El próximo martes 13 de mayo se cumple un año del lanzamiento del plan estelar de seguridad ciudadana del gobierno de Nicolás Maduro: el Patria Segura. Mediante este operativo militar el oficialismo prometió que iba a construir un “paÃs de paz”, sin embargo, el balance de lo ocurrido en los últimos 12 meses en materia de criminalidad es bastante negativo.
Este plan nunca tuvo un planteamiento teórico que fijara sus objetivos. Su ejecución fue producto de la más ramplona improvisación. Un dÃa, al gobierno nacional se le ocurrió que la solución del problema de seguridad ciudadana pasaba simplemente por la implementación de un operativo castrense. La consecuencia fue que el año pasado se rompió el récord de homicidios en Venezuela (OVV).
El Patria Segura no solo no ha contribuido con la disminución de los Ãndices de inseguridad, sino que su ejecución ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos. Basta recordar lo ocurrido el 4 de julio de 2013 en el estado Falcón, cuando efectivos de la Guardia Nacional dispararon a mansalva contra un vehÃculo y terminaron asesinando a una madre y a su menor hija. Nadie en el gobierno asumió la responsabilidad por este lamentable hecho.
El plan Patria Segura es contrario a los preceptos constitucionales. El artÃculo 332 de la Carta Magna señala que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”. Las competencias de la Fuerza Armada son otras, principalmente garantizar la independencia y soberanÃa de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico (art. 328 CRBV).
El gobierno nacional, reconociendo implÃcitamente su fracaso, ha ido poco a poco desmontando el Patria Segura. Cada dÃa se hace más difÃcil observar las carpas del operativo militar. De hecho, el ministro de Interior y Justicia ha dejado entrever que muy pronto este plan estará desplegado en solo 20 parroquias del paÃs (en principio se desarrolló en 79 municipios).
Algunos mandatarios regionales han señalado que, cuando el Patria Segura se implemente en sus estados o municipios, las acciones deberÃan estar dirigidas y coordinadas por las policÃas locales. Esta petición tiene una base legal, ya que la exposición de motivos de la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana señala que “los componentes militares que ejerzan seguridad ciudadana, estarán bajo subordinación de la autoridad civil, en el ámbito territorial que corresponda”. Asimismo, la CIDH le ha recomendado al gobierno venezolano “delimitar la participación de los miembros de la Fuerza Armada en acciones de orden público, de competencia de la policÃa y, que cuando lo hagan en situaciones excepcionales, se subordinen a la autoridad civil”.
A través de un simple operativo militar no se va a resolver el gravÃsimo problema de inseguridad que sufre Venezuela. El gobierno nacional debe realizar una profunda revisión de las polÃticas públicas contra el crimen. Pero mientras tengamos un ministro de Interior y Justicia dedicado casi exclusivamente a montar “ollas” contra la disidencia, será muy difÃcil esta rectificación.Â
Luis Izquiel
