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Advierten sobre la degradación ambiental y colapso de servicios en comunidades indígenas

Redacción Runrun.es
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Advierten sobre la degradación ambiental y colapso de servicios en comunidades indígenas

Venezuela atraviesa una crisis ambiental y humanitaria de enormes proporciones, marcada por el avance descontrolado de la minería —tanto legal como ilegal— en zonas de alto valor ecológico y cultural, especialmente en territorios indígenas.

Así lo revela el informe “Venezuela: Una mezcla explosiva entre la deficiente política de control ambiental y la expansión de la minería en territorios indígenas”, elaborado por la Organización para la Defensa de la Vida (Odevida) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), que documenta cómo esta actividad extractiva ha desencadenado un proceso sistemático de degradación ambiental, violaciones a los derechos colectivos y desmantelamiento institucional.

Más allá de los impactos ecológicos visibles —como la contaminación del Lago de Maracaibo, los derrames petroleros o la deforestación acelerada— el informe denuncia un patrón más profundo: el abandono del Estado en sus deberes fundamentales de protección ambiental y garantía de derechos para los pueblos originarios.

El resultado es un escenario de emergencia donde confluyen la devastación territorial, la violencia estructural y el etnocidio, que amenaza con borrar culturas enteras bajo el peso de la codicia minera y la impunidad.

Continúa la emergencia ambiental

El informe presenta un balance que plantea que “la situación ambiental crítica siguió empeorando en Venezuela”. Allí, advierten que el Arco Minero del Orinoco, “con su expansión extractivista, avanzó más y ha seguido impactando a la Amazonia y causando graves daños a las comunidades indígenas y locales”. También alertan que se mantienen los derrames petroleros.

El Lago de Maracaibo en su punto más crítico

Uno de los casos más alarmantes es el del Lago de Maracaibo, que ha entrado en una etapa “crítica” de eutrofización intensiva, producto de décadas de contaminación por derrames petroleros, descargas de aguas servidas, agroquímicos y desechos sólidos. La proliferación de cianobacterias como la Microcystis aeruginosa —que ya cubren más del 70 % del lago— amenaza la biodiversidad, la salud de las comunidades ribereñas y la actividad económica.

Aunque en 2023 se creó una comisión presidencial y un “Plan Maestro” para el rescate del lago, en 2024 solo se logró recolectar 306.409 toneladas de desechos sólidos, de las cuales más de 185.000 estaban impregnadas de petróleo, según datos oficiales citados en el informe.

Manchas de petróleo en el Lago de Maracaibo / Foto: AP-Ariana Cubillos

Tala indiscriminada y carbón vegetal en Lara

El informe también documenta la devastación del semiárido larense, especialmente en el municipio Torres, donde la producción de carbón vegetal para exportación ha generado una intensa deforestación. La tala de especies como el curarí, vera y cují amenaza con convertir estos territorios en zonas desérticas. La actividad extractiva ha alcanzado incluso áreas protegidas como el Parque Nacional Cerro Saroche y el bosque El Caimito.

Crisis del agua: una emergencia cotidiana

En 2024, el colapso en el acceso al agua potable en Venezuela se profundizó, afectando a millones de personas en todo el país y convirtiéndose en una de las principales causas de protestas ciudadanas. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), 335 manifestaciones estuvieron motivadas por la falta de agua potable, el segundo motivo de protesta por servicios básicos después del colapso eléctrico.

El informe elaborado por Provea y Odevida atribuye esta crisis a la combinación de múltiples factores: la mala gestión de los recursos hídricos, el deterioro acelerado de las redes de distribución, la contaminación de fuentes de agua y los efectos del cambio climático. Esta situación se agrava en entidades como Nueva Esparta, Anzoátegui, Falcón, Aragua y Lara, donde los reportes ciudadanos sobre la mala calidad del agua son persistentes.

Residuos sólidos, otro síntoma del colapso ambiental

La gestión de residuos sólidos en Venezuela sigue siendo un problema crónico que afecta directamente la salud pública, la calidad de vida y el ambiente. El informe de Odevida y Provea advierte que, en 2024, el país no logró avances significativos en esta área.

Según el Observatorio de Gastos Públicos de Cedice, los estados con mayor incidencia de esta problemática fueron Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua y Falcón. En Caracas, el 69 % de los encuestados percibió un aumento en los problemas asociados a la recolección de desechos, a pesar de que en algunos sectores se incrementó la frecuencia de los camiones recolectores, sin que esto lograra cubrir la demanda real.

Cambio climático: sin plan, sin datos y sin protección

De acuerdo con el informe, en 2024 el país enfrentó un aumento sostenido de las temperaturas, sequías severas y mayor exposición a enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos. Sin embargo, el informe advierte que el Estado venezolano continúa sin implementar políticas concretas para mitigar los impactos de esta crisis ni desarrollar estrategias de adaptación climática.

De acuerdo con reportes de la organización ambientalista Clima21, Venezuela fue uno de los 77 países que registraron temperaturas récord durante 2023, con un promedio anual 1,3 ºC más alto que el periodo de referencia entre 1951 y 1980. Esta tendencia se mantuvo en 2024, con efectos cada vez más palpables en la salud, los ecosistemas y la producción agrícola del país.

Biodiversidad bajo asedio: fauna silvestre en riesgo crítico

Según el informe, la fauna silvestre enfrenta una amenaza múltiple: deforestación acelerada, minería ilegal, contaminación, caza furtiva, tráfico de especies y los efectos del cambio climático. Estos factores han provocado una disminución drástica de muchas poblaciones animales y han llevado a otras al borde de la extinción.

Aunque se han reportado algunas acciones puntuales por parte de cuerpos de seguridad, estas no responden a una política nacional de protección sistemática. El informe menciona, por ejemplo, que en abril de 2024 el Cicpc detuvo en Anzoátegui a tres personas por cacería ilegal de felinos, cuyos cuerpos eran comercializados por sus pieles. Ese mismo mes, la Guardia Nacional Bolivariana arrestó a 13 individuos por la captura ilegal de 450 pepinos de mar en el estado Nueva Esparta, una especie en veda permanente desde 1997.

Arco Minero del Orinoco: el epicentro de la devastación

El Arco Minero del Orinoco sigue siendo uno de los territorios más conflictivos y vulnerables del país. En 2024, lejos de haberse contenido, la minería —legal e ilegal— se expandió con fuerza, fuera de los límites establecidos en el decreto oficial que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional.

El informe de Odevida y Provea documenta cómo esta expansión ha tenido impactos severos en reservas forestales como La Paragua y en regiones protegidas del estado Amazonas, con pérdida estimada de entre 75.000 y 85.000 hectáreas de bosque solo entre 2023 y 2024.

Derrames petroleros: contaminación crónica sin respuesta

Durante 2024, Venezuela mantuvo una tendencia “alarmante” de derrames y fugas de hidrocarburos, sin que el Estado aplicara planes de contingencia o hiciera diagnósticos públicos sobre el impacto ambiental de estos sucesos. Según el Observatorio de Ecología Política (OEP), se registraron al menos 34 eventos de este tipo en el país, principalmente en los estados Falcón (44,1 %), Zulia (29,4 %) y Anzoátegui (14,7 %).

Los derrames más frecuentes provienen de infraestructuras obsoletas o abandonadas. En Falcón, destacan las fugas desde el sistema de oleoducto y gasoducto submarino de Río Seco y desde la Refinería Cardón, que afectan gravemente el Golfete de Coro. En Zulia, el deterioro del sistema petrolero ha hecho del Lago de Maracaibo un punto crítico: imágenes satelitales captadas el 25 de agosto mostraron ocho fugas activas de crudo. Otras zonas afectadas incluyen Cabimas, Bachaquero y el municipio San Francisco.

Derrame petrolero en la costa de Bachaquero, Lago de Maracaibo / Autor anónimo

Derecho de los pueblos indígenas: nuevas zonas de actividad minera ilegal invaden territorios ancestrales

Durante 2024, Provea documentó una expansión preocupante de la minería ilegal en la Amazonía venezolana, agravando la devastación generada por el Arco Minero del Orinoco. Esta zona, legalizada por el decreto presidencial 2.248 de 2016, ha generado trabajo forzado, prostitución, violencia, trata de personas, reclutamiento de menores y asesinatos de defensores ambientales.

Expansión de la minería ilegal en la Amazonía venezolana

Durante 2024, Provea y otras organizaciones documentaron el avance sostenido de la minería ilegal en territorios indígenas, a pesar de la presencia de efectivos militares. En zonas como El Dorado y “Bulla Loca”, en el estado Bolívar, la actividad minera resurgió rápidamente, incluso luego de tragedias recientes. El Estado autorizó nuevas explotaciones como el Bloque 003 del Arco Minero del Orinoco, destinado a la extracción de casiterita para exportación a China.

En el Parque Nacional Cerro Yapacana (Amazonas), donde está prohibida la minería desde 1989, la explotación de oro no solo continuó, sino que pasó a estar controlada por la guerrilla colombiana y militares venezolanos, según testimonios locales. Reportes indican que líderes indígenas han impuesto “peajes” en oro, y que fuerzas como la GNB, la Armada y el Seniat cobran a quienes ingresan insumos para las minas. SOS Orinoco denunció que entre enero de 2023 y abril de 2024 se sumaron al menos 119 hectáreas nuevas de territorio minado dentro del parque.

Demarcación y titulación de territorios indígenas

El proceso de demarcación y entrega de territorios indígenas en Venezuela permanece completamente paralizado desde 2015. Esta inacción del Estado limita gravemente los derechos de los pueblos originarios a la protección, el uso y la autodeterminación sobre sus territorios ancestrales, en contravención de lo establecido en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por el país.

Migración forzada de pueblos indígenas

La crisis humanitaria en Venezuela ha provocado la migración forzada de comunidades indígenas, cuyas condiciones de vida se han visto gravemente deterioradas por el colapso de servicios básicos, la inseguridad alimentaria, la pérdida de territorios y la violencia asociada a la minería y otras actividades extractivas. Sin embargo, el Estado venezolano no produce datos oficiales sobre este fenómeno.

Condiciones precarias de los pueblos indígenas

El informe advierte un deterioro sostenido de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en Venezuela, lo que compromete su supervivencia y dignidad. La inseguridad alimentaria, la pérdida de servicios públicos esenciales, el abandono de la educación intercultural bilingüe y la falta de acceso a servicios de salud forman parte de un panorama crítico que pone en riesgo su bienestar integral.

Traslado de heridos de la Comunidad Joti, Caño Iguana, Municipio, Manapiare, estado Amazonas / Foto Eglee Zent

Represión poselectoral contra pueblos indígenas

El informe denuncia que la represión política posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 también alcanzó a miembros de comunidades indígenas, históricamente marginadas. Según el Foro Penal, al menos 17 personas indígenas fueron arrestadas entre julio y septiembre en diferentes estados del país, incluyendo Amazonas, Aragua, Zulia, Cojedes y Distrito Capital.

Las víctimas pertenecen a diversas etnias: baré, puinave, pemón, jivi, wayuu, baniva, piapoco y yekwana. Ninguna de ellas participaba en protestas al momento de su detención, lo que refuerza la arbitrariedad de los arrestos. Además, las audiencias judiciales se realizaron de forma telemática, sin garantizar su derecho a comunicarse en su lengua originaria ni a identificarse como integrantes de pueblos indígenas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

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Ansiedad y tensión emocional: las secuelas psicológicas que persisten tras el 28J

Redacción Runrun.es
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Ansiedad y tensión emocional: las secuelas psicológicas que persisten tras el 28J

El Movimiento Vinotinto presentó un informe sobre las secuelas psicológicas que dejó el proceso electoral del 28 de julio de 2024 en periodistas, defensores de derechos humanos, testigos de mesa y líderes sindicales de los estados Lara y Yaracuy. 

Durante una presentación virtual del informe, el 15 de julio, la organización informó que muchos de los afectados no solo han visto comprometidos sus espacios laborales y de activismo, sino también su salud mental y bienestar emocional.

Para realizar este estudio, la organización entrevistó a personas en Yaracuy y Lara. La mayoría de los encuestados reportaron sentir más agotamiento de lo habitual, así como síntomas asociados al estrés, la ansiedad y el trauma emocional.

Los datos

El Movimiento Vinotinto aplicó un cuestionario de 10 preguntas para evaluar el estado emocional de defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sindicales y testigos de mesa. Las respuestas, desglosadas por género, revelan que mujeres y hombres comparten síntomas comunes como ansiedad, agotamiento e inquietud, aunque con matices y diferencias en algunos puntos clave.

La sensación de nerviosismo ante la situación actual del país fue reportada por un alto porcentaje en ambos géneros: 70,6% de las mujeres y 71,4% de los hombres dijeron sentirse nerviosos. Asimismo, la tensión o inquietud frecuente fue reportada por 58,8% de las mujeres y 57,1% de los hombres.

Una mayoría también señaló que se les dificulta realizar actividades que solían hacer antes del 28 de julio (64,7% de las mujeres y 64,3% de los hombres) y que tienen problemas para concentrarse en sus rutinas diarias (70,6% y 71,4%, respectivamente).

Sin embargo, el agotamiento emocional muestra una mayor carga en las mujeres: 76,5% dijeron sentirse más cansadas de lo habitual, frente al 57,1% de los hombres. En cuanto a la percepción de poder transformar su realidad, las respuestas se mantuvieron similares: 58,8% de las mujeres dijeron que sí, frente al 64,3% de los hombres.

Otro dato relevante es que aproximadamente un tercio de los encuestados considera sentirse más seguro estando aislado de su entorno habitual, sin diferencias significativas entre géneros (35,3% mujeres, 35,7% hombres). En cambio, la frustración inexplicable fue levemente mayor entre las mujeres (70,6%) que entre los hombres (64,3%).

Ambos grupos señalaron sentir desgaste rápido en contextos sociales o familiares (64,7% en mujeres y 64,3% en hombres). Pero una diferencia importante se evidenció en cuanto a la percepción de seguridad en espacios sociales: el 70,6% de las mujeres se sienten menos seguras en redes sociales, mientras que entre los hombres la inseguridad se divide por igual entre redes (50%) e interacciones presenciales (50%).

La importancia de los PAP

El informe resalta la urgencia de aplicar Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) como herramienta de atención inmediata en situaciones de crisis o eventos traumáticos. A diferencia de la terapia psicológica tradicional, que requiere formación profesional y puede extenderse por semanas o meses, el PAP se enfoca en brindar apoyo emocional en el corto plazo. No requiere conocimientos clínicos especializados y puede implementarse incluso por personas no expertas, siempre que se actúe con empatía y respeto.

El PAP busca reducir la intensidad emocional del momento, ofrecer contención y estabilizar a la persona afectada. Algunas de las estrategias recomendadas incluyen la escucha activa —acompañar sin presionar, incluso en silencio—, hacer preguntas simples que permitan validar emociones, enseñar técnicas de respiración profunda para inducir calma, y promover ejercicios de visualización guiada que ayuden a la persona a desconectarse temporalmente de la angustia.

Además, el Movimiento Vinotinto sugiere fomentar prácticas de autocuidado como establecer límites en horarios laborales, permitirse momentos de ocio o descanso, mantener una dieta balanceada en la medida de las posibilidades del contexto venezolano y realizar actividad física de forma regular.

En palabras de la organización, “estas personas vienen no de uno sino de varios eventos trascendentales a nivel emocional”.

Principales técnicas usadas para quebrar la salud mental de la sociedad civil

El informe también identificó las principales técnicas utilizadas por actores del poder para afectar psicológicamente a miembros de la sociedad civil en Venezuela. Estas prácticas, según diversos enfoques de la psicología y la sociología crítica, no solo generan daño individual, sino que buscan debilitar el tejido colectivo de resistencia. En el texto se cita a diferentes expertos de talla mundial que en el pasado han explicado las consecuencias de estas técnicas.

Una de las técnicas más frecuentes es la “intimidación directa y simbólica”, que se manifiesta a través de allanamientos, presencia de fuerzas armadas, vigilancia digital o detenciones arbitrarias. Según el psicólogo social estadounidense Philip Zimbardo, la exposición constante a amenazas físicas o simbólicas genera estados de hipervigilancia y ansiedad anticipatoria. En contextos autoritarios, estas prácticas tienen el objetivo de desestabilizar emocionalmente a las personas y enviar un mensaje colectivo de control y castigo.

Otra técnica señalada en la investigación es la “criminalización de la protesta”. La represión a la libertad de expresión y la persecución a quienes alzan la voz forman parte de lo que el sociólogo Boaventura de Sousa Santos denomina “epistemicidio político”: la eliminación sistemática del pensamiento disidente. Este tipo de represión genera culpa internalizada, frustración crónica y afecta la autoestima.

“La vigilancia digital y la exposición en redes sociales” también tienen efectos profundos. El monitoreo constante y la amenaza de represalias por publicaciones generan lo que la psicóloga Sherry Turkle describe como la fragilidad del yo conectado. En su libro “Alone Together”, Turkle advierte que la exposición digital sin garantías de privacidad puede provocar paranoia social, aislamiento emocional y desconfianza generalizada.

Finalmente, el informe advierte sobre los efectos del “aislamiento forzado y la ruptura de redes”, como los despidos, desplazamientos o estigmatización. El psicólogo comunitario Isaac Prilleltensky señala que la “injusticia relacional” —la imposibilidad de sostener vínculos seguros y de apoyo— es una fuente profunda de sufrimiento psicosocial. Esta técnica busca desmantelar la capacidad colectiva de resiliencia, provocando soledad, desesperanza y pérdida de sentido.

Cuidar a quienes defienden derechos

El trabajo de defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sindicales y testigos electorales es fundamental para promover la justicia y la equidad en las sociedades. Sin embargo, este compromiso con frecuencia conlleva altos niveles de estrés y riesgo, lo que hace que el cuidado personal y el apoyo psicosocial sean vitales para su bienestar integral.

El Movimiento Vinotinto cierra su informe con una serie de recomendaciones clave dirigidas tanto a organizaciones como a redes de apoyo de la sociedad civil:

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

La juventud suspendida: crecer sin horizontes

Nixon Domínguez
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La juventud suspendida: crecer sin horizontes

En Venezuela, ser joven se ha convertido en una forma de resistencia. Lo que en otros países representa futuro, para la sociedad venezolana –dentro y fuera del territorio nacional– se vive como condena. Una generación entera ha sido moldeada por la escasez, la represión y la huida. Son niños, adolescentes y jóvenes sin aula, estudiantes sin maestros, hijos sin país. Atrapados en una dictadura que desconfía de sus ideas, los criminaliza por pensar y los castiga por protestar.

Las detenciones arbitrarias de jóvenes por motivos políticos se han vuelto rutina. Estudiantes que no alcanzan los veinte años han sido llevados a prisión sin mayor explicación. También periodistas en formación, apenas en sus veinte años, han sido apresados por informar. Son los rostros de una tragedia que no da tregua: muchachos presos, familias rotas, silencios impuestos.

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Quienes permanecen en el país lo hacen en condiciones brutales: sin educación funcional, sin acceso estable a internet, sin horizonte profesional. La vida escolar se reduce a jornadas parciales, sin docentes suficientes ni materiales básicos. El hambre y la inseguridad obligan a muchos a abandonar los estudios. Otros se ven forzados a trabajar en la informalidad o a migrar a temprana edad. La desesperanza se filtra por todos los resquicios.

Muchos jóvenes venezolanos que se quedaron en el país han quedado al cuidado de abuelos, tíos o vecinos, mientras sus padres trabajan en el extranjero, enviando remesas para su sustento. Según cálculos de Cecodap, unos 800.000 niños y adolescentes se encuentran hoy en esta situación de “niños dejados atrás”. Especialistas vinculan este fenómeno al migratory mourning: un duelo emocional profundo que configura sentimientos de abandono, baja autoestima y tristeza en los menores.

Una investigación en Chile señala que la claridad de identidad étnica y el apoyo social son factores críticos para el bienestar psicológico de estos migrantes jóvenes, transformando su sentido de pertenencia y conexión con Venezuela. En paralelo, quienes emigran cargan con la responsabilidad de sostener a sus familias: dejan amistades y aulas atrás, enfrentan discriminación y precariedad en el país de acogida, y se ven forzados a crecer con rapidez.

Esta ruptura familiar genera una fractura profunda en el sentido de procedencia y permanencia, creando una juventud sin anclajes geográficos, dividida entre el deber de sobrevivir fuera y el deseo de reintegrarse en un país que apenas conocen o apenas recuerdan. Ni los que se van hallan un futuro seguro ni los que se quedan pueden proyectarlo: viven suspendidos, en la intersección entre un pasado idealizado y un futuro incierto.

Pero no todos los jóvenes viven la misma Venezuela. En medio de la precariedad generalizada, contrasta con violencia la realidad de los hijos y nietos de los jerarcas del régimen. Mientras la mayoría sobrevive en barriadas sin agua ni transporte, estos jóvenes crecen entre lujos, viajes, universidades privadas o extranjeras y marcas importadas.

Bajos salarios afectan los derechos del Niño, Niña y Adolescente

Algunos exhiben su opulencia sin pudor en redes sociales, en un país donde millones apenas pueden comer dos veces al día. Son los herederos del poder, sostenidos por fortunas construidas en la sombra de la corrupción, el tráfico de influencias o el saqueo de las arcas públicas. Otros, menos ostentosos, también escapan a la crisis gracias a las divisas que les envían padres o madres que emigraron, en un gesto desesperado por evitarles la condena de vivir la Venezuela profunda. Así se ensancha la fractura entre juventudes: una que resiste desde abajo y otra que flota, indiferente o cínica, sobre los escombros.

Este panorama evoca una advertencia histórica. Como lo han señalado diversos historiadores, la Venezuela actual se asemeja a los días del gomecismo, cuando también se reprimió a la juventud, se prohibió el pensamiento libre y se secuestró la vida política. Entonces, como ahora, a una generación se le despojó de su voz. Pero fue también aquella juventud —la Generación del 28— la que, años después, lideró la construcción de la democracia del país. Con sus luces y sus sombras, sí. Pero a diferencia de aquella generación que emergió de la cárcel con ideales, capacidad de organización y proyectos concretos para refundar la República, la juventud que hoy queda en Venezuela enfrenta un espejo distorsionado.

En lugar de líderes políticos formados en la lucha y la deliberación, se ha generado una red de jóvenes influencers que compiten por “seguidores” y “likes”, pero ofrecen muy poco sustento ideológico. El campo digital se ha llenado más de eslóganes vacíos, chistes viralizados o poses estéticas que de análisis críticos o propuestas estructuradas. Estudios sobre comunicación digital indican que estos influencers, aunque llegan a audiencias masivas, raramente son vistos como fuentes confiables de información política —y cuando incursionan en política, su discurso suele ser simplista y emocional más que fundamentado.

En el contexto venezolano, se observa incluso cómo algunos influencers son cooptados tanto por el régimen como por una oposición degradada: participan en programas oficiales o promueven narrativas alineadas sin cuestionarlas, lo que erosiona la posibilidad de un liderazgo auténtico. Esta banalización política, más cercana a una cultura de entretenimiento que a una praxis cívica seria, contrasta dolorosamente con aquella generación del pasado que, tras ser reprimida, construyó partidos, institucionalizó procesos y enfrentó las dictaduras con altura cívica.

Hoy, en lugar de la forja de un proyecto colectivo, se impone una lógica de consumo digital: “quien tiene más seguidores gana”. En ese terreno, el activismo se diluye en memes, el compromiso en clics y la representación en perfiles estéticos, dejando en la juventud un vacío de pensamiento que puede costar mucho más que unos años de dictadura.

La gran diferencia es que, hoy, el daño acumulado es más profundo y más duradero. Han roto el país en múltiples niveles, y se necesitarán décadas para recomponer su tejido social. Se ha deshecho no solo la economía o la institucionalidad, sino también los vínculos de confianza, la educación como plataforma de movilidad, la expectativa de futuro, la moral. Lo que se ha quebrado es la posibilidad misma de imaginar un mañana.

El entorno internacional tampoco ayuda. Vivimos un momento global poco propicio para la democracia. La doble moral de muchos actores del mundo —que condenan dictaduras a conveniencia mientras coquetean con otras— debilita el apoyo a los pueblos que luchan por su libertad. Venezuela no escapa a ese abandono.

Y, sin embargo, hay luces. A pesar del cerco, aún existen jóvenes que –dentro o fuera de Venezuela– desde las sombras, sostienen espacios comunitarios, bibliotecas populares, medios digitales, redes de ayuda y de formación. En medio del apagón educativo y mediático, florece una cultura de supervivencia y creatividad. No están organizados como bloque, ni cuentan con grandes recursos, pero están. Y esa presencia silenciosa puede ser el germen de otra historia.

El problema no es solo el presente, sino lo que vendrá. ¿Qué país heredarán estos jóvenes? ¿Qué capacidades podrán desarrollar? ¿Cómo reconstruirán una nación desde el trauma y la carencia? Salir de esta pesadilla no bastará. Hará falta tiempo, generosidad, y, sobre todo, voluntad política para abrir espacios reales de inclusión y escucha.

Hoy, la juventud venezolana está sitiada. Pero también, como ocurrió en el pasado, puede ser semilla de reconstrucción. Porque incluso en la tierra quemada, hay raíces que esperan florecer. Lo que queda por ver es si tendremos la sabiduría —y la valentía— de sembrar con ellas el país que aún es posible imaginar. Porque si algún día vuelve la democracia, no será gracias a sus promesas, sino a la memoria de los que resistieron cuando no había futuro.

  • Historiador – Universidad de Los Andes | Magister en Gestión de Gobierno – Universidad Autónoma de Chile. | Twitter: @NixonDominguez | Instagram: Nixonjds

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Bajos salarios afectan los derechos del Niño, Niña y Adolescente

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Bajos salarios afectan los derechos del Niño, Niña y Adolescente

El coordinador de Exigibilidad Legal del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, señaló durante una entrevista a la periodista Vanessa Davies, el pasado lunes 14 de julio, que los bajos salarios en Venezuela violan los derechos del Niño, Niña y Adolescente y otras leyes establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

El defensor de derechos humanos orientó sobre “diversos recursos legales” que existen y que pueden ser utilizados por las organizaciones gremiales para defender el derecho del salario y los beneficios que dispone la constitución.

“También tenemos la posibilidad de accionar por la vía de la Ley del Niño, Niña y Adolescente tomando en cuenta que el salario afecta a la familia (…) se pudiera agrupar a un grupo de niños, niñas y adolescentes y establecer una acción porque están siendo afectados por los bajos salarios de los padres y por el incumplimiento de las acciones colectivas”, dijo el activista, quien agregó que estas denuncias se presentan ante los órganos judiciales e incluso en espacios internacionales.

También destacó a los movimientos sindicales por generar espacios de debate y organización que les permite seguir luchando por mejores condiciones laborales. “Más allá de los altos niveles de represión, hay que seguir haciendo valer el ejercicio de la libertad sindical, el derecho a asociación y el derecho a la libertad de expresión”, puntualizó.

Pulverizados los derechos laborales

En el Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela elaborado por Provea y correspondiente al año 2024, se afirma que los derechos laborales fueron “pulverizados”, afectando los beneficios como prestaciones sociales, salario, cajas de ahorro y convenciones colectivas.

Según la organización el último aumento salarial fue anunciado el 15 de marzo del 2022, a 130 Bs. y se fijó el cestaticket en cuarenta y cinco bolívares mensuales. Actualmente el mismo monto representa un dólar aproximadamente de ingreso para los trabajadores.  En mayo del 2025, el gobierno anunció un ajuste del ingreso mínimo integral, compuesto por el Bono de Guerra de 120 dólares y un cestaticket de 40 dólares.

Provea señala que en el 2024 “más de 20 millones de venezolanos vivían en condiciones de pobreza extrema debido a la precariedad económica”. Y que, por otro lado, la pobreza multidimensional afectó a más de 50% de la población venezolana en distintas áreas, profundizando la desigualdad en sectores como: mujeres, jubilados, niños, niñas y adolescentes.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello, destacó en un último informe publicado y que incluye datos de 2024, que  la pobreza multidimensional estuvo vinculada “no solo a los ingresos sino a condiciones” como vivienda, servicios públicos, protección social, trabajo y educación.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Los derechos laborales en Venezuela siguen cesanteados 

Desaparición forzada, una práctica represiva que se consolida en Venezuela

Redacción Runrun.es
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Desaparición forzada, una práctica represiva que se consolida en Venezuela


La desaparición forzada de personas opositoras, disidentes y ciudadanos extranjeros en Venezuela se consolida como parte de un ataque “sistemático y generalizado contra la población civil”. Así lo concluye Amnistía Internacional (AI) en su más reciente informe, titulado “Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela”, presentado este 15 de julio de 2025.

El informe documenta 15 casos emblemáticos ocurridos entre julio de 2024 y junio de 2025 -nueve de venezolanos y seis de otras nacionalidades- , los cuales, según AI, “ejemplifican el modus operandi de esta grave violación de derechos humanos y crimen de derecho internacional” como parte de una “política sistemática de represión” del gobierno de Nicolás Maduro.

Aunque Amnistía Internacional precisa que tanto ellos como otros mecanismos de derechos humanos llevan años documentando en Venezuela esta práctica -como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil—, a partir de las elecciones del 28 de julio de 2024 “se observó un nuevo repunte”.

Denuncian que luego de esos comicios, en los que fue anunciado como ganador Nicolás Maduro, sin que se publiquen hasta ahora los resultados desagregados de la consulta, y en virtud de las protestas contra el resultado electoral, se produjo un incremento “drástico y sostenido” en la comisión de desapariciones forzadas.

El hecho de que estas desapariciones forzadas formen parte de un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil, particularmente contra quienes consideran disidentes” configura un crimen “de lesa humanidad“, según Amnistía.

“Ya se ha llegado al umbral de la prueba de carga para establecer que estos son crímenes de lesa humanidad”, sentenció durante la presentación del informe Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, al tiempo que mencionó que el gobierno venezolano ha utilizado la práctica de detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros “para justificar su narrativa de conspiraciones extranjeras y negociar con otros países”.

“Dado que hay impunidad reinante en Venezuela nosotros no esperamos justicia local, necesitamos acción internacional y justicia internacional, esto va a ser crucial para defender derechos de víctimas. Llamamos a la CPI a que continúe y siga avanzando con la investigación en Venezuela y que colabore con la Misión de la ONU, que debe continuar con su trabajo de documentar las violaciones de DDHH en Venezuela y que se incluyan las desapariciones forzadas. El alto comisionado de la ONU debe seguir demandando acceso abierto a investigaciones en Venezuela para monitorear la situación de primera mano y brindar apoyo y acompañamiento a las víctimas y organizaciones de DDHH. Los Estados deben ejercer la jurisdicción universal”, insistió.

Callamard también fue enfática en otro llamado puntual a la comunidad internacional: “No se debe normalizar la crisis de DDHH en Venezuela. La seriedad de los crímenes reportados por Amnistía Internacional debe guiar ese trabajo y ser la conciencia de ese trabajo. El pueblo venezolano nos necesita más que nunca, la sociedad civil necesita nuestro apoyo, no podemos permanecer de brazos cruzados y ver que se ahogue esta sociedad civil mientras nosotros estamos mirando. Debemos reforzar nuestro apoyo técnico, financiero y legal a la sociedad civil venezolana, incluyendo los medios, las ONG. Ante estas injusticias no podemos no actuar, no actuar no es una opción”, expresó.

En ese sentido, destacó que es necesario que haya “justicia internacional“: “Instamos a la Corte Penal Internacional y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU a seguir la investigación en el país y a brindar apoyo y acompañamiento a las víctimas”.

Desapariciones como política de Estado

La investigación de Amnistía Internacional se basó en entrevistas con familiares, abogados y defensores, además de análisis de datos digitales y entrevistas con organismos internacionales.

Entre los hallazgos se destaca que la mayoría de los casos fueron desapariciones temporales, en las que las víctimas permanecieron incomunicadas durante horas o días, sin información oficial sobre su paradero. Sin embargo, y son enfáticos en aclararlo, esto no excluye su calificación como desapariciones forzadas, según el derecho internacional.

“La desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto. Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona desaparecida forzadamente y también somete a su familia a un sufrimiento constante, marcado por la incertidumbre, la angustia y el tormento diario de preguntarse cuál es el paradero de su ser querido,” sintetiza Agnès Callamard en la nota de prensa que acompaña la presentación del informe.

La mayoría de las detenciones evaluadas fueron arbitrarias, sin orden judicial ni situación de flagrancia. Las personas desaparecidas fueron incomunicadas, mantenidas en sitios no reconocidos y en condiciones ilegales de reclusión.

Además, los cuerpos de seguridad más involucrados en casos de desapariciones forzadas fueron el Sebin, la Dgcim, la Guardia Nacional Bolivariana y, en el caso de extranjeros, también al Saime, alerta el informe. Según los casos analizados, Boleíta (Dgcim), El Helicoide (Sebin)) y Rodeo I (Servicios Penitenciarios) serían los centros de reclusión a los que más se recurre para mantener a las personas en situación de desaparición forzada.

De los casos documentados (los de Andrés Martínez, Damián Rojas, Danner Barajas, Dennis Lepaje, Eudi Andrade, Fabián Buglione, Jorgen Guanares, Jose María Basoa, Lucas Hunter, Rory Branker y Yevhenii Petrovish Trush) al menos 11 víctimas documentadas siguen desaparecidas hasta hoy, precisa la investigación. Amnistía Internacional solo logró establecer el paradero de cuatro personas: Alfredo Díaz, quien estuvo sometido a desaparición forzada durante cuatro días; Eduardo Torres, desparecido forzadamente por ocho días; y Rosa Chirinos y Raymar Pérez, quienes estuvieron desaparecidas de manera forzada durante cuatro meses.

Otra característica de estos hechos es su claro móvil político: “No se trata de hechos aislados, son acciones dirigidas contra personas que han expresado algún tipo de disidencia o crítica contra el gobierno”, apuntó Pilar San Martín, coordinadora e investigadora de crisis de Amnistía Internacional. A juicio de San Martin, el sistema de justicia en Venezuela “encubre y facilita la desaparición forzada de personas e intenta una fachada para dar apariencia de legalidad a procedimientos ilegítimos e ilegales”.

Se reseña asimismo que las audiencias de presentación se celebran en secreto, sin informar a familiares ni abogados. En muchos casos, se impone una defensa pública sin capacidad real de acción. El informe recoge que, en el marco de la represión poselectoral, se recurrió a la aplicación estatal VenApp para fomentar la delación ciudadana.

Otro patrón aplicado a estos casos fue el uso de la figura del “terrorismo” para justificar detenciones sin pruebas, en muchos casos, sin permitir acceso a la defensa ni a abogados privados. Las personas detenidas fueron sometidas a cargos vagos y ambiguos, sin garantías procesales ni derecho al debido proceso.

Viajar a Venezuela, conducta de riesgo

San Martín también insistió en el punto de la detención de extranjeros en Venezuela “para reforzar la narrativa de la conspiración y usar personas como moneda de cambio para presionar a otros países”. Se refirió brevemente a los casos del uruguayo Fabian Buglione, detenido en octubre de 2024, que viajó a visitar a su pareja y al día de hoy sigue desaparecido.

Asimismo, ofreció datos sobre el caso de Andrés Martínez y José María Basoa, dos turistas españoles detenidos en septiembre de 2024: “Sus familiares perdieron el contacto con los dos jóvenes el 2 de septiembre de 2024, y 12 días después, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, confirma su detención acusándolos de pertenecer al servicio de inteligencia español y planear un complot contra el gobierno. Ellos siguen desaparecidos”, reveló.

El informe también reseña la situación de Yevhenii Petrovich Trush, joven ucraniano con TEA y TDAH, desaparecido al intentar cruzar legalmente la frontera y pedir refugio; y de Lucas Hunter, un franco-estadounidense practicante de kitesurf detenido en la frontera con Colombia.

Un crimen, varios derechos vulnerados

En un apartado del informe se destaca que la desaparición forzada, además de ser ejercida de forma “sistemática” contra la población en Venezuela, supone la “violación de múltiples derechos humanos”.

Derechos a la libertad, a la seguridad, y al reconocimiento de la personalidad jurídica han sido vulnerados en los casos analizados por la organización, que indica que otros se ponen en “grave riesgo”, como el derecho a la vida y a la integridad personal.

Amnistía Internacional refiere en este punto que ya antes han advertido sobre las “condiciones inhumanas y degradantes” en los centros de reclusión en Venezuela, que a su juicio,” agravan aún más el sufrimiento de las víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas”.

La organización también reitera su preocupación por el uso de la tortura como medio para obtener confesiones o testimonios forzados. Advierten que incluso en declaraciones de voceros oficiales, sugieren que los detenidos “confiesan sus crímenes”, lo que refuerza la sospecha de que algunas personas documentadas en este informe “podrían haber sido sometidas a tortura”, con el fin de construir relatos incriminatorios o fabricar pruebas contra terceros.

Un terror que persiste

Luis Carlos Díaz, activista por los derechos humanos, quien también fue víctima de desaparición forzada en 2019, participó en la presentación del informe y contó parte de su experiencia.

“A mí me tuvieron en un sitio de tortura clandestino, sin saber dónde era, dónde estaba, me contaron cómo me iban asesinar, que lo iban a grabar y que el video se lo iban a mandar a mi familia. No sabes dónde estás, dónde te tienen. La desaparición no termina cuando apareces, lo revives en el cuerpo cuando se llevan a más personas presas y desaparecidas”, narró.

Díaz instó a fortalecer la defensa de los derechos humanos en Venezuela, porque insistió, en el país se vive el momento “más oscuro”.

“Son ataques que quiebran a tu círculo de amigos y a la sociedad, para que todo el mundo se calle. Las denuncias pueden servir para indignarnos y movilizarnos. Hay que insistir en procesos de justicia. El proceso más importante es el de la CPI, la investigación avanza y vamos a ver otros pasos en eso proceso”, opinó.

Sin embargo, consideró que la CPI no podrá actuar contra todos los crímenes cometidos en Venezuela, por lo que cada informe y denuncia cuenta. Informó que al menos países distintos que tienen juicios abiertos por corrupción contra figuras de la estructura de poder en Venezuela.

“Los hallazgos muestran que falta mucho por hacer contra las crímenes y para dejar evidencia de todas las cosas que llegarán a los tribunales. Con estos informes se construye memoria, justicia y reparación. Hay que hacer que se detenga la tortura y los rehenes (…) La gente desaparecida debe saber que los estamos buscando, los presos políticos deben pensar que los queremos libres”, insistió.

Las recomendaciones de AI

En los exhortos finales del informe de Amnistía Internacional destaca la exigencia por la liberación “inmediata” de todas las personas detenidas arbitrariamente.

También, se insta a investigar y sancionar a los responsables de desapariciones forzadas y a que haya garantías de no repetición, incluido el cese de campañas de estigmatización y criminalización contra defensores, periodistas y opositores.

Se pide también la colaboración del Estado venezolano con mecanismos internacionales como la Corte Penal Internacional y la CIDH.

El informe exige que la Corte Penal Internacional avance en su investigación sobre Venezuela y que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU continúe documentando violaciones en el país. También, solicita que los Estados ejerzan la jurisdicción universal y aumenten el apoyo a las organizaciones de derechos humanos en el país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Provea presenta guía sobre qué hacer en caso de detención arbitraria y desaparición forzada

Se desconoce el paradero de 51 presos políticos según el Foro Penal

Redacción Runrun.es
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Se desconoce el paradero de 51 presos políticos según el Foro Penal

En el balance del Foro Penal Venezolano del 14 de julio, la ONG denunció que en Venezuela hay actualmente 948 personas catalogadas como presos políticos. De al menos 51 de ellos se desconoce el paradero desde que fueron detenidos por cuerpos de seguridad del Estado.

La organización precisó que de los 948 presos políticos, 852 son hombres y 96 son mujeres; 778 son civiles y 170 militares. Además, 944 son adultos y 4 adolescentes. Del total, apenas 153 han recibido una condena, mientras que la gran mayoría —795 personas— no ha sido juzgada. Solo 6 se encuentran formalmente encarcelados en centros reconocidos, lo que acentúa las alarmas sobre irregularidades procesales y posibles lugares de detención clandestinos.

Desde 2014, el Foro Penal ha registrado al menos 18.439 detenciones por motivos políticos en el país. Más de 14.000 personas han sido excarceladas con la asistencia legal de esta ONG, pero otras 9.000 continúan sujetas a medidas restrictivas arbitrarias.

Este balance ha sido enviado a organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la OEA, en busca de verificación y presión internacional ante la grave situación de derechos humanos en Venezuela.

Desaparición forzada, una práctica represiva que se consolida en Venezuela

Amnistía Internacional advirtió que la desaparición forzada de personas opositoras, disidentes y extranjeras en Venezuela se ha consolidado como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, lo que configura un crimen de lesa humanidad.

En su informe “Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela”, presentado el 15 de julio, documentan 15 casos emblemáticos ocurridos entre julio de 2024 y junio de 2025, en el contexto de una represión intensificada tras las elecciones del 28 de julio de 2024. La organización señala que estas desapariciones, muchas de carácter temporal y sin paradero oficial, fueron ejecutadas principalmente por cuerpos de seguridad como el Sebin, Dgcim y la Guardia Nacional.

Esta investigación evidencia que la mayoría de las víctimas fueron detenidas arbitrariamente, incomunicadas, sin orden judicial, y recluidas en centros no oficiales o clandestinos. Se denuncian audiencias secretas, torturas, uso político de las detenciones y criminalización de extranjeros para reforzar la narrativa oficial de conspiración. AI recalca que estas prácticas no son aisladas, sino parte de una política de Estado que vulnera múltiples derechos fundamentales y que se ejerce con total impunidad, con el sistema judicial funcionando como instrumento para legitimar violaciones.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Vente Venezuela informó sobre excarcelación de dos presos políticos 

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Vente Venezuela informó sobre excarcelación de dos presos políticos 

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela informó este martes en la noche sobre la excarcelación de los presos políticos Cristian Méndez y José Ángel Lepage, detenidos en enero de este año en el estado Delta Amacuro.

“Nos complace saber que ya se encuentran junto a su familia, donde siempre debieron estar”, dijo a través de su cuenta en la red social X, el coordinador nacional del comité, Orlando Moreno.

El pasado 14 de enero, Moreno denunció que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro detuvieron de manera violenta a Méndez, cuando se preparaba para dar clases de ejercicios funcionales.

Igualmente señaló que fue arrestado Lepage colaborador de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y de la líder opositora María Corina Machado.

“Aún quedan muchos otros presos políticos, seguiremos alzando la voz hasta que todos sean libres”, declaró.

Unos salen, otros entran

A escasos días para las elecciones de alcaldes y concejales de este domingo 27 de julio, se produjo la detención del dirigente del Partido Centro Democrático (PCD) Yandir Loggiodice en el estado Bolívar.

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ingresaron al lugar de resguardo donde se encontraba el dirigente y se lo llevaron a la fuerza.

Hasta el momento se desconoce su paradero y los cargos que se le imputan.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, la cifra de presos políticos subió a 948, de los cuales 852 son hombres y 96 mujeres.

Machado denunció que el dirigente se encuentra en una situación de salud delicada. 

Según la dirigente política Loggiodice tiene una válvula en la cabeza y cualquier golpe podría poner en riesgo su vida.

 “En medio de la persecución, Yandir dejó estas palabras como parte de su mensaje: Por Yandir y su familia, por cada uno de nuestros héroes secuestrados y por cada venezolano, dentro y fuera de nuestro país, ¡no descansaremos un instante hasta lograr la libertad”, escribió en su cuenta la líder opositora.

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Christian Méndez, preso político: “Dios tiene que escuchar mi súplica”

Venezuela, vulnerable y con poca capacidad financiera para enfrentar el cambio climático

Redacción Runrun.es
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Venezuela, vulnerable y con poca capacidad financiera para enfrentar el cambio climático

Un nuevo índice global advierte que Venezuela y Haití son las naciones más expuestas al cambio climático en América Latina y el Caribe y las que tienen menos capacidad financiera para hacerle frente.

La advertencia fue publicada por el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales Clima21, en su portal web, a propósito de los hallazgos de un reciente estudio internacional elaborado por el Centro Nacional de Preparación para Desastres de la Escuela de Clima de a Universidad de Columbia y la Fundación Rockefeller. Este índice clasifica a 188 países según su vulnerabilidad ante los riesgos climáticos y su capacidad económica para responder a ellos.

Venezuela fue el país de América Latina y el Caribe peor clasificado en el ranking. Ocupó el puesto 181. Los otros países que están en una peor situación en cuanto a vulnerabilidad frente al cambio climático son Burundi, Malawi, Palestina, Zambia, Angola, Eritrea y Guinnea-Bissau. La proyección para el año 2050 en cuanto al escenario de nuestro país frente al cambio climático es “pesimista”, según este índice.

Según el informe, Venezuela figura entre el 30% de los países más vulnerables del mundo debido a su posición geográfica y la gravedad de los riesgos climáticos que enfrenta. Sin embargo, la situación se agrava al considerar que el país no cuenta con los recursos financieros ni el respaldo institucional para implementar políticas de adaptación o mitigación efectivas.

El estudio atribuye esta incapacidad a factores como el elevado endeudamiento externo y la falta de acceso a mercados financieros internacionales. Esta condición limita seriamente la posibilidad de obtener fondos para programas climáticos y debilita la respuesta nacional ante los eventos extremos que, con el aumento de las temperaturas globales, serán cada vez más frecuentes.

Para el Observatorio de Ecología Política este resultado indica que Venezuela no tiene acceso suficiente a financiamiento para la adaptación climática y que tenemos alto riesgo climático, así como a un “mayor peligro de exposición a eventos como terremotos, conflictos, inundación en zonas costeras”. A esto se le suman “debilidades en términos de gobernanza”.

“Todas estas variables proyectan que el país se enfrenta a una doble vulnerabilidad: es muy sensible a los cambios climáticos y, al mismo tiempo, tiene una capacidad de respuesta muy limitada por falta de recursos”, recalcan.

Otros países del continente que también están en la “zona roja” de riesgo son Belice, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Bolivia.

Alerta reiterada

Desde Clima21 señalan que estos datos se suman a los alertados en informes anteriores, como el ND-GAIN de la Universidad de Notre Dame y el Índice de Riesgo Climático Infantil de Unicef que ya advertían sobre la severa exposición del país a los efectos del cambio climático y su impacto desproporcionado en grupos como niñas, niños, mujeres, comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables.

“La creciente vulnerabilidad climática en Venezuela pone en riesgo la vida, la salud, la economía y la capacidad de desarrollo de millones de personas”, alertó el Observatorio. La organización también criticó la “preocupante inacción gubernamental, la falta de voluntad política, un enfoque excluyente y la ausencia de capacidad técnica para elaborar políticas públicas eficaces y sostenibles”.

Finalmente, Clima21 hizo un llamado urgente a la ciudadanía, organizaciones sociales e instituciones a exigir al Estado acciones concretas en materia de adaptación climática y justicia ambiental, así como a fortalecer la resiliencia local desde las comunidades. “Sin una respuesta estructurada, la emergencia climática seguirá agravando la crisis social y de derechos humanos en el país”.

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales advirtió en diciembre de 2024, en el marco de la presentación del  Borrador Final del Segundo Reporte Académico de Cambio Climático, que las consecuencias de este fenómeno para el país “serán severas en el corto plazo”.

Algunos de los efectos del cambio climático ya visibles en el país e identificados en el reporte de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales son un aumento de la temperatura de +0.22°C por década desde 1980, con proyecciones de mayor calor y sequía. Una reducción del 20% en precipitaciones anuales, que afecta cuencas clave y el suministro de agua en el país, pero también a la par un aumento de los eventos lluviosos extremos: entre 2000 y 2019 se contabilizan al menos veinte eventos de desastres naturales por inundaciones. Para 2030, se prevé que 40% de la población sufrirá inseguridad alimentaria moderada y 20% de inseguridad alimentaria grave.

Y sin marco de DDHH para gestión de riesgos

A propósito de las fuertes lluvias que cayeron en el mes de junio sobre los estados andinos y que causaron situaciones de emergencias en estados como Mérida, Runrun.es consultó a varios expertos, quienes alertaron que el país no posee un marco de derechos humanos en cuestión de riesgos ante eventos climáticos.

De acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Riesgos aprobada por la Asamblea Nacional, el Estado es responsable en materia de prevención y mitigación de eventos naturales.

Un informe divulgado por la organización Clima 21 y Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (OVDHA), los eventos meteorológicos pueden causar violaciones a los derechos humanos y por ello los Estados deben proteger y proteger a sus ciudadanos.

Según la investigación, en los últimos diez años, el 83% de los desastres desencadenados por peligros naturales se debieron a fenómenos meteorológicos y climáticos como inundaciones, tormentas y olas de calor.

De acuerdo a cifras oficiales, el fenómeno climático de “La Niña” afectó en 2022 a 14 de los 23 estados del país, causando la muerte de 82 personas entre los meses de octubre y noviembre, 26 mil familias quedaron damnificadas y 14 mil viviendas afectadas.

Las entidades más vulnerables en 2022 fueron Distrito Capital, Miranda, Zulia, Aragua, Carabobo, Mérida, La Guaira, Anzoátegui, Apure y Lara.

Y aunque 28% del territorio nacional se encuentra expuesto a un alto potencial de inundación y 52,33% de la población venezolana está a merced de aludes torrenciales o deslaves, el informe revela que no hay información pública sobre las acciones emprendidas por el gobierno dirigidas a proteger a la ciudadanía. Tampoco datos sobre causas y consecuencias de los fenómenos climáticos.

Venezuela es el único país de Sudamérica que no ha formulado un instrumento legal para la orientación de las políticas nacionales sobre preparación de la población frente a los efectos negativos del cambio climático. El Estado venezolano no cumple con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptado en la tercera Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en Sendai, Japón durante marzo de 2015. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Venezuela, sin marco de DDHH en cuestión de riesgo ante eventos climáticos
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