e edades económicamente activas: el 56,7 % (4205) se encuentra entre los 26 y los 45 años. «Cada persona recluida representa una familia afectada, una fuente de ingresos interrumpida y una red de apoyo debilitada», agregó el informe.
Las sedes regionales tienen mayor hacinamiento
De las 157 delegaciones del Cicpc que identificó el OVP, la institución que tiene más personas recluidas es la Delegación Municipal de Maracaibo, con 278 personas.
Las Delegaciones Municipales fuera de la capital, pero en las principales ciudades del país, son las que concentran la mayor cantidad de afectados en un mismo recinto: la Coordinación de Aprehendidos de Carabobo alberga 240 personas, la Delegación Municipal de Valencia tiene 202 reclusos, la de Maturín tiene 167, la de San Francisco de Apure tiene 164, la de Barinas tiene 160 y la de Ciudad Guayana tiene 158.
Esa población representa el 18,5 % del registro de la OVP.
«Estas sedes continúan operando sin los recursos humanos, financieros y estructurales que normalmente deberían acompañar la administración de una población penitenciaria de tales dimensiones», enfatizó la ONG. «Esto constituye, además, en una evidencia directa de la incapacidad del Estado para brindar traslados oportunos hacia establecimientos penitenciarios formales».
Una vacuna para sobrevivir
Según el informe, los funcionarios del Cicpc le ofrecen «beneficios» a los privados de libertad —como una cama lejos de otros reclusos, acceso a sanitarios limpios y salir para tomar el sol— por un precio de 200 dólares americanos.
En un contexto que ha denunciado el OVP sobre el peso financiero que los familiares de los reclusos deben costear para cubrir una alimentación balanceada y constante, así como servicios de lavandería, productos de limpieza personal y medicinas, se agrega otro gasto para que los privados de libertad tengan sus derechos fundamentales.
«Cuando el acceso a un baño, a una ducha o a una hora de sol tiene un precio, el Estado deja de administrar justicia para administrar privilegios», sentenció la ONG.
La opacidad es la regla
La opacidad institucional no ha permitido precisar cuál es la capacidad instalada de estos calabozos, su hacinamiento, su disponibilidad a agua y alimentos, el presupuesto destinado a estos recintos y el número de personal de salud y de seguridad que debería atender el recinto.
El OVP denunció que la población evaluada para su informe debe contar con más de 2226 funcionarios que los custodian por tres turnos de forma permanente, si se toma en cuenta los estándares propuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de tener 1 funcionario por cada 10 reclusos.
«Es importante destacar que esta cifra es una estimación técnica y no constituye una obligación jurídica expresamente establecida por organismos internacionales. Sin embargo, permite dimensionar la magnitud del desafío operativo que representa custodiar adecuadamente a más de siete mil personas distribuidas en 157 sedes», advirtió el OVP.
Para la ONG, la opacidad institucional es un instrumento más que perpetúa la crisis penitenciaria y del sistema de justicia en el país, al evitar que organismos independientes y las víctimas puedan reconocer los patrones en los que están inmersos.
La ONG venezolana Acceso a la Justicia advirtió que el finalizó el lapso legal para publicar en Gaceta Oficial la Reforma de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Lotsj), promulgada por la Asamblea Nacional del 2025 el primero de septiembre de 2026, que iniciaría el proceso de cambio de los magistrados y avanzar el proceso de transición democrática en el país.
«De conformidad con el artículo 214 de la carta magna, “El Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los diez días siguientes a aquél en que la haya recibido (…)”», explicó la ONG en su cuenta de X (Twitter), el pasado 11 de septiembre. «Hasta el momento se desconoce si la referida reforma de la Lotsj ya fue promulgada y publicada en Gaceta Oficial»
#AlertaLegal El pasado #1sep la AN sancionó la reforma parcial de la LOTSJ, centrada en el artículo 65 modificando la composición del Comité de Postulaciones Judiciales a 12 miembros de diversos sectores de la sociedad y 11 diputados.
La modificación de la Ley se concentró en su artículo 65, donde se reestructuraría la composición del Comité de Postulaciones Judiciales. Al publicarse la reforma, el comité quedaría integrado por 11 diputados de la Asamblea Nacional del 2025 (integrados mayoritariamente por diputados de talante chavista) y 12 personas provenientes de la sociedad civil.
Más de 100 Gacetas sin publicar
Acceso a la Justicia, en un informe publicado el 23 de agosto, ha denunciado que el Gobierno chavista mantiene al menos 116 Gacetas Oficiales sin publicar entre 2021 y agosto de 2026. A consideración de la ONG, la práctica «no ha hecho más que agravarse, afectando así gravemente la transparencia estatal, el acceso a la información pública y la seguridad jurídica en el país».
De las 116 Gacetas Oficiales que no están disponibles al público, en 101 no se les conoce el contenido que deberían tener. La ONG advierte que el patrón de opacidad total aumenta con los años: en 2021 hubo 2 gacetas sin contenido conocido, en 2022 y 2023 hubo 12 gacetas opacas cada uno, en 2024 hubo 14 gacetas desconocidas por el público, en 2025 hubo 23 gacetas sin publicar y sin contenido conocido y en 2026 se han registrado 38 gacetas totalmente opacas.
Entre las Gacetas oficiales sin publicar, que se conocen su contenido y están relacionadas con el Gobierno interino se encuentra la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Gaceta n° 7052) y la norma que designa a Román Maniglia como superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Gaceta n° 7049).
«Hasta julio de 2026, el número de gacetas que no se encontraron ni en físico ni en sitios web alcanzó 46, siendo todas extraordinarias», denuncia la ONG. «Esta situación supone una clara violación a lo dispuesto en la Ley de Publicaciones Oficiales de 2022, la cual señala en su artículo 6 que el Saingo [Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial] es el responsable de la «edición e impresión» de la Gaceta Oficial, que se “publicará de forma ordinaria todos los días hábiles, sin perjuicio de que se publiquen números extraordinarios cuando sea necesario”».
Acceso a la Justicia ha denunciado que el Gobierno interino mantiene la tendencia de publicar Gacetas oficiales con un acceso limitado o inexistente, distribuyendo los documentos legales en páginas web distintas al Saingo, vulnerando varios derechos fundamentales, principalmente el derecho a la información.
«Todo el mundo nos pregunta: ¿Por qué no empezamos por la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral? (…) A aquellos sectores que dicen “elecciones ya”, “elecciones lo más pronto posible”, quiero decirles que apenas el primero de agosto nosotros asumimos esta responsabilidad», dijo Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN 2015) y jefa de la delegación opositora en el proceso de negociación con el Gobierno interino, durante una sesión virtual con abogados del estado Mérida el pasado 10 de septiembre de 2026.
Figuera reiteró que las primeras acciones de la mesa de negociación con el Gobierno interino es el cambio de las leyes y del Poder Judicial antes de seguir con otros aspectos de la transición democrática.
La presidenta de la AN 2015 también señaló que en la segunda ronda de conversaciones con los representantes de la Asamblea Nacional del 2025 (AN 2025), de mayoría chavista, estará previsto para el 15 de septiembre. En esa instancia se abordará la creación de una «mesa de libertades o garantías políticas y civiles y, por supuesto, [de] la libertad de expresión».
Durante el encuentro, el dirigente opositor Sergio Vergara explicó que estas mesas estarán enfocadas en el cambio de las leyes, normativas e instituciones que la AN 2015 y la sociedad civil venezolana han detectado como herramientas de restricción y violación de los derechos fundamentales.
Entre las principales leyes que evaluarán estarán la Ley del Odio y la Ley de Fiscalización contra las ONG, dos estatutos que han perjudicado a más de 80 personas con detenciones arbitrarias y violación al debido proceso judicial, según ONG como Foro Penal.
Fin de una «primera fase»
El pasado 12 de agosto, la AN 2015 y la AN 2025 cerraron el primer ciclo del diálogo después de una semana de discusión.
Las partes acordaron la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), recuperar los activos de la reserva internacional del país depositada en Inglaterra y la atención de las víctimas del doble terremoto de junio.
La AN 2025 modificó un artículo de la ley del TSJ para ampliar la participación de la sociedad civil en el comité de postulaciones que nombrará a los nuevos magistrados, un paso que, a juicio de los opositores, permitirá que haya más independencia a la hora de hacer las designaciones.
Aunque la sociedad civil ha criticado la modificación de la Ley para incluir el papel de diputados chavistas en el proceso de selección de magistrados, llaman a las instituciones académicas y colegios de abogados a participar en el proceso para garantizar la transparencia del proceso.
La ONG Espacio Público anunció que en Venezuela se registraron al menos 3 casos y 6 violaciones a la libertad de expresión durante el pasado mes de agosto. Según su boletín mensual, en el año se han registrado al menos 107 violaciones al derecho a informar.
«Es el registro más bajo del año; sin embargo, la cifra no describe un mes de menos restricciones, sino un mes en el que buena parte de lo que limitó el derecho a informar no se expresó en hechos individuales denunciables, sino en decisiones institucionales, opacidad y acuerdos adoptados sin información pública», afirmó la ONG.
Las cinco víctimas identificadas por Espacio Público fueron periodistas o reporteros. Durante el mes se identificó un victimario: los cuerpos de seguridad del Gobierno Interino. Sin embargo, se registraron otros dos victimarios que los reporteros no pudieron identificar.
Hostigamiento y censura
El primer caso registrado ocurrió el 6 de agosto en La Carlota, Caracas. Una periodista del medio Efecto Cocuyo cubrió la instalación de la mesa de diálogo entre los integrantes de la Asamblea Nacional 2015 y el Gobierno interino. Funcionarios del gobierno, sin identificación, la acorralaron, la amenazaron y la obligaron a borrar todo el material audiovisual que tenía del evento.
El 13 de agosto, el periódico digital El Nacional denunció que Instagram suspendió su cuenta el 26 de julio por denuncias fraudulentas de infracción de derechos de autor, dejando sin ese canal a más de cuatro millones de usuarios.
«El caso repite el patrón que ya afectó a Armando.Info y El Pitazo: un mecanismo legítimo de protección de derechos convertido en herramienta de censura. Ocurre además sobre un escenario en el que más de 60 medios digitales siguen bloqueados por Conatel por vía administrativa, sin decisión judicial ni posibilidad de apelación», agregó la ONG.
Espacio Público reiteró que el Gobierno interino de Venezuela sigue en opacidad al no publicar datos sobre el impacto de los terremotos del pasado junio y sobre los planes de restablecimiento del sistema eléctrico, que se ha mencionado como un mecanismo de reparación hacia la democracia.
Según su informe publicado el 17 de agosto, de 10 miembros del personal de salud admite sentir temor a reportar ante la prensa durante la emergencia humanitaria por amedrentamiento de parte de las autoridades políticas ligadas al Gobierno interino.
«En lo que va de 2026 acumulamos 170 violaciones, con la intimidación (47,65 %) y la censura (25,29 %) en primer y segundo lugar de frecuencia. De las 122 víctimas, 70 son periodistas o reporteros (57,38%), y entre los 104 victimarios los cuerpos de seguridad concentran casi la mitad (50,48,08 %), seguidos por instituciones del Estado (20,19,23 %)», reportó Espacio Público.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denunció este 12 de septiembre la muerte bajo custodia del Estado de Júnior Rafael Velásquez Herrera, venezolano de 23 años recluido en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Guaiparo, estado Bolívar. El joven fue asesinado con un arma de fuego y el principal acusado es otro miembro del centro penitenciario.
«Júnior tenía tres años detenido y sin una sentencia firme», agregó el OVP en sus redes sociales. «Este centro policial es uno de los que alberga la mayor cantidad de detenidos del estado Bolívar, los niveles de hacinamiento son críticos».
De acuerdo con los testimonios recopilados por la ONG tras el siniestro, las autoridades del centro de reclusión trasladarán a los privados de libertad, pero los familiares y abogados de los reclusos no tienen información de la logística del desplazamiento.
#OVPDenuncia 🚨La crisis penitenciaria que existe en Venezuela llega hasta los centros de detención y es que hemos registrado la muerte de Júnior Rafael Velasquez Herrera (23) en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Guaiparo, ubicado en el estado #Bolívar.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) September 12, 2026
«Los familiares de los privados de libertad se sienten sumamente preocupados pues temen que los lleven a otros estados del país y la mayoría de quienes están allá no cuentan con los recursos económicos para costear los viajes a otras regiones. Esto traería como consecuencia más retardo procesal pues serían alejados de los tribunales que llevan sus causas», denunció el OVP.
29 reclusos muertos en 5 meses
Con el caso de Velásquez, la ONG ha documentado al menos 29 personas recluidas en cárceles venezolanas han muerto bajo custodia del Estado entre abril y septiembre de 2026. De ese grupo, más de 10 han fallecido por problemas de salud no atendidos.
«Debemos recordar que en el estado Bolívar, tras la intervención del Ministerio de Asuntos Penitenciario, fueron clausurados el Internado Judicial de Vista Hermosa y la cárcel de El Dorado», agregó el observatorio. «Con el cierre de estos recintos penitenciarios acabaron con 1150 plazas para albergar a privados de libertad de la región».
El OVP llamó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público de investigar la muerte de Velásquez, así como de los otros reclusos que han muerto tras las rejas en el país durante el año 2026.
Las promesas de desarticulación criminal tras las intervenciones de Estados Unidos en Venezuela resultaron ser un espejismo en el sur del país. Ni el desplazamiento de los grupos armados ni la recuperación del territorio se hicieron realidad. Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 y las operaciones que apuntaron a la cúpula del Tren de Aragua —como la presunta ejecución de alias Niño Guerrero—, las dinámicas delictivas que alimentan la minería ilegal siguen intactas. Solo cambiaron de manos.
Con un reportaje sólido del nuevo mapa criminal en el Arco Minero de Venezuela, que ejemplifica las dinámicas delictivas del negocio del oro en América del Sur y sus conexiones con el poder político, iniciamos la publicación de la nueva serie investigativa Dorada opacidad: poder y crimen en la tierra del oro, continuación del proyecto transfronterizo ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2025, coordinado por Convoca en alianza con periodistas y medios de cinco países de la región.
En esta primera entrega, Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Convoca revelan cómo la incursión armada del 9 de junio en el estado Bolívar no erradicó las estructuras mafiosas: instauró un “cambio de gobierno” bajo el sello de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Nuestro equipo periodístico ingresó al corazón del Arco Minero del Orinoco, en el eje Las Claritas-Kilómetro 88, donde se ubica uno de los depósitos auríferos más grandes del mundo. Ahí, la ley ya no la dicta el “Sistema” —la alianza criminal entre alias ‘Juancho’ y el ‘Tren de Aragua’— sino el Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (GPAMO).
Bajo el pretexto de combatir el crimen, cientos de efectivos militares, secundados por hombres armados sin identificación y helicópteros a baja altura, tomaron la zona para asumir el monopolio de la extorsión. Desde cobrar cuotas de hasta 20 gramos de oro (unos 2000 dólares) a los dueños de molinos a cambio de registros informales, hasta despojar de fragmentos del metal a recolectores de basura en las calles.
La orden dada a los mineros tras la incursión fue explícita y directa: seguir operando sin descanso. Debían “producir como lo mandaba la comandante Delcy Rodríguez (presidenta encargada de Venezuela)”, dijo un capitán de la FANB a los trabajadores mineros entrevistados para esta investigación periodística. Mientras el tutelaje de Estados Unidos sobre Venezuela tras la caída de Maduro busca reconfigurar el negocio energético y minero para asegurar beneficios, en el terreno las economías ilícitas se bancarizan a través de criptomonedas y continúan sometiendo a la población.
Para este reportaje, el equipo de ARI entrevistó a más de una veintena de fuentes, entre comerciantes, molineros, policías, habitantes de los diversos pueblos mineros, religiosos y funcionarios de gobiernos locales, un trabajo sólido de campo que permitió identificar la nueva gobernanza criminal del Arco Minero.
Esta nueva edición de Dorada Opacidad sobre los nexos entre el poder político, las redes criminales y el negocio del oro en Venezuela y Perú, cuenta con el apoyo del Pulitzer Center.
En su primera serie investigativa, Dorada opacidad demostró cómo el tráfico masivo de oro opera en cinco países de América del Sur (Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela), donde más de 3000 toneladas del mineral exportadas entre 2013 y 2023 tenían un origen desconocido y fueron maquilladas como legales.
Un equipo de cerca de 20 periodistas de Convoca.pe (Perú), Repórter Brasil, Plan V (Ecuador), Consejo de Redacción y Rutas del Conflicto (Colombia), Armando.info y Alianza Rebelde Investiga (Venezuela), integrado por Runrun.es, El Pitazo y Tal cual, expuso las redes de blanqueamiento que alimentan a los mercados internacionales: desde el uso de la planta de Minera Laytaruma en Perú para camuflar oro ilegal como pequeña minería, hasta redes de empresas fantasmas en Ecuador, pasando por la triangulación del metal venezolano hacia Líbano para evadir sanciones y el uso de registros falsificados en Colombia y Brasil.
Ahora ingresamos a los pasillos del poder político y la trama criminal en los territorios del oro.
