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Maryhen Jiménez: recuperar la agencia política es el desafío de la transición

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La política venezolana ha transitado por giros inéditos tras los acontecimientos del 3 de enero. En una nueva entrega de Espacio Runrunes, conducida por Luis Ernesto Blanco, la politóloga, investigadora y doctora por la Universidad de Oxford, Maryhen Jiménez, analizó el panorama sociopolítico del país, centrándose en el estado actual de la transición democrática, la agencia política, los límites de las dinámicas internacionales y la urgente necesidad de rescatar un rol decisivo por parte de la dirigencia venezolana.

La pérdida de la agencia 

Jiménez destacó cómo la irrupción directa de actores externos después del 3 de enero ha mermado la autonomía y soberanía de los actores domésticos en la toma de decisiones y advierte que hay alguien, un tercero, que ahora tiene la capacidad de decidir y esto sobre todo es particular después de haber tenido tanta agencia en 2023 y 2024″.

Aunque la sociedad venezolana reclama y exige legitimación de los actores que están en el poder, para el mundo eso no parece ser un problema y cada vez hay más señales de normalización y reconocimiento, aunque sea transitorio, de la élite dominante, lo cual pudiera no ser necesariamente negativo, si lo que se busca es que Venezuela recupera cierta normalidad. 

La politóloga señaló que, ante el agotamiento y la urgencia de resolver el día a día en medio del colapso de servicios y la fragilidad estatal, gran parte de la sociedad ha adoptado una postura de “delegar y esperar”. Sin embargo, la historia comparada demuestra el riesgo que eso implica.

“Sin presión social, y eso nos lo dicen también los estudios comparados, es muy difícil que las demandas sociales estén sobre la mesa, sean discutidas y sean implementadas”, dice Jiménez.

De la fragmentación a una «MUD 2.0»

Para que la dirigencia política recupere el control del proceso frente a acuerdos que amenazan con ser «élitescos y de espaldas a la gente», Jiménez enfatiza la necesidad crítica de la coordinación estratégica:

Aunque reconoce la diversidad de visiones e ideologías dentro de la oposición es natural y deseable en democracia, actuar de forma desarticulada fortalece al gobierno. Muestra de ello han sido los diálogos y negociaciones paralelas donde no todos los sectores opositores han caminado sobre la misma hoja de ruta. 

Frente a la política venezolana predominantemente vertical y personalista, Jiménez reflexiona sobre la necesidad de articular una coalición o plataforma unificada, una especie de “Mesa de la Unidad 2.0”, que según la académica, sea un mecanismo que no solo permitiría conectar de manera directa con las demandas de la gente.

“La coordinación de la oposición es clave aquí. Más fácil sería, si tuvieras una MUD 2.0 hoy, que llame a una protesta en demanda de tal y cual el día de mañana o pasado mañana. Tienes una capacidad de convocatoria más amplia, articulada, creíble para la gente”.

Asimismo, al abordar la transición de los partidos opositores y la necesidad de trascender la postura de «partido-protesta» o de mera confrontación al régimen, Jiménez reflexiona:

“¿Dónde está la oposición venezolana hoy? ¿Cuál es su visión para la sociedad? O sea, más allá de ser antichavista, ¿qué ofrece? ¿Cómo piensa articularse? ¿Cuál es su visión sobre el pluralismo político?”.

Las reservas de resistencia 

A pesar del complejo escenario de desarticulación y los intentos del poder por controlar los tiempos del cambio, Maryhen Jiménez enfatiza la valentía y el aprendizaje acumulado por la sociedad civil:

“Mi experiencia haciendo investigación en Venezuela es que la sociedad venezolana es muy valiente y que se sobrepone a los miedos. Evidentemente todavía hay, pero la sociedad venezolana aprendió también en sus momentos a expresar el rechazo y digamos a atajarlo. La agencia también aplica a la propia sociedad venezolana”.

La politóloga considera que la sociedad venezolana ha demostrado históricamente, e incluso en momentos recientes como  la atención a los terremotos del 24 de junio, una altísima capacidad de organizarse de forma autónoma y desafiar la ausencia o los abusos del Estado.

“Si tú me preguntas si yo soy optimista en si viene una democracia perfecta como la hemos soñado mañana, bueno, no. Ahora, si yo soy optimista en cuanto a la capacidad de la sociedad venezolana a resistir y eventualmente a lograr cambios, sean pequeños, sean puntuales, sean más de largo plazo, ahí te puedo decir que sí, porque he visto cómo la sociedad venezolana ha resistido a todo lo que se le ha impuesto”.

Alí Daniels: es inaceptable para los ciudadanos retrasar presidenciales hasta 2030

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Alí Daniels, abogado y cofundador de la ONG Acceso a la Justicia, afirmó este 28 de septiembre en una entrevista con Shirley Varnagy que la reciente propuesta formulada desde la vocería gubernamental presente en el diálogo sobre la realización de un cronograma electoral agrupado en cuatro procesos (parlamentarios, alcaldes, gobernadores y presidenciales) padece de un severo error de interpretación que pretende desconocer los lapsos constitucionales.

El especialista enfatizó que, según el orden constitucional de Venezuela, la primera elección que debe convocarse es la presidencial.

“Debería haber un acuerdo político para convocar el resto de las elecciones menos para las presidenciales, pues, de acuerdo con la constitución, es la que debe convocarse primero”, explicó.

Daniels interpretó que el oficialismo busca extender hasta 2030 la realización del proceso presidencial, quizás partiendo del punto de que era en ese año cuando se vencía el período de Nicolás Maduro, luego de que el Consejo Nacional Electoral lo proclamara ganador de la contienda de 2024 pese a los reclamos de la oposición.

“Me parece que 2030 es inaceptable para la mayoría de los venezolanos”, sostuvo.

Lapsos vencidos

El abogado cuestionó la figura impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de una “ausencia forzada”, ya que, según lo establecido en la Constitución, el Poder Legislativo es el que debió haber calificado formalmente la ausencia como “ausencia absoluta” una vez superado el margen de los 180 días, y no la Sala Constitucional.

“no lo han hecho porqie no quieren declarar lo que obligatoriamente deben hacer, que es declarar la ausencia absoluta y, a partir de allí, aplicar la constitución. Lo que no puede pasar es aplicar esta interpretación absolutamente absurda que algunos dicen, que como la sala constitucional habló de ‘ausencia forzada’ y esa figura no está en ninguna parte, entonces, no se debe aplicar la constitución. Eso es inaceptable (…) No es cierto que haya razones constitucionales para extender de manera indefinida este interinato que, en realidad, ya está fuera de la constitución”, expuso el experto.

Daniels también consideró, por otra parte, que sería irreal convocar elecciones en un mes por distintas razones. Entre ellas, recordó que hay siete millones de venezolanos fuera del país a quienes no se les podría garantizar su participación en ese lapso.

De igual forma, el representante de Acceso a la Justicia examinó el orden impuesto en los acuerdos políticos donde se condiciona la elección del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la previa designación del TSJ. Insistió en que ambos procesos (renovación del TSJ y del CNE) podrían ejecutarse en paralelo sin ninguna traba jurídica.

Minoría oficialista en el Comité Asesor

Daniels clasificó la conformación del comité asesor encargado de evaluar a los postulantes al TSJ como un hecho particular, ya que la junta cuenta con menor representación oficialista (dinámica que no se observaba desde 1999). No obstante, enfatizó que el proceso no debe juzgarse por sus integrantes, sino por el resultado: la conformación de un tribunal verdaderamente autónomo.

     “Es importante que este proceso termine con un Tribunal Supremo que le diga ‘no’ al poder, que proteja al ciudadano y que no ocurra como ha ocurrido en el pasado, que cuando un abogado dice ‘a mi cliente le han violado derechos humanos’ el tribunal calle”, opinó daniels.

    Este experto concluyó que la verdadera prueba para el nuevo Poder Judicial radicará en su capacidad para actuar de forma imparcial frente a las acusaciones por conductas indebidas. A su juicio, la falta de tutelas judiciales ante detenciones arbitrarias y vulneraciones de derechos humanos ha demostrado la sumisión institucional en los últimos años, por lo que la reestructuración del TSJ no solo es indispensable para el ámbito electoral, sino una garantía fundamental para la protección del individuo frente al Estado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 29 de septiembre: Protestas en todo el país para exigir mejoras en calidad de vida

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 29 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Con el fin de exigir el cese de la vulneración de sus derechos civiles, políticos y económicos, trabajadores de distintos gremios profesionales y la asociación civil Alianza por la Libertad de los Presos Politicos (ALPP) llevaron a cabo una protesta nacional este lunes 28 de septiembre. Entre sus denuncias están la consolidación de un cronograma electoral para escoger a un presidente, la liberación de los más de 300 presos políticos y el aumento del salario mínimo.

Recién salido del horno: otras noticias


Se elevó a 60 la cifra de presos fallecidos bajo custodia del Estado desde abril de este año

Padre de preso político: “Mi mayor deseo es volver a abrazarlo, temo morir sin hacerlo”

SenosAyuda: 20 años de sobrevivencia organizacional

Habitantes de San Cristóbal ganan en bolívares y gastan en pesos colombianos

«Por no recibir atención médica»: Denuncian muerte de exdirectora de cárcel de Guárico presa en La Crisálida

Dólar/Euro BCV

La cita

“Los venezolanos ansían tener elecciones lo más pronto posible, la delegación de la Asamblea Nacional 2015 acompaña ese anhelo y está trabajando para que en conjunto con nuestros aliados podamos tener instituciones que permitan estas elecciones y las condiciones mínimas”, Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional del 2015

Lo que rompe en las redes

Azuquita pa’l café

La Ñapa (recomendamos)

Con gol de Michael Olise, Francia venció a su similar de Bélgica 1-0 en la UEFA Nations League.

Organizaciones de la diáspora se pronuncian

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La gran mayoría de quienes integramos la diáspora seguimos de cerca los acontecimientos en Venezuela, así como las dificultades de nuestros compatriotas, tanto dentro como fuera del país. Probablemente, muchos no regresaremos a nuestra tierra, pero podemos decir, como el poeta Pérez Bonalde, que mientras estuvimos ausentes ni un día ni un instante la hemos olvidado. Eso nos da derechos y nos obliga a opinar y actuar. Aquí resumimos las actividades de varias organizaciones de la sociedad civil en el exilio, en defensa de nuestros compatriotas y en la lucha por la democracia.

El Manifiesto de Filadelfia

III Cumbre de Organizaciones Venezolanas-Estadounidenses, 13 de septiembre de 2026

Los participantes aprobaron exigir la liberación de todos los presos políticos y el cese de las persecuciones; un cronograma electoral, seguridad para electores y candidatos, observación internacional independiente y elecciones libres; la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de acuerdo con la Constitución; y el respeto al voto en el exterior.

También reclamaron garantías para la libertad de expresión y la participación política, así como condiciones seguras para el retorno de quienes fueron obligados a salir por razones políticas. La sociedad civil y la diáspora deben participar en auditorías cívicas, contribuir a la reconstrucción de Venezuela y a la formación de líderes y buenos ciudadanos, así como construir una red global de talento venezolano.

Además, exigieron que los venezolanos en Estados Unidos sean tratados con dignidad y que las actuaciones migratorias respeten las garantías del debido proceso. Expresaron que defender la ley y proteger las fronteras es una responsabilidad legítima del Estado, pero que no es aceptable criminalizar a una comunidad por su nacionalidad, origen o condición migratoria. En este enlace está el texto completo y la lista de firmantes.

Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN)

El 17 de septiembre de 2026, la organización denunció violaciones al debido proceso de venezolanos en Estados Unidos. Señaló que la situación migratoria no convierte a nadie en delincuente ni justifica la privación arbitraria de la libertad. Reclamó respeto a las garantías de notificación, audiencia y defensa, especialmente para quienes llevan años esperando entrevistas o audiencias, pese a tener permisos de trabajo, pagar impuestos y estar integrados a la sociedad estadounidense. Advirtió que la criminalización y detención de estas personas genera angustia y afecta también a sus familias. En este enlace está el texto completo y la lista de firmantes.

VenAmérica

El 18 de septiembre de 2026, su directiva aprobó un extenso documento que aborda exhaustivamente varios puntos. El documento critica el acuerdo petrolero desde la perspectiva de las constituciones de Venezuela y de Estados Unidos. Señala que una cosa es respaldar la recuperación de Venezuela dentro del espacio democrático occidental y otra muy distinta considerar que ese objetivo estratégico permite prescindir de la legalidad, la legitimidad y la soberanía venezolana. Así mismo, cuestiona la solvencia de la empresa privada que participa y la de su principal accionista.

Enfatiza que el informe de la Misión Internacional de la ONU sobre Determinación de Hechos sobre Venezuela expresa con claridad que “las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas y el control del poder político y económico permanece incólume”. El país continúa empobrecido, con servicios esenciales gravemente deteriorados. El documento exige un cronograma para elecciones presidenciales libres, competitivas, inclusivas y observadas internacionalmente, sin exclusiones arbitrarias.

En relación con los venezolanos en Estados Unidos, exige respetar la vigencia de documentos y autorizaciones emitidos conforme a derecho; ofrecer instrucciones administrativas claras y solicitar que empleadores o agencias no desconozcan protecciones todavía válidas; asegurar notificación suficiente, acceso a abogado, revisión individual y oportunidad real de impugnar toda detención o remoción, con protección efectiva contra persecución y tortura.

Asimismo, plantea evitar la estigmatización colectiva por nacionalidad, preservar la unidad familiar y establecer soluciones legislativas estables para venezolanos con arraigo, buena conducta y procesos migratorios pendientes. En este enlace está el texto completo y la lista de firmantes.

Movimiento Ciudadano de Venezolanos en el Mundo (MCVM) y VenAmérica

Delcy en la ONU: la representación usurpada de una Venezuela reprimida

El 21 de septiembre de 2026, ambas organizaciones manifestaron que la ONU debe distinguir entre interlocución diplomática y legitimidad democrática. Aunque se han producido algunas aperturas en Venezuela, la Misión de la ONU de Determinación de Hechos sobre Venezuela advierte que persisten las estructuras represivas, la impunidad y graves violaciones de derechos humanos.

Recalca que la participación de Delcy Rodríguez en la Asamblea General no debe interpretarse como una certificación de legitimidad ni como una absolución. La interlocución internacional debe estar condicionada a resultados verificables: liberación de presos políticos, acceso de organismos internacionales a los centros de detención, independencia judicial, investigación y reparación de las violaciones, y garantías democráticas y electorales.

La diplomacia no debe sustituir a la justicia ni la normalización internacional a la democratización de Venezuela. Ginebra ha documentado; corresponde ahora a Nueva York convertir esa documentación en compromisos, seguimiento y exigencias públicas. El texto se puede leer en este enlace.  

Conclusión

Los documentos presentados por la sociedad civil, así como numerosos artículos, han fijado posición sobre la situación en Venezuela y sobre los atropellos a los venezolanos en Estados Unidos. Lamentablemente, se percibe que, salvo excepciones, ha faltado contundencia por parte del sector político en criticar las acciones del presidente Trump posteriores al 3 de enero 2026.

Como (había) en botica

  • El pasado día 25 se cumplieron 25 años del salvaje ataque de madrugada a los residentes en el campo petrolero de Los Semerucos. Los desalmados guardias nacionales del Destacamento 44, conjuntamente con policías del estado Falcón, arremetieron con lacrimógenas, balas de plástico y golpeando con peinillas a  una población en la que había ancianos y niños. Prohibido olvidar.
  • Lamentamos el fallecimiento de Nora Lugo de Sánchez, compañera de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

«Por no recibir atención médica»: denuncian muerte de exdirectora de cárcel de Guárico presa en La Crisálida

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La ONG Un Mundo Sin Mordaza confirmó la muerte bajo custodia del Estado de Eleiner Sánchez, presa política y exdirectora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales «26 de Julio», quien estaba recluida en cárcel Las Crisálidas, ubicada en Los Teques, estado Mérida. La causa probable del deceso habría sido la negligencia médica y judicial, denunció la ONG. Sánchez sufría de obstrucción instestinal que, según sus familiares, debía ser tratado quirúrgicamente.

Sánchez fallece luego de permanecer 660 días en detención arbitraria, según sus familiares. Ella estaba apelando a una amnistía desde abril de 2026, cuando el Gobierno encargado con el avala de EEU.UU. abrió el proceso. Estuvo presa bajo una presunta denuncia de corrupción interpuesta por el ministro de servicios penitenciarios, Julio García Zerpa.

«El caso de Sánchez evidencia cómo la negación de asistencia médica y el retardo procesal son utilizados como mecanismos de tortura y ensañamiento contra quienes permanecen privados de libertad por motivos políticos, en total vulneración de los estándares internacionales de custodia estatal», enfatizó Un Mundo Sin Mordaza en sus redes sociales.

Sin salud ni justicia

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Sánchez fue trasladada al Hospital Victorino Santaella de Los Tuques el pasado 27 de septiembre. La intervención quirúrgica de emergencia ocurrió luego de meses de denuncias por parte de los familiares de Sánchez sobre su condición médica (sin diagnóstico claro por parte de las autoridades).

«Sánchez había sido funcionaria del Ministerio del Servicio Penitenciario y directora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio. Su propio hijo denunció en reiteradas oportunidades que ella poseía evidencias sobre presuntas tramas de corrupción interna, situación que, según sus denuncias, habría estado relacionada con su detención y posterior vulneración de sus derechos», denunció el OVP.

Eliézer Sáez, hijo de Eleiner, denunció que la presa fallecida bajo custodia no tenía más de 53 días en el cargo cuando la detuvieron.

«Exigimos una investigación independiente, el esclarecimiento total de lo ocurrido y responsabilidades para quienes, por acción u omisión, hayan contribuido a su muerte», declaró el partido político Primero Justicia en sus redes sociales.

Con la muerte de Sánchez la cifra de personas que han muerto bajo custodia del Estado se elevó a 60, según el OVP. El número solo evidencia las muertes sin investigaciones en centros penitenciarios desde abril de 2026 hasta ahora. En ninguno de los casos el Estado ha suministrado información sobre los decesos.

El OVP recordó además que esta es la segunda muerte que se registra en La Crisálida en los últimos tres meses. El anterior caso denunciado por esa organización es el de Fabiana Desirée Páez Fernández, quien falleció en junio: “Al igual Eleiner, murió sin recibir la asistencia médica que requería”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Se elevó a 60 la cifra de presos fallecidos bajo custodia del Estado desde abril de este año 

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Con la muerte de Luis Alejandro García, de 30 años, en el Centro de Formación Hombre Nuevo Juan López, anteriormente denominado Centro de Formación Hombre Nuevo El Libertador, ubicado en Tocuyito, estado Carabobo, se elevó a 60 el número de presos fallecidos bajo custodia del Estado desde abril de este año.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones informó que García murió presuntamente de tuberculosis, en un penal donde más de 2200 personas permanecen recluidas en un espacio con capacidad para 1400.

EL OVP expuso que el hacinamiento favorece la transmisión y propagación de enfermedades infectocontagiosas.

“Un riesgo que se agrava cuando existen dificultades para acceder oportunamente al diagnóstico y la atención médica”, sentenció el OVP.

La organización indicó que se desconoce la cifra de enfermos de tuberculosis en el penal y que la opacidad representa un peligro para la población penitenciaria. 

“Desde el OVP exigimos una evaluación sanitaria urgente de la población recluida, la detección y atención oportuna de posibles casos de tuberculosis y una investigación que permita esclarecer las circunstancias en las que murió García y la atención médica que recibió”, escribió la organización en X.

La ONG sentenció que las causas estructurales que ponen en riesgo la vida de los presos continúan sin respuestas.

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Padre de preso político: “Mi mayor deseo es volver a abrazarlo, temo morir sin hacerlo”

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“Mi mayor deseo es volver a abrazar a mi hijo en libertad. Temo morir sin hacerlo”, dijo en un video César Omaña Tirado, padre del preso político César Antonio Alfonso Omaña Alcalá, recluido en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda.

Omaña Tirado expresó en una misiva que leyó que es la  única persona que asistía a las visitas de su hijo y actualmente su estado de salud le impide continuar haciéndolo.

“Como padre me duele profundamente no poder protegerlo y no volver a verlo más. Yo se que me hubiese ayudado a enfrentar la enfermedad, yo estoy solo y él también, él padece de ulceras y gastritis”, agregó el hombre de 85 años de edad.  

El padre del detenido alertó que padece un cáncer de hígado en fase de metástasis y permanece hospitalizado.

De acuerdo con la ONG Un Mundo Sin Mordaza, Omaña Alcalá, quien es venezolano-chipriota, fue detenido el 30 de julio de 2024 e imputado bajo señalamientos de actuar como “doble agente” y participar en presuntas conspiraciones contra el gobierno del también aprehendido, Nicolás Maduro.

La ONG denunció que el médico y empresario ha sido sometido a retardo procesal y denegación de medidas cautelares.

“La privación de libertad por motivos políticos adquiere un matiz de crueldad extrema cuando se niega el derecho a la despedida y al cuidado familiar frente a enfermedades terminales”, expuso la organización no gubernamental.

“Exigimos al Estado el cumplimiento irrestricto de los DDHH, la aplicación de medidas sustitutivas de libertad y el fin del sufrimiento infligido a los prisioneros de conciencia y sus familias”, agregó. 

CIDH le otorgó cautelares

Tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia “toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Venezuela”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio de Omaña Alcalá y su padre Omaña Tirado.

En el documento fechado en abril de este año se expone que Omaña Alcalá ha sido sometido a presuntos actos de tortura bajo custodia estatal y que “no estaría recibiendo atención médica adecuada para la desnutrición severa, enfermedad hemorroidal, episodios de sangrado, temblores y enrojecimiento ocular”.

La Comisión denunció que no cuenta con información por parte del Estado que les permita apreciar las acciones que estarían tomando para atender o mitigar la situación de riesgo de  Omaña.

En vista de la situación, la CIDH exhortó a: adoptar medidas para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de César Antonio Alfonso Omaña Alcalá y César Antonio Omaña Tirado; facilitar la comunicación con sus familiares, representantes, abogados de confianza, y autoridades consulares de Chipre; garantizar que no sea objeto de violencia, amenazas, intimidaciones y agresiones dentro del Rodeo I; realizar una valoración médica y garantizar atención y tratamiento médico oportuno y especializado, dando a conocer los resultados a sus familiares y representantes; además de brindar acceso inmediato a agua potable y alimentación adecuada.

Aunado a esto, exhortaron a que Omaña Tirado pueda desarrollar sus actividades en la defensa de los derechos de su hijo “sin ser objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones u otros hechos de violencia en el ejercicio de sus labores”.

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Trabajadores protestan en Venezuela por mejoras salariales y calendarios electorales

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Trabajadores de distintos gremios profesionales y la asociación civil Alianza por la Libertad de los Presos Politicos (ALPP) convocaron a una protesta nacional este 28 de septiembre para exigir el cese de la vulneración de sus derechos civiles, políticos y económicos. Entre sus denuncias están la consolidación de un cronograma electoral para escoger a un presidente, la liberación de los más de 300 presos políticos y el aumento del salario mínimo.

De acuerdo con la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores (CSNT), una de las instituciones que organizaron las protestas, las protestas se registraron en Caracas, Bolívar, Lara y Zulia.

«El pueblo, arrecho, reclama sus derechos»

En la capital se registraron al menos dos concentraciones: una en Plaza Venezuela —para exigir un cronograma electoral y mejores salarios y penciones— y otra se dirigió a la sede del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario —para exigir la liberación de los presos políticos—.

Si bien la ONG Foro Penal ha registrado que el Gobierno excarceló a 24 presos políticos entre el 25 y el 27 de septiembre, la ALPP denunció que las excarcelaciones de este año no representan una libertad plena para las víctimas, mucho menos se han liberado a todos los presos políticos que la sociedad civil ha documentado en los últimos años.

«El pueblo, arrecho, reclama sus derechos». Bajo esa consigna, el abogado y expreso político Eduardo Torres le exigió al gabinete interino que liberen a los más de 450 presos políticos que siguen tras las rejas, según datos de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

Mientras tanto, en Plaza Venezuela, la CSNT se reunió para exigir un cronograma electoral a la mesa de diálogo entre el chavismo y los miembros de la oposición representada por la Asamblea Nacional del 2015. «Pongan la fecha, que el pueblo pone los votos», reclamó Alexander Rodríguez, miembro de la CSNT.

Cerco en el Zulia

En Maracaibo las protestas fueron cercadas por miembros de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. El cerco se implantó en las vías hacia el Puente General Rafael Urdaneta.

«Los trabajadores decidimos radicalizar las protestas desde al función de nuestros derechos laborales», afirmó Jesús León, miembro de la Unidad Laboral del Zulia.

La marcha en Maracaibo inició en el Rectorado Nuevo de La Universidad del Zulia y se dirigía hacia el Puente General Rafael Urdaneta. Trabajadores, sindicalistas, gremios estudiantiles y pensionados exigían «salarios dignos ya». Aunque Delcy Rodríguez, presidente encargada de Venezuela con el aval de Estados Unidos, anunció un aumento del ingreso mínimo mensual a 240 dólares estadounidenses en mayo de 2026, la cesta alimentaria (básica) supera los 755 dólares para agosto de 2026, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.

En Bolívar también exigen el regreso de Machado

Los trabajadores de las empresas estatales como la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), también protestaron en las vías principales de Ciudad Guayana. Sus exigencias se centraron en la restitución de sus beneficios laborales, como el transporte institucional y las pensiones dignas. Denunciaron que cada trabajador recibe, al menos, 20 dólares estadounidenses mensuales.

Asimismo, exigieron el cese de la vulneración de los derechos civiles y políticos de María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela y Premio Nobel de la Paz. De acuerdo con el equipo de prensa de Vente Venezuela, Machado ha intentado ingresar al país al menos siete veces luego de su exilio forzado en diciembre de 2025. En todas esas ocasiones las instituciones políticas y diplomáticas le han negado el acceso al país.

Para la Coalición Sindical, estas protestas seguirán hasta que el Gobierno de Rodríguez logre cubrir sus exigencias y la restitución de los servicios públicos. «La semana que vamos a ir (…). ¡Vamos para Miraflores! Vamos a ir en la primera quincena de octubre. Vamos duros, vamos porque estamos cansados», dijo Carlos Morales, integrante de la Coalición Sindical, en una declaración a La Calle TV.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.