La permanencia de bandas como las del Coqui y Wilexys no solo es consecuencia de la ineficacia policial para imponer la ley. Son individuos que han sabido ganarse a una parte de las comunidades donde operan, y cambiar parcialmente la imagen de malandros
El domingo 18 de octubre ocurrió un hecho cuya importancia debe ser anotada. Ese día, residentes del conjunto Paraíso Plaza tomaron la avenida Páez para hacer pública una solicitud al líder de la banda que opera en la Cota 905, Carlos Luis Revette, para que detenga las invasiones de áreas verdes.
Este incidente pone de manifiesto que los delincuentes no solo roban, secuestran y matan. Llega un momento en que desarrollan un grado tal de control sobre su entorno que se convierten en la instancia a la que voltean todas las miradas cuando un problema parece insoluble.
Lo sucedido con los residentes de Paraíso Plaza no es algo que surgiera de la nada. Por el contrario, se trata de un paso lógico dentro de un proceso sobre el cual no existe mucha documentación. Lo que sabemos hasta el momento es que Revette y su grupo, además de todas las cosas ya reportadas en las páginas de sucesos, han logrado cierto nivel de aceptación a lo interno de esa populosa comunidad, ubicada en el corazón del municipio Libertador.
Un trabajador social de la zona lo explica en los siguientes términos: “Nuestra experiencia a veces pasa por la intimidación, pero la mayoría de las veces ellos han respetado nuestro trabajo”.
Revette y su banda, además, despliegan ciertos programas de acción comunitaria. No solo se trata de entregar alimentos a familias necesitadas de la parroquia.
“Hemos visto que en diciembre entregan regalos, y que resuelven algunos temas que se plantean en la comunidad. Hay allí todo un dominio de lo que sucede en la zona”, afirmó.
Como cuestiones puntuales, la organización del Coqui también contribuye con el pago de los funerales, no solo de los integrantes de su banda, sino del entorno comunitario. Y en oportunidades, de acuerdo con este testimonio, se le ha visto entregando medicinas. Súmese a eso las multitudinarias fiestas que tienen su epicentro en canchas múltiples del sector, y se verá la faceta de un individuo que, aun figurando en la lista de los “más buscados”, no pierde la oportunidad de colaborar con su vecindario.
Algunos expertos llaman a este fenómeno “gobernanza criminal”. Aunque esta expresión abarca un amplio conjunto de situaciones, en el caso de la Cota 905, “el Coqui ha sustituido al Estado y se ha convertido en ley”, de acuerdo con el abogado Luis Izquiel.
Según el coautor del libro Revolución de la muerte, las comunidades sienten que individuos como Revette, que han logrado importantes avances en el mundo delictivo, pueden ser capaces de defenderlas, y resolver por ejemplo incidentes como el de las invasiones.
“Los códigos o normas que imponen estas bandas impiden además que delincuentes de menor jerarquía operen en las zonas de influencia. Y es que el verdadero negocio de estos prames no está en el barrio”, explicó.
Este fue el caso del líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Aún hoy en día, a más de veintisiete años de su muerte, el hombre que puso en jaque al Estado colombiano con una ola de violencia urbana que parecía no tener pausa, es venerado en el barrio de la urbe antioqueña que lleva su nombre, y que él contribuyó a reformar desde sus cimientos.
Algo similar sucede con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en su natal Badiraguato (México). Esto llevó al autor Malcolm Beith (2010) a calificar al patrón de Sinaloa como un “seductor”, que creaba la apariencia de ser el protector de la gente, en especial los más desposeídos. Debido a este carácter, “todos dentro de su red se identificaban con él”.
Esto hace que la imagen de los malandros cambie radicalmente en sus entornos más cercanos en la medida en que logran mayores niveles de organización, para transformarse así en buenandros, un calificativo que alguna vez usó Hugo Chávez, y que recogió Maduro durante su primera campaña por la presidencia.
Al hurgar un poco en la realidad del país nos daremos cuenta de que Coqui no es el único en este grupo. En Falcón, alias Chichí Smith había institucionalizado su estructura para ayudar a la población de Carirubana, mediante una fundación que lleva el nombre de su mamá, Carmen Martínez. Y mientras tanto, continuaba enviando toneladas de cocaína al exterior. Cuando la PNB y la GN allanaron las oficinas de la entidad benéfica, los pobladores manifestaron en contra e intentaron entorpecer el operativo.
En otros momentos, el Turco Walid Makled y su hermano Abdalá fueron famosos en Valencia y Puerto Cabello por la entrega de enseres y comida a personas humildes, y otras que no lo eran tanto. Al oriente venezolano, en Carúpano, el sargento expulsado de la Guardia Nacional Aurelio Yeyo Labrador Aristimuño ganaba aceptación social por sus ferias de alimentación, que en diciembre se transformaban en los denominados “hallacazos”. Todos comían, y en 2007 eran tantos los elogios que el hombre creyó que podría ganar la alcaldía de la ciudad sucrense, solo con el respaldo financiero de sus amigos traficantes.
Yeyo no tuvo “narcocorrido”, pero sí un vallenato que alguna vez le cantó Dionisio Díaz, el hijo de Diomedes:
Es un hombre solidario / Le da la mano a la gente, / Ayuda al necesitado / Y la Virgen lo ayuda a él. / No es porque sea mi compadre / Pero es muy inteligente / Si se lanza para alcalde / Yo voy a votar por él.
Labrador no pudo lanzarse pues lo asesinaron unos sicarios. Su entierro paralizó la ciudad oriental. Lo mismo que sucedió en Falcón cuando otros matones a sueldo eliminaron a Simón Álvarez.
En Caracas, la lista de buenandros no se restringe solo al Coqui. Al este de la ciudad está el feudo de Wilexys Acevedo. Una comerciante en José Félix Ribas se sorprendió al conocerlo. Cuando llegó en sus camionetas de alta gama al local, creyó que iban a extorsionarla. Pero el hombre le solicitó, personalmente y de buena manera, alimentos para una jornada social. Y mientras tanto, lo que fue uno de los sectores más peligrosos de toda América Latina ha logrado cierto orden.
“A Wilexys no lo han capturado por esa aceptación social. Hay vecinos de José Félix Ribas que me han dicho que tienen miedo de volver a la anarquía previa. Desde que llegó, hay una paz en el barrio. Es el malandro mayor”, explicó Izquiel.
Breves
√ Una disputa por el control del territorio entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) está a punto de ocasionar un nuevo brote de violencia armada en el municipio Convención, ubicado apenas a 78 kilómetros de la frontera con Venezuela. Un comunicado emitido el 13 de enero por el frente 33 de las FARC reconoce que uno de sus integrantes murió durante un enfrentamiento a tiros con elementos del EPL, a quienes calificaron de “extorsionistas”. En el documento, este frente de la disidencia del grupo armado, liderado por alias Darwin, declaró “objetivo militar” a los integrantes del EPL. Cuatro días después, este grupo admitió la referida muerte durante un cruce de fuego, pero indicó que todo fue producto de “hechos fortuitos”, acaecidos durante la recaudación del denominado “impuesto de guerra”, mediante el cual se logra el “sostenimiento del proceso revolucionario”.
De acuerdo con el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos, en Norte de Santander está casi el 10 % de toda la coca sembrada en Colombia. Hay tanta que los carteles han venido contratando a “raspachines” venezolanos para participar en las tres cosechas anuales. El control sobre esos espacios reporta a los grupos armados importantes ganancias por concepto de “gramaje”, que es un impuesto a las siembras de coca. A cambio, ellos ofrecen la seguridad que el Estado colombiano no puede proveer en esas localidades remotas.
√ El Ministerio Público pareciera descartar la existencia de una supuesta “pandemia” de violencia contra la mujer. Según cifras de ese despacho, entregadas recientemente al Ejecutivo, entre 2014 y 2018 las denuncias de violencia de género han disminuido de manera consistente. De acuerdo con esta serie estadística, hace siete años fueron iniciados 95.956 casos. En 2018, el total había descendido a menos de la mitad (48.415). En 2019, se proyectaba un total cercano a las 30.000 denuncias, lo que reafirmaría la tendencia de los períodos anteriores.
En cuanto a las medidas de protección ordenadas por los juzgados de la materia, 2017 fue el año con mayor actividad. Hubo 86.889 decisiones que intentaban resguardar a las víctimas. En los años posteriores, fueron disminuyendo en forma constante. En 2020, año signado por el confinamiento a propósito de la pandemia de covid-19, murieron 477 personas de sexo femenino por la acción de terceros. Esto equivale al 10 % del total de homicidios, por causas distintas a la llamada “resistencia a la autoridad”. Es el mismo porcentaje que hubo en 2019.
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