El Gobierno encargado de Venezuela no ha actualizado las cifras de fallecidos y desaparecidos por los terremotos del 24 de junio en los últimos 37 días. La ONG Provea denunció este 30 de septiembre la opacidad que mantiene el Estado venezolano sobre el desastre socioambiental.
«Exigimos al Estado venezolano actualizar y publicar ambas cifras de forma continua. La información salva vidas y es una obligación del Estado con las víctimas, sus familiares y el país», afirmó la ONG a través de sus redes sociales.
La última actualización sobre los fallecidos y otras estadísticas relacionadas con los terremotos ocurrió el 24 de agosto de 2026. Para ese entonces, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que al menos 6509 personas perdieron la vida durante el desastre.
La cifra de desaparecidos lleva más tiempo congelada. Las autoridades chavistas informaron el 25 de junio que había al menos 157 personas sin un paradero conocido, pero luego, no han precisado si esta cifra aumentó o varió.
Ante la emergencia y la opacidad, surgieron al menos cuatro plataformas ciudadanas donde los venezolanos podían incluir sus denuncias de desaparición. Una de esas plataformas, Venezuela Reporta, registró 41 354 casos de personas desaparecidas; sin embargo, no hay una garantía que la cifra sea actualizada hasta el momento.
Provea, por su parte, recalca que es responsabilidad absoluta del Estado ofrecer cifras demográficas y apoyar a estas iniciativas ciudadanas.
Las autoridades interinas tienen más de 36 días sin actualizar el número de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela, cuya última cifra fue de 6.509 víctimas.
Y más de 96 días sin actualizar la cifra de desaparecidos: apenas 157 reportadas el 25 de junio.
Otras ONG; como Amnistía Internacional, denunciaron que desde el 25 de junio de 2026, un día después de los sismos, el Gobierno de facto chavista no ha ofrecido datos demográficos que ayuden a canalizar la ayuda humanitaria a Venezuela
«Los datos disponibles no están desagregados por sexo, edad, ubicación u otras características esenciales, lo que impide identificar los impactos diferenciados de los terremotos y diseñar respuestas adecuadas para niñas y niños, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad y otras poblaciones que pueden requerir medidas específicas de protección y atención», se lee en una nota de prensa de Amnistía Internacional publicado el 24 de septiembre.
Mientras tanto, una investigación de ProBox documentó que la respuesta comunicacional del Estado venezolano sigue siendo tardía e incompleta para los estándares de las Naciones Unidas. De 41 instituciones con competencias directas para atender la crisis analizadas por la ONG, solo 6 (el 15 %) publicaron alguna información el día de la tragedia.
Otras 14 instituciones tardaron entre 24 y 48 horas en emitir algún mensaje, mientras que el grupo más numeroso, conformado por 21 organismos (más del 51 %), tardó tres días o más en pronunciarse.
Entre las instituciones que no emitieron un comunicado (según los datos proporcionados por la ONG) destacan el Cicpc, el Semanecf, el Ministerio Público y los despachos encargados de los servicios básicos (agua, electricidad, transporte y telecomunicaciones), entes esenciales para el reporte de personas desaparecidas, fallecidas y asistencia primaria.
En su entrevista exclusiva concedida a Noticias Venevisión, la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, conversó detalladamente sobre la agenda del segundo ciclo de diálogo nacional impulsado por Estados Unidos y se refirió a varios temas de interés enmarcados en la agenda de la transición.
Sobre las condiciones y posibles fechas electorales, Figuera explicó que aún no se puede dar una fecha definitiva para los comiciospresidenciales debido a que faltan procesos institucionales clave y afirmó que la prioridad actual es estructurar un Consejo Nacional Electoral (CNE) “creíble, transparente y vigoroso” que genere confianza real en la ciudadanía
“Yo vine a cumplir una responsabilidad estricitamente institucional y entiendo que nosotros debemos brindarle al país un cronograma, pero nos hemos encontrado con un CNE que no dio los resultados esenciales (…) No tenemos miembroS en la rectoría del CNE. Es un proceso al que yo no creo que debo crearle una fecha. E inclusive, y lo digo con sinceridad, yo tengo mi duda si es el nuevo Consejo Nacional Electoral que se va a designar el que tenga que librar la ruta del cronograma o es esta mesa, en los términos en que ya tenemos que generar un entregable para el mes de diciembre”, explicó.
En Venevisión, @moropeza_vv le preguntó a @Dinorahfiguera por qué la mesa de diálogo no anuncia un cronograma electoral que le dé certidumbre a los venezolanos mientras en paralelo avanzan con el proceso para designar un nuevo CNE.
Reconoció que quizás es inoportuno pedirle tiempo al país, pero insistió en la necesidad de que se constituya un nuevo CNE que respete la voluntad popular: “Pronto pudierámos desarrollar una información veraz, pero atraverme a decir yo una fecha en este momento…prefiero que nos sentemos en la mesa y logremos un consenso de trabajo”.
La diputada de la AN 2015 mencionó también que se deben crear las condiciones y las garantías civiles y políticas para que todos aquellos que quieran participar en los comicios puedan hacerlo, sin inhabilitaciones y otra trabas.
“Yo no critico a quienes piden ‘elecciones ya’. Más bien digo, increpen a la mesa, critiquen a la mesa, pero también, propongamos a la mesa posibilidades, y vamos a darle un voto de confianza. Nosotros somos prescindibles, pero esto es una oportunidad histórica, no tenemos mñás. Tuvimos 27 años luchando para poder consolidar un proceso democrático y hoy esta es una semilla de esperanza en el país”, pidió Figuera, al tiempo que agradeció al secretario de Estado, Marco Rubio, por acompañar estas negociaciones y destacó que nunca antes Venezuela “contó con un aliado tan poderoso”.
“Estemos claros, sin EE.UU. esto no hubiese ocurrido y debemos ser agradecidos”, sostuvo Figuera, quien también reveló que líderes de la Unión Europea también están viendo con otros ojos la negociación, aunque al principio la veían con recelo: “Hoy podemos decir que se han pronunciado respaldando este proceso, porque es verdad que otra mesas de diálogo han fracasado, pero hoy no tengo dudas, y levanto la bandera de la fe y la esperanza de que esta mesa sí dara los resultados que necesita un país que demanda justicia, soberanía e institucionalidad”.
Figuera reveló igualmente que, a pesar de las diferencias y de que suene duro para los “estridentes”, en los debates con los representantes del gobierno “hay un gran respeto”. Admitió también que ha recibido “presiones de ciertos grupos” y que ha tenido que lidiar con la desconfianza de algunos sectores, pero que esas situaciones pasan a un segundo plano cuando constata, según afirma, el apoyo en la calles: “Con quienes tienen esperanza, yo me doy más que complacida”.
¿Cuándo se designarán los magistrados del TSJ?
La vocera de parte de la oposición en el diálogo aseguró que velarán porque las personas que participen en el Comité de Postulaciones tengan las credenciales necesarias, “sean honorables, comprobables, diputados u diputadas pero también miembros de la sociedad civil que quieran participar en reinstitucionalizar al TSJ”.
Precisó que para noviembre deben entregar reportes sobre el avance en este tema para que se concrete la designación de los 32 magistrados del máximo ente rector de justicia.
Ley contra el odio, libertad de expresión y presos políticos
Para Figuera, la reforma de este instrumento jurídico responde a una exigencia directa del pueblo y de organizaciones defensoras de derechos humanos y recalcó la importancia de que se trabaje en eliminar lacriminalización que dicha normativa representaba.
“A mí no me importa si lo hace la mesa o la presidenta interina, sino que se desmonte toda la criminalización que ha sido el objeto de esta ley,y que se busque más bien conformar una ley que genere responsabilidad, convivencia, solidaridad y que la penalidad que representó este insturmento coercitivo se desdibuje”, opinó.
La presidenta de la AN de 2015 celebró asimismo el avance de los desbloqueos a redes informativas e insistió en que se tienen que levantar los que aún permanecen activos.
También, recordó que continuarán reclamando la liberación de los presos políticos, porque fueron ellos mismos quienes solicitaron la inclusión en la hoja de ruta del diálogo.
Casi al término de la conversación, Dinorah Figuera envió un mensaje a los ciudadanos: “No tuvimos la transición perfecta, tuvimos la que pudimos. No es perfecta, pero tenemos la oportunidad de hacer una trasnición honesta, que genere cambios y que busque que Venezuela pueda ser nuevamente, en el futuro inmediato, una referencia democrática y que eso se traduzca en indicadores de salud plena y vigorosa, en educación, en convivencia y que permita que quienes se fueron vuelvan a Venezuela a ayudar a recuperar esos vidrios rotos”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) expuso que la denominada Ley contra el Odio debe ser derogada y no reformada, como lo propuso recientemente la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La alianza de partidos de oposición calificó como un despropósito pretender reformar “una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes”.
La PUD expresó en la misiva que durante años, el instrumento legal ha formado parte del marco represivo empleado para silenciar a la disidencia y restringir libertades fundamentales.
La plataforma de partidos opositores exigió por esto la derogatoria inmediata de la ley, con un “paso concreto hacia la restitución de las libertades civiles y políticas, la recuperación del Estado de derecho y las garantías democráticas de todos los venezolanos”.
A juicio de la PUD, el país no necesita una versión corregida de una herramienta de persecución, sino desmontar el marco jurídico que ha permitido que el Estado persiga a quienes piensan, opinan y disienten del oficialismo.
“La libertad de expresión, el derecho a informar, la libertad de pensamiento y la participación política no pueden estar sometidos al temor de sanciones arbitrarias o persecución”.
La Ley contra el Odio, formalmente Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, fue aprobada por unanimidad el 8 de noviembre de 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
El instrumento legal, calificado como arbitrario y discrecional por organizaciones no gubernamentales, contempla penas de entre 10 y 20 años de cárcel para aquellas personas a las que el Estado considere que promuevan o inciten al odio, la discriminación o la violencia “contra una persona o grupo social por motivos políticos, étnicos, religiosos, de orientación sexual, entre otros”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Por una tarde, el Pizpa Comedy Club de Caracas dejó las risas de lado. Se convirtió en la palestra para 25 personas que fueron presos políticos en Venezuela obtuvieran un título como defensores de derechos humanos.
El 22 de septiembre la ONG Defiende Venezuela celebró la graduación de la quinta cohorte del taller «Transforma», de esta veintena de familiares de presos políticos y de personas detenidas arbitrariamente. Ya tenían la práctica de exigir justicia ante un gobierno autoritario. Ahora tienen una formación pedagógica que los respaldaba.
Aunque la mayoría de esas 25 personas han sido excarceladas desde que salió en vigencia la Ley de Amnistía en Venezuela, en febrero de 2026, muchos aún no tienen acceso a su expediente judicial o deben ir regularmente a Tribunales para presentarse ante la corte.
«Hay algo que no podemos olvidar: muchos de quienes llamamos liberados todavía no son completamente libres. Continúan sometidos a medidas de presentaciones ante las autoridades. Porque salir de la cárcel no necesariamente significa estar bien», recalcó Víctor Rocha Laporta, psicólogo y profesor del taller. «Defender los derechos humanos no termina cuando alguien sale de la cárcel. También significa ayudar a reconstruir la vida que quedó después».
Distintas historias, una misma opacidad judicial
Kennedy Tejeda celebra una segunda graduación relacionada con la justicia. La primera fue en diciembre de 2023 como abogado de la Universidad de Carabobo. Luego, como miembro de la ONG Foro Penal, lo detuvieron arbitrariamente en agosto de 2024. Estuvo un año y medio retenido entre la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de la ciudad de Valencia (Carabobo) y en la cárcel de Tocorón.
Fue el 25 de enero de 2026, cuando él cumplió 26 años, que el Gobierno interino de Venezuela lo excarceló.
«Una vez que salió la Ley de Amnistía fue tramitado el sobreseimiento de mi causa. Sin embargo, el problema es que, hasta el día de hoy, no he podido ver mi expediente. Hasta el día de hoy ni siquiera he podido saber realmente qué es lo que contiene. No sé cuál es el motivo por el que he estado encerrado y necesito tener acceso a eso», afirmó a Tejeda a Runrun.es.
Desde su experiencia como abogado en Foro Penal, Tejeda afirmó que casi todas las personas excarceladas desde diciembre de 2025. Hasta ahora, las organizaciones de derechos humanos como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha registrado más de 95 excarcelaciones entre agosto y septiembre de 2026. Aún así, se estima que hay al menos 324 presos políticos que siguen tras las rejas, según Foro Penal.
«He hecho la petición más de seis veces, cada vez que vengo para Caracas, pero se me ha negado. Cada vez que solicito en la fiscalía 58 nacional me dicen que tampoco tienen el expediente, y me dicen que el tribunal lo tiene. Y cada vez que voy al Tribunal primero con competencia en terrorismo, me dice que lo tiene fiscalía. No permiten ver nada, absolutamente nada», denunció Tejeda. «Hasta que no exista un cambio político y judicial, [los excarcelados] seguimos presos dentro del país».
Un retardo procesal perenne
Para la familia Cariel la justicia no ha sido plena. Después de que excarcelaran a Jecson Ricardo Cariel el pasado 10 de julio de 2026, el Tribunal Tercero de Terrorismo lo mantiene en un régimen de presentación cada 30 días y la continuación de su juicio cada 15 días.
«Lo liberaron un viernes, y ya el lunes tenía que empezar a presentarse», recordó Jean Carlos Cariel, su hermano. «Las audiencias han sido un diferimiento tras diferimiento. Él está con la jueza Alejandra Romero, y ella está abocada más que todo a los casos de PDVSA-Cripto y Brazalete Blanco [otros casos donde existen presos políticos]», denunció.
El retardo procesal es una vulneración que la familia Cariel está acostumbrada a experimentar. A Jecson Ricardo lo detuvieron arbitrariamente el 5 de agosto de 2022, pero no fue hasta enero de 2024 que tuvo su primera audiencia ante un juez en el Tribunal 29 de Terrorismo. Hasta la fecha, Jecson no tiene acceso al expediente judicial de su caso.
Jean Carlos enfatizó que su hermano Jecson Ricardo solo tiene «15 días operativos» para buscar trabajo. Enfatizó que son los espacios como el taller Transforma donde los familiares de los presos políticos y los excarcelados políticos han conseguido apoyo emocional y las bases teóricas para exigir una reparación completa de sus derechos humanos.
«Mi hermano, al salir de la cárcel, se ha adbocado mucho al trabajo con los expresos políticos, sobre todo para los compañeros que, como él, están operando en libertad, que son solamente excarcelados. Son muy contados los compañeros que han salido con medidas plenas de libertad», recalcó Jean Carlos.
Redes de apoyo
A Blanca Guerrero la excarcelaron en febrero de 2026. Si bien le dieron un sobreseimiento de su caso, ella afirma que ni ella ni su defensa tiene acceso a su expediente.
«Primero teníamos un régimen de presentación: teníamos que ir cada 15 días a tribunales. Como mi familia vivie en Barquisimeto, debíamos viajar todas las veces a Caracas, ya que los tribunales de terrorismo se encuentran en la capital», relató Guerrero. «Estuvimos así hasta que me aprobaron el sobreseimiento según la Ley de Amnistía. El proceso me indignó mucho porque metimos la solicitud el 22 de febrero [dos días después de que se aprobara la ley], me dieron una respuesta el 16 de abril y, al ver el documento, el sobreseimiento tenía efecto desde el 23 de febrero y nunca nos lo dijeron».
Para Guerrero, «esta es otra de las formas con la que el Gobierno hace daño». Por eso, ve una importancia en seguir en la lucha por los derechos humanos.
«El que nos den una boleta de excarcelación no significa que estamos en libertad en ese momento. Yo pienso que comenzamos otro otro proceso que no es la cárcel: sigues preso de muchas cosas, de muchos sentimientos, de muchos momentos. Por lo menos a mí al principio me daban muchos ataques de pánico, sentía que estaban abriendo la puerta de la casa otra vez. Viví eso por muchos días y así le pasó también a uno de mis hijos», comentó.
Hasta ahora, la ONG Defiende Venezuela denunció que no existen mecanismos para acompañar a las personas excarceladas en su reparación, desde lo judicial hasta lo psicológico. Por ello, planean seguir con talleres como «Transforma», para que las víctimas del chavismo puedan encontrar un espacio de acompañamiento entre ellas y con profesionales del derecho y la salud mental.
«Yo seguiré protestando, hasta que los más de 400 presos políticos sean liberados», exclamó Guerrero. «Siguen las persecuciones, sigue la vulneración al debido proceso. Hay muchas familias que no denuncian todavía porque tienen miedo, y quiero ser esa voz. Con seguridad te digo que hay más de 700 personas tras las rejas como presos políticos. Hasta que no salgamos de todo esto no vamos a poder este decir que estamos realmente libres», dijo Guerrero.
Venezuela Competitiva abrió la convocatoria para la XIX edición del Premio a la Excelencia, una iniciativa que busca identificar y documentar experiencias de gestión consideradas exitosas por su aporte al desarrollo productivo, social e institucional del país.
Las postulaciones están abiertas desde el 17 de agosto hasta el 2 de octubre de 2026 y podrán participar empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y organismos públicos. La convocatoria se realiza en alianza con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham).
Bajo el lema “Hacer País”, el premio contempla la evaluación de modelos de gestión mediante una metodología de competitividad sostenible, actualizada por las firmas ACCS Consultores y Arthur D. Little Latinoamérica. El modelo considera seis dimensiones: estrategia, procesos, organización, recursos, cultura y gestión de la innovación.
Los casos seleccionados serán documentados como experiencias de estudio y pasarán a formar parte de un repositorio que, de acuerdo con Venezuela Competitiva, reúne más de 200 iniciativas identificadas durante las distintas ediciones del premio.
Desde su creación en 1993, el Premio a la Excelencia ha evaluado más de 200 casos en 20 estados del país. Entre las organizaciones reconocidas en ediciones anteriores figuran Farmatodo, Excelsior Gama, Cinesa, Churromanía, Chocolates El Rey, Venemergencia, el Dividendo Voluntario para la Comunidad y el Sistema de Orquestas.
En nota de prensa remitida a este despacho la fundadora de Venezuela Competitiva, Imelda Cisneros, señaló que la convocatoria busca poner el foco en organizaciones que mantienen sus operaciones y desarrollan iniciativas en un contexto de dificultades económicas e institucionales.
“Hacer país no es una aspiración teórica; es una práctica diaria que se mide en eficiencia, innovación y resiliencia”, afirmó Cisneros.
Además de las postulaciones al premio, la convocatoria contempla información sobre el Congreso Internacional de Competitividad. Las bases y formularios de registro están disponibles a través de los canales oficiales de Venezuela Competitiva y VenAmCham.
Sobre las organizaciones convocantes
Venezuela Competitiva es una organización sin fines de lucro fundada en 1993 que trabaja en la promoción de la competitividad y la identificación y difusión de modelos de gestión considerados exitosos en el ámbito empresarial e institucional venezolano.
VenAmCham es una cámara binacional independiente y sin fines de lucro con más de 75 años de trayectoria en Venezuela. La organización señala que cuenta con más de 640 empresas nacionales y multinacionales afiliadas y que trabaja en áreas relacionadas con comercio, inversión e intercambio empresarial.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 30 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Primero creó La Ley contra el Odio en 2017, ahora pide que la reformen. Delcy Rodríguez, actual presidente encargada de Venezuela bajo el aval de Estados Unidos, solicitó a su hermano Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional, la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La petición salió en un comunicado bajo el argumento de la “despenalización de las conductas previstas”, “transformar el sistema de justicia penal” y “favorecer el reencuentro y convivencia democrática”
El contexto que vio nacer esa ley se cementó en la violación a la constitución nacional, según abogados de Acceso a la Justicia y Espacio Público. En agosto de 2017 el Gobierno chavista creó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), presidida por Delcy. Según la Carta Magna venezolana, la ANC solo debería enfocarse en la creación de una nueva constitución o reformular la existente. Pero la institución creó normativas nuevas, como la Ley de Odio.
Esa normativa, con definiciones vagas sobre qué es el odio, sirvió como herramienta de persecución política, según Espacio Público. Al menos 153 personas fueron detenidas entre 2017 y 2025 bajo el concepto de esa ley. Ahora, en 2026, bajo la dirección de Estados Unidos, el Gobierno interino chavista busca bajar el caracter punitivo de esa legislación. Pero organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa buscan una garantía de no repetición: “Despenalizar la Ley contra el Odio no basta”.
«Tenía una llamada agendada con mi cliente Wilbert. Pero, al no ver su rostro en la videollamada, me alarmé. Llamé al centro de dentención y me dijeron: “Disculpa, tu cliente ya no está en estas instalaciones”. Así comenzó una lucha para saber su paradero. (…). Nos enteramos que estaba en um Tribunal Federal en Austin [texas] y ya había sido imputado con evación, interferencia y resistencia de la justicia», relató Kate Lincoln-Goldfinch, abogada del venezolano Wilber Garcés, este 29 de septiembre. Garcés lleva nueve días detenido por el ICE y mantiene una bala en su espalda.
#29Sep#Venezuela#SistemaEléctrico El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, anunció que el Gobierno prevé incorporar 1.300 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional durante el último trimestre de 2026. El plan incluye la unidad 6 de Planta Centro, con 600 megavatios, y…
El poker no es solo un juego de cartas; es un reflejo de la sociedad y sus constantes transformaciones. Durante décadas, las estrategias del póker han evolucionado según los comportamientos, avances tecnológicos y la globalización. En la actualidad, vivimos un periodo de grandes cambios que afectan incluso a los juegos tradicionales. Adaptar tu estrategia de póker en un mundo cambiante no es solo recomendable, es una necesidad para todo jugador que quiera mantenerse competitivo y a la vanguardia.
El impacto de la digitalización en el póker
La transformación digital ha revolucionado la manera en la que se juega al póker. Las mesas físicas han dado paso al juego en línea, donde plataformas internacionales cambian la dinámica y el ritmo del juego. En este entorno, los jugadores tienen acceso a información instantánea, datos sobre patrones de apuestas y la posibilidad de jugar múltiples mesas al mismo tiempo. Estas facilidades tecnológicas conllevan que las estrategias antiguas pierdan efectividad, exigiendo una actualización constante.
Además, la digitalización implica enfrentarse a softwares de ayuda, inteligencia artificial y herramientas de análisis que pueden identificar debilidades en los oponentes. Adaptar tu repertorio de jugadas se convierte así en una tarea fundamental. En este sentido, también es crucial mantenerse informado sobre las regulaciones, el uso ético de la tecnología y la importancia de conservar la integridad del juego en entornos digitales.
Nuevas generaciones, nuevas formas de jugar
La llegada de nuevas generaciones a las mesas de póker ha provocado cambios sustanciales en el ritmo y la agresividad del juego. Los millennials y la Generación Z tienden a adoptar estilos de juego mucho más dinámicos, basados en el análisis de datos y la psicología de masas. Los torneos en línea, como los que ofrecen plataformas internacionales, han democratizado el acceso al póker y han permitido el surgimiento de jugadores con estilos innovadores y arriesgados. Por otro lado, la comunicación en tiempo real, los streams y las redes sociales, favorecen el intercambio de conocimientos y estrategias. Esto ha fomentado una comunidad más abierta, donde compartir jugadas o debatir situaciones se ha convertido en parte habitual. Si quieres saber más sobre cómo las tendencias generacionales afectan el juego, puedes consultar análisis en sitios especializados del sector. Sin duda, la interacción entre diferentes estilos ha enriquecido el desarrollo de estrategias y ha hecho del póker un juego tan desafiante como fascinante.
Adaptabilidad: la clave del éxito estratégico
En un mundo tan cambiante, la adaptabilidad es la cualidad más relevante para destacar en el póker. No basta con aprender tácticas básicas o memorizarlas; el verdadero reto reside en saber cuándo y cómo modificarlas según las circunstancias. Grandes jugadores valoran la flexibilidad por encima del ego, y están dispuestos a evolucionar junto con el entorno, asumiendo riesgos calculados y aprendiendo constantemente de sus errores. La importancia del análisis posterior a las partidas ha crecido exponencialmente. Revisar las manos jugadas, estudiar a los oponentes y comprender los motivos detrás de cada apuesta se ha transformado en un pilar de la formación estratégica moderna. A su vez, la resiliencia emocional y la gestión de los impulsos se posicionan como elementos cruciales para sobrevivir y prosperar en escenarios inciertos. Así, mantener una mente abierta y estar dispuesto a renovar enfoques permite a los jugadores sobresalir a largo plazo en la vasta y cambiante escena del póker.
Después de participar activamente en su promoción y aprobación, la presidente encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, plantea reformar la Ley contra el Odio. La misma que en 2017, cuando presidía la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ayudó a impulsar y defendió públicamente como una herramienta para contener los mensajes de “odio” e intolerancia.
La solicitud llegó este 29 de septiembre de 2026. En una carta dirigida a su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, la mandataria encargada pidió modificar parcialmente la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, vigente desde noviembre de 2017. La razón que expuso ahora es avanzar en la “despenalización de las conductas previstas” en la norma, como parte de las acciones para “transformar el sistema de justicia penal” y “favorecer el reencuentro y convivencia democrática” en Venezuela, todo en el marco de la presión que ha ejercido el gobierno de Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela.
He solicitado a la Asamblea Nacional la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para avanzar en la despenalización de los tipos penales pic.twitter.com/FxlzX9gFkS
El giro tiene una fecha y una imagen difíciles de separar. En noviembre de 2017, Delcy Rodríguez ocupaba la presidencia de la ANC, instalada durante una de las mayores crisis políticas de los últimos años. Entre abril y agosto de ese año, más de 150 personas murieron en las protestas antigubernamentales, según el recuento de distintas organizaciones defensoras de derechos humanos. El Poder Ejecutivo convocó entonces a una Asamblea Nacional Constituyente de espaldas a la Constitución: sin el referendo previo que la Carta Magna contempla en su artículo 347, en donde se establece que el pueblo es el depositario del poder constituyente originario y que puede convocarlo mediante referendo. Al prescindir de ese paso del referendo, la Ley contra el Odio nació ilegítima y fue rechazada por numerosos gobiernos democráticos, organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Nicolás Maduro había presentado el proyecto ante la ANC el 10 de agosto. La intención era desplazar por completo a la Asamblea Nacional electa en 2015 de mayoría opositora y concentrar las decisiones legistativas en un órgano bajo el control de la presidencia. El detonante de las protestas había sido justamente el zarpazo que había dado el gobierno de Maduro a ese Parlamento opositor a finales de marzo de 2017, cuando dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo despojaron de sus facultades legislativas y limitaron la inmunidad parlamentaria de los diputados.
El debate de la Ley contra el Odio comenzó el 4 de septiembre y la norma fue aprobada por unanimidad el 8 de noviembre.Rodríguez estaba allí. La entonces presidenta de la Constituyente apareció aplaudiendo la aprobación del instrumento y defendió que los partidos, personas u organizaciones que difundieran “mensajes de odio o intolerancia” fueran sancionados. Incluso, habló de establecer “mecanismos disciplinarios para el castigo”. Al referirse a las redes sociales, Rodríguez advertía entonces: “Está prohibido la difusión, deben retirar los mensajes que promuevan el odio, guerra, intolerancia, en un lapso de seis horas”.
Solo bastaron dos días para que la ley fuese aprobada en Gaceta Oficial. La norma terminó estableciendo penas de entre 10 y 20 años de prisión para determinadas conductas relacionadas con la “promoción o incitación al odio”. También contempló sanciones para medios y plataformas digitales. Espacio Público ha documentado que, entre 2017 y diciembre de 2023, hubo 63 casos que derivaron en 162 denuncias de violaciones a la libertad de expresión vinculadas con la aplicación de esta legislación.
Primer eslabón de un patrón punitivo
Desde su aprobación, organizaciones de derechos humanos cuestionaron tanto el origen de la norma como la amplitud de sus disposiciones. En sus albores, ya se advertía que la ley podía criminalizar libertades como la participación, asociación, reunión y expresión. Espacio Público también cuestionó la vaguedad de conceptos como “odio” e “intolerancia” y advirtió sobre el riesgo de sanciones desproporcionadas.
Y la preocupación no quedó en el debate jurídico. Lo que se temía, se materializó. En enero de 2018, fueron detenidas las dos primeras personas por este instrumento legal: Érika Palacios, de 44 años, y Ronald Sevilla, de 25. Tras haber protestado por falta de comida, les imputaron “instigación al odio”, delito contemplado en la ley.
La aplicación de esta norma implicó por más de ocho años detenciones, hostigamientos judiciales y episodios de censura relacionados con la aplicación de la norma. En abril de 2026, Espacio Público hizo un balance en el que concluyó que la ley ha operado “de manera sistemáticamente sesgada”. Los números lo demuestran: Entre 2017 y 2024 registraron más de 120 casos de vulneración a la libertad de expresión vinculados a esta ley, en los que fueron afectados ciudadanos particulares, trabajadores públicos, periodistas y miembros de ONG, un patrón de persecución que ha sido ampliamente documentado por organismos como Human Rights Watch y los relatores especiales de la ONU.
Este patrón de criminalización se agudizó severamente durante el ciclo poselectoral de 2024-2025. En este período inmediato se documentaron 73 detenciones por ejercer el derecho a la libre expresión, de las cuales 33 invocaron de manera directa el supuesto delito de “instigación al odio”. La evolución de estas cifras confirma que la ley no ha operado de manera neutral, sino como una herramienta punitiva y discrecional orientada a silenciar el disenso político y la contraloría ciudadana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también señaló en su informe anual de 2024 que se documentaron procesos judiciales y sanciones penales contra periodistas en Venezuela, especialmente en el contexto electoral, en algunos casos bajo la Ley contra el Odio y con restricciones al derecho de defensa.
Uno de los casos más visibles de ese año fue el de Óscar Murillo, coordinador general de Provea. En noviembre recibió una citación del CICPC relacionada con una investigación por un supuesto delito contemplado en la Ley contra el Odio. Amnistía Internacional y otras organizaciones cuestionaron el procedimiento. La norma que había nacido, según el oficialismo, para promover la convivencia terminaba así apareciendo en investigaciones contra quienes denunciaban abusos y cuestionaban al poder.
Pero además Espacio Público expone que la Ley contra el Odio en Venezuela ha trascendido la persecución política para convertirse en un instrumento de extorsión económica. Este mecanismo opera, según denuncia en dos niveles: por un lado, funcionarios de seguridad y del Ministerio Público que exigen dinero a cambio de no iniciar investigaciones; por el otro, disputas entre particulares donde se amenaza con denunciar comentarios en redes sociales si no se realiza un pago. Atribuyen estas prácticas delictivas a tres deficiencias estructurales de la propia ley: sus desproporcionadas penas de prisión, una ambigüedad jurídica que etiqueta casi cualquier crítica como “odio” y la criminalización de la simple difusión de mensajes.
Asimismo, el documento señala que esta normativa sirvió como el primer eslabón de un patrón legislativo punitivo en expansión. Lejos de ser una medida aislada, sentó las bases para nuevas leyes restrictivas aprobadas en 2024, tales como el proyecto de ley antifascista y la Ley Simón Bolívar.
“Esta continuidad no es accidental: es la evidencia de que la Ley contra el Odio no fue un exceso puntual, sino el primer eslabón de un patrón legislativo deliberado”, recalcan.
El “comodín” de la represión
De acuerdo con los reportes sistemáticos de organizaciones de DDHH, el uso de la ley no ha sido uniforme, sino que ha operado como un “comodín” represivo activado con mayor fuerza en momentos de alta tensión política o descontento social. Los periodos de mayor aplicación coinciden con protestas locales, descontento por servicios públicos y tras procesos electorales cuestionados. El instrumento legal ha servido como justificación de las detenciones calificadas por las ONG como “ejemplarizantes” para sembrar autocensura colectiva.
Durante la pandemia de COVID-29 hubo una oleada de arrestos bajo esta ley contra médicos, periodistas y ciudadanos comunes que cuestionaban las cifras oficiales de contagios o denunciaban la escasez de vacunas y medicinas en internet.
Además, su aplicación se incrementó sustancialmente a medida que los ciudadanos sustituyeron los medios tradicionales de comunicación masiva (fuertemente censurados) por redes como TikTok o estados de WhatsApp para expresar críticas, lo que derivó en detenciones inmediatas bajo cargos de “incitación al odio”.El artículo 20 de la ley establece sanciones de 10 a 20 años de prisión para quien “públicamente fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o grupo de personas”. Como agravante, el texto legal señala que la pena aumentar o considerarse más grave “si la incitación se realiza a través de un medio de comunicación, redes sociales o plataformas digitales”.
Algunos de los casos de figurasprocesadas o imputadas bajo esta figura o en conjunto con cargos similares (como terrorismo o conspiración) incluyen el de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, detenido en julio de 2021 tras denunciar la presencia de grupos irregulares en la frontera; Nelson Piñero, activista y dirigente del partido opositor Encuentro Ciudadano, detenido a finales de 2023 debido a sus publicaciones críticas en la red social X (antes Twitter), donde cuestionaba las políticas económicas y las gestiones del gobierno y Gabriel González, miembro del equipo de comunicaciones del partido opositor Vente Venezuela, una detención en el marco de la persecución judicial a los comandos de campaña de la candidata María Corina Machado y el candidato Edmundo González. Se le aplicó la normativa bajo el argumento de que sus coberturas y difusión de los eventos políticos configuraban delitos de odio.
Otros de la amplia muestra de quienes fueron perseguidos por supuesta incitación al odio son el creador de contenido de viajes y youtuber Oscar Alejandro Pérez, detenido arbitrariamente en el Aeropuerto Nacional de Maiquetía igualmente en marzo de 2024 por un breve fragmento de uno de sus videos en el que señalaba un edificio financiero en Caracas y comentaba, de manera descriptiva, el impacto que tendría un hipotético ataque a esa infraestructura para el sistema bancario; al igual que los también periodistas y reporterosLuis López,Yuosnel Alvarado,Paúl León, Deisy Peña, Eleángel Navas, Gilberto Reina y Ana Carolina Guaitia (en la represión poselectoral de ese mismo año).
También fue emblemática la detención del defensor de derechos humanos, Perkins Rocha, abogado y asesor jurídico del comando de campaña de la oposición de María Corina Machado y Edmundo González. Fue detenido en agosto de 2024 dentro de la ola represiva posterior a los comicios. El equipo de la oposición recopiló, digitalizó y publicó las actas de votación que contradecían los boletines del Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que Rocha y otros técnicos políticos fueron recluidos e imputados formalmente en tribunales de terrorismo por cargos combinados de traición a la patria, asociación para delinquir e incitación al odio, bajo el argumento de que la difusión de datos electorales alternativos generaba “zozobra y odio generalizado” en la población.
Aunque fue excarcelado, Rocha permanece bajo arresto domiciliario con prohibición de libertad plena, asedio policial y un grillete electrónico.
El adolescente Gabriel Rodríguez también fue otra víctima de la Ley Contra el Odio. El joven fue detenido en enero de 2025 cuando se dirigía a un centro de salud tras salir de trabajar en una panadería. Funcionarios de seguridad lo interceptaron sin orden judicial, basándose en su ropa deportiva y alegando que tenía “pinta de guarimbero”. Posteriormente, revisaron su teléfono celular para adjudicarle supuestas imágenes en contra del gobierno. El régimen de Nicolás Maduro lo sentenció a 10 años de cárcel por cargos de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas.
El bombardeo que detonó las bases de la ley
El primer movimiento para revisar la ley llegó desde el propio Parlamento controlado por oficialistas que antes estuvieron a la cabeza de la promoción de la ley. El 19 de febrero de 2026, Jorge Rodríguez reconoció durante el debate de la Ley de Amnistía que había existido una utilización inadecuada de la normativa. Poco más de un mes después de que Estados Unidos bombardeara Caracas por dos horas para llevarse a Nicolás Maduro y encargara el control del país a su hermana, Delcy.
“Es muy probable que esa ley venga a reforma en esta Asamblea Nacional, pero también es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la Ley contra el Odio, eso es verdad y tiene que ser corregido”, dijo entonces.
Jorge Rodríguez sostuvo además que el Programa por la Convivencia Democrática estaba estudiando los alcances de la legislación. Pasaron más de siete meses de esa declaración. Y la reforma que entonces aparecía como posibilidad llegó finalmente este 29 de septiembre, pero esta vez con la firma política de Delcy Rodríguez.
En su carta al Parlamento, la presidenta encargada plantea que la reforma debe servir para “avanzar en la despenalización de las conductas previstas” en la ley. También la vincula con una transformación del sistema de justicia penal y con la recuperación de la confianza en las instituciones.
“Finalmente, visto el impacto positivo que esta reforma generará sobre la reconstrucción de la confianza en las instituciones y la dinamización de la vida democrática de la nación, agradezco sus buenos oficios para que esta iniciativa pueda ser considerada con carácter de urgencia”, escribió Rodríguez.
El contraste con 2017 queda registrado en sus propias palabras. Antes ella misma defendía sanciones contra quienes difundieran mensajes que el poder considerara de odio o intolerancia y reclamaba mecanismos para el castigo. Ahora, solicita reducir el alcance penal de esas conductas y presenta la reforma como parte de una política de reconstrucción institucional.
Despenalizar es insuficiente
La propuesta de reformar la Ley contra el odio encontró una coincidencia entre sectores políticos y organizaciones de derechos humanos: modificarla puede ser un paso, pero no necesariamente desmonta el andamiaje que durante años permitió restringir la libertad de expresión.
La delegación de la Asamblea Nacional de 2015 saludó el anuncio y recordó que la norma fue utilizada “como un instrumento de persecución y represión de la disidencia”. En su comunicado expresó solidaridad con quienes fueron víctimas de su aplicación y con sus familias. Para la delegación opositora, la reforma ocurre dentro del proceso de diálogo orientado a la reinstitucionalización democrática y a la celebración de elecciones “justas, libres y transparentes”. Su posición es de expectativa: esperan que la modificación cumpla con los fines democratizadores discutidos en ese espacio y contribuya a recuperar derechos y garantías ciudadanas.
Pero el mismo comunicado deja una advertencia. “Sabemos que aún permanecen vigentes otras normas y mecanismos que han sido utilizados con fines represivos”, señaló la AN 2015, que se comprometió a trabajar por su desmantelamiento.
Ante el anuncio de la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, declaramos lo siguiente:
1. Desde su aprobación en 2017, la llamada Ley contra el Odio fue utilizada como un instrumento de persecución y represión de la…
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) fue más específico. Su conclusión cabe en una frase: “Despenalizar la Ley contra el Odio no basta”. Consideran que eliminar las penas de prisión sería un avance, pero advierte que conservar otras disposiciones dejaría en pie mecanismos capaces de afectar directamente a periodistas y medios.
El punto está en el artículo 22. Según el SNTP, esa disposición permite revocar concesiones de radio y televisión y establece sanciones económicas para medios electrónicos y redes sociales, además de contemplar el bloqueo de portales cuando determinados contenidos no sean retirados en seis horas.
“No son penas de cárcel, pero sus consecuencias para la libertad de expresión son igualmente graves”, sostuvo el SNTP. La revocatoria de una concesión puede sacar una emisora del aire; el bloqueo de un portal impide que un medio llegue a su audiencia; y la obligación de retirar contenidos interviene directamente sobre las decisiones editoriales.
Por eso, el SNTP mantiene su posición original: la ley debe ser derogada. Si finalmente se opta por una reforma parcial, exige que esta desmonte tanto la criminalización penal como los mecanismos administrativos que permiten censurar, bloquear portales o sacar emisoras del aire.
Ante el anuncio de la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, declaramos lo siguiente:
1. Desde su aprobación en 2017, la llamada Ley contra el Odio fue utilizada como un instrumento de persecución y represión de la…
Primero Justicia también saludó el anuncio, pero lo inscribió en una discusión más amplia. La organización atribuyó el paso al trabajo de la comisión delegada de la AN 2015, al proceso de diálogo y a la presión de la sociedad civil. Recordó que, desde 2017, la norma ha servido para abrir causas contra personas por expresarse y cuestionar al poder. Su conclusión va más allá de esta legislación: “Así como la Ley contra el Odio, todas las leyes creadas para la persecución política deben ser despenalizadas o derogadas”.
Óscar Murillo, coordinador general de Provea, también pidió avanzar hacia la derogatoria de todo el marco jurídico que, según señaló, ha permitido criminalizar derechos ciudadanos. Incluyó, además de la Ley contra el Odio, otras normas y disposiciones utilizadas para procesar a personas críticas del gobierno o defensoras de derechos humanos.
“Exigimos cambios genuinos y creíbles. El país rechaza cualquier mecanismo de simulación. Requerimos avanzar en el proceso de reconstrucción institucional”, escribió Murillo.
El dirigente opositor y expreso político, Juan Pablo Guanipa, también opinó que una ley “que durante años fue utilizada para perseguir, encarcelar y silenciar a venezolanos” y que generó decenas de víctimas “familias destruidas y denuncias de torturas” no puede ser solo modificada: “Esa infame ley debe ser derogada. Completa y definitivamente. Y deben ser liberados todos los presos políticos, civiles y militares”.
La Ley contra el Odio fue aprobada en 2017 por la ilegal Constituyente presidida por la propia Delcy Rodríguez.
Durante años fue utilizada para perseguir, encarcelar y silenciar a venezolanos. Hay víctimas, presos, familias destruidas y denuncias de torturas asociadas a ese…
VE sin Filtro, por su parte, puso el foco en el espacio digital. Tras sentenciar que “despenalizar no elimina la censura” la organización recordó que la ley contempla mecanismos para ordenar el retiro de contenidos, imponer sanciones y bloquear portales de internet, por lo que pidió que una eventual reforma elimine esas formas de censura y garantice la libertad de expresión en línea. Una preocupación que coincide con sus registros y con la documentación de organizaciones de libertad de expresión sobre bloqueos y criminalización digital.
Así, la discusión sobre la reforma a la Ley contra el Odio termina abriendo una pregunta más incómoda que la que plantea su nombre: no solo qué penas desaparecerán, sino qué mecanismos quedarán.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
