Inicio Blog Página 1072

Caracas sigue siendo la ciudad más violenta de Venezuela

Estimaciones del Observatorio Venezolano de Violencia revelan que la tasa de muertes violentas por cada 100 mil habitantes en Distrito Capital es casi el doble de la calculada a nivel nacional 
 Aunque hubo una disminución de las muertes violentas en comparación con el año pasado, la tasa registrada en la capital representa cinco veces más que las cifras manejadas por organismos internacionales
Cicpc y PNB fueron los organismos más letales durante 2023
Los casos donde el victimario era conocido de la víctima subieron 5% con respecto a 2022

 

“Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra”, reza un popular dicho que coloca a la capital venezolana por encima de las ciudades del interior del país. Esta máxima al parecer aplica para todo, incluso para los aspectos negativos.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, el Distrito Capital volvió a ser la entidad federal más violenta del país en 2023.

Con un tasa de muertes violentas por cada 100 mil habitantes de 50,8, DC superó a Miranda (41), Bolívar (38,5), La Guaira (36,4), Amazonas (33,4), Yaracuy (27,5), Delta Amacuro (27,4), Aragua (27,2), Guárico (26) y Falcón (25,5). 

Según el informe anual del OVV, la tasa del DC casi duplica a la nacional que es de 26,8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

A juicio del OVV, Sucre es el municipio más violento del Área Metropolitana de Caracas (AMC) con una tasa de muertes violentas por cada 100 mil/hab. de 61,1; seguido de Libertador con 50,8; Chacao con 37,6; Baruta con 18,3 y El Hatillo con 10,7.

Distrito Capital albergó una tasa de homicidios de 13,4, la segunda a nivel nacional, detrás de Delta Amacuro (16,1) y por encima de Sucre (12,6), Guárico (10,7) y Miranda (10,5).

Se desprende del informe que el año pasado se contabilizaron 336 delitos en el AMC, siendo el homicidio intencional el más preponderante con un porcentaje de 49,2.

La parroquia más sangrienta fue Coche, mientras que en Petare se suscitaron 261 muertes violentas y el mayor nivel de violencia se registró en Filas de Mariches.

El promedio de edad de las víctimas osciló entre 15 y 29 años, 70,3% eran hombres y 93% civiles.  

Las armas de fuego predominaron en los hechos violentos con 44%, secundadas por la fuerza física y uso de objetos cortantes y punzo penetrantes. 

En la categoría caracterización del suceso, 13,0 de los delitos ocurrieron un día de la semana y 11,0 durante el fin de semana. 51,0 sucedieron en un espacio abierto o en la calle y 31,3 en el hogar de la víctima o el victimario.

Por otra parte, la tasa de suicidio en la capital fue de 13,31 por cada 100 mil habitantes, menos que en 2022.

 Aunque hubo una disminución de las muertes violentas en comparación con 2022, la tasa registrada en la capital representa cinco veces más que las cifras manejadas por organismos internacionales.

“La disminución de las tasas de violencia en DC y el AMC es positiva, pero esta tendencia está lejos de considerar a la capital como una ciudad segura”, dijo Iris Amelia Rosas, coordinadora del OVV.

Cicpc y PNB más letales 

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a través de la División Contra la Delincuencia Organizada (Dcdo) fueron los organismos más letales en Caracas durante 2023.

El Cicpc tuvo responsabilidad en 52% de las muertes por intervención policial (MIP), mientras que la PNB cargó con el 31%, de acuerdo a lo recabado por el OVV.

Todas la víctimas de MIP fueron de sexo masculino.

Rosas sostuvo que el grupo etario más perjudicado por MIP fue entre 40 y 50 años.

“Llama la atención, en vista de que las víctimas regularmente eran jóvenes menores de 30 años. Yo creo que tiene que ver con la política de tratar de capturar a las cabecillas de las bandas. Considero que la letalidad está siendo más selectiva, de los 10 más buscados por el Ministerio de Justicia, tres son de Caracas y pertenecen a bandas que aún se mantienen en la Cota 905 y en Petare”.  

Rosas informó que los organismos de seguridad son responsables de entre el 10% y 20% de los hechos violentos.

“En 2023 se vieron más operativos para desarticular a miembros de bandas. En Petare y El Valle predominan bandas criminales que disputan territorio, roban, secuestran, extorsionan y controlan el tráfico de drogas”, añadió Rosas.

La investigación del OVV reveló que el Estado sigue enfrentando la violencia delincuencial con acciones letales y las presuntas ejecuciones extrajudiciales persisten en los barrios pese a la denuncia de familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.

Crece la violencia en casa

De acuerdo con el informe del OVV, un delito que tuvo mayor visibilidad durante 2023 fue la violencia interpersonal entre parejas y familiares.

Los casos donde el victimario era conocido de la víctima subieron 5% con respecto a 2022, mientras que la delincuencia común descendió 7%.

Un tercio de los casos de homicidios estuvieron vinculados con violencia de pareja o familia. 38% de los delitos fueron cometidos por personas conocidas de las víctimas. 

Según el OVV hubo un agravamiento de la violencia de género. “Un problema que vienen padeciendo mujeres, adolescentes y niñas en el hogar”, reza el informe.

“La violencia de pareja ha subido de manera preocupante en el AMC. En la mayoría de los casos, es el hombre quien incurre en el delito de homicidio contra la mujer, siendo su pareja o expareja. Caracas es una ciudad con problemas de convivencia, tolerancia y valores, una situación agravada por la crisis humanitaria compleja, la descomposición social, la anarquía en las calles y la impunidad. Urge fomentar la convivencia y el respeto. Reiteramos la necesidad de generar políticas públicas para que Caracas no sea la ciudad más violenta del país”, puntualiza el informe.

Denuncian que en Venezuela el espacio cívico está «en riesgo de desaparecer»

0
Al menos 10 organizaciones no gubernamentales sobre derechos humanos a nivel internacional advierten que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG busca estigmatizar, amenazar y reducir la ayuda humanitaria en Venezuela

Foto: Provea

Las redes regionales de organizaciones de la sociedad civil Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Civicus, IFEX-ALC y Voces del Sur denunciaron este 17 de enero que el Gobierno de Nicolás Maduro, a través del Poder Legislativo, busca aprobar una ley que «habilita la criminalización de organizaciones y actividades legítimas de la sociedad civil venezolana protegidas por el derecho humano a la libertad de asociación, que es fundamental para garantizar el espacio cívico».  

«Tras su aprobación en la primera discusión hace casi un año, el pasado 12 de enero se retomó el proceso de revisión parlamentaria de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” con el inicio del proceso de consulta pública, a pesar de que a la fecha el proyecto no se encuentra pública y formalmente disponible» denunciaron las cuatro instituciones a través de un comunicado de prensa. 

Destacaron que, desde la presentación ante el parlamento de la ley, se planteó un discurso estigmatizante que ubica a las organizaciones civiles que hacen trabajo social, humanitario y de promoción de derechos humanos como «enemigas de la patria», acusadas de usar «fondos ilícitos» para «financiar el terrorismo». 

«La propuesta legal otorga facultades al Poder Ejecutivo de supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las organizaciones y sujetos obligados, a través de atribuciones legislativas y de fiscalización. Tales capacidades someten la existencia de las organizaciones a la discrecionalidad de los intereses del gobierno de turno, lo que vulnera la autonomía e independencia», reitera el comunicado. 

Un gobierno opaco exige transparencia a terceros

El proyecto impone la obligatoriedad de proporcionar «datos sobre la constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento», «en un contexto donde se ha utilizado información de este tipo para perseguir y criminalizar sectores críticos al gobierno», denuncian las ONG. 

«Miles de personas dentro del país son beneficiarias de programas de asistencia social y humanitaria necesarios para atender la emergencia humanitaria compleja, de aprobarse esta ley dicho trabajo estaría severamente restringido. De igual forma, bajo esta legislación toda iniciativa autónoma e independiente de los intereses gubernamentales quedaría ilegalizada y sería automáticamente sospechosa de la comisión de delitos, esto incluye organizaciones, colectivos y movimientos sociales, religiosas, sindicales, educativas, comunitarias, ambientales, vecinales, entre otras», advierte el comunicado. 

Otras instituciones que analizan las violaciones a los derechos humanos, como la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch, la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), expresaron que el proyecto de ley tiene un «lenguaje vago y ambiguo en el borrador actual (…) que genera alertas» ante una nueva ola de represión en el país.

«Exhortamos a la comunidad internacional a dar su apoyo con acciones que eviten que esta y otras legislaciones similares en la región avancen, ya que solo buscan restar libertades en nuestros países. Tales iniciativas alimentan narrativas estigmatizantes y promueven más acciones restrictivas y antidemocráticas», aseveraron las instituciones en el comunicado. 

“Hay militares y civiles”: Las perlas de Diosdado Cabello sobre supuestos actos “conspirativos”

El primer vicepresidente del Psuv informó que “han capturado a algunas personas, que ya han confesado”, pero que los organismos de seguridad lograron desmantelar dichas acciones

 

La noche de este miércoles, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello reveló detalles sobre presuntos planes conspirativos anunciados previamente por Nicolás Maduro en la transmisión de su memoria y cuenta del pasado lunes.

Durante la emisión de su programa “Con el Mazo Dando”, Cabello aseguró que en cualquier momento se conocerá toda la trama en torno a los supuestos cuatro planes conspirativos que denunció Maduro.

El primer vicepresidente del PSUV informó que “han capturado a algunas personas, que ya han confesado”, pero que los organismos de seguridad lograron desmantelar dichas acciones. 

A continuación las perlas conspirativas de Diosdado Cabello:

«Nosotros vamos, contra los que han querido pedir invasiones en contra del país. No vamos a permitir que sigan haciendo daño al país»

«En cualquier momento saldrá toda la trama, mucha gente comprometida; militares retirados algunos, civiles, ellas y ellos».

Refiriéndose a la oposición dijo: “Son expertos en buscar en los oficiales retirados lo peorcito, gente sin liderazgo”

“El documento lo primero que decía que entraban por el estado Táchira y la primera cabeza que debía rodar es la Freddy Bernal. Textualmente lo decía”.

«Encontramos allí un señor (…) tenían un Ministro de Defensa para el gobierno de transición que ha dicho todo y se le ha encontrado todo».

«Iba a tener lugar el 1 de enero en la madrugada, cuando nos estuviéramos dando el Feliz Año, venía la noticia y con eso arrastrar al Pueblo, desmoralización y tristeza para nuestro Pueblo»

«El que se suma, que asuma su responsabilidad, que el país, el Estado, va con todo, con todo. No le vamos a perdonar ni la mínima. Pueden ir al mundo a decir lo que quieran. No nos vamos a dejar tumbar, no nos vamos a dejar que embochinchen al país, no vamos a permitir guarimbas, no vamos a permitir terrorismo ni violencia».

Denuncian agresiones a mujeres docentes durante detención de dirigente sindical Víctor Venegas

0
Advierten que los docentes públicos perciben un ingreso de 0,12 dólares diarios si se toma como referencia únicamente el sueldo mínimo venezolano

La asociación civil Frente Amplio de Mujeres Venezuela Libre denunció este 17 de enero que agredieron físicamente a mujeres docentes durante la detención arbitraria del presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de Venezuela (Fenatev), seccional Barinas, Víctor Venegas. 

«La tiraron (la empujaron) a la fuerza, le quitaron un niño a la profesora Sivila de las manos, nos jalonearon, nos lanzaron contra el piso… No nos dejaron ni hablar», denunció una de las víctimas a través de un video en la red social X de la asociación civil.

De acuerdo con la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), una docena de docentes del estado Barinas, al occidente de Venezuela, estaban reunidos en una asamblea cuando funcionarios de seguridad Estatal interrumpieron «irrumpieron de manera violenta» el lugar. 

Después que los funcionarios del Estado se llevaran a Vanegas. Posteriormente, el fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó a través de la red social X que el presidente de la Fenatev será procesado por «conspiración», sin ofrecer más datos sobre el caso. 

«Al señor Víctor se lo llevaron a la fuerza. (…). Nosotros no somos delincuentes, somos docentes. Lo que estamos exigiendo es un salario digno, porque nos lo merecemos. Los hijos de esos funcionarios son alumnos nuestros», agregó la maestra afectada en Barinas. 

https://twitter.com/FteMujeresVzla/status/1747696126839476310

Protestas por salarios dignos

Entre el 15 y el 17 de enero el gremio docente venezolano ha denunciado mejoras salariales. El Estado ofrece una remuneración de 130 bolívares, equivalentes a un monto menor a 4 dólares según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela. 

De acuerdo con las Naciones Unidas, una persona se considera en pobreza extrema si percibe un ingreso menor a 1,25 dólares americanos diariamente. Para el momento de redacción de este texto, un profesor público venezolano percibe un ingreso aproximado de 0,12 dólares diarios si se toma al sueldo mínimo como único beneficio. 

El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) informó este martes, 16 de enero, que en Venezuela se registraron 1.003 conflictos laborales durante el año 2023, la mayoría motivados por la exigencia de «salarios dignos».

«El Inaesin registró 45,95 % menos casos en 2023 que los 1.856 de 2022, un año de alta conflictividad laboral», explicó la organización en los datos difundidos.

Organizaciones No Gubernamentales como Provea y Fundehullan reclamaron al Estado venezolano la liberación Vanegas, la investigación de los funcionarios que maltrataron a las docentes el 17 de enero en Barinas y el aumento del salario mínimo venezolano. 

«Un procedimiento de violencia y agresiones por parte de los órganos de seguridad contra mujeres, menores de edad y líderes sindicales. En Venezuela ser docente y exigir un salario digno se criminaliza. Exigir derechos no es conspiración, no delito», agregó Lexys Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz. 

“Tienen terror a medirse e inventan conspiraciones”: Machado condenó detención de dirigente sindical en Barinas

0
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) también condenó la “detención ilegal del profesor” y la “constante persecución a todo venezolano que se pronuncie en contra de la desidia y la crisis generadas por el régimen”

 

Este miércoles, 17 de enero, María Corina Machado afirmó que con la detención del profesor y dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenatv), Víctor Venegas, el régimen de Nicolás Maduro demuestra que tiene miedo a medirse y por tal razón “inventa conspiraciones”.

A través de su cuenta en X, antes Twitter, la candidata a las elecciones presidenciales por la oposición, afirmó que “estamos resteados con elecciones libres este año y les vamos a dar la derrota histórica”.

“Exigimos su libertad inmediata, el respeto a todos sus derechos, y el cese total a la persecución política de todos los venezolanos”, posteó machado en la red social.

ONG condenan exigen la liberación del profesor

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) también condenó la “detención ilegal del profesor” y la “constante persecución a todo venezolano que se pronuncie en contra de la desidia y la crisis generadas por el régimen”.

“El ensañamiento con aquellos que solo buscan mejores condiciones laborales, especialmente en el área educativa, solo confirma que el régimen quiere mantener a Venezuela en la miseria”, dijo la PUD en X, donde aseguró que la “criminalización” de la protesta “no va a detener la justa lucha de los trabajadores” contra los “sueldos de hambre”.

La ONG Provea se unió al rechazo y pidió que se deje de “satanizar” la lucha de los trabajadores.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió que se garanticen los derechos del profesor establecidos en la Constitución.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia también rechazó la detención del dirigente gremial y expresó su solidaridad con todos los maestros que luchan por un salario digno. 

Varias organizaciones internacionales rechazan criminalización del trabajo de las ONG en Venezuela

0
Las limitaciones impuestas a las ONG pueden dificultar su capacidad para recopilar información esencial para la investigación en curso

Organizaciones internacionales manifestaron una “profunda preocupación” por la intención del gobierno de Nicolás Maduro de avanzar en la aprobación de una ley en contra de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Venezuela.

Se trata del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que se presentó ante la Asamblea Nacional oficialista el 24 de enero de 2023.

“El texto del proyecto contradice normas y estándares internacionales de derechos humanos y representa una grave amenaza para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC)”, advirtieron en un documento conjunto, Robert F. Kennedy Human Rights, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch, la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

El pasado 9 de enero de 2024, la AN chavista reanudó los esfuerzos para aprobar esta ley, según el anuncio de Jorge Rodríguez, de llevar a cabo una consulta pública sobre el contenido del proyecto de ley, con el objetivo de facilitar una segunda discusión que conduzca a su aprobación final.

En caso de ser promulgada, advierten las organizaciones, “esta ley tendría el efecto de obstaculizar la libertad de asociación y el accionar libre e independiente de las organizaciones de la sociedad civil, al obligarlas a buscar autorización del gobierno para su funcionamiento y revelar cualquier financiamiento extranjero”.

“El lenguaje vago y ambiguo en el borrador actual del proyecto de ley genera alertas frente a una persecución intensificada contra personas defensoras de derechos humanos, con posibles multas, cancelaciones de registro e incluso cargos criminales. El énfasis explícito de la ley en el financiamiento extranjero y la designación de las ONG como ‘agentes extranjeros’ agrava aún más sus preocupantes características”, añade el comunicado.

Las organizaciones recuerdan que no es la primera vez que el Estado adelanta esfuerzos legales o administrativos para limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

Independientemente de la aprobación final de esta ley, agregaron, “la sola existencia de este tipo de propuestas legislativas representa una amenaza, tiene un efecto intimidatorio sobre la sociedad civil y constituye una forma de control, todo lo cual va en contra de la obligación estatal de asegurar un entorno propicio para la defensa de los derechos y los valores democráticos”.

Dificultad para la CPI

A medida que Venezuela avanza en un año crucial para la investigación en la Corte Penal Internacional, las limitaciones impuestas a las ONG pueden dificultar su capacidad para recopilar información esencial para la investigación en curso y, en última instancia, dificultar la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad, advierte el texto.

También, conforme el país se acerca a las elecciones presidenciales de este año, así como a las elecciones legislativas y regionales en 2025, “la temporalidad de este proyecto de ley suscita preocupaciones sobre posibles aumentos en la represión gubernamental, situaciones que son tradicionalmente monitoreadas por las organizaciones de la sociedad civil”.

“Llamamos a la comunidad internacional a condenar tanto el proyecto de ley propuesto como los esfuerzos continuos del gobierno venezolano para hostigar a las organizaciones de la sociedad civil en el país. Les instamos a solidarizarse con las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela que enfrentan una criminalización y persecución constantes”.

Finalmente, instan al gobierno de Maduro “a cesar cualquier forma de hostigamiento contra las organizaciones de la sociedad civil y a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para garantizar un entorno propicio para las personas defensoras de derechos humanos”.

Exhortan al CNE a realizar nueva jornada de inscripción y actualización en el registro electoral

0
Patiño abogó por que el Poder Electoral realice un operativo para que los 1.991.336 jóvenes entre 18 y 35 años que están en el país puedan inscribirse en el Registro Electoral. Dijo que la participación de los jóvenes es decisiva para el cambio político.

El dirigente social y político Roberto Patiño, exhortó este miércoles, 17 de enero, a que el Consejo Nacional Electoral organice una nueva jornada de inscripción y actualización de datos del Registro Electoral.

De acuerdo con una nota de prensa, Patiño señaló que el Poder Electoral puede realizar en cualquier momento estas jornadas de actualización, que no está condicionada por ningún cronograma comicial.

Asimismo, el dirigente afirmó que no existe ningún artículo en la Ley de Procesos Electorales (Lopre) que impida que se inicie este operativo, aunque no se haya convocado aún la elección presidencial.

Dijo que se calcula que 535.033 jóvenes que viven en el país cumplirán 18 años entre 2023 y 2024.

Campaña para el Registro Electoral

Patiño exigió al CNE que el nuevo proceso cuente con una campaña informativa sobre la ubicación de los puntos y los requisitos para inscribirse.

Además, denunció que en jornadas anteriores en algunos centros pidieron documentos expedidos por los consejos comunales. La normativa sólo exige la cédula laminada así esté vencida.

Recordó que no se cubrieron las 1.136 parroquias en las que están divididos los 335 municipios del país. Además, aseguró que los horarios de trabajo y la apertura de algunos módulos o centros de actualización fue irregular.

Insistió en que debería haber, al menos, un centro por municipio y en los municipios grandes como Libertador (Caracas), varios puntos.

Recomendó que los puntos de inscripción deben estar a la vista y en lugares como el Metro, centros comerciales, pues el elector no debe estar “persiguiendo” los centros.

“Hace 15 años el CNE desplegó puntos en las estaciones del Metro y lugares públicos para que la gente se inscribiese. Lograron una cobertura de 90% del censo electoral”, apuntó.

¿Por qué participar?

Roberto Patiño afirmó que los jóvenes se deben motivar a inscribirse en el Registro Electoral.

“La única solución para superar esta tragedia es el cambio político, y para lograrlo los jóvenes son decisivos. Para que puedan participar en las próximas elecciones tienen que inscribirse para votar”, dijo.

Explicó que esta crisis impide las oportunidades de trabajo y formación a los jóvenes para que puedan prosperar en Venezuela.

“No tienen alternativas para superarse y no trabajar como caleteros toda la vida. Son pocas las ofertas de empleo bien remunerado en el país”, añadió.

Enfatizó que a los jóvenes también les toca trabajar para mantener a sus familiares de la tercera edad que “ganan pensiones miserables”.

*Nota de prensa

Pacientes con cáncer de mama deben esperar más de un año para operarse

0
Durante el mes de diciembre 2023, el monitoreo de la ENH registró que en promedio, se realizan un total de 22 cirugías electivas a la semana por hospital

La Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), iniciativa de la ONG Médicos Unidos por Venezuela, reveló que los pacientes con cáncer de mama deben esperar más de un año para poder operarse.

Mediante su informe “Cirugías Electivas: Tiempos de Espera”, la ENH indicó que medir el tiempo de espera para cirugías catalogadas como “no urgentes o electivas” también es una forma de evaluar la capacidad de atención y respuesta en los hospitales.

Estos procedimientos, agregó la ENH, abarcan una amplia gama que incluyen desde cirugías asociadas a patologías oncológicas e incluso, cirugías estéticas. 

La organización toma en cuenta cuatro tipos de cirugías: relacionadas a cáncer de próstata y mamas, histerectomías y vesícula.

Para diciembre de 2023, de acuerdo con el informe, las cirugías que mayor tiempo de espera reportan son las asociadas a las de pacientes con cáncer de mama: 22% de los hospitales monitoreados reportaron que el tiempo de espera es desde 6 meses hasta más de un año.

“Si bien estos datos no profundizan en el tema, si nos indican que las mujeres se ven más afectadas por el retraso quirúrgico”, revela el texto.

Encuesta Nacional de Hospitales

La ENH enfatizó en que, en los casos oncológicos, el tener acceso a las cirugías en un marco de tiempo apropiado “puede hacer la diferencia en el desarrollo y tratamiento de la enfermedad”.

Entender de dónde vienen los retrasos

El informe de la Encuesta Nacional de Hospitales indicó que es importante entender de dónde viene este retraso en las cirugías electivas y por lo tanto en las largas listas de espera para poder entrar a quirófano.

Al respecto, revelaron en el texto, para el mes de diciembre 2023 el monitoreo de la ENH registró que en promedio se realizan un total de 22 cirugías electivas a la semana por hospital. 

Además, en promedio, los hospitales monitoreados, que son todos hospitales tipo III y IV, es decir, de alto nivel de complejidad y en su mayoría hospitales de referencia regional y nacional, tienen apenas 4 quirófanos operativos,
y reportan más de 70% de escasez en insumos básicos. 

Esa situación, advierte la ENH, causa que el acceso en tiempos apropiados a los quirófanos sea muy limitado, “afectando así el acceso a la salud y especialmente la calidad de vida de los venezolanos”.