Los intentos de normalización de la actividad económica han ocasionado un aumento general de los delitos, especialmente en las grandes ciudades del país
En el primer trabajo publicado el año pasado en este mismo espacio, se advertía que en 2022 iba a repuntar la criminalidad violenta con respecto a lo registrado en el país durante la pandemia por el Covid-19.
Doce meses después, esta afirmación parece casi una obviedad. Solo los burócratas de distintos pelajes se atreven a afirmar contra toda evidencia que el delito ha disminuido. Basta con asomarse a las calles del país para percatarse de la mayor frecuencia de los robos, lo que acarrea mayores probabilidades de lesiones y, por supuesto, homicidios.
Era lógico que esto sucediera. Con la llegada de la postpandemia, y la eliminación de las cuarentenas, se facilitó la circulación de personas, en especial en Distrito Capital, Miranda y grandes ciudades como Barcelona, Maracay, Valencia, Barquisimeto y Maracaibo. Esto alimenta la percepción de cierta recuperación económica, y genera las condiciones tanto objetivas como subjetivas para la multiplicación de los delitos.
Estos párrafos sirven de introducción para el análisis que se propone sobre el comportamiento de la criminalidad en el país durante el año 2021.
Más personas afectadas por el delito
En 2022 la criminalidad en general tuvo importantes incrementos. Las manifestaciones violentas aumentaron en más de 18,3 % con respecto al año precedente. Esto engloba a los homicidios, las lesiones personales, los robos genéricos y de vehículos, las violaciones sexuales y los secuestros. Aunque los homicidios muestran una leve disminución hasta noviembre, las lesiones personales han tenido un aumento considerable (+33 %). Muchas de estas víctimas quedaron gravemente afectadas, y lamentablemente podrían engrosar el número de fatalidades.
De la misma forma, las denuncias sobre robos genéricos y de vehículos se elevaron en más de 18 %.
En materia de secuestros, hay una merma de 20 % en la cifra de casos conocidos y procesados. Pero este dato debe ser visto con cautela. Hay evidencia de un interés deliberado por no consignar en la estadística algunos casos.
En cuanto a la criminalidad no violenta, el incremento ha sido más acentuado. Las cifras de hurtos genéricos y de vehículos tienen una diferencia de +28 % con relación a lo reportado en 2021. Los principales afectados en cuanto al monto de las pérdidas han sido los comercios privados, especialmente las ventas al detal, las oficinas y las dependencias del Estado, donde el denominado “hurto hormiga” ha adquirido las dimensiones de un saqueo.
Criminalidad con horario extendido
El delito en general, y en especial el violento, va a la zaga de la actividad económica. Las cuarentenas implantadas durante la pandemia por el covid-19 llevaron los delitos a una zona gris, donde era muy complicado establecer alguna tendencia en cuanto a las horas de ocurrencia. Lo poco que se conocía hacía suponer que el mayor riesgo se presentaba alrededor de las 9 a. m.
Los primeros cambios se verificaron cuando fueron extendidas las jornadas de atención en los bancos y entidades públicas. Entonces, las horas de los delitos tuvieron dos “picos”: entre 7 a. m. y 9 a. m., y luego alrededor de las 3 p. m.
Ahora, los delitos (sobre todo los violentos) aumentan su frecuencia en las primeras horas de la mañana; luego bajan un poco y vuelven a subir al mediodía, para descender nuevamente y elevarse entre las 4 p. m. y las 6 p. m. En las ciudades intermedias y pequeñas prevalece el delito mañanero. Esta dinámica tiende a parecerse a la que se veía en el país hasta 2017.
Golpes a objetivos “blandos”
En el primer trabajo de este año, se advirtió que los delincuentes habían diversificado sus objetivos. Además de las divisas y los metales preciosos, el bolívar había adquirido cierto atractivo. La lógica llevaba a concluir que los bancos y transportes de valores podían ser presa de la delincuencia.
Este escenario no se concretó, probablemente porque las entidades financieras y los vehículos blindados son vistos por el hampa como objetivos “duros”, altamente resguardados. Además, se han percatado de la posibilidad de obtener ganancias elevadas con bajos niveles de riesgo. Por ejemplo, en Apure y Barinas están al acecho de los obreros que trasladan las remesas con las ganancias de las ventas del ganado y los lácteos. El 22 de diciembre, por ejemplo, interceptaron a un hombre de 64 años de edad en la vía a Achaguas (Apure) cuando trasladaba más de 10.000 dólares en efectivo. Buena parte de ese dinero proveniente de una venta de quesos.
En los centros urbanos, alrededor del 20 % de los asaltos reportados ocurre en viviendas, donde el objetivo más codiciado es la moneda extranjera.
Expansión internacional de las bandas
2022 fue el año de la presencia internacional de las bandas venezolanas. Desde luego, este no es un proceso que pueda desarrollarse en tan solo doce meses. Hay evidencias de que organizaciones criminales surgidas en el país, especialmente las de Zulia, pusieron un pie en Colombia en 2021 e incluso antes de la pandemia, aprovechando las oleadas de ciudadanos que huían de la emergencia humanitaria compleja.
Sin embargo, en 2022 hemos visto cómo las autoridades de los distintos países, desde Chile hasta México, han reaccionado ante la presencia de criminales venezolanos. En edición anterior, se hizo una referencia a la organización surgida en la Cota 905, que ha logrado enviar a integrantes a Colombia e incluso España. Ahora, toca mencionar a la que quizá sea la megabanda venezolana más extendida, el Tren de Aragua.
El 25 de noviembre, la fiscalía general de Colombia emitió un comunicado en el que caracterizó al Tren de Aragua como “un grupo armado organizado transnacional de origen venezolano que se dedica al tráfico de personas, explotación sexual, narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidio, entre otros delitos”.
De acuerdo con ese despacho, la megabanda tiene presencia en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, además de su país de origen. Curiosamente, no se mencionó a Chile, cuyas autoridades adelantan pesquisas contra el mismo grupo, por tráfico de personas y de drogas. Entonces, se habla de una estructura ilegal con presencia en por lo menos seis naciones.
La declaración del Ministerio Público neogranadino fue emitida a propósito de la detención de dos supuestos integrantes de la organización en Nariño: Richard Yonjairo Reañez Cerven, alias JJ, y Orlandys Daniela Sánchez Gómez, alias La Mona, señalados de extorsionar a los propietarios de locales nocturnos, mediante la transmisión de amenazas videograbadas. Los colombianos han avanzado en la comprensión del proceso que permitió el desplazamiento de integrantes de este grupo desde Venezuela a localidades de por lo menos cinco departamentos colombianos. Un reporte de la cadena Cablenoticias, basado en fuentes policiales, indicó que muchos de estos individuos salieron de las prisiones venezolanas gracias a los beneficios de la llamada “revolución judicial”, decretada por Maduro en junio de 2021, e inmediatamente abandonaron el país, para juntarse con individuos que participaron en avanzadas previas de la misma banda.
Cabe destacar que la ola de asesinatos en la capital neogranadina, atribuida al Tren de Aragua, comenzó en octubre del año pasado. Tres meses antes, en agosto, una masacre de cuatro personas en Pueblo Nuevo (Norte de Santander), puso en alerta a las autoridades. Por este caso, fueron emitidas órdenes internacionales de búsqueda y captura contra Jhoswar Saúl Hernández Sanabria, alias La S, y Luis Felipe Colmenares Mojica, Pipe, quienes todavía están en libertad.
El Tren de Aragua dará mucho de qué hablar. Llama la atención que el régimen de Maduro se mantenga de brazos cruzados ante las acciones de un grupo cuyo liderazgo opera desde una instalación supuestamente controlada por el Estado. Hasta ahora, las autoridades solo han emprendido tímidas operaciones de contención a los aliados del Tren, en Aragua y los Valles del Tuy.
Poco falta para que la organización comandada por Niño Guerrero sea detectada en EE. UU. Es solo cuestión de tiempo. En las oleadas de emigrantes que cruzaron el Darién este año probablemente hay integrantes de la banda, o individuos que quieren pertenecer a ella. Y el mercado estadounidense resulta demasiado apetecible, como para dejarlo abandonado.
Sobre este punto volveremos en nuestra próxima entrega, junto con otras consideraciones en cuanto a lo que podrá ser el comportamiento de la criminalidad en el país durante 2023.
Breves
- El 22 de diciembre, el fiscal acusador en el caso por lavado de dinero contra Alex Saab, Kurt Lunkenheimer, consignó en la corte del Distrito Sur de Florida un listado de 39 evidencias que serían ventiladas durante la audiencia para discutir el supuesto estatus diplomático del empresario barranquillero. Además de las comparaciones de los pasaportes que Saab tenía al momento de su detención en Cabo Verde, emitidos por Colombia y Venezuela, están varias ediciones de la Gaceta Oficial y otros documentos. Hay, además, una declaración acordada entre los acusadores y los defensores en este caso, sobre la participación de Saab como informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), algo que ya ha sido tratado en ediciones anteriores. En esta oportunidad, se condensa el proceso en los siguientes términos: Saab se reunió seis veces con funcionarios de la agencia estadounidense, entre agosto de 2016 y abril de 2019. El 27 de junio de 2018, firmó un acuerdo de cooperación con ese despacho. A partir de entonces, fue una “fuente activa de aplicación de la ley”. En las oportunidades en que se reunió con los agentes, nunca invocó su presunto estatus diplomático, pero sí detallaba la forma como pagaba sobornos a funcionarios venezolanos, especialmente en abril de 2019. Las ganancias de estas negociaciones sumaron 12,6 millones de dólares. Fueron cuatro transferencias hechas por Saab a una “cuenta bancaria controlada por la DEA”. En la audiencia, el juez Robert Scola fue consistente con la línea mostrada por las instancias judiciales norteamericanas, y descartó las mociones para que fuese reconocido el supuesto estatus diplomático del comerciante colombiano. Básicamente, esa es una atribución del Poder Ejecutivo, no de los tribunales.
- Mientras este juicio tiene su curso en EE. UU., en Venezuela corre un lapso de 60 días otorgado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia para que el gobierno estadounidense formalice la solicitud de extradición de Leonard Glenn Francis. Este hombre, de 58 años de edad y conocido como Fat Leonard, fue capturado el 20 de septiembre por agentes de la policía judicial adscritos a Interpol, señalado por asociación ilícita para cometer un soborno, soborno y asociación ilícita para defraudar a EE. UU. La orden de captura internacional precisa que Francis supuestamente se apropió de 35 millones de dólares, mientras era presidente ejecutivo de Glenn Defense Marine, una empresa registrada en Singapur que ofrecía servicios de auxilio naviero por contrato con la Armada estadounidense en el océano Pacífico. Básicamente, la compañía suministraba artículos y servicios a los buques y submarinos militares cuando llegaban a los puertos asiáticos, y cobraba facturas con sobreprecios. Desde luego, en este caso participaban otros individuos de la misma empresa, así como integrantes de la Marina estadounidense. Cuando lo capturaron en Maiquetía, Francis se disponía a viajar a Margarita, y desde allí tomaría un vuelo a Moscú. El lapso para formalizar la petición de extradición finalizará la primera quincena de enero.
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