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Protestas callejeras en el este de Caracas

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Varias decenas de manifestantes, que intentaron bloquear algunas vías del este de la capital, se enfrentaron este lunes con piedras, botellas y otros objetos contundentes a guardias nacionales y policías que utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar la protesta callejera.

Durante una caminata que realizaron opositores para conmemorar tres meses de protestas callejeras en el país, decenas de manifestantes, algunos con los rostros cubiertos con telas y máscaras de Anonymous, intentaron bloquear una autopista y una avenida en el este de Caracas, lo que llevó a centenares de guardias nacionales y policías, con equipos antimotines, a emplear gases lacrimógenos y balas de goma para dispersarlos.

Los manifestantes respondieron a la acción de los cuerpos de seguridad lanzándoles piedras, botellas y devolviéndoles algunas de las bombas lacrimógenas que les enviaban las autoridades.

En medio de la protesta algunos manifestantes trataron de incendiar un gran camión blanco de carga que estaba en la entrada de un supermercado estatal, y formaron barricadas de desechos a las que les prendieron fuego. Decenas de guardias nacionales, montados en motocicletas, ingresaron a gran velocidad a la urbanización de Las Mercedes, en el este de Caracas, para detener a los manifestantes, evitar el incendio del camión y desmontar las barricadas con la ayuda de sus escudos.

El movimiento estudiantil convocó este lunes una marcha en el este de la capital para conmemorar tres meses de protestas y exigir la liberación de algunos universitarios detenidos, pero centenares de policías y guardias nacionales impidieron el avance de la manifestación debido a que no tenían los permisos de las autoridades de Caracas. La marcha opositora nunca pudo avanzar hacia su destino que era la sede de la Nunciatura Apostólica, en el norte de la ciudad, y culminó en la urbanización Las Mercedes.

En las ciudades de Valencia, Maracay y Puerto Ordaz también se registraron este lunes protestas callejeras, según reportaron medio locales.

El presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la estatal Universidad Simón Bolívar de Caracas, Alfredo Graffe, afirmó que el movimiento estudiantil, uno de los principales promotores de las protestas, no se siente satisfecho luego de tres meses de manifestaciones. Indicó que ha habidos muchas víctimas en las acciones y aún persisten los motivos que los llevaron a las calles como una inflación del 59% anual, la creciente criminalidad y el desabastecimiento de bienes básicos,

Según la Fiscalía, los violentos incidentes han dejado 42 muertos, más de 817 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales más de 200 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales.

Al hablar de los aspectos positivos del proceso, Graffe dijo a The Associated Press en entrevista telefónica que el movimiento estudiantil logró con sus acciones despertar a los venezolanos y activar una “respuesta clara ante los abusos y desmanes del gobierno. No hay esa pasividad”.

Aunque los sectores pobres, que son la mayoría del país, se han mantenido relativamente ausentes de las protestas callejeras, el dirigente sostuvo que “el desgaste del gobierno de Nicolás Maduro”, que se evidencia en el descenso de su popularidad, es una muestra de que el mensaje de protesta de los estudiantes llegó también a las clases populares.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro alcanzó el mes pasado un respaldo de 37%, lo que representa un retroceso respecto de febrero cuando el mandatario tenía un apoyo de 46,8%, reveló una encuesta de la firma local Datanálisis que difundió recientemente el diario local El Universal.

El exdirector del Instituto de Estudios Políticos de la estatal Universidad Central de Venezuela, Luis Salamanca, afirmó que el “manejo represivo” que ha dado Maduro a las protestas y la multiplicación de los problemas económicos y sociales “han agravado” la situación y han deteriorado la popularidad del gobernante, que alcanzó en abril su primer año de mandato.

“El gobierno de Maduro está muy mal, está debilitado. Tiene demasiados frentes abiertos. Tiene una cantidad de problemas sin solución… y no tiene capacidad para manejar esos problemas”, dijo Salamanca a AP.

El mandatario anunció a fines de abril los lineamientos de un nuevo plan económico que se centra en el estímulo a la producción y el combate a la inflación con la fijación de “precios justos” a algunos bienes, el incremento a las fiscalizaciones de las empresas y fuertes sanciones a los comerciantes que incurran en alzas desmedidas de precios.

El gobierno también inicio diálogos con los empresarios para agilizar los mecanismos de entrega de divisas oficiales y las importaciones de materias primas y solventar los problemas de desabastecimiento de insumos que han afectado la producción.

Maduro ha rechazado las protestas considerándolas parte de un plan para darle un “golpe de Estado”.

guari

 

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Represión por capítulos

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Telaraña

¿Qué siente el insecto atrapado en la telaraña mientras ve acercarse a su depredador? ¿Cómo son esos segundos entre que presiente el ataque y que muere? Deben parecerse mucho a los días en que la trampa represiva se levanta alrededor de un individuo, un grupo, una sociedad. Similar a ese guión en el que se van poniendo los justificantes para el golpe, moldeando la opinión pública, rellenando el archivo que después se presentará a la prensa o a los tribunales.

La actual estrategia contra la oposición cubana se parece al lento deslizar de las patas de la araña hacia su víctima.

Estamos viviendo una telenovela por capítulos, un intento de satanizar las tecnologías y la disidencia, quién sabe si para repetir aquellos días oscuros de marzo de 2003. Se ve llegar el golpe, en la insistencia con que la prensa repite ciertos estribillos, se obsesiona con temas como Zunzuneo y trata de mezclarlos con la violencia de cuatro supuestos terroristas recién descubiertos en territorio nacional. Como los malos seriales televisivos es perceptible también la costura con que empatan teléfonos móviles, Twitter, muerte y guerra. Afortunadamente apenas si funcionan ya esos culebrones, en un público cubano demasiado concentrado en sus necesidades cotidianas, abrumado por las carencias materiales, saturado de ideología y con más escapismo que conciencia cívica.

La trampa está casi lista. ¿Se usará? ¿Quién sabe? Pero no hay mucho que hacer para impedirlo, como no sea denunciarla. En fin de cuenta la araña siempre será más grande, más fuerte, más imponente.

 Yoani Sánchez

@yoanisanchez

A un año del Patria Segura

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El próximo martes 13 de mayo se cumple un año del lanzamiento del plan estelar de seguridad ciudadana del gobierno de Nicolás Maduro: el Patria Segura. Mediante este operativo militar el oficialismo prometió que iba a construir un “país de paz”, sin embargo, el balance de lo ocurrido en los últimos 12 meses en materia de criminalidad es bastante negativo.

Este plan nunca tuvo un planteamiento teórico que fijara sus objetivos. Su ejecución fue producto de la más ramplona improvisación. Un día, al gobierno nacional se le ocurrió que la solución del problema de seguridad ciudadana pasaba simplemente por la implementación de un operativo castrense. La consecuencia fue que el año pasado se rompió el récord de homicidios en Venezuela (OVV).

El Patria Segura no solo no ha contribuido con la disminución de los índices de inseguridad, sino que su ejecución ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos. Basta recordar lo ocurrido el 4 de julio de 2013 en el estado Falcón, cuando efectivos de la Guardia Nacional dispararon a mansalva contra un vehículo y terminaron asesinando a una madre y a su menor hija. Nadie en el gobierno asumió la responsabilidad por este lamentable hecho.

El plan Patria Segura es contrario a los preceptos constitucionales. El artículo 332 de la Carta Magna señala que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”. Las competencias de la Fuerza Armada son otras, principalmente garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico (art. 328 CRBV).

El gobierno nacional, reconociendo implícitamente su fracaso, ha ido poco a poco desmontando el Patria Segura. Cada día se hace más difícil observar las carpas del operativo militar. De hecho, el ministro de Interior y Justicia ha dejado entrever que muy pronto este plan estará desplegado en solo 20 parroquias del país (en principio se desarrolló en 79 municipios).

Algunos mandatarios regionales han señalado que, cuando el Patria Segura se implemente en sus estados o municipios, las acciones deberían estar dirigidas y coordinadas por las policías locales. Esta petición tiene una base legal, ya que la exposición de motivos de la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana señala que “los componentes militares que ejerzan seguridad ciudadana, estarán bajo subordinación de la autoridad civil, en el ámbito territorial que corresponda”. Asimismo, la CIDH le ha recomendado al gobierno venezolano “delimitar la participación de los miembros de la Fuerza Armada en acciones de orden público, de competencia de la policía y, que cuando lo hagan en situaciones excepcionales, se subordinen a la autoridad civil”.

A través de un simple operativo militar no se va a resolver el gravísimo problema de inseguridad que sufre Venezuela. El gobierno nacional debe realizar una profunda revisión de las políticas públicas contra el crimen. Pero mientras tengamos un ministro de Interior y Justicia dedicado casi exclusivamente a montar “ollas” contra la disidencia, será muy difícil esta rectificación. 

Luis Izquiel

@luisizquiel

El Nacional

Despliegue de “jefes plenipotenciarios” genera polémica

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El Gobierno lanzó su segunda “ofensiva económica” el pasado viernes y durante el fin de semana, con el despliegue de los cinco “jefes plenipotenciarios” (Rafael Ramírez, José David Cabello, Dante Rivas, Yván Gil y Rodolfo Marco Torres) y la realización de actividades de fiscalización en las distintas regiones del país.

La meta principal es detectar los “cuellos de botella” en las empresas inspeccionadas y tomar decisiones para elevar la producción. Se puso la lupa a la planta de aceite comestible Oleica en Portuguesa, así como a las fábricas de alimentos Albeca e Ioceca en Carabobo y Carrocerías Ureña en Táchira, entre otras.

El plan incluye la evaluación de 670 compañías en una primera fase y la instalación de “microcomisiones” para encontrar soluciones en materia de operatividad, anunció Ramírez, vicepresidente para el Área Económica.

Asimismo, se firmaron acuerdos con Mack Volvo para impulsar la producción de camiones tipo “chuto” en el país. Se inauguró la fábrica de pescados Comandante Hugo Chávez en Higuerote, con una inversión inicial de Bs. 17 millones. Y se informó que una docena de empresas del sector automotor recibieron $216,9 millones del Sicad 1, por lo que el Gobierno espera la reactivación de las plantas.

Ese arranque de la “nueva ofensiva” consistió también en operativos de incautaciones de productos contrabandeados, supervisión del cumplimiento de los “precios justos”, ventas de 5.000 sacos de cemento a precios subsidiados y varios expendios de alimentos de Mercal a “cielo abierto” en Caracas.

Todo el despliegue se realizó en simultáneo y la cobertura de los medios de comunicación oficialistas fue en vivo con la realización de pases a Cumaná, Portuguesa, Carabobo, Táchira, Margarita, Caracas, entre otras.
Luego de consultar a representantes de diferentes industrias al respecto, algunos manifestaron satisfacción con las medidas, mientras que otros no escondieron su desilusión, ya que esas iniciativas del Gobierno fueron vistas como un “show mediático populista”,  sin medidas de fondo para reactivar la economía.
Algunas opiniones
José Vielma Mora, gobernador de Táchira, declaró en VTV que la colaboración del sector privado con el Gobierno era importante en la nueva ofensiva económica.
Oswaldo Berríos, presidente de la empresa de alimentos Albeca  (salsas), señaló su compromiso de elevar la producción del 55% actual a 85%, con una nueva línea de producción que acaba de ser financiada por el Gobierno.
Eduardo Garmendia, presidente de Conindustria, manifestó  su escepticismo. “Esperamos que muchos de los anuncios del Gobierno se conviertan en realidad. Se crearon autoridades en cada región, pero falta el mecanismo para convertirlas en ejes con ventajas competitivas. Tampoco se ha dicho cómo se va a utilizar el fondo creado de Bs.3.000 millones y $500 millones para la ofensiva económica, si es para proyectos nuevos como inversión o deudas pendientes”.
Manuel Cipriano Heredia, ex presidente de Fedenaga, dijo que con la nueva ofensiva, el Gobierno lo que quiere es que se respeten los precios fijados en Gaceta Oficial. “Antes de hablar de metas de exportación, se debería resolver el abastecimiento interno. La designación de cinco jefes plenipotenciarios solo significa una reorganización de figuras, pero el problema de la economía es su modelo estructural”.
Víctor Maldonado, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas,  opinó que “no hay ofensiva económica posible desde el voluntarismo. El Gobierno se comporta como predicador social, cuando lo que hace falta es que genere las condiciones para activar la economía, que no se violen más los derechos de propiedad y que se reformen la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y la Ley Orgánica de Precios, que generan inflación, escasez y baja productividad”.
“El Gobierno se come el cuento de su propia propaganda y de la guerra económica, y eso está llevando al país a la miseria”, agregó.
Sobre las inspecciones que las autoridades llevaron a cabo el pasado fin de semana, Maldonado considera que “es lamentable ver a las milicias disfrazadas de inspectores de la ofensiva. También da pena ver a Rafael Ramírez con latas de atún en la mano, diciendo que no hay tinta para las etiquetas. Con una mirada a cuentagotas no se resuelve nada, el ministro debería tomar medidas generales para todo el mercado”.
Respecto a la asignación de los cinco jefes plenipotenciarios, el presidente ejecutivo de la Cámara opinó que “los problemas del país no son territoriales, sino macroeconómicos”.
Francisco Martínez, primer vicepresidente de Fedecámaras, se mostró más cauto en sus declaraciones. “Esperamos resoluciones sobre las materias primas y garantías sobre la entrega de divisas, aunque toda la cadena, desde la producción propiamente dicha hasta los empaques y distribución está afectada”.
Respecto a los cinco jefes plenipotenciarios, señaló que “lo importante es que tengan celeridad para solventar los problemas, y que las autoridades no sean discrecionales en la normalización de los procesos productivos”. Agregó: “Cuidado con las fiscalizaciones, porque hasta ahora el efecto ha sido de empresarios que tienen miedo de invertir en Venezuela”.
En relación con el nuevo fondo asignado para créditos destinados a elevar la producción nacional, Martínez dijo que “los recursos siempre son favorables, siempre que no se conviertan en cajas negras, sobre las que nadie sabe qué pasa y con las pymes al margen como suele ocurrir”.
Superar la inercia
Según el economista Víctor Álvarez, “las medidas de esta ofensiva serán positivas siempre que superen la inercia de la política económica de los últimos años y el expediente fácil de las importaciones para resolver problemas”.
A su juicio, las soluciones no pasan solo por las asignaciones de divisas, como piensan muchos empresarios, sino por la definición de políticas de incentivos arancelarios, fiscales, financieros, asistencia técnica y otros mecanismos con capacidad para reactivar la economía.
“El Gobierno tiene una amplia gama de instrumentos más allá de las divisas, pero no está recurriendo a los expertos. Y los empresarios no salen del tema de la adjudicación de dólares. Del cadivismo se pasó al cencoexismo”, sentenció.

 

Venezuela: La libertad de expresión bajo acecho paramilitar

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Entre febrero y abril de 2014,  48 ataques periodistas y medios de comunicación resultaron víctimas de ataques paramilitares, según los resultados de una investigación que realizaron conjuntamente el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela).

Estos grupos paramilitares, que pueden definirse como como  colectivos de civiles armados pro gobierno, actúan con el aval o la tolerancia de los representantes de los poderes públicos y en coordinación con la fuerza pública del Estado, encontrando así un clima de impunidad bajo el cual se han cometido diversos ataques que afectan, indudablemente, la labor de los equipos reporteriles que realizan la cobertura informativa de los conflictos de calle en 10 estados del país.

Según los datos del OVCS, durante el primer trimestre de 2014 las protestas en Venezuela aumentaron 550% en comparación con el mismo lapso del año anterior, y específicamente en el mes de marzo 31% de esas protestas registraron ataques de paramilitares. Lo que pone en evidencia el rol destacado de estas células en el patrón de represión que viene desarrollando el gobierno de Venezuela en contra de manifestantes pacíficos.

Entre los hechos más graves de estos grupos contra periodistas se registró un secuestro, además de prácticas de intimidación y persecución, agresiones físicas, amenazas de muerte, robo de información, daños a las herramientas de trabajo y a la infraestructura de medios de comunicación bajo la venia de autoridades gubernamentales, que de manera reiterada auparon la violencia al señalar a los medios privados, nacionales y extranjeros como responsables de los conflictos que se generaron en Venezuela entre febrero y abril de 2014.  Todas estas prácticas están orientadas a presionar e incentivar el miedo entre el gremio periodístico para evitar la cobertura de los conflictos.

Esta investigación emplea como insumo principal el monitoreo de situación realizado por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela), el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Conflictove.org.ve. A través de medios de información de alcance nacional y regional. También fuentes de organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales (ong).

Instituto Prensa y Sociedad 

 

Editorial de El Tiempo: Venezuela y las violaciones de los DD. HH.

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Mucho se dijo del presidente Hugo Chávez y sus prácticas no santas para apretar a los poderes públicos, controlar a la opinión y limitar la capacidad de acción de la oposición, incluso mermando sus filas con persecuciones judiciales, burlas y cercos presupuestarios.

Pero muy poco se llegó a afirmar que el suyo fuera un gobierno abiertamente represivo y que se cometieran violaciones de los derechos humanos como ahora lo asegura –con pruebas y cifras– la organización Human Rights Watch (HRW) en su último informe sobre la situación venezolana, a raíz de las protestas que se desataron el 12 de febrero pasado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El documento, que no pretende ser una investigación total y cerrada de las manifestaciones, que han dejado más de 40 muertos y unos 800 heridos, cuenta con testimonios de que las autoridades venezolanas propinaron todo tipo de vejaciones, maltratos y torturas a por lo menos 45 manifestantes y algunos simples transeúntes que quedaban atrapados en las batallas campales entre opositores y miembros de la Guardia Nacional.

Es tal la magnitud de los tratos crueles y tan escalofriantes las declaraciones de las víctimas que HRW se permite concluir que “los abusos no fueron casos aislados o excesos de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad, sino que formaron parte de un patrón más extendido, del cual deben o deberían haber tenido conocimiento altos funcionarios civiles (…). Los abusos formaron parte de una práctica sistemática de las autoridades de seguridad venezolanas”.

Y hablar de “patrón” es hablar de una voluntad organizada para cometer torturas y vejaciones que el gobierno de Maduro se niega a reconocer. Mientras tanto, los poderes públicos han reaccionado evadiendo toda responsabilidad y apenas llevando a tribunales dos casos emblemáticos de muchachos asesinados en actuaciones tan brutales que no pudo ocultar o relativizar. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo apenas si reconocen algunos “excesos” de los cuerpos de seguridad del Estado, a tiempo que aseguran que las protestas “del fascismo” han sido violentas y que “avanza la conspiración de un golpe de Estado para derrocar a Maduro”, argumento simplista y, por ahora, sin pruebas.

Además de los fallecidos, sobresalen casos como los de Angely Pernía y Carline Rodríguez, una, fuertemente golpeada por la policía –y aún detenida con hemorragias internas– y otra, en cuidados intensivos al recibir un balazo en la cara, posiblemente de la Policía Nacional Bolivariana.

En medio de un intento de diálogo con algunos sectores de la oposición, auspiciado por la Unasur para tratar de superar la inobjetable crisis que atraviesa el país, el gobierno de Maduro debe ser el primer interesado en investigar a fondo estos casos y exigir que se garantice justicia a las víctimas de tan terribles tratos. Ya sabe que los ojos del mundo están sobre las actuaciones de sus autoridades. En el Congreso de Estados Unidos avanza un paquete de sanciones, aunque el gobierno de Obama prefiere darle un compás de espera a la gestión de Unasur.

Más allá de eso, lo que HRW denuncia es algo típico de regímenes totalitarios y represivos y no de la democracia popular de la que hace alarde el discurso chavista. De nada valen las excusas cuando las pruebas son tan contundentes. Solo hechos concretos pueden demostrar la calidad de la democracia que hoy tiene Venezuela.

El Tiempo

Chip: Un freno al contrabando o restricción de combustible

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El contrabando de combustible a Colombia ronda los 100 mil litros diarios. La cifra no es al azar. Es dato revelado por el propio ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, que se mantiene desde 2013. El también vicepresidente del Área Económica indicó que 700 mil barriles (u 11 millones 300 mil barriles) por día es la demanda del mercado interno.

Con la aplicación del control de suministro mediante la lectura de los códigos, llamado popularmente chip, el Gobierno estima frenar la salida ilegal de gasolina. Intenta objetivos que ya aplica en el caso de los alimentos y bienes que tienen precios apetecibles para los contrabandistas de la frontera.

Desde el 8 de mayo de 2013, tras el anuncio del Plan de Seguridad Alimentaria, impulsado por la Gobernación del Zulia, se aderezan políticas. Hasta la propia Cancillería colombiana en febrero dijo sí a los acuerdos de control para acabar con la actividad ilícita.

¿Por qué nuevamente se insiste en el uso del chip si hay una mesa de discusión de convenio binacional? ¿Qué no está dando resultado? Desde hace un año se anunció la instalación de cámaras en puntos estratégicos, ¿cuáles son los resultados? Las incógnitas surgen entre los usuarios de las estaciones de servicios.

Sin respuestas

José Figueroa, conductor, tildó la medida “como una locura del planeta. El Gobierno lo que tiene es que estar pendiente del espagueti, del aceite, la harina pan y la leche, porque petróleo hay suficiente”. Soltó las descargas de cuestionamientos de lo que para él significará el chip: “¿Me vas a restringir la gasolina?”.

Héctor Villavicencio, usuario, consideró “buena” la instalación del mecanismo automatizado del suministro de gasolina por “ese ‘bachaqueo’ que tiene para Maicao. Tendrán el control para que no salga tanta gasolina. Los perjudicados son los venezolanos. Si no se acaba tendrán que tomar otras medidas”.

A Gerardo Bastidas, taxista, le pareció “bastante bien”. Da un voto de confianza porque estima que sea un “método de seguridad más confiable”. Dijo no conocer ni estar informado de cómo será el abastecimiento, cuánto será lo autorizado para tanquear. Con 40 litros al día piensa poder movilizarse y hacer los traslados de sus clientes.

Para Nelson Molero, comerciante, las razones que se esbozan para la aprobación del chip poco lo convencen: “si no han podido con los alimentos. Como sea le buscan la vuelta (salida a la frontera). Eso no se acaba nunca. Empeorarán las colas. Es un desastre”.

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La Verdad

Venezuela ensaya cohetes rusos en maniobras

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“Se pone en evidencia (…) la capacidad y tecnología de nuestro sistema de lanzacohetes múltiples, autopropulsados” , dijo Vladimir Padrino López

La Fuerza Armada venezolana realizó este lunes ejercicios militares para poner a prueba un sistema de lanzacohetes múltiples de reciente adquisición a su aliado Rusia, explicó el comandante de la operación.
Con la maniobra, “se pone en evidencia (…) la capacidad y tecnología de nuestro sistema de lanzacohetes múltiples, autopropulsados, de 300 milímetros, el cual alcanza una distancia aproximada de 90 kilómetros”, dijo el general Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO), desde un campo en el estado llanero de Apure (suroeste).
Los ensayos incluyeron, entre otros, los sistemas de artillería autopropulsada con lanzacohetes BM-21 Grad (granizo), con calibre de 122 milímetros, o el BM-30 Smerch (tornado), con calibre de 300 milímetros y alcance de hasta 90 kilómetros.
Según Padrino, este armamento permitirá el apoyo a las unidades de maniobra de manera de poder “destruir, neutralizar o aniquilar” cualquier blanco: “Son sistemas de batalla de última tecnología”, detalló a sus invitados, un grupo de militares de alto rango colombiano.
Venezuela y Rusia mantienen una alianza política y económica, que en materia gasífera incluye inversiones por 21.000 millones de dólares.
Las mayores compras venezolanas fueron armamentos. También con frecuencia han realizado maniobras militares conjuntas y visitas de unidades de guerra rusas, por ejemplo en 2008 al crucero ruso de propulsión nuclear “Pedro El Grande”, y en 2013 una flotilla liderada por el crucero lanzamisiles Moscú.