JEP exige un indulto “amplio, inmediato y sin discriminación” para todos los presos políticos

La organización Justicia, Encuentro y Perdón exigió la concesión de “un indulto amplio, inmediato y sin discriminación para todas las personas detenidas por razones políticas”.

Mediante un comunicado publicado el 3 de abril, la ONG cuestionó que aunque la creación de la Ley de Amnistía permitió la liberación de “un grupo reducido”, todavía existe un “número alarmante” de presos políticos.

Sobre este instrumento legal, Justicia, Encuentro y Perdón señaló que ha sido utilizado para “proyectar una apariencia de normalización institucional sin resolver el problema de fondo”.

La organización sostuvo que el Ejecutivo ignoró deliberadamente las herramientas que el ordenamiento jurídico venezolano ya contemplaba. Basándose en las tesis de los juristas Blanca Rosa Mármol de León y Alberto Arteaga Sánchez, la ONG subrayó que “el indulto, incluso en su dimensión procesal, como facultad constitucional del Poder Ejecutivo, aplicable en cualquier etapa del proceso penal”.

Aclaró la ONG que el indulto no requiere reformas ni construcciones jurídicas complejas y que su uso tampoco es “excepcional ni ajeno a la tradición jurídica venezolana”, recordando que este ha sido reconocido “como un mecanismo válido para cesar procesos o penas en contextos de conflictividad”.

En ese sentido, instó a dejar de usar a los prisioneros “como figuras funcionales para responder en momentos de máxima presión interna o externa”, pues “es momento de proceder a una decisión política definitiva que detenga el sufrimiento de cientos de familias venezolanas”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Justicia, Encuentro y Perdón señaló que la Ley de Amnistía ha sido utilizada para "proyectar una apariencia de normalización institucional sin resolver el problema de fondo"
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La organización Justicia, Encuentro y Perdón exigió la concesión de “un indulto amplio, inmediato y sin discriminación para todas las personas detenidas por razones políticas”.

Mediante un comunicado publicado el 3 de abril, la ONG cuestionó que aunque la creación de la Ley de Amnistía permitió la liberación de “un grupo reducido”, todavía existe un “número alarmante” de presos políticos.

Sobre este instrumento legal, Justicia, Encuentro y Perdón señaló que ha sido utilizado para “proyectar una apariencia de normalización institucional sin resolver el problema de fondo”.

La organización sostuvo que el Ejecutivo ignoró deliberadamente las herramientas que el ordenamiento jurídico venezolano ya contemplaba. Basándose en las tesis de los juristas Blanca Rosa Mármol de León y Alberto Arteaga Sánchez, la ONG subrayó que “el indulto, incluso en su dimensión procesal, como facultad constitucional del Poder Ejecutivo, aplicable en cualquier etapa del proceso penal”.

Aclaró la ONG que el indulto no requiere reformas ni construcciones jurídicas complejas y que su uso tampoco es “excepcional ni ajeno a la tradición jurídica venezolana”, recordando que este ha sido reconocido “como un mecanismo válido para cesar procesos o penas en contextos de conflictividad”.

En ese sentido, instó a dejar de usar a los prisioneros “como figuras funcionales para responder en momentos de máxima presión interna o externa”, pues “es momento de proceder a una decisión política definitiva que detenga el sufrimiento de cientos de familias venezolanas”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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