El coordinador de Exigibilidad Legal del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, señaló durante una entrevista a la periodista Vanessa Davies, el pasado lunes 14 de julio, que los bajos salarios en Venezuela violan los derechos del Niño, Niña y Adolescente y otras leyes establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
El defensor de derechos humanos orientó sobre “diversos recursos legales” que existen y que pueden ser utilizados por las organizaciones gremiales para defender el derecho del salario y los beneficios que dispone la constitución.
“También tenemos la posibilidad de accionar por la vía de la Ley del Niño, Niña y Adolescente tomando en cuenta que el salario afecta a la familia (…) se pudiera agrupar a un grupo de niños, niñas y adolescentes y establecer una acción porque están siendo afectados por los bajos salarios de los padres y por el incumplimiento de las acciones colectivas”, dijo el activista, quien agregó que estas denuncias se presentan ante los órganos judiciales e incluso en espacios internacionales.
También destacó a los movimientos sindicales por generar espacios de debate y organización que les permite seguir luchando por mejores condiciones laborales. “Más allá de los altos niveles de represión, hay que seguir haciendo valer el ejercicio de la libertad sindical, el derecho a asociación y el derecho a la libertad de expresión”, puntualizó.
Pulverizados los derechos laborales
En el Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuelaelaborado por Provea y correspondiente al año 2024, se afirma que los derechos laborales fueron “pulverizados”, afectando los beneficios como prestaciones sociales, salario, cajas de ahorro y convenciones colectivas.
Según la organización el último aumento salarial fue anunciado el 15 de marzo del 2022, a 130 Bs. y se fijó el cestaticket en cuarenta y cinco bolívares mensuales. Actualmente el mismo monto representa un dólar aproximadamente de ingreso para los trabajadores. En mayo del 2025, el gobierno anunció un ajuste del ingreso mínimo integral, compuesto por el Bono de Guerra de 120 dólares y un cestaticket de 40 dólares.
Provea señala que en el 2024 “más de 20 millones de venezolanos vivían en condiciones de pobreza extrema debido a la precariedad económica”. Y que, por otro lado, la pobreza multidimensional afectó a más de 50% de la población venezolana en distintas áreas, profundizando la desigualdad en sectores como: mujeres, jubilados, niños, niñas y adolescentes.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello, destacó en un último informe publicado y que incluye datos de 2024, que la pobreza multidimensional estuvo vinculada “no solo a los ingresos sino a condiciones” como vivienda, servicios públicos, protección social, trabajo y educación.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La desaparición forzada de personas opositoras, disidentes y ciudadanos extranjeros en Venezuela se consolida como parte de un ataque “sistemático y generalizado contra la población civil”. Así lo concluye Amnistía Internacional (AI) en su más reciente informe, titulado“Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela”, presentado este 15 de julio de 2025.
El informe documenta 15 casos emblemáticos ocurridos entre julio de 2024 y junio de 2025 -nueve de venezolanos y seis de otras nacionalidades- , los cuales, según AI, “ejemplifican el modus operandi de esta grave violación de derechos humanos y crimen de derecho internacional” como parte de una “política sistemática de represión” del gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque Amnistía Internacional precisa que tanto ellos como otros mecanismos de derechos humanos llevan años documentando en Venezuela esta práctica -como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil—, a partir de las elecciones del 28 de julio de 2024 “se observó un nuevo repunte”.
Denuncian que luego de esos comicios, en los que fue anunciado como ganador Nicolás Maduro, sin que se publiquen hasta ahora los resultados desagregados de la consulta, y en virtud de las protestas contra el resultado electoral, se produjo un incremento “drástico y sostenido” en la comisión de desapariciones forzadas.
El hecho de que estas desapariciones forzadas formen parte de un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil, particularmente contra quienes consideran disidentes” configura un crimen “de lesa humanidad“, según Amnistía.
“Ya se ha llegado al umbral de la prueba de carga para establecer que estos son crímenes de lesa humanidad”, sentenció durante la presentación del informe Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, al tiempo que mencionó que el gobierno venezolano ha utilizado la práctica de detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros “para justificar su narrativa de conspiraciones extranjeras y negociar con otros países”.
“Dado que hay impunidad reinante en Venezuela nosotros no esperamos justicia local, necesitamos acción internacional y justicia internacional, esto va a ser crucial para defender derechos de víctimas. Llamamos a la CPI a que continúe y siga avanzando con la investigación en Venezuela y que colabore con la Misión de la ONU, que debe continuar con su trabajo de documentar las violaciones de DDHH en Venezuela y que se incluyan las desapariciones forzadas. El alto comisionado de la ONU debe seguir demandando acceso abierto a investigaciones en Venezuela para monitorear la situación de primera mano y brindar apoyo y acompañamiento a las víctimas y organizaciones de DDHH. Los Estados deben ejercer la jurisdicción universal”, insistió.
Callamard también fue enfática en otro llamado puntual a la comunidad internacional: “No se debe normalizar la crisis de DDHH en Venezuela. La seriedad de los crímenes reportados por Amnistía Internacional debe guiar ese trabajo y ser la conciencia de ese trabajo. El pueblo venezolano nos necesita más que nunca, la sociedad civil necesita nuestro apoyo, no podemos permanecer de brazos cruzados y ver que se ahogue esta sociedad civil mientras nosotros estamos mirando. Debemos reforzar nuestro apoyo técnico, financiero y legal a la sociedad civil venezolana, incluyendo los medios, las ONG. Ante estas injusticias no podemos no actuar, no actuar no es una opción”, expresó.
En ese sentido, destacó que es necesario que haya “justicia internacional“: “Instamos a la Corte Penal Internacional y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU a seguir la investigación en el país y a brindar apoyo y acompañamiento a las víctimas”.
Desapariciones como política de Estado
La investigación de Amnistía Internacional se basó en entrevistas con familiares, abogados y defensores, además de análisis de datos digitales y entrevistas con organismos internacionales.
Entre los hallazgos se destaca que la mayoría de los casos fueron desapariciones temporales, en las que las víctimas permanecieron incomunicadas durante horas o días, sin información oficial sobre su paradero. Sin embargo, y son enfáticos en aclararlo, esto no excluye su calificación como desapariciones forzadas, según el derecho internacional.
“La desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto. Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona desaparecida forzadamente y también somete a su familia a un sufrimiento constante, marcado por la incertidumbre, la angustia y el tormento diario de preguntarse cuál es el paradero de su ser querido,” sintetiza Agnès Callamard en la nota de prensa que acompaña la presentación del informe.
La mayoría de las detenciones evaluadas fueron arbitrarias, sin orden judicial ni situación de flagrancia. Las personas desaparecidas fueron incomunicadas, mantenidas en sitios no reconocidos y en condiciones ilegales de reclusión.
Además, los cuerpos de seguridad más involucrados en casos de desapariciones forzadas fueron el Sebin, la Dgcim, la Guardia Nacional Bolivariana y, en el caso de extranjeros, también al Saime, alerta el informe. Según los casos analizados, Boleíta (Dgcim), El Helicoide (Sebin)) y Rodeo I (Servicios Penitenciarios) serían los centros de reclusión a los que más se recurre para mantener a las personas en situación de desaparición forzada.
De los casos documentados (los de Andrés Martínez, Damián Rojas, Danner Barajas, Dennis Lepaje, Eudi Andrade, Fabián Buglione, Jorgen Guanares, Jose María Basoa, Lucas Hunter, Rory Branker y Yevhenii Petrovish Trush) al menos 11 víctimas documentadas siguen desaparecidas hasta hoy, precisa la investigación. Amnistía Internacional solo logró establecer el paradero de cuatro personas: Alfredo Díaz, quien estuvo sometido a desaparición forzada durante cuatro días; Eduardo Torres, desparecido forzadamente por ocho días; y Rosa Chirinos y Raymar Pérez, quienes estuvieron desaparecidas de manera forzada durante cuatro meses.
Otra característica de estos hechos es su claro móvil político: “No se trata de hechos aislados, son acciones dirigidas contra personas que han expresado algún tipo de disidencia o crítica contra el gobierno”, apuntó Pilar San Martín, coordinadora e investigadora de crisis de Amnistía Internacional. A juicio de San Martin, el sistema de justicia en Venezuela “encubre y facilita la desaparición forzada de personas e intenta una fachada para dar apariencia de legalidad a procedimientos ilegítimos e ilegales”.
Se reseña asimismo que las audiencias de presentación se celebran en secreto, sin informar a familiares ni abogados. En muchos casos, se impone una defensa pública sin capacidad real de acción. El informe recoge que, en el marco de la represión poselectoral, se recurrió a la aplicación estatal VenApp para fomentar la delación ciudadana.
Otro patrón aplicado a estos casos fue el uso de la figura del “terrorismo” para justificar detenciones sin pruebas, en muchos casos, sin permitir acceso a la defensa ni a abogados privados. Las personas detenidas fueron sometidas a cargos vagos y ambiguos, sin garantías procesales ni derecho al debido proceso.
Viajar a Venezuela, conducta de riesgo
San Martín también insistió en el punto de la detención de extranjeros en Venezuela “para reforzar la narrativa de la conspiración y usar personas como moneda de cambio para presionar a otros países”. Se refirió brevemente a los casos del uruguayo Fabian Buglione, detenido en octubre de 2024, que viajó a visitar a su pareja y al día de hoy sigue desaparecido.
Asimismo, ofreció datos sobre el caso de Andrés Martínez y José María Basoa, dos turistas españoles detenidos en septiembre de 2024: “Sus familiares perdieron el contacto con los dos jóvenes el 2 de septiembre de 2024, y 12 días después, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, confirma su detención acusándolos de pertenecer al servicio de inteligencia español y planear un complot contra el gobierno. Ellos siguen desaparecidos”, reveló.
El informe también reseña la situación de Yevhenii Petrovich Trush, joven ucraniano con TEA y TDAH, desaparecido al intentar cruzar legalmente la frontera y pedir refugio; y de Lucas Hunter, un franco-estadounidense practicante de kitesurf detenido en la frontera con Colombia.
Un crimen, varios derechos vulnerados
En un apartado del informe se destaca que la desaparición forzada, además de ser ejercida de forma “sistemática” contra la población en Venezuela, supone la “violación de múltiples derechos humanos”.
Derechos a la libertad, a la seguridad, y al reconocimiento de la personalidad jurídica han sido vulnerados en los casos analizados por la organización, que indica que otros se ponen en “grave riesgo”, como el derecho a la vida y a la integridad personal.
Amnistía Internacional refiere en este punto que ya antes han advertido sobre las “condiciones inhumanas y degradantes” en los centros de reclusión en Venezuela, que a su juicio,” agravan aún más el sufrimiento de las víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas”.
La organización también reitera su preocupación por el uso de la tortura como medio para obtener confesiones o testimonios forzados. Advierten que incluso en declaraciones de voceros oficiales, sugieren que los detenidos “confiesan sus crímenes”, lo que refuerza la sospecha de que algunas personas documentadas en este informe “podrían haber sido sometidas a tortura”, con el fin de construir relatos incriminatorios o fabricar pruebas contra terceros.
Un terror que persiste
Luis Carlos Díaz, activista por los derechos humanos, quien también fue víctima de desaparición forzada en 2019, participó en la presentación del informe y contó parte de su experiencia.
“A mí me tuvieron en un sitio de tortura clandestino, sin saber dónde era, dónde estaba, me contaron cómo me iban asesinar, que lo iban a grabar y que el video se lo iban a mandar a mi familia. No sabes dónde estás, dónde te tienen. La desaparición no termina cuando apareces, lo revives en el cuerpo cuando se llevan a más personas presas y desaparecidas”, narró.
Díaz instó a fortalecer la defensa de los derechos humanos en Venezuela, porque insistió, en el país se vive el momento “más oscuro”.
“Son ataques que quiebran a tu círculo de amigos y a la sociedad, para que todo el mundo se calle. Las denuncias pueden servir para indignarnos y movilizarnos. Hay que insistir en procesos de justicia. El proceso más importante es el de la CPI, la investigación avanza y vamos a ver otros pasos en eso proceso”, opinó.
Sin embargo, consideró que la CPI no podrá actuar contra todos los crímenes cometidos en Venezuela, por lo que cada informe y denuncia cuenta. Informó que al menos países distintos que tienen juicios abiertos por corrupción contra figuras de la estructura de poder en Venezuela.
“Los hallazgos muestran que falta mucho por hacer contra las crímenes y para dejar evidencia de todas las cosas que llegarán a los tribunales. Con estos informes se construye memoria, justicia y reparación. Hay que hacer que se detenga la tortura y los rehenes (…) La gente desaparecida debe saber que los estamos buscando, los presos políticos deben pensar que los queremos libres”, insistió.
Las recomendaciones de AI
En los exhortos finales del informe de Amnistía Internacional destaca la exigencia por la liberación “inmediata” de todas las personas detenidas arbitrariamente.
También, se insta a investigar y sancionar a los responsables de desapariciones forzadas y a que haya garantías de no repetición, incluido el cese de campañas de estigmatización y criminalización contra defensores, periodistas y opositores.
Se pide también la colaboración del Estado venezolano con mecanismos internacionales como la Corte Penal Internacional y la CIDH.
El informe exige que la Corte Penal Internacional avance en su investigación sobre Venezuela y que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU continúe documentando violaciones en el país. También, solicita que los Estados ejerzan la jurisdicción universal y aumenten el apoyo a las organizaciones de derechos humanos en el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
En el balance del Foro Penal Venezolano del 14 de julio, la ONG denunció que en Venezuela hay actualmente 948 personas catalogadas como presos políticos. De al menos 51 de ellos se desconoce el paradero desde que fueron detenidos por cuerpos de seguridad del Estado.
La organización precisó que de los 948 presos políticos, 852 son hombres y 96 son mujeres; 778 son civiles y 170 militares. Además, 944 son adultos y 4 adolescentes. Del total, apenas 153 han recibido una condena, mientras que la gran mayoría —795 personas— no ha sido juzgada. Solo 6 se encuentran formalmente encarcelados en centros reconocidos, lo que acentúa las alarmas sobre irregularidades procesales y posibles lugares de detención clandestinos.
Desde 2014, el Foro Penal ha registrado al menos 18.439 detenciones por motivos políticos en el país. Más de 14.000 personas han sido excarceladas con la asistencia legal de esta ONG, pero otras 9.000 continúan sujetas a medidas restrictivas arbitrarias.
Este balance ha sido enviado a organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la OEA, en busca de verificación y presión internacional ante la grave situación de derechos humanos en Venezuela.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 14/07/2025 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 948* Desde la semana pasada
Desaparición forzada, una práctica represiva que se consolida en Venezuela
Amnistía Internacional advirtió que la desaparición forzada de personas opositoras, disidentes y extranjeras en Venezuela se ha consolidado como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, lo que configura un crimen de lesa humanidad.
En su informe “Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela”, presentado el 15 de julio, documentan 15 casos emblemáticos ocurridos entre julio de 2024 y junio de 2025, en el contexto de una represión intensificada tras las elecciones del 28 de julio de 2024. La organización señala que estas desapariciones, muchas de carácter temporal y sin paradero oficial, fueron ejecutadas principalmente por cuerpos de seguridad como el Sebin, Dgcim y la Guardia Nacional.
Esta investigación evidencia que la mayoría de las víctimas fueron detenidas arbitrariamente, incomunicadas, sin orden judicial, y recluidas en centros no oficiales o clandestinos. Se denuncian audiencias secretas, torturas, uso político de las detenciones y criminalización de extranjeros para reforzar la narrativa oficial de conspiración. AI recalca que estas prácticas no son aisladas, sino parte de una política de Estado que vulnera múltiples derechos fundamentales y que se ejerce con total impunidad, con el sistema judicial funcionando como instrumento para legitimar violaciones.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela informó este martes en la noche sobre la excarcelación de los presos políticos Cristian Méndez y José Ángel Lepage, detenidos en enero de este año en el estado Delta Amacuro.
“Nos complace saber que ya se encuentran junto a su familia, donde siempre debieron estar”, dijo a través de su cuenta en la red social X, el coordinador nacional del comité, Orlando Moreno.
El pasado 14 de enero, Moreno denunció que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro detuvieron de manera violenta a Méndez, cuando se preparaba para dar clases de ejercicios funcionales.
Igualmente señaló que fue arrestado Lepage colaborador de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y de la líder opositora María Corina Machado.
“Aún quedan muchos otros presos políticos, seguiremos alzando la voz hasta que todos sean libres”, declaró.
Unos salen, otros entran
A escasos días para las elecciones de alcaldes y concejales de este domingo 27 de julio, se produjo la detención del dirigente del Partido Centro Democrático (PCD)Yandir Loggiodice en el estado Bolívar.
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ingresaron al lugar de resguardo donde se encontraba el dirigente y se lo llevaron a la fuerza.
Hasta el momento se desconoce su paradero y los cargos que se le imputan.
De acuerdo a la ONG Foro Penal, la cifra de presos políticos subió a 948, de los cuales 852 son hombres y 96 mujeres.
Machado denunció que el dirigente se encuentra en una situación de saluddelicada.
Según la dirigente política Loggiodice tiene una válvula en la cabeza y cualquier golpe podría poner en riesgo su vida.
“En medio de la persecución, Yandir dejó estas palabras como parte de su mensaje: Por Yandir y su familia, por cada uno de nuestros héroes secuestrados y por cada venezolano, dentro y fuera de nuestro país, ¡no descansaremos un instante hasta lograr la libertad”, escribió en su cuenta la líder opositora.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Un nuevo índice global advierte que Venezuela y Haití son las naciones más expuestas al cambio climático en América Latina y el Caribe y las que tienen menos capacidad financiera para hacerle frente.
La advertencia fue publicada por el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales Clima21, en su portal web, a propósito de los hallazgos de un recienteestudio internacional elaborado por el Centro Nacional de Preparación para Desastres de la Escuela de Clima de a Universidad de Columbia y la Fundación Rockefeller. Este índice clasifica a 188 países según su vulnerabilidad ante los riesgos climáticos y su capacidad económica para responder a ellos.
Venezuela fue el país de América Latina y el Caribe peor clasificado en el ranking. Ocupó el puesto 181. Los otros países que están en una peor situación en cuanto a vulnerabilidad frente al cambio climático son Burundi, Malawi, Palestina, Zambia, Angola, Eritrea y Guinnea-Bissau. La proyección para el año 2050 en cuanto al escenario de nuestro país frente al cambio climático es “pesimista”, según este índice.
Según el informe, Venezuela figura entre el 30% de los países más vulnerables del mundo debido a su posición geográfica y la gravedad de los riesgos climáticos que enfrenta. Sin embargo, la situación se agrava al considerar que el país no cuenta con los recursos financieros ni el respaldo institucional para implementar políticas de adaptación o mitigación efectivas.
El estudio atribuye esta incapacidad a factores como el elevado endeudamiento externo y la falta de acceso a mercados financieros internacionales. Esta condición limita seriamente la posibilidad de obtener fondos para programas climáticos y debilita la respuesta nacional ante los eventos extremos que, con el aumento de las temperaturas globales, serán cada vez más frecuentes.
Para el Observatorio de Ecología Política este resultado indica que Venezuela no tiene acceso suficiente a financiamiento para la adaptación climática y que tenemos alto riesgo climático, así como a un “mayor peligro de exposición a eventos como terremotos, conflictos, inundación en zonas costeras”. A esto se le suman “debilidades en términos de gobernanza”.
“Todas estas variables proyectan que el país se enfrenta a una doble vulnerabilidad: es muy sensible a los cambios climáticos y, al mismo tiempo, tiene una capacidad de respuesta muy limitada por falta de recursos”, recalcan.
Otros países del continente que también están en la “zona roja” de riesgo son Belice, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Bolivia.
Alerta reiterada
Desde Clima21 señalan que estos datos se suman a los alertados en informes anteriores, como el ND-GAIN de la Universidad de Notre Dame y el Índice de Riesgo Climático Infantil de Unicef que ya advertían sobre la severa exposición del país a los efectos del cambio climático y su impacto desproporcionado en grupos como niñas, niños, mujeres, comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables.
“La creciente vulnerabilidad climática en Venezuela pone en riesgo la vida, la salud, la economía y la capacidad de desarrollo de millones de personas”, alertó el Observatorio. La organización también criticó la “preocupante inacción gubernamental, la falta de voluntad política, un enfoque excluyente y la ausencia de capacidad técnica para elaborar políticas públicas eficaces y sostenibles”.
Finalmente, Clima21 hizo un llamado urgente a la ciudadanía, organizaciones sociales e instituciones a exigir al Estado acciones concretas en materia de adaptación climática y justicia ambiental, así como a fortalecer la resiliencia local desde las comunidades. “Sin una respuesta estructurada, la emergencia climática seguirá agravando la crisis social y de derechos humanos en el país”.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales advirtió en diciembre de 2024, en el marco de la presentación del Borrador Final del Segundo Reporte Académico de Cambio Climático, que las consecuencias de este fenómeno para el país “serán severas en el corto plazo”.
Algunos de los efectos del cambio climático ya visibles en el país e identificados en el reporte de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales son un aumento de la temperatura de +0.22°C por década desde 1980, con proyecciones de mayor calor y sequía. Una reducción del 20% en precipitaciones anuales, que afecta cuencas clave y el suministro de agua en el país, pero también a la par un aumento de los eventos lluviosos extremos: entre 2000 y 2019 se contabilizan al menos veinte eventos de desastres naturales por inundaciones. Para 2030, se prevé que 40% de la población sufrirá inseguridad alimentaria moderada y 20% de inseguridad alimentaria grave.
Y sin marco de DDHH para gestión de riesgos
A propósito de las fuertes lluvias que cayeron en el mes de junio sobre los estados andinos y que causaron situaciones de emergencias en estados como Mérida, Runrun.es consultó a varios expertos, quienes alertaron que el país no posee un marco de derechos humanos en cuestión de riesgos ante eventos climáticos.
De acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Riesgos aprobada por la Asamblea Nacional, el Estado es responsable en materia de prevención y mitigación de eventos naturales.
Un informe divulgado por la organización Clima 21 y Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (OVDHA), los eventos meteorológicos pueden causar violaciones a los derechos humanos y por ello los Estados deben proteger y proteger a sus ciudadanos.
Según la investigación, en los últimos diez años, el 83% de los desastres desencadenados por peligros naturales se debieron a fenómenos meteorológicos y climáticos como inundaciones, tormentas y olas de calor.
De acuerdo a cifras oficiales, el fenómeno climático de “La Niña” afectó en 2022 a 14 de los 23 estados del país, causando la muerte de 82 personas entre los meses de octubre y noviembre, 26 mil familias quedaron damnificadas y 14 mil viviendas afectadas.
Las entidades más vulnerables en 2022 fueron Distrito Capital, Miranda, Zulia, Aragua, Carabobo, Mérida, La Guaira, Anzoátegui, Apure y Lara.
Y aunque 28% del territorio nacional se encuentra expuesto a un alto potencial de inundación y 52,33% de la población venezolana está a merced de aludes torrenciales o deslaves, el informe revela que no hay información pública sobre las acciones emprendidas por el gobierno dirigidas a proteger a la ciudadanía. Tampoco datos sobre causas y consecuencias de los fenómenos climáticos.
Venezuela es el único país de Sudamérica que no ha formulado un instrumento legal para la orientación de las políticas nacionales sobre preparación de la población frente a los efectos negativos del cambio climático. El Estado venezolano no cumple con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptado en la tercera Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en Sendai, Japón durante marzo de 2015.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Mañanero de Runrun.es de este miercoles 16 de julio resume los titulares de las noticias más relevantes de las últimas horas: Funcionarios del Sebin ingresaron al lugar de resguardo donde se encontraba el dirigente del Partido Centro Democrático en el estado Bolívar, Yandir Loggiodice y se lo llevaron a la fuerza.
El diálogo es la forma de resolver conflictos "que se adapta más a la condición y dignidad humana": en nombre de la @CEVmedios, así se expresó Manuel Díaz, arzobispo de Calabozo, durante la presentación de la Exhortación Pastoral "Constructores de paz en justicia y libertad". pic.twitter.com/E88Nm7PCpf
“Nuestra lucha no es un reclamo político. Es una causa humanitaria. Pedimos lo más elemental; respeto de los derechos humanos de Rafael (Tudares)”, Mariana González, hija de González Urrutia
Gabriel Rodríguez todavía quiere graduarse con sus compañeros de clase. Aun cuando sigue privado de libertad arbitrariamente, en un juicio que sus familiares denuncian que está “viciado”, el adolescente de 17 años tiene el profundo deseo de recibir su título de bachiller el próximo 29 de julio, junto a sus compañeros y después de lograr el promedio más alto de su salón.
Aunque Gabriel quiere graduarse, el juicio que se desarrolla en su contra está truncando esa posibilidad. En una nueva audiencia realizada este martes, 15 de julio, al adolescente lo mantuvieron privado de libertad. El único avance que hubo es que el Guardia Nacional que faltaba por declarar pudo hacerlo, aunque su familia sostuvo que las declaraciones de este funcionario fueron “discordantes”.
La próxima audiencia del juicio del adolescente Gabriel Rodríguez se fijó para el próximo martes 29 de julio, exactamente el mismo día en que debería celebrar con sus compañeros y familiares su acto de grado de bachillerato.
Carta a Tarek William Saab
En días previos a la reciente audiencia, el adolescente Gabriel Rodríguez redactó una carta que dirigió a Tarek William Saab, fiscal general ratificado por la Asamblea Nacional de 2021, en donde expuso su caso, contó cómo se produjo su detención y las irregularidades del 9 de enero de 2025, día en que el que fue arbitrariamente detenido en Cabudare, estado Lara.
En el texto que la familia del adolescente envió a este medio, Gabriel relata que día de su detención salió del trabajo con malestar de salud y se dirigió al ambulatorio de Cabudare, donde fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional sin razón aparente, solo por llevar un suéter negro y 400 bolívares en efectivo. Por tener este dinero consigo lo señalaron de que presuntamente querer “comprar gasolina para guarimbear”.
Según las palabras del adolescente, lo llevaron a un destacamento de la GNB, le sembraron pruebas y lo obligaron a grabar videos, confesando que había sido pagado para participar en disturbios junto a un adulto que no conocía. Gabriel asegura que los funcionarios incluso discutieron entre ellos cómo “sembrarle” cauchos y gasolina para justificar su detención.
A continuación, el texto íntegro de la carta que le escribió Gabriel al fiscal general:
“Sr. fiscal, soy un joven adolescente y me llamo Gabriel Rodríguez. Soy de Lara, Barquisimeto. Por los momentos me encuentro privado de libertad, algo injusto. Esta es la historia de mi caso: El día 9 de enero de 2025 yo me encontraba en el trabajo, ya que soy un joven aplicado en mis estudios y trabajo. No me encontraba bien de salud ya que llevaba varios días con malestar, así que salí del trabajo al mediodía y me dirigí al ambulatorio de Cabudare para recibir asistencia médica. Ese día salí con mi teléfono, audífonos, cartera y 400 Bs que me habían dado ese día en el trabajo. Me bajo del taxi cerca del centro médico y noto la calle tranquila, como cualquier otro día. Así que seguí caminando y voy entrando al ambulatorio cuando me sorprenden varios guardias nacionales y me dicen que me detenga y lo hago.
Actué con mucha tranquilidad, ya que solo me venía a chequear con el médico, pero ellos actuaban de manera agresiva y me preguntan muchas cosas. Una de ellas era de dónde venía, para dónde iba y muchas más. Luego me hacen una requisa y me quitan el celular, los audífonos y sacan mi cartera y ven mi plata. Dicen entre ellos por qué con esta plata vine a comprar gasolina para guarimbear. Yo les digo ‘no, oficial’, esta plata me la gané con el sudor de mi frente y es por si me toca comprar un medicamento, pero uno de ellos me agarra por el brazo y me suben en la moto solo por tener un suéter negro y 400 Bs en efectivo.
Luego me llevan al destacamento de la GNB donde me obligan a hacer varios videos diciendo que me habían pagado para guarimbear junto a otro adulto que habían agarrado y yo no lo conocía. Luego escucho a uno de los guardias diciéndole al capitán ‘jefe, tuvimos que agarrar a este para disfrazar las cosas, ya que no hubo guarimbas para controlar. No tenía objetos de guarimbas, ¿cómo hacemos?’. Y el jefe le dice ‘agarren dos cauchos y sáquenle la gasolina al auto y se la sembramos’. Yo me quedo asustado en un rincón con malestar. Luego traen los objetos criminalísticos que ellos sacaron y lo pasaron a Fiscalía y que habían agarrado a un guarimbero.
Luego uno de ellos notó mi malestar y le dije que no me sentía bien. Luego habló con el jefe para que me trasladen al médico. Llegó la noche y me trasladaron, luego que el médico me chequeó y notó que de salud no me encontraba bien, ya que tenía mucha fiebre súper alta y con infección pulmonar no me podían trasladar. Yo soy un chico trabajador con sueños y metas. A pesar de mi detención seguí echándole ganas a mis estudios y terminé el tercer lapso con un promedio alto de 18,91 y fui el primero en mi salón.
Todavía sueño con estar en mi graduación con mis compañeros, pero no con grilletes en mis manos. Mis amigos y familiares me extrañan. Ya muchos saben de mi caso y saben que no soy ningún terrorista. Solo soy un buen joven que le están negando sus sueños. Espero esté al tanto de mi caso y me pueda ayudar. Sin más que decir, gracias por haber atendido esta carta y saber sobre mi injusto caso“.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ingresaron al lugar de resguardo donde se encontraba el dirigente del Partido Centro Democratico (PCD) en el estado Bolivar, Yandir Loggiodice, y se lo llevaron a la fuerza el pasado lunes 14 de julio en horas de la noche.
La organización no gubernamental Un Mundo sin Mordaza alertó que se desconoce el paradero de Loggiodice.
De acuerdo a la cuenta en X del partido Vente Venezuela fueron al menos 30 agentes del gobierno quienes sacaron a la fuerza al dirigente político.
“Si están leyendo esto, es porque después de 12 largos meses en la clandestinidad, el régimen de terror ha logrado alcanzarme. Pero quiero que sepan que, incluso en este momento oscuro, mi espíritu sigue inquebrantable y mi fe en nuestra causa es más fuerte que nunca”, inicia un texto compartido por el PCD en redes sociales.
Loggiodice, quien apoyó en la primaria a María Corina Machado y luego en las elecciones presidenciales del 28 de julio a Edmundo González Urrutia, instó a sus compañeros y al resto de la sociedad civil a no desfallecer.
“Quiero dejar claro que no acepto ninguna defensa pública por parte del régimen. Mis familiares designaran a un abogado privado para llevar mi caso. Además, hago responsable al régimen de Nicolás Maduro por cualquier cosa que pueda sucederme a mí, o a cualquier miembro de mi familia o de nuestro partido político. Que el mundo sepa quienes son los verdaderos culpables”, expuso Loggiodice en una carta previamente escrita.
De acuerdo al más reciente balance de la ONG Foro Penal publicado el pasado 4 de julio, en Venezuela hay actualmente 940 presos políticos, de los cuales 844 son hombres y 96 mujeres.
En la cifra cercana al millar, hay 771 civiles y 169 militares, además de 85 personas con doble nacionalidad y 50 personas de las que se desconoce el paradero.
En el contingente hay 787 presos políticos que no han recibido condena y 153 con sentencia.
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