Cien días han pasado desde los terremotos del 24 de junio en Venezuela y el Gobierno encargado no ha publicado datos oficiales sobre el impacto del desastre en las infancias del país. La Agencia PANA de Cecodap precisó que al menos 144 niños, niñas y adolescentes continúan desaparecidos tras el desastre. De ese grupo, al menos 40 de esos casos tienen a sus padres o representantes desaparecidos también y en 8 casos los padres fallecieron.
«En este contexto, los familiares se encuentran en una doble carga: están buscando los cuerpos de los niños, o en todo caso saber si ellos siguen vivos, al mismo tiempo que buscan a los padres», agregó Indira Rojas, coordinadora de la Agencia Pana, durante la presentación del «Tercer Informe sobre el Impacto de los Terremotos en la Niñez y la Adolescencia y Riesgos de Protección».
A través de reportes en redes sociales y en la prensa nacional, la ONG pudo confirmar que al menos 37 niños, niñas y adolescentes que estaban desaparecidos en los primeros días después del desastre fueron localizados con vida. Mientras tanto, 201 niños, niñas y adolescentes se encontraron sin vida. De ese grupo, 129 fallecieron junto a sus padres o representantes.
Sin datos oficiales
La Agencia PANA pudo recopilar 3267 casos de niños, niñas y adolescentes que tuvieron una afectación directa por los terremotos del pasado 24 de junio. A 100 días del desastre, la ONG verificó que 720 casos correspondían a niños y adolescentes que se identifican con el género masculino (22 %) y 586 casos correspondían a niñas y adolescentes que se identifican con el género femenino (17,9 %). La mayoría, 1646 casos (50,38 %), son reportes donde no se especifica el género del menor de edad.
Además, el registro de la Agencia PANA constató que las infancias, aquellos entre los 0 y 11 años son la población más afectada. Ese grupo etario representa el 31,19 % de la población afectada (1 019 casos registrados por la ONG).
«No tener información pública a más de 100 días de los terremotos es un riesgo de protección», enfatizó Carlos Trapani, abogado y coordinador general Cecodap, durante la rueda de prensa. «La insuficiencia de información desagregada, pública y periódica es una dificultad operativa. ¿Cómo tomo decisiones?, ¿cómo yo priorizo la atención?, ¿dónde están las prioridades? La decisión no puede ser intuitiva».
Trapani denunció que la opacidad informativa sobre las infancias se mantiene desde antes del desastre. En un reportaje realizado por Runrun.es, se identificó que el Gobierno encargado contabilizó la existencia de 3 798 niños, niñas y adolescentes en 32 campamentos de La Guaira para el 2 de septiembre de 2026. Sin embargo, las listas gubernamentales no especificaban el género, la edad ni la condición médica de esa población que representaba el 34,92 % de los refugiados para esa fecha.
«Dejen los datos públicos para poder, entre todos, analizarlos y construir respuestas mucho más efectivas», enfatizó Trapani.
Desplazamiento interno: una emergencia desatendida
De los datos recopilados por la Agencia Pana, al menos 1811 niños, niñas y adolescentes se desplazaron a otros estados del país. Todos están acompañados por algún miembro de su familia directa o extendida. Este grupo representa el impacto más recurrente dentro de los registros de Cecodap.
Los estados receptores más destacados son Monagas (con 311 casos), Nueva Esparta (con 277), Trujillo (con 240), Barinas (con 234) y Miranda (con 216). Rojas denunció que el equipo de Agencia Pana solo pudo identificar un plan de albergue organizado por el Estado en Trujillo, el resto no ha ofrecido sus planes de acción ante el público.
Datos obtenidos por Cecodap y la Agencia PANA. Actualización: 23 de septiembre de 2026
«Estos son niños que se desplazan con sus familias por su cuenta», destacó Rojas. «Son recibidos en casas de familiares que viven en este estado receptor».
Para Cecodap, el desplazamiento interno sin la atención humanitaria gubernamental genera otra capa de vulnerabilidades: las familias receptoras deben cargar con un hacinamiento en sus hogares y una carga económica más alta.
Además, existe el impacto psicosocial no atendido de las infancias: «Estamos viendo infancias que se tiene que adaptar a nuevos espacios, a nuevas personas, sin saber muy bien qué ha pasado con algunos familiares, amigos y conocidos. No se sienten seguros al atravesar esos cambios», dijo la coordinadora de la Agencia Pana.
El cuidado: una carga invisible
Rojas relató el caso de una abuela en San Félix, estado Bolívar, que tuvo que recibir a sus 12 nietos, proveniente de 3 familias afectadas de La Guaira afectadas por los terremotos. Trapani, por su parte, relató que en el campamento transitorio de la Unidad Educativa República de Panamá, en La Guaira, algunos niños y niñas debían quedarse bajo el cuidado de una adolescente mientras los padres debían salir del refugio a buscar trabajo o sustento.
Durante la elaboración del informe, Cecodap y la Agencia PANA también pudieron identificar a docentes que, al inicio del año escolar, siguen cargando con el duelo y vivir en un refugio mientras gestionan la educación de las infancias afectadas por los terremotos.
«No hay que dejar solo el cuidador. Sabemos que hay un niño herido, pero también existe un cuidador herido. La importancia de la verificación de los vínculos es fundamental [al momento de reunificar a las familias]», destacó Trapani. También enfatizó que los Consejos de Protección del Niño, Niña y Adolescente deben mantener un seguimiento a las familias reunificadas para precisar el apoyo psicosocial que debería brindar el Estado en las distintas fases del desastre.
«Hay que dejar de ver a las infancias como víctimas y verlas más como ciudadanos. En la medida que en la gestión de la emergencia se escuchan las voces de los niños, podemos implementar más correctivos», dijo el coordinador general de Cecodap. Advirtió que, si se hace de una forma segura y efectiva, las infancias y la adolescencias podrán expresar su situación de seguridad física, alimentaria y psicosocial de forma oportuna.
Riesgos latentes, trazabilidad urgente
Ante la falta de datos demográficos sobre el impacto de los terremotos del 24 de junio, Cecodap y la Agencia PANA advierten sobre las vulnerabilidades que enfrentarían las infancias y la adolescencia venezolana en la emergencia postsísmica. Según las instituciones, la prevención de la violencia, la detección completa de los casos de desaparición y la inserción escolar son dos de los temas más relevantes para esta fase de la emergencia humanitaria.
Todos los temas se pueden abordar desde la detección y trazabilidad de los casos.
Rojas y Trapani denunciaron que a la familia Clemente Bandres le dieron las cenizas de un infante que no era su hija fallecida. También mencionaron el riesgo de las «adopciones solidarias», una actividad no estipulada en la Ley venezolana donde un ciudadano sin parentesco con el menor de edad toma su cuidado. La violencia que puede surgir tras la sobrecarga de los cuidadores y el seguimiento de la escolaridad de las infancias luego del desastre.
«No saber quiénes son, dónde están ubicados, no medir qué derecho está afectado y no ajustar la respuesta es un riesgo de protección», reiteró Trapani. «Entonces, la información pública y oportuna protege. La información es una medida de protección. Por eso insistimos en los datos antes agregados, fechas de corte, metodología, desagregaciones por edad, por género. No es igual como la emergencia lo vive una niña que un niño. No es igual si tienen discapacidades, si está desplazado. Son afectaciones diferentes. Insistimos a las autoridades a que presenten los datos sobre la niñez, las que tengan. Así, como sociedad, problematizamos la situación y manejamos los recursos para apoyarlos».
