En El Mañanero de Runrun.es del 18 de junio traemos el resumen de las noticias más relevantes del fin de semana: El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció ladesaparición forzada de al menos 60 personas en las últimas semanas. El abogado y coordinador de exigibilidad de la ONG Provea, Marino Alvarado, manifestó su preocupación por los recientes encarcelamientos de dirigentes políticos, activistas de DDHH, economistas y hasta hinchas de un equipo de futbol.
“Lo castigan por estar en el mal momento, por cubrir un evento de Edmundo González”: Claudia Macero, coordinadora de comunicación del partido de María Corina Machado, sobre la detención del periodista ‘Gabito’ https://t.co/CXyaotioADpic.twitter.com/9UkVRypLqp
“La mujer que está presa junto a mi hija, también tiene a su hijo preso en Tocorón por el mismo contexto electoral. El muchacho tiene 19 años y su caso no ha avanzado”, Yakelin Rangel, madre de una detenida en yaracuy luego del 28j
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Alianza de medios venezolanos conformada en torno a Venezuela Vota y La Hora de Venezuela y liderada por la organización periodística Connectas, se hizo acreedora del Premio Rey de España de Periodismo de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria por Operación Retuit, un proyecto que expuso la situación del periodismo venezolano después de las elecciones presidenciales del año pasado ante la creciente represión y persecución.
La entrega de los premios ha puesto en valor la lucha por la libertad de prensa y el periodismo de investigación que los profesionales de los medios de comunicación de Latinoamérica mantienen día a día, y por la que en algunos casos han tenido que exiliarse o incluso ver atentada su vida y la de sus familias.
Los reyes han presidido la entrega de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, que en su 42 edición han reconocido la libertad de prensa en Latinoamérica y el periodismo de denuncia social e investigación. Felipe VI reivindicó los trabajos galardonados frente “a una tendencia global de erosión de la credibilidad informativa”. El Rey de España también reconoció la labor de unos periodistas que rompen “el clima de escepticismo agravado por una fatiga informativa que afecta a buena parte de las sociedades del mundo”.
La «Operación Retuit» contó con la participación de al menos 200 periodistas. El proyecto completó una temporada de 30 episodios (en español e inglés), con un alcance estimado de 41 millones en redes sociales y 901 mil interacciones. El uso de la inteligencia artificial (IA) ha supuesto un empuje para uno de los trabajos premiados.
Para el proyecto «Operación Retuit», 14 medios venezolanos, bajo la articulación de @ConnectasOrg, difundieron información por medio de dos avatares creados con inteligencia artificial –la chama y el pana-, luego de la elección presidencial del 28 de julio de 2024. A través de videos verticales para redes sociales, -la chama y el pana- explicaron temas como los muertos en las protestas, la suspensión de X por parte del Gobierno venezolano y la situación de los presos políticos.
Dorada opacidad
La investigación «Dorada Opacidad», trabajo que hablaba del tráfico masivo del oro en Sudamérica y que revela prácticas de triangulación del oro ilegal entre países productores en Latinoamérica y compradores de Europa y Medio Oriente, también fue reconocido en la categoría de Periodismo Narrativo. La investigación, liderada por la organización Convoca, suma el trabajo de periodistas de cinco países y contó con la participación de los medios de la Alianza Rebelde Investiga: El Pitazo, Runrun.es y TalCual.
Se trata de una investigación que expone los mecanismos oscuros del tráfico masivo de oro en Sudamérica y su impacto en ecosistemas y comunidades indígenas. Una investigación transfronteriza que, a partir del análisis masivo de datos en cinco países, revela prácticas de triangulación del oro ilegal entre países productores en Latinoamérica y compradores de Europa y Medio Oriente. En un mundo complejo y globalizado el periodismo de investigación se reivindica como una forma de «vigilar los sistemas», de «mostrar con evidencias qué es lo que sucede», afirma la peruana Milagros Salazar, fundadora del portal Convoca.pe, y coordinadora del equipo que ha recibido el premio.
El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, apostó en su discurso con motivo de la entrega de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo por no olvidar la misión de los medios de comunicación y de las agencias de noticias de «luchar contra la privación de la palabra» y la «deshumanización». «Tenemos una misión: no permitirlo», insistió.
Este miércoles, 18 de junio, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció un “desbordamiento de la represión” y al menos 60 personas en desaparición forzada en las últimas semanas.
En una rueda de prensa, desde la Sala de Juicios Orales en la Escuela de Derecho Universidad Central de Venezuela (UCV), el Clippve denunció un aumento de la represión, detenciones arbitrarias, desapariciones y la criminalización del derecho a informar, opinar y defender derechos.
El abogado y coordinador de exigibilidad de la ONG Provea, Marino Alvarado, manifestó su preocupación por los recientes encarcelamientos de dirigentes políticos, activistas de DDHH, economistas y hasta hinchas de un equipo de futbol.
#EnVivo | El abogado Marino Alvarado denunció un "desbordamiento" de la represión debido a la persecución desatada contra distintos sectores de la sociedad.
"Además de la desaparición forzada, ahora quieren convertir la incomunicación en política de Estado". Señaló la… pic.twitter.com/KAMxn2Z4Kb
Alvarado indicó que además de la desaparición forzada, ahora “quieren convertir la incomunicación prolongada en una política de Estado”.
Alvarado hizo un llamado al Ministerio Público, al defensor del Pueblo y al fiscal general de la República a que actúen ante esta situación de conformidad con lo que establece la Constitución.
Por su parte, Andreína Baduel, vocera del Comité, pidió a la la comunidad internacional que no abandonen a los venezolanos ante esta nueva escalada represiva en contra de quienes piensan distinto y se atreven a alzar la voz.
Baduel, quien tiene a su hermano detenido desde el 2021, recalcó que 60 presos políticos están en cárceles y comandos policiales con graves problemas de salud. “Muchos están en riesgo de muerte inminente si no se les brinda atención médica especializada y oportuna”, dijo.
Andreína Baduel indicó que la “política del aislamiento como mecanismo de tortura se ha intensificado” y que hay 16 presos aislados en El Helicoide en Caracas y dos en el Fuerte Guaicaipuro en Charallave.
La activista por la defensa de los derechos humanos recordó que cuatro adolescentes están detenidos y criminalizados por solo “pensar distinto”.
Recordó el caso de Freddy Superlano, quien lleva más de ocho meses detenido y aislado en El Helicoide. También el de Pedro Guanipa, hermano del dirigente político Juan Pablo Guanipa, y el activista Jesús Armas.
#EnVivo | Andreina Baduel, vocera del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció una política de aislamiento "cómo mecanismo de tortura a presos políticos y sus familiares". Señala que hay 16 presos aislados en El Helicoide y 2 en el Fuerte Guaicaipuro #TalCualpic.twitter.com/FxWBVu6RRH
El Comité solicitó a las autoridades nuevamente que se permita el ingreso de oficiales de la Oficina del Alto Comisionado y la Cruz Roja Internacional a los centros de reclusión.
“Queremos reiterar nuestro llamado a que se permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional a los distintos centros de reclusión para que puedan constatar la situación de nuestros seres queridos y, asimismo, pedir en esta oportunidad que se permita el ingreso de oficiales de la Oficina del Alto Comisionado (de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) para que también constaten in situ todo lo que venimos denunciando”, manifestó.
La ONG Foro Penal, en su último balance sobre los presos políticos en Venezuela, informó que actualmente hay 932 detenidos por motivos políticos.
Exigen ver a sus familiares
Durante la rueda de prensa, varios familiares de los detenidos comentaron el tiempo que llevan sin saber de sus familiares, al tiempo que exigieron a las autoridades se les permitan las visitas y el acceso a tratamientos médicos.
Ramón Guanipa, hijo del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, señaló que los presos políticos en Venezuela “están pagando un precio por ser valientes”.
Carol Figueredo, esposa de Pedro Guanipa, dijo que tiene 265 días sin ver a su ser querido, quien está en El Helicoide. “Hoy quiero pedirle a quienes tienen el poder que se pongan en la posición de nosotros. No es posible que nuestros hijos no puedan ver a sus padres”
Betsaida Natera, madre de Geomer Martínez, denunció que el militar –uno de los condenados por el alzamiento de Cotiza en 2019– se encuentra incomunicado desde el pasado 20 de abril en el Fuerte Guaicaipuro, luego de haber sido trasladado arbitrariamente a ese lugar en febrero desde la cárcel de Ramo Verde.
“Que no sigan los maltratos, que no sigan las torturas y que nos dejen ver a nuestros familiares, así como mi hijo, a todos los presos políticos (…) El no saber nada de nuestro familiar, de verdad es bastante fuerte”, exigió.
Francis Marcano, esposa del periodista Carlos Julio Rojas, señaló que sigue castigado en el Sebin Helicoide luego de ser agredido por otros reclusos. En una visita que le permitieron para constatar su estado, Rojas le comentó que tenía problemas con su tensión arterial.
Marcano solicitó a las autoridades que conformen una mesa de diálogo con los familiares de presos políticos para revisar cada uno de sus casos y se otorguen medidas sustitutivas de libertad. Indicó que en esta mesa deben ser tomados en cuenta los 16 periodistas detenidos actualmente en el país.
Por su parte, Emiselis Núñez, esposa del abogado Eduardo Torres, recordó que desde el 9 de mayo no han podido ver al activista de Provea. Apenas le dejan ropa y reciben algún que otro mensaje donde les indica lo que necesita. “Le pedimos a los organismos internacionales que no nos dejen solos, necesitamos que nos acompañen y sean nuestra voz”, expresó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país. desbordamiento de la Represión desbordamiento de la Represión desbordamiento de la Represión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 44/2025, mediante la cual otorga medidas cautelares a favor de Andreina Baduel, defensora de derechos humanos venezolana y directora del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).
La decisión de la CIDH responde a una evaluación que concluyó que Baduel enfrenta una situación de “gravedad y urgencia”, con riesgo de sufrir “daños irreparables a sus derechos a la vida y a la integridad personal“, en el contexto de sus labores de denuncia sobre la situación de las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.
Según la solicitud presentada ante la CIDH, Baduel ha sido objeto de “amenazas, hostigamientos, vigilancia e intimidaciones por parte de agentes estatales“. Esta situación, denuncian, se ha intensificado debido a su rol como vocera y representante de familiares de presos políticos.
Silencio del Estado y riesgo creciente
La Comisión subraya que el Estado venezolano no respondió a la solicitud de información formulada en el marco del proceso, lo que impidió conocer si se están tomando medidas para proteger a la activista o investigar las amenazas que ha recibido.
“Los hechos reportados involucran la participación de agentes estatales y están vinculados directamente con las actividades que Andreina Baduel realiza como defensora de derechos humanos”, precisa la resolución. La CIDH advierte que la falta de respuesta oficial agrava su situación de vulnerabilidad.
En su resolución, la Comisión solicitó al Estado venezolano a que:
Adopte medidas para proteger la vida y la integridad personal de Andreina Baduel.
Garantice que pueda continuar su labor de defensa de derechos humanos sin sufrir amenazas o actos de violencia.
Asegure que sus agentes respeten los derechos de la beneficiaria y actúe frente a riesgos atribuibles a terceros.
Concierte las medidas con Baduel y su representación legal.
Informe sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos denunciados y evitar su repetición.
La CIDH aclaró que el otorgamiento de estas medidas cautelares no implica un prejuzgamiento sobre posibles violaciones de derechos humanos, que puedan ser objeto de una futura demanda internacional.
Andreína Baduel es hermana del preso político Josnars Baduel, hijo del general retirado Raúl Isaías Baduel, quien también fue preso político y falleció bajo custodia del Estado.
Desde entonces, ha sostenido una activa labor de visibilización de la situación de los presos políticos y ha exigido justicia tanto para su familia como para otras víctimas de detención arbitraria y tortura.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En 932 ubicó la ONG Foro Penal la cifra de presos políticos en Venezuela en su más reciente reporte.
La organización no gubernamental precisó en su red social X que el conteo representa un aumento de seis privados de libertad con respecto al último estudio.
El grupo de detenidos está compuesto por 837 hombres y 95 mujeres, de los cuales 928 son adultos y cuatro adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años de edad.
La organización expuso que el número de detenidos con doble nacionalidad se mantiene en 82.
Según la ONG, la mayoría de estos arrestos se produjeron en el contexto de las protestas postelectorales que se desataron en luego de los comicios presidenciales de 2024, donde el CNE controlado por el chavismo dio como ganador a Nicolás Maduro sin hasta ahora mostrar resultados desagregados en su página web ni llevar a cabo auditorías con presencia de observadores nacionales e internacionales.
Recientemente, el Ministerio Público a cargo del fiscal impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente y ratificado por la AN de 2020, Tarek William Saab, dictó una medida cautelar en favor del adolescente Jonathan Bravo, de 17 años.
Bravo, quien fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) a los cinco años, fue aprehendido hace cinco meses y recluido en la Entidad de Varones en Coro, estado Falcón.
Víctimas de la represión poselectoral todavía están presos los adolescentes Gabriel Rodríguez (16), Dainer Abraham Rivero (17), Ángel Gabriel González (17) y Lisneidel Zúñiga (17).
Desde 2014, Foro Penal ha documentado un total de 18.420 detenciones por causas políticas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Tribunal Primero de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó privativa de libertad y pase a juicio a la periodista del medio digital Impacto Venezuela, Nakary Mena Ramos el pasado 17 de junio, denunció en su cuenta de X (Twitter) la ONG Espacio Público.
La detención de la periodista junto a su esposo Gianni González, quien era su asistente de cámara, se produjo la tarde del martes 8 de abril tras haber publicado un reportaje sobre presuntos robos en Caracas. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, ambos estuvieron desaparecidos por más de 48 horas.
Durante ese tiempo, sus familiares y amigos buscaron a la pareja en los centros de reclusión de Caracas, como lo son la del Sebin en Plaza Venezuela y El Helicoide, sin embargo, en esos dos lugares les negaron que estuvieran allí.
El 10 de abril, el SNTP notificó que el Ministerio Público acusó a ambos por presunta “instigación al odio y publicación de noticias falsas”. Mena Ramos, madre de una niña de cinco años, fue recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, y a su esposo le asignaron la cárcel del Rodeo II.
Esta medida generó reacciones en apoyo a la periodista y en rechazo a la decisión que viola, una vez más, el derecho a la información, que es constantemente vulnerado por el Estado a través de los organismos de seguridad con prácticas como el hostigamiento, la persecución, censura y desaparición forzada contra trabajadores independientes de la prensa.
El Comité por la Libertad de Presos Políticos en Venezuela emitió un comunicado horas después de la detención de la pareja: “La desaparición de Nakary ocurre tras la publicación de un reportaje que documenta presuntos casos de robos en Caracas, elaborado por ella. El lunes #7Abr, el periodista oficialista Michel Caballero citó el trabajo, calificándolo como ‘delicado’ y acusando al medio de ‘lanzar matrices sin tener fuentes ni datos’. Apenas un día después, Nakary desapareció. Su caso se suma a un patrón sistemático de persecución y criminalización del ejercicio periodístico en Venezuela, donde se vulnera el derecho a la información y se reprime la libertad de expresión”.
16 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela
Tras haber conocido la decisión del Tribunal Primero de Control AMC, este 17 de junio, en su cuenta de X, el periodista y ciberactivista, Luis Carlos Díaz rechazó la medida y mostró su apoyo a Nakary Ramos, destacando que solo “hacía su trabajo”.
¿Saben qué reportaba Nakary? Hizo un vídeo en el que le preguntaba a la gente si sentía que había aumentado la inseguridad en Caracas, con eso intentaba desmontar la matriz de opinión de que el regreso de algunos deportados impactaba en el tema. Solo hacia su trabajo. https://t.co/HPEfiOzLRI
— Luis Carlos 🏴☠️ One Piece (@LuisCarlos) June 18, 2025
El Colegio Nacional de Periodistas también fijó posición y consideró que el pase a juicio de la comunicadora Nakary Ramos atenta contra la libertad de prensa, “porque informar es un derecho consagrado en la Constitución Nacional”.
El pasado 11 de junio, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reclamó la libertad de la periodista Nakary Mena Ramos y de todos los que siguen detenidos en el país, tras denunciar que fueron privados de libertad por ejercer su labor informativa en un contexto de “creciente represión política contra la prensa independiente”.
“La criminalización del periodismo crítico y el uso de figuras penales ambiguas como la instigación al odio son parte de un patrón sistemático de persecución contra quienes informan con independencia”, afirmó el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica. “Exigimos la liberación inmediata de Carlos Marcano, Nakary Mena Ramos y Gianni González, y que se respeten sus derechos fundamentales”, denunció la SIP.
De acuerdo a DDHH en Movimiento, iniciativa de ONG que documenta violaciones a derechos humanos en Venezuela, hasta el 2 de junio, 16 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen detenidos arbitrariamente en el país, entre los que se encuentra Nakary Mena Ramos.
El CNP ha señalado que los 16 periodistas están presos “por cumplir con su labor de alzar la voz en contra de las injusticias”, por lo que exigió la libertad para cada uno de ellos.
Hasta la fecha, además de Mena Ramos, los detenidos son Juan Pablo Guanipa, Carlos Marcano, Raúl Amiel, Rory Branker, Leandro Palmar, Belises Cubillán, Julio Cesar Balza, Roland Carreño, Biagio Pilieri, Victor Ugas, José Camero, Gabriel González, Carlos Rojas, Luis López y Ramón Centeno.
Durante el 2024, el patrón de persecución contra los medios de comunicación, marcó la agenda represiva del Estado.El Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela) documentó que hubo 566 violaciones de la libertad de prensa, 27 desplazamientos forzados de trabajadores de la prensa, 39 bloqueos a sitios web, 11 extranjeros corresponsales expulsados y 20 emisoras cerradas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas y profesor universitario, grabó un video antes de ser arrestado en el que advertía que “cualquier persecución o secuestro en su contra violaría sus derechos políticos y civiles”.
En un video difundido en las redes sociales del partido Voluntad Popular, Rodna Cabezas, hija del exministro, publicó el audiovisual en el que denuncia que su padre lleva más de cinco días desaparecido.
“No es un delito haber sido ministro de Finanzas y no robar. No es un delito expresarse cívica, pacífica y democráticamente para reclamar un nuevo país. Cualquier persecución o secuestro de mi persona será una clara violación de mis derechos políticos, de mis derechos civiles y una descarada violación de mis derechos humanos”, advirtió Cabezas en el video que había dejado grabado ante una eventual detención.
Hoy el economista Rodrigo Cabezas cumple 5 días y 120 horas secuestrado por la dictadura de Maduro.
Rodrigo Cabezas dejó este video, que hoy difunde su hija, en caso de ser arbitrariamente detenido.
El pasado lunes, 16 de junio, Rodna Cabezas junto con el abogado Larry Molero, en entrevista con el periodista Vladimir Villegas, afirmaron que han visitado varios centros penitenciarios y no dan con el paradero del exministro.
“No sabemos dónde está, he visitado varios centros penitenciarios buscándolo y no sabemos donde está, él no ha sido presentado ante los tribunales competentes”, dijo su hija.
Explicó que a su padre lo detuvieron el jueves 12 de junio a las 5:00 p.m., cerca de su residencia en el sector Las Delicias de Maracaibo, cuando se dirigía a las oficinas de Corpoelec porque habían cortado la luz en su casa. “Nunca llegó a Corpoelec. Por eso, presumimos que fue una emboscada”.
Rodna Cabezas agregó que el exministro logró comunicarse con su esposa y le dijo que lo habían detenido, que lo llevarían al Sebin. Cuando los familiares llegaron al lugar, les entregaron los documentos que portaba y al día siguiente, les informaron que lo trasladaron a Caracas.
“Hicimos un recorrido desde el mismo sábado por todos los centros, hemos estado Dgcim, Sebin, en la Policía Nacional Bolivariana y no hemos tenido respuesta, no sabemos dónde está. Estoy preocupada porque es un paciente con hipertensión arterial que debe cumplir su tratamiento diario. Mi solicitud es que se les respeten su derecho a la vida, salud y políticos”, exigió la hija del profesor.
Por su parte, el abogado Larry Molero señaló que no existió una orden de captura en contra del exministro, hecho que viola el debido proceso.
Molero explicó que el cuerpo de seguridad del Estado tiene 12 horas (cuando detienen a un ciudadano) para notificarle al Ministerio Público que lo tienen detenido por la presunta comisión de un delito y este organismo tiene 36 horas para ponerlo a la orden del tribunal de control de guardia. “Vencido el lapso de esas 48 horas el Estado venezolano de oficio debería otorgar la libertad”.
El abogado aseguró que la detención de Rodrigo Cabezas es una “desaparición forzosa” debido a que no fue presentado en el lapso correspondiente ante el tribunal de control de guardia. Resaltó también que el escenario para presentarlo era en Maracaibo y no en Caracas.
Hasta el momento de la redacción de esta nota, las autoridades no han informado oficialmente el lugar donde permanece detenido ni los motivos de la detención.
Tensión económica
El pasado lunes, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), ente económico alterno ante la ausencia de cifras oficiales, emitió un comunicado con la intención de ratificar que “medir precios no es un delito, es una necesidad”.
El OVF rechazó la “persecución, el hostigamiento y la criminalización” en contra de las personas que se dedican al levantamiento, análisis y difusión de información estadística.
“Atacar a quienes generan y comparten datos económicos confiables no solo vulnera principios democráticos fundamentales, sino que también limita la comprensión colectiva de la realidad nacional”, se lee en un comunicado del OVF publicado en redes sociales.
Las denuncias del observatorio se generan luego de que se hiciera pública la detención del exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas. También la desaparición del economista Daniel Cadenas y el administrador Gerardo Cacique.
En su comunicado, el OVF aclaró que las personas detenidas no forman parte de la organización. “Su relación con nuestra institución ha sido exclusivamente a través de colaboraciones ocasionales de carácter consultivo, sin que ello implique una vinculación formal o permanente”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“Antes no se oía el mar. Ahora, desde adentro de la casa se escucha todo”. En la Guajira venezolana, el aumento del nivel del mar, exacerbado por el cambio climático, ha comenzado a transformar de forma drástica la vida de los habitantes de esta región al norte del estado Zulia, donde la mayoría es parte del pueblo indígena Wayuu, uno de los más numerosos del país.
En el reportaje“La entrada del mar que amenaza a comunidades de la Guajira venezolana”, apoyado por la Red de Periodistas de Investigación de Venezuela (RPI), IPYS Venezuela y Free Press Unlimited, los periodistas Francisco Rincón y Rosmina Suárez Piña exploran, desde el terreno, los primeros signos de la erosión costera.
Adentrándose en las comunidades Caño Sagua y Los Aceitunitos, en Zulia, el trabajo periodístico ahonda en el deterioro de infraestructuras, la pérdida de tierras y la alteración de ecosistemas vitales. Los testimonios de habitantes relatan “la amenaza” que ahora representa el mar, desplazando hasta la fecha a siete familias y poniendo en riesgo sus medios de vida.
Asimismo, investigadores venezolanos consultados coinciden en que se trata de un asunto binacional y un problema “biológico, ecológico y político”. La Guajira es una región ambiental y geográficamente conectada entre Colombia y Venezuela que, si bien tienen dinámicas culturales distintas, comparten problemas comunes como la erosión costera, el aumento del nivel del mar y la intrusión salina.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
