Detrás del recrudecimiento de las extorsiones en Maracaibo se oculta una disputa entre numerosas bandas criminales, en pleno proceso de reagrupamiento
El reagrupamiento de las megabandas está desarrollándose en forma más rápida que lo esperado. Y comenzó en Zulia, el mismo territorio que hace apenas unos años fue el principal punto de salida de la diáspora que se ha extendido por todos los países latinoamericanos, y de los delincuentes que se ocultaron en ella.
Los ataques a dos locales de Maracaibo, el sábado 18 de febrero, llamaron la atención por la virulencia con que fueron ejecutados. Fueron acciones premeditadas, a plena luz del día, cuando los lugares se encontraban atestados de personas inocentes, ajenas a los propósitos de los delincuentes. El resultado, hasta ahora, ha sido siete personas heridas y un fallecido, Luis Castilla, que era trabajador del local Tu Finca Express.
Pero estos no han sido los primeros casos de 2023, ni la primera muerte.
“La extorsión está desatada en todos los sectores de la ciudad”, afirmó el director del capítulo zuliano del Observatorio Venezolano de la Violencia, Jorge Govea.
Según el investigador, en la actualidad las amenazas son impartidas mediante dos modalidades. En primer lugar, está el lanzamiento de granadas. En 2023 han aplicado este método contra una fábrica de muebles adyacente al terminal de pasajeros de Maracaibo y el Centro Médico Paraíso, específicamente en el área de Emergencias.
En la segunda modalidad, el mensaje es impartido a tiros. En esto, una variante fue vista en el pueblo de Barranquitas, cuando mataron a dos pescadores presuntamente por negarse a pagar “vacuna”. Sus cadáveres fueron arrojados al Lago de Maracaibo. Esta fue la misma razón por la que ultimaron al conductor de una buseta en el municipio San Francisco.
En ambas formas, la violencia de los extorsionadores es más de hecho que simbólica. Hasta ahora, entonces, van cuatro muertes por el accionar de estos grupos, solo en 2023.
En la época previa a la pandemia por el covid-19 se veían en Zulia casos en los que los mensajes para exigir el pago de una “vacuna” eran enviados en videos, donde se mostraba un texto manuscrito acompañado con pistolas y granadas. En otras ocasiones, las granadas eran arrojadas de noche, cuando el local estaba cerrado. A veces, no le quitaban la espoleta para evitar la explosión. El sentido de estas acciones estaba claro. Pero no se atentaba contra ciudadanos comunes.
En ambos grupos (terroristas y extorsionadores criminales) hay una necesidad de incrementar las dosis de violencia fáctica para obtener en las víctimas el mismo resultado que anteriormente se lograba apenas con una amenaza verbal. Es como si en la comunidad donde están las potenciales víctimas se desarrollara una especie de tolerancia.
Los ataques armados del sábado desataron reacciones de todo tipo. El presidente de Fedecámaras Zulia, Ezio Angelini, exigió a los cuerpos de seguridad que esclarezcan estos hechos y determinen las responsabilidades de rigor. De la misma forma, exhortó a sus agremiados para que no paguen a las bandas dedicadas a la extorsión.
El 21 de febrero, la organización International SOS advirtió que el objetivo preferido de estos grupos son los medianos empresarios que operan en sectores de clase media de la capital zuliana, pues combinan cierta acumulación de riqueza con limitadas inversiones en la protección de sus negocios.
Zulia es el estado donde la transnacional Chevron ha retomado sus operaciones con nuevo vigor. Por ende, las acciones de estas organizaciones eventualmente pueden apuntan a un objetivo más alto. Además del chino del supermercado, también podrían ir contra algún interés de la petrolera estadounidense, o de sus contratistas. Lo que constituiría un nuevo factor de riesgo para las actividades de esta empresa en Venezuela. Y por extensión para todas las transnacionales que quizá crean aquella conseja de “Venezuela se arregló”.
El fin de semana, una comisión especial de la policía judicial se trasladó desde Caracas a Maracaibo, para asumir las riendas de las pesquisas. La encabeza el director de la institución, comisario Douglas Rico. El gobierno, entonces, pareciera que también está dispuesto a enviar un mensaje, con su particular estilo.
“Creo que ahora conoceremos la realidad de los hechos (…) Hay una relación previa de venta de protección por parte de estos grupos”, afirmó el exdirector de Cicpc, Miguel Dao.
Dao, además, fue asesor de Seguridad de la gobernación zuliana. Cree que las bandas del estado occidental se están nutriendo con elementos que han regresado de otros países. También de individuos que pertenecieron a las distintas guerrillas colombianas.
“Les han dado duro en Chile, Ecuador, Perú e incluso en Colombia. Y ahora quieren reposicionarse en el país”, advirtió.
Las sospechas por los ataques del sábado 18 de febrero recaen sobre una organización comandada por José Antonio Márquez Morales, alias el Caracas, un exoficial de la Policía Nacional Bolivariana. Pero este no es el único líder criminal dedicado a la extorsión en esa urbe. En estos casos también ha surgido nuevamente el nombre de Guillermo Rafael Boscán, el Yiyi, y del sargento expulsado de la Guardia Nacional Bolivariana, Erick Alberto Parra, apodado Yeico Masacre.
Además, otras nueve estructuras entrarían en la competencia por el control de los territorios de Maracaibo y otros municipios zulianos. Está claro, entonces, que la realidad excede en mucho a lo que se pueda lograr mediante la investigación puntual de los ataques reportados el sábado.
Breves
- El ministerio de la Defensa emitió una circular con un conjunto de lineamientos para “minimizar los egresos”. Este documento fue distribuido recientemente entre las unidades de la Fuerza Armada Nacional, con el propósito de que sus principales exponentes emitieran las recomendaciones que impidan lo que ya es inocultable: las solicitudes de baja en las tropas y en la oficialidad amenazan con impedir que la institución castrense lleve a cabo un mínimo de sus funciones. En la FANB siguen echándole la culpa de esto a la “guerra económica”, pero nada se menciona sobre la alineación de sus filas con el partido de gobierno, y la prevalencia del criterio de lealtad a la cúpula política sobre los méritos profesionales a la hora de otorgar los ascensos, en especial los que determinan quiénes ocuparan las posiciones de mando. La FANB es hoy en día una de las instituciones más rechazadas del país, y de las que inspiran menos confianza. La última encuesta de More Consulting, presentada en febrero, revela que el 49,2 % de la población tiene mucha desconfianza en la entidad castrense. Solo la superan el gobierno de Nicolás Maduro (del cual ella forma parte), el Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos políticos de oposición, en ese orden. Por lo tanto, las cuñas televisivas en las que el ministro Vladimir Padrino exhorta a la población a enrolarse tendrán escaso impacto.
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