Las grandes bandas criminales están reagrupándose, con individuos desplazados de otros lugares del país, y otros que regresan del exterior, con conocimientos y conexiones internacionales
En la madrugada del 10 de enero, seis hombres que portaban armas largas y cortas sometieron a dos funcionarios policiales y a uno de la Guardia Nacional, que custodiaban un comedor del sector Las Rosas, en Las Tejerías.
Los asaltantes no se llevaron nada de la comida almacenada en el lugar. En cambio, cargaron con las pistolas reglamentarias de los funcionarios policiales (Beretta PX 4 Storm, calibre 9 milímetros), los chalecos antibalas, las gorras y las botas.
Aunque la minuta correspondiente al caso no identifica a los perpetradores, es bien conocido que Las Tejerías es un territorio dominado por la banda liderada por Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias Conejo. Este grupo no solo es conocido por haber ejecutado varios ataques a puestos policiales en ese sector. En febrero de 2022, fue uno de los objetivos de la operación Gran Cacique Guaicaipuro II, toda vez que el hombre más buscado del momento, Carlos Luis Revette, alias Koki, presumiblemente se ocultaba en su feudo.
Koki murió en esa oportunidad. Pero Conejo salió ileso. Luego de un tiempo en bajo perfil, estaría nuevamente en sus andanzas.
El caso de la banda de Gómez Rodríguez sirve para explicar una tendencia general, que ya se vio de forma incipiente en 2021, y que con toda probabilidad marcará una pauta en el año que comienza.
Las megabandas están reagrupándose
Esto no solo sucede en Caracas, donde los líderes de estas estructuras, Carlos Calderón y Garbis Ochoa (Cota 905) así como Wilexys Acevedo (José Félix Ribas) han sido señalados por diversos delitos, incluido terrorismo. Desde Zulia a Sucre, pasando por Bolívar, Guárico, Apure, Táchira y Aragua, la presencia de las megabandas se hace sentir cada vez con mayor fuerza.
En Zulia, los esfuerzos de Cicpc y el Conas de la Guardia Nacional han sido insuficientes para detener la ola de extorsiones. Uno de cada tres casos reportados en todo el país ocurre en ese estado. Yeico Masacre ahora dice tener un grupo armado. El Caracas es otro. Y los informes policiales indican que hay, por lo menos, otras seis grandes organizaciones.
En Sucre operan avanzadas de bandas de otros lugares como el Tren del Llano y el grupo de alias Zacarías, cuya base está en Tumeremo, que buscan una salida hacia el Caribe oriental. También hay otras cuatro bandas locales que se posicionan hacia Rio Caribe y el Golfo de Paria. En esos lugares opera una organización señalada de robos con privación de libertad, en los que las víctimas han sido atraídas mediante ofertas divulgadas por Facebook Marketplace, tal y como sucede en el centro del país.
En estos procesos de reagrupamiento participan elementos desplazados de otros estados, así como de naciones suramericanas. En esta nueva etapa, entonces, las megabandas nutrirán sus filas con individuos que han regresado de la diáspora, y traerán conocimientos y conexiones con organizaciones similares en los lugares donde permanecieron los últimos años.
En Chile y Perú han optado por expulsar a los venezolanos que sean detectados cometiendo alguna infracción o delito menor. En un caso reciente de secuestro, ocurrido en Zulia, los familiares de la víctima recibían llamadas desde una línea registrada en Colombia. Pero la víctima siempre estuvo en ese estado fronterizo.
Marcola y Niño Guerrero
Estos procesos de reagrupamientos y alianzas criminales no son exclusivos de Venezuela. Tampoco se dan de la noche a la mañana. Las pandillas centroamericanas, denominadas maras, engrosaron sus filas con individuos que emigraron a la costa oeste de Estados Unidos, huyendo del conflicto armado de los años ochenta del siglo pasado. Luego de pagar condenas en California, Nuevo México y otros estados, regresaron a sus lugares de origen, y establecieron verdaderas estructuras de delito organizado transnacional. Eventualmente, las maras fueron declaradas amenaza a la seguridad nacional estadounidense.
Algo similar comenzaremos a ver en el país. La prensa brasileña, por ejemplo, ya ha señalado la existencia de una alianza entre una de las principales mafias, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Tren de Aragua. Ambas organizaciones tienen un importante factor en común: que sus liderazgos están en prisión. Lo que no les impide continuar fortaleciéndose. Allá, Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola, y de este lado Héctor Guerrero Flores, Niño Guerrero.
¿Adiós a la selectividad?
En 2022 hubo un interés en el Ejecutivo por mantener cierta selectividad en cuanto al uso de la fuerza letal.
Las cifras conocidas extraoficialmente revelan una disminución de los muertos por “intervención legal” a lo largo de todo el año, con respecto a los años anteriores. Fueron en total 1113 fallecidos. Sin embargo, este número sigue siendo muy elevado si se compara con los de otros países. En EE. UU., donde hay 335 millones de habitantes, hubo 1061 muertes por policías.
El régimen ha mitigado la mortandad al sentirse objeto de vigilancia internacional. Las cifras de fallecidos en casos de resistencia a la autoridad comenzaron a bajar luego del primer informe de la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU, lo que llegó en forma casi simultánea al anuncio de la Corte Penal Internacional sobre la continuación de las averiguaciones en el caso Venezuela 1.
Pero este efecto podría diluirse. Al aproximarse el período electoral, la preocupación por los embates de la delincuencia vuelve a subir en la población. Un sondeo de Consultores 21 presentado en noviembre indicaba que cuatro de cada diez personas fueron victimizadas por delincuentes. Un porcentaje extremadamente elevado, que podría transformarse en un motivo adicional de rechazo a la gestión de Maduro.
Frente a esto, es poco lo que el Ejecutivo puede ofrecer, más allá de las soluciones ya vistas, que podríamos resumir con la frase “matar primero, averiguar después”. Y estas muertes se presentarán como logros por la policía, en especial si se trata de casos de resonancia. Como sucedió a principios de año con el asalto y agresión a la cantante Rummy Olivo.
Breves
- El 20 de diciembre, la prensa independiente del país comenzó a informar sobre la desaparición de 21 venezolanos, mientras navegaban entre San Andrés (Colombia) a la Isla de Maíz (Nicaragua), con el aparente propósito de llegar a Estados Unidos. La información suministrada inicialmente por la Organización Nacional de Salvamento (Onsa) indicaba que estos venezolanos y dos colombianos habían zarpado el 17 de diciembre para recorrer el trayecto de 150 kilómetros. El 29 de diciembre, la delegación Maracaibo de la policía judicial recibió la denuncia formal sobre la desaparición de cinco personas, que posiblemente iban en esa lancha: Sabrina de los Ángeles Padilla Rojas, de 15 años de edad; Arón Jesús Portillo Rojas, de 10 años; Elibeth Juliana Padilla Rincón, de 32 años; Nelsimar Carmelita Rojas García, de 35 años, y Sofía Valentina García Padilla, de un año de edad. Los deudos de estas personas aportaron detalles sobre la estructura que opera en Venezuela para captar a quienes quieren emigrar a territorio norteamericano. En primer lugar, los pasajeros pagaron un “paquete viajero” por dos mil dólares a un grupo de sujetos caracterizados como “coyotes”, cuya existencia fue advertida en una entrega de este mismo espacio el pasado mes de agosto. El 7 de diciembre comenzó la travesía. Los migrantes salieron de la capital zuliana en un Chrysler Neón verde, conducido por un sujeto de apellido León, que llevaba de copiloto a alias Zurdo. En Maicao fueron recibidos por otro chofer de apellido Villegas, quien los llevó a Medellín. A él transfirieron el equivalente a 2600 dólares, a través de una cuenta de Bancolombia. Con esta plata compró los boletos aéreos para San Andrés. El 10 de diciembre, indica la información manejada por Cicpc, llegaron a la isla en el Caribe colombiano. Durante una semana, el anfitrión, que decía llamarse Enzo, les impartió charlas de supervivencia en navegación. De nada sirvió. La comunicación con los familiares se perdió el propio día del zarpe. Después, pescadores nicaragüenses encontraron pertenencias de los migrantes, así como el casco de la lancha. Los cadáveres no han sido recuperados.
- Mucha confusión se ha generado con la inminente exigencia de la denominada “certificación de saberes” para conductores. Todo surge de una “norma” implantada por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre en una Gaceta Oficial publicada el 1 de marzo de 2021. Allí se indica que este nuevo requisito será exigido a los profesionales del volante a partir del 1 de marzo de 2023. En principio, entonces, no se trataba de una decisión aplicable a todos los conductores, sino solo a quienes ejercen un manejo profesional. Ahora, el propio INTT publica un aviso en el que dicha certificación también será exigida a quienes tramiten la licencia por primera vez, independientemente del uso que den a este permiso. Por otra parte, hay ciertos costos asociados a la obtención de esta certificación de saberes. Hay que aprobar un curso en una escuela autorizada para impartirlos. Una lista suministrada por el propio organismo indica que en todo el país solo hay 36 “escuelas de transporte autorizadas”. En Libertador hay tres, y otras nueve en Miranda. Muchas de ellas, como la del Sitssa y el Metro, pertenecen al propio Gobierno. Ninguna de ellas imparte cursos para licencia de segundo grado, requerida para manejo de motocicletas. En una “autoescuela” con sedes en Libertador y Chacao informaron que el curso cuesta 130 dólares y dura cuatro días. Cada día consta de una sesión de hora y media. “Luego, si se aprueba, notificamos al INTT y ellos emiten la certificación por correo electrónico”, informó una empleada. Además, hay que pagar a Tránsito Terrestre el costo asociado a la tramitación del documento. Todo esto configura una situación en la que los conductores, tanto principiantes como profesionales, desde los taxistas hasta los camioneros, se verán sometidos a enormes presiones a partir del 1 de marzo, en especial por los funcionarios que comenzarán a exigir el cumplimiento de este requisito. Desde luego, el riesgo de abusos, extorsiones y concusiones estará a la vuelta de la esquina.
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