Mientras en Caracas celebraban el vigésimo aniversario de la vuelta de Chávez al poder, en El Callao un conflicto entre bandas armadas mantiene a los pobladores en toque de queda
Una situación de extremada tensión se registra en la población de El Callao (Bolívar), luego de un procedimiento de la Guardia Nacional en el que murieron tres hombres, presuntamente ligados a la banda liderada por alias Zacarías, que opera en el sector minero El Perú.
Según el parte, el supuesto enfrentamiento ocurrió en un área destinada a la extracción de metales, conocida como Valle Verde, el domingo 10 de abril a la 1 p. m. Los cadáveres no portaban identificación, y fueron trasladados al hospital Juan Germán Roscio de El Callao.
En forma simultánea a este hecho, el grupo de El Perú divulgó un mensaje de voz para dar cuenta de la movilización de cuerpos de seguridad en la zona. En el operativo no solo participarían los guardias nacionales. También agentes de la dirección de Contrainteligencia Militar, unidades tácticas de la Policía Nacional y de Cicpc.
El audio, además, advirtió a los comerciantes que no deberían colaborar con los factores en conflicto. “El que se pueda resguardar en su casa que se resguarde, el que no que se vaya; pero esto se va a prender (…) Esos malandros con el Gobierno no nos van a sacar”.
El portavoz de la banda es el mismo que en otras ocasiones divulgó mensajes para advertir que haría frente, incluso, a los efectivos del Ejército. Esta vez aseguró que los cobros a comerciantes y mineros no son extorsión, sino lo que “les corresponde” por hacer negocios en el lugar. En cambio, advirtió, no se sabe qué sucederá si en El Callao se imponen otros grupos como el Tren de Guayana o los “guerrillos” (sic).
“Después, va a ser peor para ustedes, van a venir a atropellarlos y a quitarles lo que no tienen”, dijo.
Un precedente inmediato de la violencia que se vive en ese municipio de Bolívar fue el asesinato de David Concepción Flores Yánez, alias David Chepele, de 39 años de edad, el 17 de marzo. Un hombre con registros por homicidio intencional que datan de mayo de 2007.
En otro audio, el grupo de Zacarías admite haber perpetrado el ataque contra Flores.
“Chepele era el principal de Nacupay. Nos le metimos allá, relajados, sin malandreo (…) Matamos al loco, y la mitad del gobierno anda es feo porque le matamos al que les hacía las vueltas, les vendía las drogas, les financiaba a los betas”, explicó.
Nacupay es un asentamiento del municipio El Callao que, como los demás, está bajo el yugo de las bandas criminales.
De sur a norte
Según la Policía Nacional, el nombre de Zacarías es Eliomar José Vargas. Aunque el grupo tiene su principal base en el sector El Perú, ha extendido su presencia hacia el norte del país, hasta el municipio Cajigal del estado Sucre, gracias al concurso de tres lugartenientes apodados Chapulín, el Perro y Baba Loca. A partir de allí, podría extender su influencia hacia las islas del Caribe oriental, y las Antillas neerlandesas.
Esta organización fue una de las principales beneficiarias de la operación policial en San Juan de las Galdonas, que desmanteló por completo a una célula del Tren del Llano liderada por Gilberto Hernández, alias Malony, en noviembre del año pasado. Con Malony fuera del juego, quedó con el territorio libre en el norte de la Península de Paria.
El grupo de El Perú sería, además, partícipe de la matanza que hubo en Barrancas del Orinoco en la noche de año nuevo. Barrancas es un punto intermedio clave para el paso de drogas, minerales y el tráfico de combustibles.
Mientras en Caracas los militares y el resto del Gobierno celebraban la vuelta de Hugo Chávez al poder, con motivo de la crisis política de abril de 2002, en El Callao las calles y puntos de la periferia permanecían ocupados por la banda de Zacarías y sus aliados.
“Tomamos todos los cerros. Todos. Y todavía nos quedan 40 hombres pa’ combate”, indicaba un parte enviado en audio, el lunes 11 de abril.
Al día siguiente, los comercios de la población habían cerrado sus puertas, en atención a la orden impartida por Vargas. Sin embargo, se mantenía la circulación de vehículos por la Troncal 10, con importante presencia de efectivos policiales y militares, desplegados para la Semana Santa.
Mientras el grupo de Zacarías se recuperaba de la pérdida de tres de sus hombres, otro grupo armado anunciaba su intención de tomar El Callao. Esta organización, autodenominada Motor Guayana (MG), es encabezada por Ronny Yackson Colomé, alias Ronny Matón. De acuerdo con la PNB, también tiene células en Tumeremo y San Félix.
“Desde hoy 9 de abril de 2022 (…) nosotros, la organización más poderosa del estado Bolívar asumimos el control total de esta zona minera para echar de estas tierras toda la violencia que tenía en sobra (sic) a la población”, anunció.
Tal y como adelantó Zacarías en sus audios, Colomé también dijo que iría contra los delincuentes que operan en el lugar, y que al mismo tiempo respetaría a quienes trabajan en las bullas.
“Cada minero es dueño de su oro”, afirmó en el comunicado.
Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, El Callao fue el municipio con la tasa más elevada de homicidios del país durante 2021, con 511 por cada 100.000 habitantes. Este fenómeno está asociado directamente a la conjunción de varios factores: el “retraimiento” del Estado y la ocupación de estos espacios por grupos organizados como los de Zacarías y Ronny Matón, que pugnan por el control de enclaves para la extracción minera y el tráfico de drogas.
Este año, las muertes asociadas a esta pugna han continuado en el municipio bolivarense. Durante los primeros tres meses se reportaron dieciséis homicidios, nueve de ellos a manos de bandas criminales, y el resto por el accionar de los cuerpos de seguridad, que aparecen bajo el renglón de “intervención legal”. Pero la violencia emanada de la minería tiende a expandirse por toda la región. El Callao, actualmente, representa apenas el diez por ciento del saldo fatal acumulado en Bolívar.
Toda la información vertida en este reporte fue suministrada por factores que hacen vida en El Callao y zonas aledañas. Sin embargo, pocos se arriesgan a hablar abiertamente sobre lo que sucede al sur del país. El miedo los mantiene en silencio.
Breves
- La Inspectoría General de la policía judicial adelanta una investigación por “mala praxis policial (sic) y simulación de hecho punible” contra seis funcionarios adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos contra las Personas de Nueva Esparta, por el incidente en el que resultó muerto Daniel Alejandro Lezama Ramírez, de 22 años de edad, en la tasca Tiago de Carúpano, el jueves 7 de abril. Los implicados son el inspector jefe Jorge Luis Dugarte, el inspector agregado Julio César Isava; el inspector Maikel Malaver; los detectives agregados Yoel Colmenarez Freitez, Critender Javier González y el detective jefe Wuilian Jesús Belisario. Según el parte preliminar, los pesquisas de asuntos internos determinaron “que los funcionarios mencionados simularon un robo frustrado”. Esta simulación hubiese sido exitosa para ellos a no ser porque el local estaba dotado con un sistema de vigilancia por cámaras, que permitió documentar lo sucedido: los funcionarios dispararon contra la víctima sin que hubiese ningún elemento para sospechar un riesgo inminente. Posteriormente, se pronunció el fiscal designado por la extinta ANC, para anunciar que procesarían a los funcionarios. El director del cuerpo Douglas Rico también emitió una declaración por la red TikTok: “No voy a permitir ningún tipo de malas praxis policiales”. Lo cierto es que, si el video no hubiese corrido por las redes desde el fin de semana, este caso probablemente permanecería en la oscuridad que rodea a las “intervenciones legales”.
- Durante el primer trimestre de 2022 han fallecido 95 personas ahogadas en los ríos y las costas venezolanas. Esta cifra, conocida extraoficialmente, es levantada con base en los cadáveres encontrados en las playas y riberas de los ríos. Por lo que el número real debe ser más elevado. Muchos de ellos han muerto cuando intentaban llegar a alguna isla del Caribe, en la búsqueda de una vida mejor. El caso más grave en cuanto al número de víctimas hasta el momento ha tenido poca resonancia en Caracas. Ocurrió el 23 de enero frente al sector conocido como Isla el Morro, Delta Amacuro. La curiara con catorce pasajeros había zarpado de Kunaca rumbo a Bacamú, y era propulsada a canalete, un remo de madera terminado en forma de hoja. Según el relato de los sobrevivientes, poco antes del siniestro pasó muy cerca de ellos una embarcación negra propulsada con motores fuera de borda. Los seis tripulantes portaban vestimentas negras. La estela de esta lancha ocasionó que la curiara se bamboleara, hasta que se volteó. Muchos pasajeros pudieron nadar hasta la orilla. Pero ocho fallecieron ahogados. Sus cadáveres descompuestos por la exposición al sol y los elementos fueron hallados dos días después. Este caso podría ser catalogado como homicidio múltiple, no solo por las circunstancias en las que ocurrió el naufragio sino también porque los tripulantes de la lancha que lo ocasionó negaron el debido auxilio a los pasajeros en emergencia.
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