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En una audiencia telefónica fue enviado a juicio el preso político Carlos Azuaje

El dirigente político Carlos Azuaje, encarcelado desde diciembre de 2024, fue enviado a juicio tras una audiencia preliminar realizada de forma telefónica y en condiciones que sus familiares calificaron como “indignas”.

De acuerdo con una denuncia que publicó Voluntad Popular en redes sociales, la jueza del caso, Francys Rendel —especializada en terrorismo—, se conectó desde Caracas e informó que tenía “poco saldo”, por lo que solo habría una breve videollamada “para verse las caras”; el resto se haría por llamada de voz.

Esta audiencia se realizó más de 200 días después de su detención, pese a que el plazo legal para esta fase del proceso penal es de 45 días. Fue imputado por “incitación al odio, conspiración y traición a la patria”, delitos que, según sus allegados, no tienen fundamento.

“En el caso del delito de traición a la patria, el expediente alega falsamente que Carlos ofreció entrevistas a medios internacionales pidiendo una supuesta intervención extranjera. Esa acusación es absolutamente infundada. El trabajo político y comunicacional de Carlos siempre ha estado enfocado en la vía electoral y democrática como único camino para lograr el cambio en Venezuela”, añadió la tolda naranja.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) amplificó la denuncia de VP, alertando que a Carlos Azuaje “se le sigue negando el derecho a una defensa privada”. A su abogado de confianza, Eduardo Torres, no solo se le impidió juramentarse, “sino que además fue detenido arbitrariamente hace dos meses”, agregó la organización. Desde entonces, el defensor público asignado “no ha tenido contacto con Carlos”.

“Carlos pidió la palabra. Alzó la voz con dignidad y firmeza. Denunció la violación de su derecho a la defensa y a un juicio justo. Manifestó que el proceso carece de garantías legales, por lo que solo puede considerarse una puesta en escena, similar a ‘una payasada judicial’, y se declaró en estado de indefensión. Además, ha sido víctima de malos tratos en el centro de reclusión, como represalia por sus denuncias”, añadió el Clippve.

Siete meses detenido

En diciembre de 2024, el exgobernador de Táchira César Pérez Vivas denunció la detención de Azuaje, señalando el hecho como parte de la «escalada de violencia» por parte del Estado y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) «contra luchadores democráticos».

Pérez Vivas indicó que el dirigente campesino fue aprehendido en «la carretera hacia Puerto Ordaz», estado Bolívar. Aseguró en aquel momento que Azuaje es un vocero de agricultores y campesinos y «firme defensor del derecho a la democracia», quien «no ha cometido delito alguno».

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

En diciembre de 2024, el exgobernador de Táchira César Pérez Vivas denunció la detención de Azuaje, señalando el hecho como parte de la «escalada de violencia» por parte del Estado y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) «contra luchadores democráticos»
Carlos Azuaje
Redacción Runrun.es
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El dirigente político Carlos Azuaje, encarcelado desde diciembre de 2024, fue enviado a juicio tras una audiencia preliminar realizada de forma telefónica y en condiciones que sus familiares calificaron como “indignas”.

De acuerdo con una denuncia que publicó Voluntad Popular en redes sociales, la jueza del caso, Francys Rendel —especializada en terrorismo—, se conectó desde Caracas e informó que tenía “poco saldo”, por lo que solo habría una breve videollamada “para verse las caras”; el resto se haría por llamada de voz.

Esta audiencia se realizó más de 200 días después de su detención, pese a que el plazo legal para esta fase del proceso penal es de 45 días. Fue imputado por “incitación al odio, conspiración y traición a la patria”, delitos que, según sus allegados, no tienen fundamento.

“En el caso del delito de traición a la patria, el expediente alega falsamente que Carlos ofreció entrevistas a medios internacionales pidiendo una supuesta intervención extranjera. Esa acusación es absolutamente infundada. El trabajo político y comunicacional de Carlos siempre ha estado enfocado en la vía electoral y democrática como único camino para lograr el cambio en Venezuela”, añadió la tolda naranja.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) amplificó la denuncia de VP, alertando que a Carlos Azuaje “se le sigue negando el derecho a una defensa privada”. A su abogado de confianza, Eduardo Torres, no solo se le impidió juramentarse, “sino que además fue detenido arbitrariamente hace dos meses”, agregó la organización. Desde entonces, el defensor público asignado “no ha tenido contacto con Carlos”.

“Carlos pidió la palabra. Alzó la voz con dignidad y firmeza. Denunció la violación de su derecho a la defensa y a un juicio justo. Manifestó que el proceso carece de garantías legales, por lo que solo puede considerarse una puesta en escena, similar a ‘una payasada judicial’, y se declaró en estado de indefensión. Además, ha sido víctima de malos tratos en el centro de reclusión, como represalia por sus denuncias”, añadió el Clippve.

Siete meses detenido

En diciembre de 2024, el exgobernador de Táchira César Pérez Vivas denunció la detención de Azuaje, señalando el hecho como parte de la «escalada de violencia» por parte del Estado y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) «contra luchadores democráticos».

Pérez Vivas indicó que el dirigente campesino fue aprehendido en «la carretera hacia Puerto Ordaz», estado Bolívar. Aseguró en aquel momento que Azuaje es un vocero de agricultores y campesinos y «firme defensor del derecho a la democracia», quien «no ha cometido delito alguno».

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

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