Mucho se dijo del presidente Hugo Chávez y sus prácticas no santas para apretar a los poderes públicos, controlar a la opinión y limitar la capacidad de acción de la oposición, incluso mermando sus filas con persecuciones judiciales, burlas y cercos presupuestarios.
Pero muy poco se llegó a afirmar que el suyo fuera un gobierno abiertamente represivo y que se cometieran violaciones de los derechos humanos como ahora lo asegura –con pruebas y cifras– la organización Human Rights Watch (HRW) en su último informe sobre la situación venezolana, a raíz de las protestas que se desataron el 12 de febrero pasado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El documento, que no pretende ser una investigación total y cerrada de las manifestaciones, que han dejado más de 40 muertos y unos 800 heridos, cuenta con testimonios de que las autoridades venezolanas propinaron todo tipo de vejaciones, maltratos y torturas a por lo menos 45 manifestantes y algunos simples transeúntes que quedaban atrapados en las batallas campales entre opositores y miembros de la Guardia Nacional.
Es tal la magnitud de los tratos crueles y tan escalofriantes las declaraciones de las víctimas que HRW se permite concluir que “los abusos no fueron casos aislados o excesos de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad, sino que formaron parte de un patrón más extendido, del cual deben o deberían haber tenido conocimiento altos funcionarios civiles (…). Los abusos formaron parte de una práctica sistemática de las autoridades de seguridad venezolanas”.
Y hablar de “patrón” es hablar de una voluntad organizada para cometer torturas y vejaciones que el gobierno de Maduro se niega a reconocer. Mientras tanto, los poderes públicos han reaccionado evadiendo toda responsabilidad y apenas llevando a tribunales dos casos emblemáticos de muchachos asesinados en actuaciones tan brutales que no pudo ocultar o relativizar. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo apenas si reconocen algunos “excesos” de los cuerpos de seguridad del Estado, a tiempo que aseguran que las protestas “del fascismo” han sido violentas y que “avanza la conspiración de un golpe de Estado para derrocar a Maduro”, argumento simplista y, por ahora, sin pruebas.
Además de los fallecidos, sobresalen casos como los de Angely Pernía y Carline Rodríguez, una, fuertemente golpeada por la policía –y aún detenida con hemorragias internas– y otra, en cuidados intensivos al recibir un balazo en la cara, posiblemente de la Policía Nacional Bolivariana.
En medio de un intento de diálogo con algunos sectores de la oposición, auspiciado por la Unasur para tratar de superar la inobjetable crisis que atraviesa el país, el gobierno de Maduro debe ser el primer interesado en investigar a fondo estos casos y exigir que se garantice justicia a las víctimas de tan terribles tratos. Ya sabe que los ojos del mundo están sobre las actuaciones de sus autoridades. En el Congreso de Estados Unidos avanza un paquete de sanciones, aunque el gobierno de Obama prefiere darle un compás de espera a la gestión de Unasur.
Más allá de eso, lo que HRW denuncia es algo típico de regímenes totalitarios y represivos y no de la democracia popular de la que hace alarde el discurso chavista. De nada valen las excusas cuando las pruebas son tan contundentes. Solo hechos concretos pueden demostrar la calidad de la democracia que hoy tiene Venezuela.
