En su avance por Latinoamérica, el Tren de Aragua está regando cadáveres por la capital colombiana. Si Maduro atiende a las exigencias de las autoridades neogranadinas, esta podría ser la última parada de la megabanda
El martes 13 de septiembre, la alcaldesa de Bogotá Claudia López divulgó el contenido de una carta remitida la semana anterior al recién designado canciller, Alvaro Leyva, con el propósito de solicitar sus “buenos oficios” ante el gobierno de Nicolás Maduro, en un contexto de extrema urgencia.
La gobernante de la capital neogranadina detectó que un brote de violencia homicida, cuyo saldo hasta el momento es de 23 muertos, tendría su origen a mil kilómetros de distancia, en las celdas del Internado Judicial del estado Aragua, mejor conocido como Tocorón.
Las pesquisas de un grupo especial contra la delincuencia organizada, que consta de 54 efectivos, han establecido un nexo entre esos asesinatos y la megabanda conocida como Tren de Aragua. Comprender esta situación puede ser muy complicado para alguien que no esté bien empapado de la realidad venezolana. Incluso en Colombia, donde los grupos armados no estatales han hecho de las suyas durante más de medio siglo, se preguntan cómo es posible que desde los confines de una instalación teóricamente bajo el control del Estado venezolano se coordinen lo que López describió como “vendettas por la disputa de rentas ilícitas de narcotráfico y otras actividades”.
López es una mujer surgida del mundo académico, donde llevó a cabo estudios sobre los problemas de violencia en Colombia, como la llamada “parapolítica”. Se inscribe dentro de la línea “progresista”, lo que la coloca muy cerca del nuevo presidente Gustavo Petro.
Según el secretario de Seguridad de la alcaldía bogotana, Aníbal Fernández Soto, la cuenta de cadáveres corresponde solo al año en curso. Muchos de ellos fueron encontrados en sectores como Kennedy, Engativá y Suba, envueltos en bolsas plásticas, desmembrados y con señales de torturas. En cinco casos, se probaron vínculos entre estos homicidios y la megabanda aragüeña. Son los crímenes más antiguos. En otros, ni siquiera se ha logrado una identificación plena de las víctimas. Un factor que contribuye en el retardo de estos procesos, indispensables en un sistema penal donde prevalece la legalidad, es la ausencia de cooperación en el plano policial con el régimen venezolano. De allí que, de acuerdo con Fernández, las averiguaciones entren en una calle ciega.
En otras palabras, el Tren de Aragua aprovechó la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela para expandir sus operaciones hacia el vecino país, y garantizar un margen de impunidad. Se confirma aquí ese principio según el cual la delincuencia organizada transnacional no reconoce soberanías. Por el contrario, explota estos desencuentros para potenciar sus ganancias.
Con la reanudación de la diplomacia entre Colombia y Venezuela, Claudia López ha visto una ventana de oportunidad. En su narrativa, lo primero que se debe hacer es “aislar” al liderazgo de la megabanda. En la misiva dirigida al canciller Leyva, explica que es necesario “reforzar las medidas de efectiva privación de libertad”. Algo que debería ser aplicado de inmediato contra Héctor Guerrero Flores (Niño Guerrero) y Giovanny Vicente Mosquera Serrano (Viejo Viejo), un sujeto proveniente de la banda de Kenferson Sevilla, alias Flipper, supuestamente transformado en lugarteniente de Guerrero.
Para las autoridades venezolanas, por cierto, Mosquera Serrano se encuentra “en fuga”, no en Tocorón.
Error estratégico
El inicio de la disputa por el control de parcelas de Bogotá podría situarse en octubre de 2021, cuando ya se avizoraba un término a la pandemia por la covid-19. En esos días, la Policía Metropolitana anunció la captura de quince integrantes de la banda Los Camilos, señalados de dominar el tráfico de drogas en pequeña escala en localidades como Bosa, Kennedy, Tunjuelito, Soacha y Flandes (Tolima).
Fernández Soto explicó que, cuando estos sujetos fueron sacados del juego, otros intentaron ocupar los territorios vacantes. Algunos pertenecían a Los Camilos, mientras que otros formaban parte de grupos como el Tren de Aragua y Los Maracuchos, dispuestos a tomar las plazas a sangre y fuego. Otras seis organizaciones han sido identificadas, pero hasta el presente no han entrado en la disputa.
En honor a la verdad, se debe indicar que la megabanda de Tocorón no es la primera que incursiona desde Venezuela hacia territorios del vecino país. Los propios medios colombianos han informado sobre las andanzas de la estructura comandada por un ex guardia nacional, Erick Alberto Parra Mendoza, o Yeico Masacre, que se extendió hacia Barranquilla mucho antes de que hablaran del grupo de Niño Guerrero. Lo mismo sucedió con la organización conocida como Los Meleán. Pero la banda nacida en Aragua es definitivamente la que más lejos ha llegado, dejando a su paso un rastro de violencia, en las trochas que dan hacia Cúcuta y otras localidades de Norte de Santander.
Durante la era Duque, Maduro tenía la coartada perfecta. Como los canales de comunicación formales estaban literalmente bloqueados, pues no había nada qué hacer. Las quejas de los medios de comunicación en Colombia no suscitaban ninguna reacción en Caracas, pues no eran oficializadas.
Ahora, la situación está cambiando. Con el restablecimiento de las relaciones se abre la posibilidad de que los colombianos obtengan las informaciones necesarias para la plena identificación de los delincuentes y sus víctimas, en caso de que sean venezolanas. Del otro lado, desde Bogotá podrán enviar sus exhortos a Caracas, para que hagan algo con respecto a la banda de Niño Guerrero, ahora convertida en una piedrita en el zapato de Petro y sus propósitos de la “paz total”.
Con lo hecho en Colombia, y anteriormente en Chile, el Tren de Aragua cometió un error estratégico, que diferencia a esta organización de las que son más enraizadas, duraderas y temibles. Gayraud lo explica: las verdaderas mafias prefieren manejarse con esquemas de baja visibilidad, que aplican un control estricto a la violencia. “Con la violencia, una mafia queda al descubierto, se coloca en el punto de mira de la policía”, afirma el tratadista. Al enfrascarse en una escandalosa disputa, es posible que el Tren de Aragua esté arribando en Bogotá a su última parada.
Breves
- Dos modalidades de estafas han perdurado en el país, y actualmente intentan retomar cierto auge. La primera es conocida tradicionalmente con el nombre de “nigeriana”, por el país que la popularizó en la última década del siglo pasado. Entonces, el medio de transmisión de los mensajes para enganchar a las potenciales víctimas era el telefax. Ahora, es el correo electrónico. Un texto transmitido por este medio el 25 de agosto es atribuido a Zeeshan Ahmed, supuesto manager del Dubia Islamic Bank. (Sí, Dubia). Para mayor confusión, el remitente asegura que sus oficinas están en Dubai. En el correo, invita a un plan de inversión. Dice tener 9,5 millones de dólares en “exceso de las ganancias” correspondientes al último ejercicio fiscal. Ahmed quiere formar una “sociedad”, consistente en entregar los fondos a una cuenta bancaria de la víctima, para que luego ella los transfiera con 45 % de descuento a otra del mismo titular, abierta en su banco. La oferta es tentadora, pues dejaría más de cuatro millones de dólares de ganancia. Al que desea embarcarse en ese esquema, le cobrarán 1500 dólares en comisión por la apertura de esa cuenta en el Dubia, y después Ahmed desaparecerá. Los correos con estas propuestas son distribuidos por cientos de miles, en diversos idiomas, a un costo nulo para los estafadores. De esos miles, alguien cae. Otro engaño muy difundido consiste en la apropiación de los datos de las cuentas bancarias que los venezolanos han abierto en EE. UU. Los correos personales reciben una notificación, por ejemplo, del Bank of America, en la que solicitan entrar por un enlace suministrado para facilitar la actualización de los datos. En realidad, en un phishing. Estos datos son usados posteriormente para hacer consumos y transferencias en línea. En ambas modalidades, las posibles víctimas no tendrán ninguna instancia en la cual formular sus denuncias. Y de hacerlas ante Cicpc no habrá forma de avanzar en las pesquisas, debido al aislamiento internacional de la policía de investigación venezolana.
- En la semana que finalizó el domingo 11 de septiembre, las policías Nacional y de Miranda participaron en un operativo masivo en los Valles del Tuy. De manera extraoficial, se indicó que el cometido era dar con el paradero del grupo liderado por Deiber Johan González, alias Carlos Capa, señalado por las muertes del supervisor jefe de la policía de Charallave Richard José Rondón y de su esposa Roxanna Hernández, en la vía Ocumare-Santa Teresa. Pero estos son apenas dos de una larga lista de homicidios atribuidos a esta organización. Por ejemplo, en julio un tiroteo entre los seguidores de González y una banda liderada por alias Chaflán ocasionó cinco muertos en Quiripital (municipio Lander). De igual forma, la banda se ha involucrado en diversos secuestros en los que las víctimas son atraídas al lugar de intercepción mediante ofertas de vehículos divulgadas por la plataforma Facebook Marketplace, tanto en los Valles del Tuy como en estados andinos. En un caso instruido en junio, la División Antisecuestros de la policía judicial identificó a los supuestos cómplices de González: Wilmer Leonardo Velásquez, Kelis Cruz Sanoja (Virolo), Yirson Manuel Mendoza (Veneno), Indegar Cordero (Marevi) y John Lenigen Luna. El crecimiento de la banda de Carlos Capa no sería posible sin contar con las complicidades de funcionarios, que avisan sobre los operativos de los cuerpos de seguridad y contribuyen a establecer posibles objetivos o víctimas de robos y secuestros. En este caso, hasta ahora han sido detenidos altos cuadros de las policías de Yare y Urdaneta. Pero Carlos Capa se mueve por todos los Valles del Tuy.
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