Los disfrazados de oposición se han dedicado recientemente a repudiar, con visceralidad plena, todo lo que los adversarios del régimen chavista hicieron en la gestión de la AN de 2015
Hace un par de años me topé con un artículo interesante del historiador Tomás Straka. Lo más llamativo que traía era el concepto de “guerras históricas”. Dícese de una variedad de querella cultural en la que uno o varios grupos de opinión hacen de forma agresiva planteamientos de revisionismo histórico con miras a usar esa reinterpretación del pasado para promover cambios políticos en el presente.
Un ejemplo que todos los venezolanos conocemos es la satanización del período colonial por la izquierda, chavista y no chavista, para polarizar mediante un indigenismo falaz y manipulador, con nulo interés en mejorar la calidad de vida de los indígenas contemporáneos. Otro, el cual discutí en una emisión pasada de esta columna luego de leer el artículo de Straka, es el de la reivindicación de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez por comunidades virtuales de jóvenes fascinados por idearios ultraconservadores.
Ahora se desarrolla sutilmente una guerra cultural en el seno de la oposición venezolana. O, mejor dicho, de todo lo que se identifica como tal aunque en algunos casos su actividad opositora sea inexistente. A diferencia de los que juzgan anacrónicamente a Diego de Losada y hasta al mestizo Francisco Fajardo, y también a diferencia de los que ven héroes en Pedro Estrada y Miguel Silvio Sanz, el foco en esta guerra histórica es bastante reciente: el lapso comprendido entre los comicios parlamentarios de 2015, pasando por el abandono de la “vía electoral” por el grueso de la oposición en 2018 y hasta su regreso a dicha senda el año pasado. Este fue el período en el cual los adversarios del régimen chavista tuvieron una posición más desafiante en su contienda para lograr un cambio de gobierno, llegando en última instancia a tratar de establecer un ejecutivo paralelo que no prosperó. De hecho, ninguna de las iniciativas opositoras de aquel período logró el objetivo esencial de precipitar una transición hacia el regreso de la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.
Los segmentos de la opinión pública dizque disidentes que ahora pretenden imponerle a la sociedad entera la adaptación disfrazada de oposición se han dedicado recientemente a repudiar, con visceralidad plena, todo lo que los adversarios del régimen chavista hicieron en aquellos años. Eso sí, sin incluirse en el listado de responsables, aunque en su momento lo apoyaron. Pero ojalá fuera solo una fácil y perezosa crítica a posteriori sobre la efectividad de los métodos empleados, más una omisión hipócrita de mea culpa. Van más allá: insinúan que todo fue ilegítimo. Para hacerlo, ignoran hechos públicos, notorios y comunicacionales, o los retuercen de forma acomodaticia, esperando que debilidades en la memoria colectiva les completen el trabajito.
Así, por ejemplo, la Asamblea Nacional de mayoría opositora, supuestamente impulsada por un radicalismo torpe, no se volvió un contrapoder institucional a Miraflores. En realidad, a ese parlamento el Tribunal Supremo de Justicia comprometido con la elite gobernante le confiscó todas sus funciones con el pretexto de una denuncia de “fraude” electoral en el estado Amazonas, la cual nunca fue investigada porque obviamente lo que al chavismo le interesaba era tener una excusa para anular la legislatura. Ni siquiera después de que la directiva de la AN encabezada por Henry Ramos Allup retirara de sus curules a los diputados de Amazonas, en un movimiento que enfureció a la base opositora por considerarla genuflexa, fue levantado el “desacato” decretado por el TSJ.
Y hablando de Ramos Allup, los pretendidos disidentes de los que hablo en este artículo repiten un bulo sobre el dirigente adeco que el chavismo puso a circular por todo lo alto en 2016. Eso de que, en una proclama subversiva durante la entrada en sesiones del nuevo parlamento, el presidente de la AN declaró que en no más de seis meses la oposición depondría el gobierno de Maduro. Para la adaptación disfrazada de oposición, esto permitió al chavismo justificar el castigo a la AN y fue el desperdicio de la mejor oportunidad que tuvo la Mesa de la Unidad Democrática para negociar cambios significativos con el chavismo, valiéndose del poder institucional del parlamento. Solo hay un problemita con esta hipótesis: Ramos Allup nunca dijo eso. Lo que dijo es que la oposición organizada se daría un lapso de hasta seis meses para decidir por consenso un camino constitucional para el cambio de gobierno.
La ruta elegida fue el referéndum revocatorio, que entre las opciones fue la que impulsó Henrique Capriles, hoy irónicamente devenido en uno de los políticos favoritos de los renuentes a la presión sobre Nicolás Maduro y compañía.
Es decir, no hubo ningún extravío fuera de los límites del proceso político legal y civilizado. Intentar la activación de un revocatorio es un derecho constitucional. Intento que en este caso fue obstaculizado por trabas que el Consejo Nacional Electoral, tan comprometido con la elite gobernante como el TSJ, fue inventando caprichosamente. Como este artículo es contra la amnesia, permítaseme recordar la exigencia, no contemplada en la carta magna, de recabar un porcentaje de firmas en todos los estados. O la disposición de sitios de recolección de firmas en lugares de difícil acceso. O el hostigamiento impune a los firmantes por seguidores del gobierno. Todo eso lo superaron los ciudadanos, haciendo gala de una tenacidad cívica que igualmente desconocen los que pontifican que en realidad la oposición no insistió suficiente por vías institucionales. Y como no se pudo matar la convocatoria a revocatorio así, el mismo Poder Judicial alineado con los intereses de la elite chavista se encargó, arguyendo un “fraude” en la recolección de firmas, jamás comprobado.
Ante semejante oleada de rechazo a la voluntad ciudadana, se imaginarán como estarían a esas alturas los ánimos de la población, en un contexto al que hay que añadir el descenso a los abismos de la calidad de vida por la escasez de productos de primera necesidad, la inflación descontrolada, la crisis de servicios públicos, etc. Cuando el TSJ emitió unas sentencias que profundizaron aun más la anulación de la AN, fue la gota que derramó el vaso. Estallaron entonces las protestas más grandes que Venezuela ha visto en lo que va de siglo XXI. Pero en vez de recordar el horror represivo que acabó con ellas al cabo de cuatro meses de valentía masiva, y la apuesta del chavismo por avanzar en el desmantelamiento de la institucionalidad republicana al inventar un parlamento paralelo, los devotos de la adaptación disfrazada de oposición denuestan del ethos de las manifestaciones. Las pintan como un exceso insurreccional contra un orden que no merecía perturbarse de esa manera, como si no hubieran sido la consecuencia natural del bloqueo de los caminos institucionales relatado en los párrafos anteriores. Como si no fuera normal que la gente alce la voz en las calles cuando lo que expresaron en las urnas es desechado.
No sé cuán lejos irán estos señores abrazando narrativas propias de VTV, en su campaña por una amnesia conformista que justifique seguirle el juego a la elite gobernante en su simulación de democracia. Ya solo les falta tratar de “terroristas” a los manifestantes. Así de paso se desentenderían de la existencia de presos políticos, que les amarga unas percepciones artificialmente edulcoradas.
No soy experto en la materia, pero me permito insistir en que a mi juicio este problema tiene una arista psicológica digna de estudio por Freud. El recuerdo de todo lo ocurrido en esos años es irreconciliable con la tesis de que el cambio político se puede lograr actuando como si en Venezuela quedara un mínimo de democracia. Así que parece que tales evocaciones del pasado son reprimidas y confinadas a los rincones más oscuros del subconsciente. Como Ovidio desterrado a la costa del Ponto Euxino por ofender al emperador Augusto, se pretende hacerlas marchitar en un sitio que les es ajeno, fuera de la vista de quienes pueden cumplir su propósito, que en este caso son los propios conminados a olvidar.
Es un pobre intento de resolver la disonancia cognitiva entre la expectativa autoindulgente de que solo con votar y esperar que los poderosos respeten el resultado se está cumpliendo con el deber cívico, por un lado, y la naturaleza arbitraria del sistema político venezolano, por el otro. Pobre, porque la realidad siempre termina imponiéndose, y en este caso no con mayor dificultad. Para muestra el despacho de un cuerpo policial de “operaciones especiales” para arrestar a un puñado de muchachos que pintaron una pared en recuerdo de los caídos en las protestas de 2017, con la colaboración de autoridades municipales ajenas al PSUV cuya elección fue presentada por la adaptación disfrazada de oposición como un acto de resistencia. Ahí tienen sus “espacios”, señores. No dudo que la realidad seguirá repartiendo bofetadas, hasta que despierten de la amnesia conformista y otras ilusiones.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
