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Abogados no han podido impugnar privación de libertad de Rocío San Miguel

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Este martes, 27 de febrero, Juan González Taguaruco, abogado defensor de Rocío San Miguel, denunció que no han podido impugnar la privación de libertad de la activista y tampoco asistirla con la defensa privada. 

«Se ha vulnerado el derecho de la doctora San Miguel y del señor González de Canales a comunicarse con sus familiares y abogados de confianza. El retardo en la constitución de la defensa técnica trae un gravamen adicional y es que no se pudieron impugnar las decisiones que restringen la libertad de los detenidos, lo que es una violación grave al derecho a la defensa», enfatizó el abogado en declaraciones a VPItv.El abogado explicó que ayer se venció el plazo para que el Tribunal 2° de Terrorismo se pronunciara ante la solicitud de la hija de Rocío San Miguel de que se le permitiera juramentar a la defensa de la activista; pero ello no ocurrió. No hubo respuesta.

“A 19 días de su detención forzada, todavía sus abogados privados no han podido realizar este procedimiento que garantizaría una asistencia legal”, dijo González.

González Taguaruco subrayó que no existe ningún elemento probatorio que compruebe los señalamientos que ha hecho de forma pública el fiscal general designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab.

«Las diligencias de la fase preparatoria tienen carácter reservado, si respetamos la ley no podemos revelar el contenido del expediente. Con mucha ligereza, el ciudadano Tarek William Saab ha mostrado los mapas que tenía Rocío San Miguel, por supuestamente tener evidencia de interés criminalístico relevante. Esa información de los mapas está en la Gaceta Oficial y además la doctora es investigadora y fue profesora de la Escuela Superior de Guerra», indicó.

El abogado de la presidenta de Control Ciudadano también considera un absurdo pretender vincular a Rocío San Miguel con un plan para asaltar unidades militares «por el hecho de que aparezca en el directorio telefónico de un oficial».

Detenidos y presentados ante Tribunales Contra el Terrorismo

San Miguel permanece detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide. El 12 de febrero, la abogada fue presentada ante el Tribunal 2do Contra Terrorismo, donde fue imputada por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, y sin la presencia de sus abogados.

Por su parte, Alejandro González de Canales, coronel retirado de la Aviación, está recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta. El militar fue acusado por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

La ONG Encuentro, Justicia y Perdón informó el lunes 26 de febrero que la defensa de la presidenta de Control Ciudadano presentó un recurso de apelación contra la decisión dictada por el Juzgado 2do. de Terrorismo, que limita el ejercicio del derecho a la libertad de los ciudadanos Miranda Díaz San Miguel, Luís Alberto San Miguel, Miguel Ángel San Miguel y Víctor Díaz Paruta.

 

*Con información de TC

AI contribuye con investigación de justicia argentina sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

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El pasado 26 de febrero, Amnistía Internacional aseguró que la justicia argentina es plenamente competente para investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

En un escrito consignado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No.2 de Argentina, a través de una intervención conocida como amicus curiae (amigo del tribunal), la organización ofreció argumentos jurídicos en torno a la jurisdicción universal y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela que dan cuenta de por qué en ese país las violaciones a derechos humanos siguen en impunidad.

“Amnistía Internacional cree firmemente en el enorme potencial que tiene el uso de la jurisdicción universal en Argentina para proteger el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes internacionales cometidos en Venezuela”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En este sentido, en su escrito, la organización expuso cómo “la regulación de la jurisdicción universal del artículo 118 de la Constitución de la Nación Argentina, los precedentes jurisprudenciales internos, la normativa internacional aplicable, y la calificación del delito en este caso como de lesa humanidad, hacen patente que el principio de jurisdicción universal es aplicable a pesar de que los hechos hayan acaecido en territorio extranjero e involucren a sujetos activos y pasivos foráneos”.

“Falta de un sistema de justicia independiente”

La demanda presentada ante la justicia argentina en junio de 2023 por víctimas de crímenes de lesa humanidad y la Clooney Foundation for Justice tiene su origen en la falta de un sistema de justicia independiente en Venezuela.

Amnistía Internacional reitera cómo “el sistema de justicia de Venezuela ha demostrado que no tiene voluntad ni capacidad para genuina y adecuadamente investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes graves de derechos humanos en su jurisdicción doméstica, menos aún a aquellos que ostentan altos cargos en las líneas de mando.”

La investigación abierta por la justicia argentina se enmarca en un contexto de “creciente represión por las autoridades venezolanas en el país”, incluida la desaparición y detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y también la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.

“Estamos presenciando un nuevo recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos (…) Mientras la crisis de derechos humanos en Venezuela está en un momento álgido, no hay mejor oportunidad para ponerle freno a los perpetradores de estas violaciones y crímenes y aplicar toda la fuerza del derecho penal internacional para ofrecer justicia para las víctimas. La justicia argentina tiene la oportunidad de ser protagonistas de este esfuerzo”, aseveró Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Cabe destacar que el derecho internacional es consistente en permitir que todos los Estados se encuentran facultados para investigar y, si existiesen pruebas admisibles suficientes, sancionar a los responsables de crímenes de derecho internacional.

Según estima la organización, el principio de jurisdicción universal ha sido reconocido por, al menos, 163 estados, es decir más del 85% de los países del mundo.

La verdad sobre los Bonos 2020

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La opinión de la Corte de Apelaciones de NY viene a reivindicar el sentido del interés público donde lo político, lo privado y lo personal no pueden transgredir el interés público nacional y su marco regulatorio originario

 

@ovierablanco

El 20/2/24 la Corte de Apelaciones de NY decidió favorablemente la apelación ejercida por Petróleos de Venezuela S. A., vinculada a la validez del canje de Bonos 2020, emitidos por la estatal petrolera venezolana y garantizados con el 50.1 % del capital social de PDV Holding en CITGO Holding, propietaria de Citgo Corporation. Esta decisión básicamente determina que para la validez de dicha emisión debe considerarse la aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [CRBV], específicamente de los artículos 150 y 187.9.    

Un precedente normativo según el cual opiniones o determinaciones políticas no pueden omitir la ley, cuando la norma constitucional condiciona la intervención de otros poderes para validar, de manera efectiva y pertinente, el endeudamiento público.   

La Sentencia. De los contratos de interés público nacional

Dice la sentencia: “El Artículo 150 de la CRBV establece que ‘la celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la AN en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la AN. La ley podrá́ exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías”.

Por su parte, dispone el Artículo 187.9 ejusdem: “Corresponde a la AN: autorizar al Ejecutivo nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela”.

La distinguida obra de Jesús Caballero Ortiz [De los contratos administrativos, de los contratos de interés público y los contratos de interés nacional], cita las notas de Gonzalo PÉREZ LUCIANI, quien señala “que fue en la Constitución de 1864 cuando apareció por primera vez la expresión «contratos de interés nacional», los cuales debían ser sometidos a la aprobación de la «Legislativa». La disposición se mantiene, con algunas variantes, en las constituciones desde la de 1874 hasta la de 1947”. Solo en la Constitución de 1953 desaparece la atribución al conferírsele al presidente de la República la potestad de celebrar contratos sin alguna otra calificación [período dictadura de Pérez Jiménez].

Sin embargo, en la Constitución de 1961 reaparece la norma al prever, en el artículo 126, lo siguiente: “Sin la aprobación del Congreso, no podrá́ celebrarse ningún contrato de interés nacional, salvo los que fuesen necesarios para el normal desarrollo de la Administración Pública o los que permita la ley [omissis]. Tampoco podrá celebrarse ningún contrato de interés público nacional, estatal o municipal o nacional, con estados o entidades oficiales extranjeras ni con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos, sin la aprobación del Congreso”.

Tal y como lo destaca PÉREZ LUCIANI, las expresiones contratos de interés nacional y contratos de interés público constituyen nociones autóctonas que figuran en nuestras constituciones desde 1864, diferentes al criterio francés del caso Arret Terrier [Francia], donde cualquier contrato de la administración pública, que tenga que ver con la organización y funcionamiento de la administración pública, se considera parte de la administración pública.

PÉREZ LUCIANI establece acertadamente que la preocupación del constituyente “ha girado en torno a cuestiones como los importantes compromisos económicos o financieros que pudieran resultar a cargo del Estado [de contenido administrativo y público]; el temor a que se malgasten o dilapiden los fondos públicos o la necesidad de conservar los bienes patrimoniales o los recursos materiales del Estado […]. La aparición del término contrato de interés nacional en la primera Constitución federal, sometiéndolos a una regulación que incluía su aprobación por el Congreso, revela una preocupación por las consecuencias económicas y financieras debidas a los contratos y compromisos asumidos por los gobiernos de la llamada «oligarquía conservadora. ¿Qué otra preocupación podrían tener los constituyentes de 1864?”. Otro elemento es la circunstancia “que el pago del contrato deba hacerse con cargo a varios ejercicios fiscales, de tal modo que se comprometan cantidades de dinero y recursos fiscales de presupuestos futuros”. 

El dictamen considera relevante la valoración histórica y constitucional resumida en los artículos 150 y 187.9 de la CRBV. Aunque no analiza el alcance de los conceptos in comento, sí invita a valorarlos para considerar válida [o no] la emisión de los Bonos 2020 y la pignoración del 50.1 % de CITGO “conforme a la jurisdicción del ente emisor”. Sin duda alguna, comprometer más de la mitad del capital social de la principal empresa del Estado Venezolano en el exterior, CITGO, comporta una obligación de elevadísimas consecuencias económicas y financieras, que pignora el patrimonio nacional y compromete generaciones futuras. Esta lógica jurídica –y también comercial  trata de proteger tanto el erario público como a los inversionistas, quienes deben estar persuadidos de la legalidad de los instrumentos en los que invierten. 

Un endeudamiento irresponsable e inconstitucional

En abril 2007 PDVSA emitió 3000 millones de dólares en bonos no garantizados en NY, cuyo vencimiento estaba previsto para abril 2017. En octubre 2010 y enero de 2011, PDVSA emitió además un total combinado de 6150 millones de dólares en bonos adicionales con vencimiento noviembre 2017. Estas emisiones son colectivamente denominadas “Bonos de 2017”. A medida que se acercaba la fecha de vencimiento de los Bonos de 2017, quedó claro que, debido a la disminución de los ingresos petroleros, era probable que PDVSA incumpliera los pagos de los Bonos de 2017. En mayo de 2016, el presidente Nicolás Maduro declaró un “Estado de Excepción y Emergencia Económica” otorgándose la autoridad para ejecutar contratos de interés público unilateralmente [opinión Corte de Apelaciones 20/2/24].

Trece días después, la AN de Venezuela [electa en 2015], aprobó una resolución que decía: “En relación con contratos de carácter nacional e interés público celebrado por y entre el Ejecutivo Nacional y empresas no domiciliadas en Venezuela, la CBV ordena, sin excepción, la aprobación de la AN” y “toda actividad realizada por un órgano que usurpe funciones constitucionales […] de otra autoridad es nula y se tendrá por inexistente”. No obstante, a principios de septiembre de 2016, el directorio de PDVSA aprobó la transacción de canje en cuestión.

Las partes coinciden en que la transacción fue un intento de evitar el incumplimiento de los Bonos 2017, retrasando la fecha de vencimiento tres años más. Las Notas 2020 fueron garantizadas por una prenda de PDVH [Petróleos de Venezuela Holding] del 50.1 % del capital social de CITGO Holding [otorgada unilateralmente por el Ejecutivo nacional]. La prenda tiene a PDVH como pignorante, PDVSA emisor, y las demandadas GLAS Américas, LLC (GLAS) como agente colateral y MUFG Union Bank, N. A. et al como agente fiduciario. La AN respondió aprobando una II resolución que decía que la oferta de canje y garantía del 50,1 % de acciones de PDVSA en la filial CITGO Holding, vulnera la facultad de control de la AN [Art. 187.9 CBV] y cualquier transacción que comprometa como garantía los activos de PDVH;

La oferta de canje expiró el 21/10/2016. Tenedores del 39,4 % del monto principal de los Bonos 2017, [2800 millones de dólares], aceptaron la oferta. PDVSA y sus subsidiarias ejecutaron oferta de canje. Las Notas 2020 se emitieron el 28/10/2016 por un monto principal $3300 millones, a pesar de la objeción de la AN… En octubre de 2019, la AN aprobó una tercera resolución que abordaba la oferta de canje. Designó el contrato como “contrato público nacional” que debería haber sido autorizado por la AN conforme al artículo 150 de la Constitución, y afirmó que la transacción no estaba autorizada.

La junta directiva ad hoc demandó nulidad de los Bonos de 2020 por “inválidos, ilegales, nulos y sin valor ab initio y, por lo tanto, inaplicables”. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York [ en I Instancia] aceptó la moción de los demandados, denegó la moción de los demandantes y declaró, entre otras cosas, que “los Bonos de 2020 y los Documentos Rectores son válidos y ejecutables». El tribunal ad quo [Distrito Sur de NY] concluyó que el Art. 150 de la Constitución Venezolana no se refería a la autorización de los Bonos 2020, porque se aplicaba a una “categoría amplia de contratos, y no tiene nada que ver con la emisión de valores”.

En lugar de considerar la aplicación de una ley más específica, «el tribunal [Distrito Sur de NY] aplicó el análisis del “centro de gravedad” o de la “agrupación de contactos” para concluir que la ley de NY se aplica porque “tiene la relación más sustancial con la ley”. La junta directiva de PDVSA ad hoc y su procurador especial apelaron esta decisión, por considerar que estábamos frente a un endeudamiento ilegal, no daba margen de negociación y colocaba a la empresa en un estado de ejecución perentoria de la garantía. 

¿Dónde estamos y adónde vamos?

Es importante subrayar que la Corte Superior de NY aplazó la decisión del Distrito Sur de NY, porque “este caso plantea cuestiones importantes sobre el alcance de una disposición aún no interpretada por mandato propio del Código de Comercio de Nueva York y sobre posibles excepciones del derecho consuetudinario al enfoque general de ese estado”.

La Corte de apelaciones respondió afirmativamente a las cuestiones relacionadas con la “validez del valor” en cuestión, y concluye “que Bonos 2020, se rigen y valoran por la ley de Venezuela, es decir, la ley local de la jurisdicción del emisor” según código de comercio de NY/UCC 8-110 (a). Lo anterior quiere decir que el argumento de los demandantes de que los Bonos 2020 son inválidos, tiene asidero, porque su emisión contravino normas constitucionales que requerían aprobación de la AN.

Como señala el exprocurador José Ignacio Hernández, “lo que va a pasar es que la Corte de Apelaciones va a declarar con lugar la apelación, al considerar que el derecho de Venezuela sí rige los bonos. Luego, el caso volverá a la Corte de Distrito para dictar una nueva sentencia”.

Los lobos bonistas

Algunos venezolanos abogan por la “legalidad” de los Bonos 2020, confundiendo a la opinión pública. Hacen creer que esos instrumentos y documentos rectores [prenda] gozan de legalidad, viabilidad y valor ejecutable. La opinión de la Corte de Apelaciones de NY viene a reivindicar el sentido del interés público donde lo político, lo privado y lo personal no puede transgredir el interés público nacional y su marco regulatorio originario.

Es un precedente muy importante porque confiere peso a los contratos de interés público, y a la valoración que la carta magna confiere a la visión de derecho internacional público como ley rectora, ”cuando grandes contrataciones susceptibles de comprometer gravemente el patrimonio económico de la República, de exponerla a pérdidas graves o inclusive a reclamaciones internacionales, pudieran llegar a atentar contra la soberanía o la integridad del país” [Allan Brewer ob. cit Cfr. José Melich Orsini, La noción de contrato de interés público, en Revista de Derecho Público n° 7, Caracas, 1981, p. 61]

En resumidas, un contrato de interés público lo es tanto en defensa de la nación y sus connacionales, como para los inversionistas locales, quienes deben estar persuadidos y seguros de la legalidad del instrumento financiero de un estado en el cual están invirtiendo. La Corte de Apelaciones de NY ha ordenado revisar la ley aplicable. Y corresponde a la Corte de Distrito Sur de NY volver a sentenciar. Una victoria procesal trascendente para la protección del patrimonio de la nación ante cortes extranjeras.

vierablanco@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 
 

Machado afirma que por primera vez en 25 años hay una oportunidad real de cambio

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La ganadora de las elecciones primarias opositoras, María Corina Machado, aseguró que por primera en 25 años existe en el país una oportunidad real de cambio político, y declaró además que en Venezuela se está viviendo un “fenómeno social muy poderoso”.

“Estamos en un lugar diferente, y esto está cambiando por hora. Pensar que esto es un problema electoral es no entender lo que sucede en Venezuela. Esto es profundo, es un fenómeno social muy poderoso”, dijo Machado durante su participación virtual en un coloquio acogido por el centro de pensamiento estadounidense Atlantic Council para tratar la situación electoral del país.

Ratificó que la oposición ha “construido una fuerte unidad”: “Todos los partidos políticos me apoyan públicamente y hasta gente de la base chavista se ha acercado a mí para saber cómo sería una transición (democrática) conmigo”.

La candidata de la oposición mencionó los obstáculos que ha atravesado tras ser elegida en las primarias, calificándose como una “candidata en persecución” debido a las prohibiciones que la administración de Nicolás Maduro ha dirigido en su contra. 

“Yo no puedo agarrar un avión, yo no puedo rentar un sonido, ni equipos de transporte para mis compañeros; tres de mi equipo nacional está bajo juicio, les cancelaron pasaporte; y cuatro miembros de mi equipo en los estados están detenidos, más todas las amenazas que estoy recibiendo. Entonces, ¿quién está bloqueando el proceso electoral? Nosotros estamos cumpliendo con la Constitución”, aseveró.

 

A pesar de la inhabilitación que le fue ratificada en enero por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la cual le impide ejercer cargos públicos de elección popular hasta 2036, la presidenta de Vente Venezuela continúa recorriendo el país y “cumpliendo con su responsabilidad”. Instó nuevamente a Maduro a buscar garantizar una transición pacífica en la nación.

“Los venezolanos estamos empoderados porque hemos decidido qué queremos y a quién queremos: las ideas, visiones y quiénes deben estar al frente”, dijo.

Machado insta a Maduro a cumplir con el Acuerdo de Barbados

Actualmente se encuentran detenidos tres dirigentes regionales del partido de Machado, quienes junto a otras más de 30 personas han sido acusadas de presuntos planes de asesinato a Maduro

Sin embargo, la líder opositora se desvinculó de las conspiraciones, aseverando que Maduro “tiene miedo porque todo el mundo está convencido de que ganaría las elecciones”.

Por ello, Machado recalcó que el gobierno tiene dos opciones: “O cumple los acuerdos y deja que compitamos en unas elecciones libres y justas o acaba con el proceso (democrático) con la presión interna y el aislamiento internacional que supondría esto”.

A pesar de que aún no hay fecha prevista para las elecciones presidenciales, la exdiputada se mantiene positiva ante su papel como líder de la oposición y candidata a los comicios. “Estamos creciendo y vamos a ganar”, afirmó.

Reiteró que a la administración de Maduro “le conviene establecer una verdadera negociación para la transición democrática”.

«Sería gravísimo»: Ministra chilena sobre hipótesis de que agentes venezolanos secuestraron a exmilitar refugiado

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«El esfuerzo que ha hecho Chile por tener una colaboración con Venezuela es para perseguir el crimen organizado, no para hacer persecuciones políticas», afirmó la ministra de Interior de Chile, Carolina Tohá, en una entrevista al medio Tele13 Radio este 27 de febrero.

La ministra chilena reafirmó que los funcionarios del gobierno de Gabriel Boric no tiene ninguna conexión con el secuestro del exmilitar y ex preso político venezolano Ronald Ojeda Moreno el pasado 22 de febrero.

Afirmó que los avances de la investigación de su paradero «son significativos», pero no puede dar más detalles por la integridad de la víctima. 

«Chile ha sido crítico de muchas dinámicas políticas que han ocurrido en Venezuela, y lo menos que haríamos es prestarnos para ser parte de las querellas internas que ese país tiene con sus opositores. Al contrario, nos conviene que haya un diálogo, que haya una democracia que funcione plenamente… Sería un sin sentido total». 

Tohá informó que la investigación del caso Ojeda queda bajo la discreción de la Fiscalía para proteger la integridad del ex preso político venezolano, quién en noviembre de 2023 solicitó y obtuvo el asilo político en el país andino. 

«Quien puede dar los datos de la investigación es la Fiscalía (de Chile). (…) Por la protección de la víctima, no puede haber una trasparencia (hasta que se cierre el caso)», aseveró. 

La hipótesis más grave

El gobierno chileno advirtió que «están abiertas todas las hipótesis» sobre los victimarios del secuestro. Ante la posibilidad de descubrir la participación de funcionarios del Estado venezolano en el caso de Ojeda, la ministra afirmó que sería un hecho «sin precedentes» para el país y «una afrenta» a las relaciones internacionales. 

«Sería gravísimo, sin precedentes (…), de la mayor gravedad, inaudita en lo que son las relaciones entre los países latinoamericanos. Lo tomaríamos como si estuviéramos en otra situación si se diera el caso», dijo. «Ciertamente un acto agresivo, absolutamente», remarcó. 

Previamente, han ocurrido casos como el del preso político Franklin Caldera Martínez, quien en 2021 fue detenido en Colombia por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana (Dgcim), con apoyo de elementos del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), según denuncia la ONG S.O.S Familia Libertad. 

Tohá advirtió que sobre el secuestro de Ojeda existen otras hipótesis que no involucran al gobierno de Nicolás Maduro «y son igual de graves». Precisó que la ciudadanía debe mantenerse «alejada» de información periodística que no provenga de la Fiscalía chilena. 

Impunidad por el Caracazo sigue amparando represión a civiles en Venezuela

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Este lunes, 27 de febrero, la ONG Cofavic denunció que a 35 años de los sucesos del Caracazo aún no hay un solo funcionario condenado por las muertes y lesiones causadas a cientos de civiles que se oponían a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez. 

La ONG Cofavic, que desde 1989 se ha encargado de defender y acompañar a personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos, denunció a través de su cuenta en X, antes Twitter, que “tal impunidad sigue amparando la violenta represión a civiles en Venezuela”.

El Caracazo fue una serie de protestas, disturbios y saqueos que comenzaron en Guarenas y se extendieron a Caracas en los meses de febrero y marzo. Según cifras oficiales se reportaron 276 muertos; sin embargo, datos extraoficiales reportaron unos 3000 fallecidos, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional.

En su cuenta en X, Cofavic destacó una vez más que, a pesar de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ningún funcionario involucrado en estos sucesos ha sido condenado o juzgado.

Cofavic recordó que lo que ocurrió durante el Caracazo (el uso desproporcionado de la fuerza pública contra civiles) es, precisamente, ·lo que hasta nuestros días ha seguido cobrando víctimas tanto en manifestaciones y marchas, como en operativos de seguridad ciudadana”.

Víctimas siguen esperando justicia 

Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional (AI), utilizó la misma red social para recordar que, a 35 años de los sucesos, los familiares de las víctimas aún esperan que se haga justicia. “No más impunidad”, exigió. 

“A 35 años del Caracazo, el gobierno aún mantiene deudas sin saldar, víctimas sin justicia y políticas sin transformaciones estructurales que garanticen los derechos humanos de todas las personas. Familiares y víctimas esperan por verdad, justicia y reparación”, se lee en un video que acompaña la exigencia de Gómez. 

Por su parte, la ONG Provea también recordó otro aniversario del Caracazo y aseguró que en Venezuela continúan las violaciones a los derechos humanos y  “sigue reinando la impunidad”. 

 

“Aquí va a haber elecciones sin ella”: Las perlas de Diosdado sobre Machado y presidenciales

El segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes, 26 de enero, que en el país se harán las elecciones presidenciales sin María Corina Machado, candidata por la oposición electa en la primaria del 22 de octubre de 2023.

Como  ha repetido en varias ocasiones, en esta oportunidad, Cabello volvió a afirmar que Machado no será candidata “ni en esta, ni en futuras elecciones”.

Además, insistió en que este año habrá elecciones en el país y que las mismas se harán “cuando lo diga” el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El oficialista también se refirió a la inhabilitación política que pesa sobre Machado, afirmando que “ahí no hay nada más que discutir”.

A continuación, las perlas más destacadas de Cabello durante sus declaraciones:

“Sobre María Corina Machado, cuando ella dice con su arrogancia que sin ella no puede haber elecciones en Venezuela, cualquier acción sin ella la va a calificar de mal, en este país habrá elecciones este año cuando lo diga el CNE”.

“No hay ni una sola oportunidad que esa señora vaya a participar en las próximas elecciones en Venezuela. No solo en esta, en la próxima tampoco (…) Son pataletas de niño consentido”.

“Va a haber elecciones y este pueblo va a participar y va a elegir al nuevo presidente de Venezuela o al mismo presidente de Venezuela, como les parezca. Nosotros apostamos a que sea el mismo presidente de Venezuela”.

“Ya hay una decisión. Como dicen los abogados, (es una) cosa juzgada, ahí no hay más nada que discutir. (…) Aquí va a haber elecciones sin ella”.

“Es cierto (que hay sanciones), es una gran verdad, pero nosotros hemos demostrado que, aun con la presión de Estados Unidos, este pueblo se crece y se hacen eventos que Estados Unidos no quisiera que ocurrieran en Venezuela”.

Los cinco puntos que exige la Plataforma Unitaria para trabajar en cronograma electoral

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La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) estableció los cinco puntos que exigen para trabajar en un cronograma electoral, de acuerdo con lo dispuesto en los Acuerdos de Barbados.

Mediante un comunicado, difundido este martes, 27 de febrero, la coalición opositora ratificó su “inquebrantable compromiso con la ruta electoral y con la unidad de todos los que luchamos por el cambio, oyendo con respeto sus opiniones”.

Además de querer trabajar en un cronograma electoral y la fecha de la elección presidencial del 2024, también muestran interés en revisar cualquier propuesta o documento referido a la materia electoral, “siempre que sea dentro del marco del Acuerdo de Barbados”.

A eso, manifestaron su compromiso de, junto a María Corina Machado, candidata de la oposición electa en la primaria del 22 de octubre de 2023, “crear las condiciones para que el inminente cambio político se lleve adelante, en el marco del Acuerdo de Barbados”.

En ese sentido, expusieron cuáles son las cinco exigencias para que esto pueda llevare a cabo:

Dejar sin efecto las inconstitucionales y arbitrarias inhabilitaciones que desde el régimen se fabrican a su conveniencia.

Activar mega jornadas de inscripción y actualización del Registro Electoral, dentro y fuera de nuestro territorio, que permitan atender a los casi diez millones de venezolanos que tienen el derecho a inscribirse o actualizar sus datos.

Iniciar de inmediato los trámites pertinentes para que la elección presidencial cuente con observación electoral internacional calificada e integral.

Acordar un robusto protocolo de auditorías de todo el proceso electoral que dé garantías a todos los participantes del proceso en cierne; y

Devolución inmediata de las tarjetas de las organizaciones políticas a sus legitimas autoridades.

Con estos propósitos, la Plataforma Unitaria indicó que asume este 2024 con “optimismo” y con la “esperanza” de que, con el “liderazgo” de María Corina Machado, logren “el cambio para el bienestar de la familia venezolana”.