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Yosvet Lozada murió en el Rodeo III en precarias condiciones de salud desatendidas

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El observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte bajo custodia del Estado de Yosvet de Jesús Lozada Rojas, en el Internado Judicial El Rodeo III.

Según el OVP, Lozada de 32 años, presentaba un cuadro crítico de desnutrición, no lograba sostenerse en pie por sus propios medios y sufría una pérdida progresiva de la memoria, hasta el punto que no podía reconocer a sus seres queridos.

La organización señaló que a pesar de que su caso era conocido por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, y que solicitaron una medida humanitaria ante el tribunal de terrorismo que era quien llevaba su causa, sus familiares nunca recibieron respuesta.

EL OVP ha venido denunciando que cientos de presos recluidos presentan enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones, desnutrición y otras patologías que avanzan sin controles médicos adecuados.

La víctima 22

Con la muerte de Yosvet Lozada Rojas sube a 22 la cifra de fallecidos en custodia del estado desde abril de 2026.

El OVP ha documentado los fallecimientos de José Espinales, Willian Jonás Colina Delgado, Leonel Enrique Rodríguez Ramos, Gregorio Antonio Arias, Francisco Segundo Ojeda, Antonio José Manzano, Ovidio José Madriz Mendoza, Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, Yelamo Zárraga José Ramón, Yussedt Ernesto Escalona Mejías, Francisco Orellano y Víctor Alfonso Rivero.

El Observatorio Venezolano de Prisiones recordó que las personas privadas de libertad se encuentran bajo control absoluto del Estado. Por ello, cada fallecimiento asociado a la falta de atención médica, a la demora en traslados hospitalarios o a condiciones incompatibles con la dignidad humana constituye una señal de alarma para los organismos nacionales e internacionales encargados de la protección de los derechos humanos.

La organización destaca que la omisión estatal viola de forma sistemática el artículo 43 de la Constitución el cual establece que el derecho a la vida es sagrado e inviolable, obligando a las autoridades a proteger a cualquier ciudadano bajo su custodia. Asimismo, el Estado vulnera el artículo 46, numeral 2, al mantener al interno sin asistencia médica, viendo cómo se deterioran sus capacidades físicas y cognitivas hasta perder la vida.

Cabe mencionar que ni el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ni el Ministerio para el Servicio Penitenciario se han pronunciado sobre las muertes bajo custodia registradas en las últimas semanas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Familiares de presos políticos a John Barrett: “¡Escúchanos!”

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Familiares de los presos políticos, apostados en los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, enviaron un mensaje al encargado de negocios de estados Unidos en Venezuela, John Barret.

Con carteles, fotografías y consignas, los manifestantes —en su mayoría mujeres— enviaron un mensaje directo al diplomático: «¡John Barrett, escúchanos!», se leía en uno de los afiches sostenidos por las familias.

En el mensaje posteado por el periodista Seir Contreras denuncian que mientras los familiares exigen la presencia de Barret, un vehículo oficial graba videos.

Vigilia bajo vigilancia

Los familiares de los presos políticos se encuentran pernoctando en los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos desde la noche del pasado domingo 7 de junio. Esperan ser recibidos por Barret para que interceda en la liberación de los detenidos.

Con carpas, alimentos no perecederos, agua envasada y todos los enseres necesarios; los familiares, en su mayoría mujeres, se mantienen firmes pese a las condiciones climáticas.

Un video publicado por el periodista Jesús Gutiérrez Andúz muestra cómo duermen sobre colchonetas y cartones, resguardándose como pueden mientras esperan una respuesta de la Embajada.

La protesta ocurre cinco meses después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara la liberación de un “número importante” de detenidos.

Según cifras de la ONG Foro Penal, organización que defiende los derechos de los privados de libertad por motivos políticos, más de 400 personas siguen detenidas.

Estados Unidos ha mantenido en los últimos años una postura crítica frente a las detenciones por motivos políticos y ha condicionado parte de su política hacia Venezuela a avances en materia de derechos humanos.

Los manifestantes aseguran que mantendrán la vigilia hasta obtener una respuesta formal de la Embajada.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el cierre de El Helicoide 

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este miércoles 10 de junio el cierre de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) conocido como El Helicoide, luego de emitir un fallo en el caso de la detención y reclusión en ese lugar de Jorge Rojas Riera   

“La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención El Helicoide”, indicó en un comunicado la CorteIDH.

En la sentencia, el organismo internacional indicó que constató que varios organismos internacionales, los cuales monitorean la situación de los derechos humanos en Venezuela, han determinado que las personas privadas de libertad en El Helicoide han sido sujetas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

“La Corte concluyó que El Helicoide no cumple con los requisitos materiales mínimos para el tratamiento digno de las personas privadas de la libertad, por lo que determinó que la permanencia en ese centro constituye per se un trato violatorio del derecho a la integridad personal”, expuso el manifiesto.

La CorteIDH recordó que la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), indicó que había motivos suficientes para afirmar que un número importante de personas privadas de la libertad en El Helicoide fueron víctimas de detención arbitraria, así como de torturas.

La instancia declaró responsable al Estado venezolano por restringir la participación de Rojas en una protesta pacífica, así como violar su libertad de pensamiento y expresión. Rojas fue detenido durante un operativo policial realizado por agentes de la desaparecida Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) el 19 de septiembre de 2003 en la Plaza Francia de Altamira de Caracas, en el marco de una jornada de protestas contra el entonces presidente Hugo Chávez.

“Rojas fue objeto de actos de tortura, golpeado en distintas partes de su cuerpo, objeto de amenazas de violencia sexual, numerosos vejámenes, apuntado con armas de fuego, y objeto de simulacros de ejecución”, expuso el comunicado de la instancia internacional.

En agosto de 2004, un tribunal venezolano sentenció a Rojas a cuatro años y seis meses de cárcel por los delitos de porte ilícito de arma de guerra, intimidación pública y resistencia a la autoridad. La defensa legal de Rojas presentó recursos de apelación, pero fueron declarados inválidos por la Corte de Apelaciones. En junio de 2009 el Tribunal de Primera Instancia Sexto de Ejecución declaró la extinción de la responsabilidad penal de Rojas y ordenó su libertad plena.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Tribunal marítimo venezolano decidirá sobre el hundimiento del buque pesquero Canaima

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Durante la madrugada del 15 de mayo de 2024, el buque atunero venezolano Canaima, que realizaba faenas de pesca en aguas del océano Pacífico, fue impactado por la embarcación Ría de Aldán, de bandera ecuatoriana. La colisión ocurrió en las cercanías de las Islas Galápagos, Ecuador, a unas 240 millas de Punta Pitt, en la isla San Cristóbal.

Como consecuencia del siniestro, el Canaima sufrió daños de gran magnitud en la popa, lo que ocasionó su rápido hundimiento. De sus 25 tripulantes, 24 fueron rescatados, mientras que el biólogo marino venezolano Faustino Riveiro Cabrera desapareció tras el incidente. Su cuerpo no pudo ser recuperado.

Dos años después de ocurrido el hecho, se celebrará el juicio ante el Tribunal Marítimo venezolano, con sede en Caracas y presidido por el Dr. Marcos Armas. Este órgano judicial tiene competencia exclusiva para conocer controversias, demandas y medidas cautelares —como el embargo preventivo de buques— derivadas del tráfico, el comercio marítimo y la navegación.

Durante el juicio, que comenzará en próximos días, se debatirá la posible responsabilidad del buque Ría de Aldán, así como las consecuencias que este hecho provocó para uno de los pocos barcos que aún integraba la flota pesquera nacional. El atunero Ría de Aldán, proíedad de la empresa viguesa Wofco, se vio implicado en el accidente marítimo a 240 millas de Isla San Cristóbal, en Galápagos (Ecuador), con el buque de bandera venezolana.

Este proceso judicial constituye uno de los primeros casos por naufragio de un buque que conocen los tribunales marítimos especializados del país, creados a comienzos de la década de 2000, lo que le otorga especial relevancia dentro del ámbito jurídico marítimo venezolano.

Violencia digital contra mujeres: una estrategia que busca deslegitimar el feminismo y los derechos humanos

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Las dinámicas de interacción humana han cambiado con la era digital y, lamentablemente, las formas de violencia también. El informe “Prevenir la violencia digital contra las mujeres en Iberoamérica” reveló que uno de cada cinco mensajes dirigidos a mujeres en X contiene algún tipo de agresión. El estudio señaló que, a nivel global, el 85% de las mujeres ha experimentado violencia en línea.

El informe fue publicado a finales de 2025 y fue elaborado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM). La investigación se realizó de la mano de herramientas de inteligencia artificial, ofreciendo un enfoque de género y de derechos humanos.

La violencia digital contra la mujer es definida como cualquier acto u omisión que, basándose en su género, les cause daño o sufrimiento (ya sea físico, psicológico, moral, sexual o económico) o que las perjudique de forma desproporcionada, incluyendo entornos digitales.

México en el primer puesto de violencia digital contra la mujer

La investigación tuvo como muestra a 351 perfiles de mujeres con cargos públicos en ocho países: Andorra, Bolivia, España, México, Panamá, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Se analizaron 581 440 interacciones en la red social X. Los resultados arrojaron que el 20% de los mensajes recibidos buscaban dañar a las mujeres.

Las categorías analizadas fueron: subestimación de capacidades, comentarios sobre el cuerpo y la sexualidad, ataques basados en la identidad, ataques por afiliación política y compromiso cívico y amenazas. En esta última categoría se incluye el doxing, una práctica que recopila información privada sin el consentimiento de la persona.

De los países analizados, México registró las cifras más altas de violencia con un 40,6%; le sigue Bolivia con el 39,9%; Andorra con 6,7%; y República Dominicana con 5,2%. La investigación resaltó que uno de los hallazgos más importantes es la confluencia de violencias: el 15% de las interacciones combinan dos o más categorías. La dupla ganadora fue subestimación de capacidades y ataques por afiliación política, presente en el 77% de los casos.

Una estrategia que busca silenciar la lucha feminista

Según el estudio, esto refleja una estrategia que busca deslegitimar las causas que representan las mujeres (feminismo, derechos humanos e igualdad), además de atacarlas como personas. Los ataques suelen estar dirigidos hacia mujeres con alta visibilidad, como periodistas, políticas y activistas. Estos ataques combinan el menosprecio profesional con estereotipos sexistas. En este sentido, la violencia digital limita la participación, la organización y la autonomía de las mujeres, además de debilitar los fundamentos de la democracia.

Por otro lado, se confirma el uso de “ejércitos de trolls” y cuentas organizadas que operan con una intención dañina. El 41% de las cuentas que interactuaron con los perfiles estudiados generaron al menos una publicación violenta. El informe explica que esta tendencia de violencia digital se enmarca en un rechazo hacia los avances feministas que buscan restaurar las jerarquías tradicionales. La violencia digital actúa como una herramienta para silenciar a las defensoras de la igualdad.

Estas acciones digitales tienen repercusiones reales en las víctimas: ansiedad, aislamiento, miedo, abandono de cargos públicos, autocensura y suicidios.

Las medidas actuales no son suficientes

Existen avances importantes en cuanto a penalización de delitos digitales. Países como México y Argentina han aplicado la “Ley Olimpia”, que tipifica la violencia digital y telemática. Sin embargo, el estudio señala que no es suficiente, pues persisten brechas como la falta de datos sistemáticos, protocolos de denuncia ineficaces y una articulación escasa entre los Estados y las plataformas digitales.

La investigación asegura que la violencia digital no es un simple problema de internet, sino que implica un problema de democracia y derechos humanos. Ante esto, se recomienda actualizar las leyes con enfoque de género, interseccional e intercultural; incluir el tema en planes nacionales de prevención de violencia; crear sistemas de monitoreo con indicadores específicos; y exigir corresponsabilidad a las plataformas digitales.

El llamado de las organizaciones presentes en el estudio es claro: “la violencia digital contra las mujeres ya no puede ser ignorada”.

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El diagnóstico a tiempo transforma el pronóstico del cáncer de próstata en Venezuela 

El poder abordar la salud masculina antes de que puedan aparecer los primeros síntomas constituye una de las misiones principales de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) para proteger la vida, ya que su enfoque institucional busca sustituir el descubrimiento tardío ante enfermedades avanzadas por una cultura más sólida en el autocuidado y en la evaluación oportuna.

Este proceso pretende transformar la incertidumbre médica en una oportunidad real de prevención para así derribar al mismo tiempo los mitos y tabúes que alejan a los hombres de las consultas urológicas. Este llamado viene en conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Próstata este 11 de junio, una fecha que la organización utiliza para visibilizar la urgencia de cuidado frente a una realidad de salud innegable.

“Sabemos que hablar de chequeos puede generar dudas, pero es un acto de valentía y responsabilidad hacia ti mismo y hacia tus seres queridos. La enfermedad, si se identifica a tiempo, es vencible”, afirma la doctora Laura Salvestrini, gerente general de la SAV.  

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela para el año 2024, la incidencia de esta patología alcanzó los 9345 casos y cobró la vida de 4181 ciudadanos en el territorio nacional. Estas cifras posicionan oficialmente a la enfermedad como la primera causa de decesos oncológicos masculinos en el país, lo que evidencia la necesidad de implementar controles periódicos en la población de riesgo.

“Las estadísticas son alarmantes: cada día, 11 pacientes pierden la vida y 26 son diagnosticados”, advierte Salvestrini.

La evaluación médica

Para poder garantizar la máxima precisión en el diagnóstico y disipar los márgenes de error, la atención urológica se apoya, de manera obligatoria, en la aplicación complementaria de dos procedimientos esenciales: el primero consiste en la prueba del Antígeno Prostático Específico (PSA), la cual es un glicoproteína cuyos niveles se determinan por medio de un examen de sangre sencillo que no requiere ayuno y puede realizarse a cualquier hora del día. 

El seguimiento del paciente es vital ya que los valores pueden fluctuar por condiciones benignas asociadas a la edad o al tamaño del órgano, por lo que nunca debe emplearse de forma separada. El examen de PSA tampoco se altera por el examen físico ni la actividad sexual, pero sí se ve afectado por cistoscopias o biopsias recientes.

Es así como la revisión física a través del tacto rectal se mantiene como el segundo protocolo de descarte más importante para el despistaje de cáncer de próstata. “La próstata tiene la ventaja de ser palpable, a diferencia de otros órganos”, explica la doctora Salvestrini, derribando los prejuicios de una evaluación que se caracteriza por ser rápida e indolora.

Cuando los parámetros de ambos exámenes se encuentran dentro de los niveles normales, los especialistas deducen una probabilidad del 95% de que el paciente se encuentra sano. En cambio, en los casos donde se registran alteraciones el urólogo determinará qué estudios avanzados son pertinentes para la confirmación del mismo como ecografías, resonancias o biopsias.

Control anual

Este proceso debe realizarse con una frecuencia estrictamente anual a partir de los 45 años de edad para la población general, también existen criterios específicos para hombres con antecedentes familiares directos de la enfermedad o de familia afroamericana, quienes poseen una mayor predisposición a desarrollar variantes agresivas y en estos casos particulares el control médico debe iniciar obligatoriamente a los 40 años.

La prevención también se complementa, según los especialistas, con la adopción de un estilo de vida saludable que evite la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo y los regímenes alimenticios altos en azúcares, harinas y carnes procesadas.

De esta manera, el SAV demuestra que el fortalecimiento del examen temprano es la vía definitiva para destituir las alarmantes estadísticas a nivel nacional, haciendo que el soporte clínico junto a la participación activa de los ciudadanos se convierta en la estrategia principal para garantizar diagnósticos oportunos y salvar vidas en todo el país.

Con información de Nota de Prensa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Caso Geraldin Moreno: excoronel de la GNB rechaza ser extraditado a Argentina

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El excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ephraín Enrique Verdú Torrelles rechazó formalmente ser extraditado por España a Argentina, país que lo reclama bajo el principio de “jurisdicción universal” por su presunta implicación en delitos de lesa humanidad en Venezuela.

Verdú Torrelles manifestó su negativa durante una comparecencia por videoconferencia ante el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional española, según informaron fuentes jurídicas a la agencia EFE.

Con esta decisión, el exmilitar frena la vía rápida de entrega, por lo que el caso pasará ahora a la Sala de lo Penal de la Audiencia, instancia que convocará una vista formal para estudiar el expediente de extradición, detalló la agencia de noticias española.

Los tribunales federales argentinos requieren al exmilitar por el caso de Geraldin Moreno Orozco, una estudiante de 23 años que murió en febrero de 2014 en el contexto de las manifestaciones en Venezuela. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón, cuya cofundadora es Rosa Orozco, madre de Moreno, calificó este acto judicial como “un hito crucial para la justicia transnacional y un quiebre definitivo frente a la política de impunidad institucional”.

La organización destacó la persistencia de Rosa Orozco, quien ha liderado un litigio estratégico por más de una década. Según una publicación de la ONG, su lucha ha transformado el dolor en un símbolo nacional, convirtiendo este proceso en “un faro de esperanza jurídica real” para los familiares de los cientos personas asesinadas durante las protestas.

Mientras se desarrollaba la sesión judicial, un grupo de activistas y ciudadanos se concentró frente a la sede del tribunal en Madrid para respaldar la entrega del exmilitar. La ONG enfatizó que este caso representa el primer juicio en instancias internacionales que progresa con firmeza tras años de abusos generalizados, enviando el mensaje de que “cuando a la impunidad se le cierran las fronteras, la justicia universal encuentra su territorio”.

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Clima21 advierte que erradicación de la minería ilegal no debe ser a costa de los derechos humanos

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La organización ambiental Clima21 exigió al Estado venezolano este miércoles, 10 de junio, garantizar los derechos humanos de la población civil durante los operativos militares en el estado Bolívar, luego que se reportaran acciones armadas, sobrevuelos de aeronaves y el desplazamiento masivo de personas fuera de las zonas mineras.

Mediante un comunicado, la organización señaló que hasta la fecha, las autoridades no han emitido información oficial sobre los objetivos, alcance y resultados de estas operaciones. Tampoco se conocen datos sobre posibles personas detenidas, heridas o fallecidas, ni sobre las medidas adoptadas “para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas presentes en las zonas intervenidas”.

Durante años, recordó Clima21, organizaciones de la sociedad civil y otros organismos han documentado el impacto ambiental y social asociado a la minería ilegal en la Amazonía venezolana; además han denunciado la actuación de grupos armados en zonas mineras, así como “situaciones de violencia, extorsión y control territorial que han contribuido al deterioro de los derechos humanos y del ambiente en la región”.

También, señalaron que las autoridades han recurrido a operativos militares y militarización de territorios mineros, incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas. Sin embargo, dada la falta de información pública disponible y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, es difícil evaluar los resultados de estas acciones y su contribución a una solución duradera.

En ese sentido, Clima21 reafirmó la “necesidad urgente de proteger la Amazonía venezolana, sus ecosistemas y las poblaciones que habitan en ella” ante los impactos de la minería ilegal y otras actividades que “degradan el ambiente”. Asimismo, enfatizó que las acciones destinadas a combatir la minería ilegal deben ejecutarse apegándose a la Constitución, la legislación nacional y las obligaciones del Estado venezolano en materia de derechos humanos y protección ambiental.

La organización consideró que la protección del ambiente “no puede desvincularse de la protección a la vida”, por lo que el uso de la fuerza estatal debe “ajustarse en todo momento a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”. Al respecto, señaló que las políticas orientadas a erradicar la minería no deben implementarse a costa de los derechos de quienes dependen -de manera directa o indirecta- de esta actividad, ya sea en contextos legales o informales.

“Consideramos indispensable avanzar en procesos efectivos de restauración ecológica, atención a las comunidades afectadas y reparación de los daños ambientales y humanos acumulados durante años de explotación minera ilegal”, finalizó la organización en su comunicado.

Contexto de la situación en el terreno

El despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se reportó el martes 9 de junio en sectores estratégicos del municipio Sifontes, específicamente en el Kilómetro 88 y Las Claritas. Las acciones militares buscan desalojar a los grupos armados organizados que controlan el complejo de reservas de oro de Las Brisas y Las Cristinas.

La organización SOS Orinoco desmintió los rumores de una incursión terrestre masiva o la presencia de tropas extranjeras, y aclara que las operaciones se mantienen focalizadas en puntos específicos. Esta intervención militar genera inspecciones estrictas a las plantas de procesamiento de oro en El Callao y provoca movimientos de resguardo entre las estructuras delictivas de El Dorado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.